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Resolución de 14 de julio de 2021, de la Secretaría General de Políticas Sociales, Voluntariado y Conciliación, por la que se ordena la publicación de objetivos estratégicos de la Consejería., - Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de 20-07-2021

Tiempo de lectura: 33 min

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Ambito: Andalucía

Órgano emisor: CONSEJERIA DE IGUALDAD, POLITICAS SOCIALES Y CONCILIACION

Boletín: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Número 138

F. Publicación: 20/07/2021

Documento oficial en PDF: Enlace

Esta normal es una reproducción del texto publicando en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Número 138 de 20/07/2021 y no contiene posibles reformas posteriores

El Sistema Público de Servicios Sociales está constituido por el conjunto de servicios, recursos y prestaciones de las Administraciones Públicas de Andalucía orientados a garantizar el derecho de todas las personas en Andalucía a la protección social, la promoción social y la prevención en los términos recogidos en la ley, y tiene como finalidad la adecuada cobertura de las necesidades individuales y sociales básicas de las personas en su entorno, con el fin de alcanzar o mejorar su bienestar.

La Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía, consolida el Sistema Público de Servicios Sociales constituyéndose como una ley garantista que amplía derechos subjetivos a la ciudadanía, reconociendo prestaciones garantizadas, además de otras prestaciones condicionadas, sobre la base de los avances ya conseguidos en el ámbito de los servicios sociales en Andalucía con el objetivo de fortalecerlos y mejorar su capacidad de adaptación, garantizando de esta forma una protección integral a la ciudadanía.

Uno de los avances fundamentales de la citada ley es dotar de naturaleza propia al Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, basado en los principios de universalidad e igualdad de acceso a todas las personas, orientado a la calidad y a situar a la persona como centro de todas las políticas sociales, configurando una red de centros, servicios y prestaciones participadas por las Administraciones Públicas y las entidades de iniciativa privada.

No obstante, a fin de articular las distintas actuaciones que han de tener lugar en relación a la mencionada red organizativa se han de determinar una serie de directrices o pautas de actuación encaminadas a la mejora de dicha actividad y al rendimiento de la organización y que deben servir de referencia en la elaboración y planificación de todas las políticas a acometer por la Consejería en su respectivo ámbito de competencias.

En concreto en la planificación del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía están llamados a jugar un papel muy importante el conjunto de las Administraciones Públicas en colaboración y coordinación con el resto de agentes sociales que se integran de pleno derecho en el Sistema y complementan el marco de actuación de los poderes públicos, planteándose como pieza esencial para la definición del Plan Estratégico de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Andalucía, elemento dinamizador del desarrollo de los objetivos de la política social en Andalucía que, junto con el Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales y el Mapa de Servicios Sociales, son los elementos fundamentales que concretan el futuro de los Servicios Sociales de Andalucía.

Con la finalidad de programar las prestaciones, servicios, programas y otras actuaciones necesarias para cumplir los objetivos del Sistema de Servicios Sociales de Andalucía, el artículo 75 de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, establece que el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería competente en materia de servicios sociales, acordará la formulación y aprobará el Plan Estratégico de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Sin embargo, y en ausencia de un documento de la naturaleza anteriormente descrita, la publicación de la presente resolución viene a cubrir dicha situación adquiriendo un carácter indudablemente provisional en cuanto que permanecerá vigente hasta el momento en que se publique el correspondiente documento estratégico. Todo ello dentro de las competencias que el Decreto 106/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, otorga a la Secretaría General de Políticas Sociales, Voluntariado y Conciliación y centros directivos dependientes de ella.

Por otra parte, es importante destacar que la determinación de estos objetivos estrátegicos no solo debe constituir un referente interno de la Administración en el diseño de sus líneas de actuación sino que también debe entenderse como la conformación de una serie de pautas susceptibles de ser conocidas por los ciudadanos con el fin de garantizar la transparencia de la actividad de la propia Administración relacionada con el funcionamiento y el control de la actuación pública por parte de la propia ciudadanía y de la sociedad en general favoreciendo la participación ciudadana.

