Casos prácticos de administrativo.

Los sábados son días inhábiles a efectos de plazos en la Administración.

En las tasaciones de costas, los honorarios de abogado y derechos de procurador incluirán el Impuesto sobre el Valor Añadido.

La Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (LJCA) no recoge la figura del coadyuvante, limitándose a contemplar las figuras de demandante, demandado y codemandado.

La multa coercitiva y la sanción son perfectamente compatibles, sin riesgo de vulnerar el principio non bis in idem, y así lo expresa el artículo 103 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El artículo 72 del Real Decreto 939/2005, del Reglamento General de Recaudación, se ocupa del cálculo de intereses de demora durante el periodo ejecutivo. Establece que las cantidades adeudadas devengarán interés de demora desde el inicio del periodo ejecutivo hasta la fecha de su ingreso y su forma de cálculo.

En el caso concreto analizado, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha entendido que la modificación puntual de las Normas Subsidiarias es nula por concurrir la desviación de poder, debido a que la Administración adoptó la decisión de modificar dichas con la única finalidad de que una sociedad mercantil, de capital mayoritariamente privado, recuperara su equilibrio patrimonial; esto ...

Frente a la posibilidad de que se nos puedan aplicar dos sanciones de tráfico diferentes por consumo de alcohol y drogas, la respuesta es afirmativa: es posible, ya que un mismo precepto legal puede recoger varias conductas punibles. 

El apartado 5 del artículo 61 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa permite que el juez acuerde de oficio, previa audiencia de las partes o a instancia de las mismas, la extensión de los efectos de las pruebas periciales a los procedimientos conexos. 

En el artículo 112 del Real Decreto Legislativo 6/2015 determina que el plazo de prescripción y caducidad de las infracciones, su cómputo y los supuestos de interrupción.

En relación con la adopción de la medida cautelar de suspensión de la ejecutividad del acto administrativo existe una doctrina jurisprudencial reiterada y constante. El sistema general se caracteriza por requerir un presupuesto claro y evidente: la existencia del periculum in mora y una detallada valoración o ponderación del interés general o de tercero. La conjugación de los dos criterios ...