Se crea la Comisión Interministerial para el desarrollo y mejora de la inclusión de las cláusulas sociales en la contratación pública

Mediante el Real Decreto 667/2023, de 18 de julio,  publicado en el BOE del 20/07/2023,  se crea la Comisión Interministerial para el desarrollo y mejora de la inclusión de las cláusulas sociales en la contratación pública.

Tras el intento fallido de crear una Comisión Interministerial para la incorporación de criterios sociales en la contratación pública en virtud del Real Decreto 94/2018, de 2 de marzo, declarado nulo por la por la STS n.º 1719/2019, de 12 de diciembre de 2019, a través del RD  667/2023, se aborda nuevamente la creación de la Comisión Interministerial para la incorporación de criterios sociales en la contratación pública, adscrita al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y con representación de todos los ministerios, así como del Consejo Nacional de la Discapacidad, de la Comisión para el Diálogo Civil con la Plataforma del Tercer Sector, de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación y de las organizaciones sindicales más representativas. 

Esta Comisión Interministerial ejercerá las funciones relativas al análisis, seguimiento y evaluación de la aplicación de las cláusulas sociales en la contratación pública en ámbitos como la información, la accesibilidad y el diseño universal, las prescripciones técnicas, los criterios de adjudicación, las condiciones especiales de ejecución, el comercio justo o los contratos reservados, entre otras cuestiones. En el ejercicio de estas funciones la comisión está facultada para elaborar propuestas y recomendaciones, que podrá elevar al Consejo de Ministros, así como informes, estudios o guías de aplicación. 

La Comisión Interministerial asume, además, entre otras funciones, el desarrollo, seguimiento y propuesta del Plan para el impulso de la contratación pública socialmente responsable en el marco de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, aprobado por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de abril de 2019, publicado por la Orden PCI/566/2019, de 21 de mayo.

Así pues, la Comisión Interministerial para la incorporación de criterios sociales en la contratación pública podrá colaborar con personas expertas, interlocutores sociales, entidades y organizaciones públicas y privadas y podrá acordar la creación de grupos de trabajo.

Funciones encomendadas a la Comisión Interministerial

Esta comisión, con el fin de desarrollar y mejorar la aplicación del Plan para el impulso de la contratación pública socialmente responsable, deberá informar al Consejo de Ministros sobre las actividades desarrolladas y los resultados obtenidos de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo. 

De igual forma, se encargará de la elaboración de la propuesta de revisión del Acuerdo del Consejo de Ministros relativo a los contratos reservados, siendo esta propuesta revisada al menos cada cuatro años. Asimismo, deberá ejercer funciones relativas al análisis, seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos de la aplicación de las cláusulas sociales, como la información, la accesibilidad y el diseño universal, las prescripciones técnicas, los criterios de adjudicación, las condiciones especiales de ejecución o los contratos reservados. 

Además, la Comisión estará facultada para diseñar acciones de información y formación del personal encargado del cumplimiento de las medidas previstas por la puesta en marcha del Plan de Acción de la Estrategia Española de Discapacidad 2022-2030, así como de la incorporación y aplicación de criterios sociales en la contratación, en coordinación con el Instituto Nacional de Administración Pública, así como con otros centros de formación especializada de la Administración General del Estado o privados. 

En todas las funciones, la Comisión trabajará en colaboración con la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado y en coherencia con lo establecido en la Estrategia Nacional de Contratación Pública. Además, para las funciones referidas en los párrafos a) y b), las medidas a elevar para acuerdo del Consejo de Ministros deberán someterse a informe previo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.