La materia objeto de la presente resolución podría encuadrarse, en consecuencia, en el ámbito establecido con un carácter indudablemente más amplio por el artículo 12.1 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía: «Las administraciones públicas (…) publicarán los planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución», que a su vez constituye una manifestación de las obligaciones que en materia de publicidad activa corresponden a la Administración de la Junta de Andalucía. Es decir, si bien como ya se ha apuntado, dicha resolución no constituye por si misma un documento estratégico en la medida anteriormente descrita, su publicidad debe de estar sometida a las mismas directrices normativas que aquel.

En consonancia con lo anterior dichos objetivos ya se encuentran alineados con los recogidos en los distintos Programas Presupuestarios reflejados en los Anexos de la Ley 3/2020, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2021, así como con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se fijaron dentro de la Agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible.

En su virtud, esta Secretaría General, en ejercicio de las competencias atribuidas por el Decreto 106/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, modificado por el Decreto 119/2020, de 8 de septiembre y el Decreto 228/2020, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de Salud, así como el Decreto 106/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación,

RESUELVE

Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de los objetivos estratégicos de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación que se adjuntan como anexo a la presente resolución.

Sevilla, 14 de julio de 2021.- El Secretario General, Daniel Salvatierra Mesa.

ANEXO I

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN

A. Objetivos Estratégicos de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.

Dicho apartado incluye los propios de la Secretaría así como los de las Direcciones Generales que dependen de la misma:

1. Secretaría General de Políticas Sociales, Voluntariado y Conciliación.

En materia de voluntariado:

1. Capacitar y formar al voluntariado, dando continuidad a las acciones de formación dirigidas a las personas voluntarias, detectando nuevas necesidades formativas y promoviendo acciones de capacitación con el correspondiente seguimiento.

Para ello se potenciará la Formación básica dirigida a personas voluntarias sobre temas transversales del voluntariado así como la Formación específica sobre temas relacionados con el área de actuación de la entidad solicitante.

2. Promocionar y sensibilizar al voluntariado, a través del desarrollo de actitudes positivas que fomenten la participación ciudadana dirigida a la población andaluza, divulgando valores de participación, de compromiso social y de buenas prácticas.

Para ello se fomentarán la realización de Campañas de sensibilización dirigida a la ciudadanía en general sobre los valores del voluntariado destinadas a la captación de personas voluntarias y al fortalecimiento del tejido asociativo. La organización de Encuentros de voluntariado dirigidos al intercambio y puesta en común de experiencias y buenas prácticas de voluntariado que favorezcan la mejora de los programas y actuaciones que se desarrollen. La realización de actuaciones destinadas a favorecer la formación en los principios y valores del voluntariado mediante programas de aprendizaje servicio así como la organización de actos de reconocimiento de las capacidades y habilidades adquiridas por las personas voluntarias.

3. Fomentar la intervención del voluntariado, basada en la importancia de la participación de las personas voluntarias en el desarrollo de programas que incidan directamente en la mejora de la calidad de vida de las personas y de la sociedad en general.

Para ello, se potenciará el desarrollo de programas llevados a cabo por personas voluntarias que consistan en la intervención directa sobre los colectivos objeto de atención de la entidad solicitante.

4. Potenciar la realización de programas en RED, que apuesten por una metodología de trabajo conjunto donde se intercambien y pongan en común estrategias para la realización de un programa de voluntariado.

Para ello se fomentará la realización de programas que promocionen el desarrollo de actuaciones de voluntariado a través del trabajo en red, con el fin de realizar un proyecto común mediante la colaboración de distintas entidades.

5. Desarrollar la capacitación y formación de las entidades de voluntariado facilitando la adquisición de competencias por parte del movimiento asociativo a la hora de organizar sus recursos de voluntariado y adquirir habilidades para la participación en diferentes grupos sociales y contextos de intervención.

Para ello se promocionará la Formación dirigida a las entidades del voluntariado para la adquisición de competencias destinadas a gestionar y organizar sus recursos. El apoyo técnico a las mismas para la mejora de la calidad de sus proyectos de voluntariado. La organización de cursos de Formación de formadores/as.

6. Potenciar el asesoramiento e información a las personas y entidades de voluntariado, facilitándoles oportunidades de participación a las personas con inquietudes solidarias de acuerdo con las iniciativas de voluntariado propuestas por las asociaciones y proporcionado a esta información sobre los recursos existentes en la Comunidad Autónoma.

