Última revisión
20/04/2023
La Comisión Europea llama al orden a España por no trasponer la Directiva de Conciliación
La Directiva de Conciliación de la vida laboral y familiar, aprobada en 2019, otorga una serie de derechos mínimos que facilitarían el cuidado de los menores cuando se presta servicios laborales. Europa ha otorgado un plazo de dos meses a España para la incorporación de esta norma, y en caso contrario, podría elevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esta norma europea establece nuevos derechos a progenitores y cuidadores.
La Comisión Europea ha emitido una carta de emplazamiento a España para la transposición de la Directiva 2019/1158, de 20 de junio relativa a la conciliación de la vida laboral y familiar donde muestra su preocupación por el incumplimiento de los derechos de los trabajadores que, aún siendo comunes a nivel europeo, cada país debe cumplir de manera adecuada.
Esta norma europea otorga a los padres y cuidadores una serie de derechos como:
- Un permiso de paternidad de al menos diez días laborales desde el nacimiento del hijo (art. 4).
- Un permiso parental de al menos cuatro meses para cada uno de los progenitores, de los que dos meses son retribuidos e intransferibles (art. 5).
- La posibilidad de solicitar el disfrute de tal permiso de forma flexible, ya sea a tiempo completo, parcial o en múltiples periodos (art. 5.6).
- Todo trabajador progenitor de un hijo de hasta ocho años de edad o cuidador de una persona dependiente debe tener derecho a solicitar la reducción del horario laboral, un horario de trabajo flexible y condiciones de flexibilidad en el lugar de trabajo (art. 9).
- Garantizar que cada trabajador tenga derecho a disfrutar de un permiso para cuidadores de cinco días laborables al año (art. .6).
España se encuentra entre once países, contando con Bélgica, Chequia, Irlanda, Grecia, Francia, Croacia, Chipre, Luxemburgo, Austria y Eslovenia, que no han cumplido con la Directiva 2019/1158 relativa a la conciliación de la vida laboral y familiar. España tendrá, por tanto, dos meses para notificar la transposición apropiada de dichas normas y, de no cumplirse, el caso podría elevarse al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Esta Directiva fue aprobada en 2019 y, desde entonces, los países miembros de la UE tenían tres años para cumplir con los requisitos establecidos en el misma.
El plazo de dos meses para la transposición de esta Directiva al sistema legal de España finalizó el pasado agosto de 2022. En vista de los resultados, la Comisión Europea advirtió a España que, en caso de no cumplir con el plazo, el caso se elevaría al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
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