Para ello se fomentarán las Actividades destinadas al asesoramiento de las personas interesadas en el voluntariado así como la gestión del contacto entre las entidades de acción voluntaria organizada demandantes y las personas que se ofrecen para realizar acciones de voluntariado. Asimismo se promocionará la Información a las entidades de voluntariado sobre recursos y actuaciones existentes en materia de voluntariado en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

7. Fomentar la promoción y sensibilización del voluntariado en el ámbito Universitario, al tratarse de un espacio fundamental para la promoción de valores de solidaridad, igualdad, participación y ciudadanía activa en torno a las causas que generan exclusión social y desigualdades en general y donde potenciar iniciativas de solidaridad y compromiso.

Para ello se fomentará el establecimiento de puntos de información y divulgación en la Comunidad Universitaria sobre las oportunidades de participación en las asociaciones, facilitando atención directa a las personas y vías de comunicación con las asociaciones de voluntariado. Se promocionará la realización de actividades de sensibilización y concienciación destinadas a la comunidad universitaria sobre los valores del voluntariado encaminadas a la promoción y captación de las personas voluntarias. Igualmente la organización de encuentros con motivo de la celebración del Día Internacional del Voluntariado así como actividades para el reconocimiento de las capacidades y habilidades adquiridas por las personas voluntarias.

8. Impulsar la capacitación y formación del voluntariado desde las Universidades, en el marco de sus planes de formación de voluntariado, detectando nuevas necesidades formativas y promoviendo las acciones de capacitación pertinentes llevando a cabo el seguimiento correspondiente.

Para ello se potenciará la detección de necesidades formativas y la realización de cursos y talleres para dar respuestas a estas nuevas necesidades. La realización de formación básica dirigida a la capacitación del alumnado universitario sobre temas relacionados con el voluntariado. Igualmente se fomentará la formación específica dirigida al alumnado universitario en los diferentes ámbitos de actuación del voluntariado previstos en la Ley 4/2018, de 8 de mayo, Andaluza del voluntariado y en colaboración con las entidades que desarrollen su actividad en los respectivos ámbitos de actuación.

9. Aumentar la calidad y mejora de los resultados de la acción voluntaria organizada, a través de la detección de buenas prácticas de participación y voluntariado. Las oficinas de voluntariado de las universidades son un referentes para la comunidad universitaria que cuentan con inquietudes por participar. Su organización, basada en principios como la calidad y la mejora continua permitirá incrementar su cobertura y alcance de sus resultados.

Para ello se potenciarán actuaciones para detectar buenas prácticas en materia de voluntariado y contribuir a su generalización. La organización de encuentros de voluntariado universitario destinados a la puesta en común de programas y al intercambio de buenas prácticas entre las entidades de voluntariado y la comunidad universitaria andaluza, así como actuaciones de divulgación de modelos positivos de buenas prácticas en voluntariado y participación universitaria.

10. Favorecer las investigaciones e innovaciones en materia de voluntariado, al ser las universidades un referente en materia de investigación e innovación en diferentes ámbitos, entre los que se encuentra el fenómeno de la participación ciudadana y el voluntariado. Para ello se potenciará la realización de estudios e investigaciones dirigidos a conocer la realidad del voluntariado en el ámbito universitario público andaluz.

En materia de participación ciudadana.

1. Impulsar la participación ciudadana, mediante la promoción de la participación de todos los andaluces y andaluzas en los asuntos públicos, económicos, culturales y sociales, de forma directa a través de sus representantes políticos.

2. Aumentar la calidad de la democracia, facilitando la participación de todos los andaluces y andaluzas en la vida política, económica, cultural y social, en condiciones de igualdad.

3. Promover la participación ciudadana en la elaboración, prestación y evaluación de las políticas publicas, así como la participación individual y asociada en los ámbitos cívico y social, cultural, económico y político en pro de una democracia social avanzada y participativa.

4. Favorecer la participación de la ciudadanía en las decisiones derivadas de las acciones de gobierno y administración de la Comunidad Autónoma y de las entidades locales ya sea directamente o a través de las entidades de participación ciudadana en las que se integre la ciudadanía.

5. Desarrollar y fortalecer el tejido asociativo y los movimientos sociales como elemento de vertebración de la sociedad civil andaluza, como agente de cambio y mejora de la calidad de vida y desarrollo de los pueblos y ciudades.

6. Buscar nuevas formas de participación ciudadana y mejorar las existentes, mediante el desarrollo de estudios técnicos y científicos.

En materia de conciliación.

1. Promover en materia de conciliación, el desarrollo de políticas públicas que favorezcan la conciliación, así como la corresponsabilidad y la coeducación en la distribución y tiempos de los cuidados no remunerados y de la visión de la conciliación para compatibilizar la vida familiar, personal y laboral.

2. Dirección General de Servicios Sociales.

En materia de investigación e innovación en Servicios Sociales.

1. Dinamizar del entorno vecinal y la vida comunitaria, mediante la promoción del estudio de indicadores de fragilidad funcional y relacional y también sobre las sinergias de atención comunitaria y de promoción de nuevas formas de convivencia para la mejora del entorno y la vida social, vecinal y comunitaria, con atención al urbanismo en el impacto en la convivencia en espacios urbanos y rurales.

2. Potenciar la autonomía personal para la convivencia, la promoción de la autonomía personal, la prevención del deterioro de la misma o el desarrollo de sistemas de apoyo y asistencia, cuando esta autonomía queda limitada, son otro cometido referido a la respuesta a las necesidades de la ciudadanía. Se facilita así, la vida en el domicilio y y al acercamiento a los deseables nuevos modelos residenciales que contemplen medidas intermedias entre la vida en el hogar y la vida en residencias

3. Desarrollar estrategias y metodologías orientadas a la inclusión social, la investigación ha de ser una herramienta que ayude promover enfoques inclusivos atendiendo para ello aspectos como el estudio de riesgo sociales emergentes, el abordaje de las problemáticas relacionadas con el conflicto y los déficits de convivencia mediante la implantación de metodologías de intervención social innovadoras, así como, la implementación de nuevas herramientas y tecnologías de diagnóstico que faciliten la planificación, el diagnóstico, la intervención, predicción de riesgos y evaluación.

4. Incrementar la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en el ámbito de los cuidados y de lo doméstico.

5. Fomentar la innovación organizativa de los servicios sociales y la implementación de sistemas de información y gestión del conocimiento que permita dar respuesta a realidades poblaciones muy diferentes, en grandes ciudades y aglomeraciones o en zonas muy escasamente pobladas.

6. Establecer sistemas de evaluación y análisis de las políticas y mecanismos de colaboración multinivel (administración local, autonómica, estatal). La investigación e innovación en los servicios sociales deberá aportar modalidades viables, dentro del sistema, de vertebración de fines y competencias de las diversas administraciones y agentes de servicios sociales desde un marco normativo y organizativo claro y estable y con las estrategias para la mejora de la calidad y la eficiencia y con otros sistemas la coordinación y cooperación administrativa y trabajo colaborativo desde el SPSSA con otros sectores y profesionales de los sectores sociales y privados.

7. Simplificar los procedimientos administrativos, dada la necesidad de hacer más accesibles los servicios sociales a las personas en situación de vulnerabilidad, los procesos han de ser accesibles y las resoluciones administrativas han de utilizar un lenguaje sencillo para responder realmente al objetivo de comunicar a la ciudadanía aquello que la Administración resuelve en respuesta a su solicitud.

8. Desarrollar herramientas tecnológicas facilitadoras de las tareas de diagnóstico, predicción, seguimiento y evaluación, así como la implantación de CoheSSiona y ProgreSSa.

9. Promover la prescripción facultativa del profesional de los servicios sociales a través de la implementación de metodologías de formación y mejora de la praxis profesional.

10. Mejorar la dotación y formación del personal y de profesionales para abordar los nuevos retos en los servicios sociales desde una perspectiva integral (desde todas las dimensiones de las necesidades) e integradas en el contexto (desde sus posibilidades y límites).

En materia de atención a la Comunidad Gitana de Andalucía.

1. Impulsar el incremento de la escolarización de la población gitana en la educación infantil.

2. Favorecer la universalidad de la escolarización y aumentar el éxito académico del alumnado gitano en Educación Primaria.

3. Incrementar la finalización de la Educación Secundaria Obligatoria y aumentar el éxito académico del alumnado gitano en esta etapa.

4. Aumentar el nivel educativo de la población gitana adulta.

5. Facilitar el acceso al empleo normalizado y reducir la precariedad laboral entre la población gitana.

6. Erradicar el chabolismo y reducir los núcleos de infraviviendas.

7. Mejorar la calidad del alojamiento de la población gitana.

8. Fomentar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres.

9. Impulsar políticas que permitan visibilizar, sensibilizar y prevenir la violencia de género de las mujeres gitanas.

10. Mejorar el acceso de la población gitana a los recursos, bienes y servicios sociales.

11. Mejorar el conocimiento de la situación social de la Comunidad Gitana de Andalucía.

12. Reconocer las actividades culturales de la comunidad gitana e incluirlas dentro de las aportaciones culturales andaluzas.

13. Impulsar el reconocimiento institucional de la cultura gitana.

14. Mejorar la participación social y pública de la comunidad gitana, con especial incidencia de la mujer gitana.

15. Dignificar la imagen social y mediática de la comunidad gitana en los medios de comunicación.

16. Promover la igualdad de trato y la no discriminación de la población gitana andaluza.

17. Combatir el antigitanismo en Andalucía.

18. Impulsar la inclusión de la población gitana proveniente de otros países.

En materia de atención a personas inmigrantes y emigrantes.

Alineadas con la Estrategia andaluza de inmigración formulada por el órgano directivo competente en materia de coordinación de las políticas migratorias, se impulsan los siguientes objetivos:

1. Reducir los asentamientos y la infravivienda facilitando el acceso a una vivienda digna.

2. Reducir la brecha de la tasa de pobreza y riesgo de exclusión social entre la población de origen extranjero y el resto de población.

3. Impulsar la gestión de la diversidad y la convivencia.

4. Desarrollar los espacios de convivencia intercultural en el ámbito local y comunitario.

5. Mejorar la percepción social positiva de la ciudadanía andaluza respecto a la inmigración a través de estrategias de Igualdad de trato y no discriminación.

6. Garantizar el mantenimiento de albergues y servicios de acogida temporales en zonas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, donde se desarrollen campañas agrícolas o de temporada o en núcleos de ésta donde la especial afluencia de personas trabajadoras desplazadas no pueda ser atendida por los servicios de acogida normalizados.

En materia de garantía alimentaria.

1. Garantizar la preparación y reparto de alimentos a personas con escasos recursos económicos y/o en riesgo o situación de exclusión social.

2. Garantizar, mediante la organización de escuelas de verano para personas menores de edad, preferentemente en zonas desfavorecidas, la preparación y reparto de alimentos a personas menores de edad, durante el periodo de vacaciones fuera del calendario escolar, en conjunción con acciones complementarias de carácter educativo, relacionadas con el apoyo de los contenidos curriculares, de ocio y tiempo libre, de educación en valores y actividades que desarrollen la imaginación y la creatividad o educación para la salud.

En materia de atención a las personas sin hogar.

1. Desarrollar la prevención del sinhogarismo, mediante una intervención rápida y flexible, de forma que se pueda evitar su cronificación, y minimizar el posible impacto del sinhogarismo sobre la salud física y psicosocial de las personas.

2. Promover un cambio de modelo de la intervención, basado en la orientación a soluciones frente a la gestión del problema.

3. Potenciar un modelo de intervención centrado en la persona y en la vivienda estable.

3. Dirección General de Infancia.

1. Garantizar el respeto y el cumplimiento de los derechos de la Infancia y la adolescencia en Andalucía. Este objetivo se lleva a cabo mediante la gestión de programas y servicios para el desarrollo del sistema de atención a la infancia, garantizando la continuidad de las políticas públicas dirigidas a la promoción y protección de los derechos de la infancia sobre la base de la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los derechos y la atención al menor, especialmente los de aquellos que se encuentran en riesgo o situación de desprotección, eliminando las situaciones que pudieran atentar contra sus derechos y estableciendo actuaciones coordinadas con el resto de sistemas, asó como la mejora de los recursos del sistema de protección de menores y la colaboración con las familias.

Este objetivo estratégico comprende, a su vez, los siguientes objetivos operativos:

1. Adecuar los recursos del sistema de protección de menores a las necesidades de niños y niñas en situación de desamparo, con este objetivo se pretende por un lado garantizar la efectividad de los derechos de los menores, a través de una intervención administrativa con la finalidad de evitar y poner fin a situaciones de maltrato y desprotección, y de colaborar con las familias para proporcionarles una asistencia que ésta no puede asumir de forma temporal, atendiendo a todas sus necesidades.

En segundo lugar promover el acogimiento familiar como una medida de protección alternativa al acogimiento residencial, por la que un o una menor, durante un tiempo, pasa a formar parte de una familia distinta a la suya propia que le proporcionará los cuidados necesarios para su desarrollo psicosocial y una atención normalizada, evitando los riesgos que supone la separación de su medio.

En tercer lugar lograr la optimización de los recursos de atención residencial a menores (centros de protección), que conduzcan a una mejor atención a los y las menores del Sistema de Protección.

Por último conseguir la integración definitiva en una familia mediante la figura de la adopción, tanto nacional como internacional.

2. Integrar a jóvenes procedentes del Sistema de Protección de Menores en condiciones de igualdad, con este objetivo se pretende fomentar la autonomía y la inserción social de los y las jóvenes que han sido tutelados por la Junta de Andalucía mediante la consolidación y el crecimiento de los programas encaminados a mantener y promover la autonomía personal y la inserción social y profesional de las y los jóvenes que han pasado por el sistema de protección de menores, teniendo en cuenta las necesidades especiales de colectivos especialmente vulnerables como las mujeres, las víctimas de trata, refugiados o jóvenes con discapacidad.

3. Prevenir y detectar las situaciones de dificultad, conflicto o riesgo social de los y las menores, con este objetivo la Administración de la Junta de Andalucía se pretende la eliminación de las situaciones que puedan menoscabar el desarrollo armónico de las niñas y los niños y atentar contra sus derechos.

La letra a) del párrafo 1 del artículo 19 de la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los Derechos y la Atención al Menor, dispone que la Administración Pública fomentará las medidas preventivas a fin de evitar situaciones de desprotección y riesgo para los menores. Dentro de este ámbito incluye la extensión y consolidación de la red de equipos de tratamiento familiar como instrumento para posibilitar la atención de los menores en dificultad social en el seno de sus familias, y así evitar la institucionalización de los mismos. Igualmente se mantienen los programas y recursos de apoyo a las familias, como son las ayudas económicas familiares, los programas de evaluación y tratamiento a los menores víctimas de violencia sexual, etc. Estos programas suponen una inversión de gran rentabilidad social por cuanto promueven la permanencia de los menores en su núcleo familiar y posibilitan una intervención psicosocial y educativa en sus contextos naturales.

4. Sensibilizar a la sociedad y profundizar en la formación e investigación en materia de infancia, con este objetivo se pretende concienciar a la sociedad de la necesidad de respetar los derechos de la infancia, la transmisión de valores positivos, la formación de los profesionales del sistema y la realización de investigaciones en materia de infancia.

4. Dirección General de Personas con Discapacidad e Inclusión.

1. Mejorar la atención de las personas con discapacidad, mediante la mejora de la coordinación y simplificación administrativa así como la automatización de los procesos administrativos.

Para ello, se modernizarán los procesos de valoración de la discapacidad tendiendo a la telematización, se modernizará la atención presencial mediante cita previa y la adopción de medidas de accesibilidad cognitiva, se reducirán los tiempos de demora, y se mejorará la organización y estructura de los centros de valoración y orientación de Andalucía.

Además, se reducirá la carga administrativa de gestión de los procedimientos mediante el desarrollo de los sistemas de información.

Asimismo, se promueve la mejora de la atención en los centros residenciales y de día de personas con discapacidad.

2. Promocionar la autonomía personal y vida independiente, reduciendo el agravamiento de las situaciones de discapacidad y de dependencia y su impacto sobre la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus cuidadoras.

Para ello, se mantendrá las acciones de promoción de autonomía personal y vida independiente, asistencia personal, perros de asistencia, atención integral tanto social, rehabilitación y atención psicológica, prevención de la exclusión social, información, orientación y asesoramiento, o el ocio inclusivo.

Asimismo, se impulsará la mejora de la atención de las personas con discapacidad que están en proceso de recuperación de su estado de salud mediante la creación de centros de cuidados intermedios.

3. Potenciar la inclusión social y laboral, mediante el incremento de la actividad socio-laboral de las personas con discapacidad.

Para ello, se impulsa la transversalidad de las políticas sectoriales dirigidas a las personas con discapacidad y su coordinación intersectorial, y la promoción de la participación de la iniciativa social.

Además, se prestará especial atención al impulso y colaboración en la inclusión laboral de las personas con discapacidad, reconocimiento de buenas prácticas en el ámbito empresarial, el fomento de la asistencia personal o la protección jurídica de las personas con discapacidad.

4. Reducir las desigualdades entre hombres y mujeres con discapacidad, mediante un enfoque interseccional, potenciando el papel de las mujeres con discapacidad, fomentando su participación social y el acceso a todos los recursos, mejorando su imagen social para que sea plural, positiva, real y libre de estereotipos.

Asimismo, se mantiene la promoción de la atención e inclusión social de mujeres con discapacidad, prevención de malos tratos y violencia de género así como la incorporación de las mujeres con discapacidad a la actividad social además de la promoción del diseño de actuaciones prestando atención al género y la discapacidad.

5. Fomentar la incorporación de las personas con discapacidad en los sistemas de educación y formación, mediante el impulso de la incorporación de estas personas en los diferentes niveles educativos prestando especial atención a la finalización de los estudios tanto en las etapas obligatorias como en la educación no obligatoria y programas de formación para el empleo.

6. Mejorar la participación en la comunidad universitaria de las personas con discapacidad, incluyendo tanto al estudiantado con discapacidad como al personal docente investigador y al personal de administración y servicios.

Para ello, se fomentará la coordinación interinstitucional en materia de universidades, se promocionará la implementación de las medidas previstas en la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, y se potenciará la participación de las Universidades en los órganos colegiados en materia de discapacidad.

7. Impulsar la accesibilidad universal y su seguimiento, mediante la mejora en la accesibilidad universal, tanto la accesibilidad física como la sensorial y cognitiva, como medio para lograr la inclusión social de las personas con discapacidad en los distintos ámbitos de los servicios sociales, educación, salud, justicia, transporte, urbanismo, nuevas tecnologías, servicios culturales, deportivos, etc, garantizando que los accesos y los entornos sean accesibles y comprensibles y se eliminen las barreras que impiden el normal desenvolvimiento de las personas con discapacidad.

Para ello, se dará continuidad a la labor de asesoramiento, formación y promoción de medidas de accesibilidad tanto en el ámbito de la propia Administración de la Junta de Andalucía, como de la Administración Local. Asimismo, se promocionará la implantación de tecnologías avanzadas por las personas con discapacidad en favor de una mejora de su autonomía personal, y se profundizará en la eliminación de las barreras en la comunicación en materia de lengua de signos y medios de apoyo a la comunicación oral.

8. Impulsar mejoras en la comunicación, sensibilización y formación, referidas tanto del personal valorador de los centros de valoración y orientación de Andalucía como del personal al servicio de la Administración General de la Junta de Andalucía, la Administración local y servicios sociales comunitarios, así como al personal de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

5. Dirección General de Violencia de Género e Igualdad de Trato.

En materia de diversidad (LGTBI).

1. Lograr la igualdad de trato, la inclusión y el respeto de las personas LGTBI y sus familiares.

2. Eliminar la discriminación por razón de orientación e identidad sexual y de género.

3. Desarrollar en Andalucía una cultura de respeto a la diversidad en materia de identidad y expresión de género.

6. Dirección General de Personas Mayores y Pensiones no Contributivas.

En materia de Personas mayores debemos destacar el Acuerdo de 4 de noviembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el I Plan Estratégico Integral para Personas Mayores en Andalucía 2020-2023, publicado en el BOJA número 221, de fecha lunes 16 de noviembre de 2020, del cual se pueden extraer los siguientes objetivos estratégicos:

1. Incrementar la práctica de ejercicio físico en personas mayores de 55 años.

2. Mejorar hábitos de alimentación en personas mayores de 55 años.

3. Incrementar la empleabilidad en personas entre 55 y 64 años.

4. Incrementar el porcentaje de personas mayores de 65 años con prestación de la dependencia reconocida.

5. Agilizar la prestación de servicios sociales y sanitarios de la Junta Andalucía, para personas mayores de 65 años.

6. Mejorar la calidad de la atención a la dependencia de las personas mayores de 65 años.

7. Mejorar la atención del colectivo LGTBI en centros de Servicios Sociales para la atención de personas mayores.

8. Reducir la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social.

9. Reducir el porcentaje de las personas mayores de 55 años que sufren maltrato.

10. Reducir el porcentaje de las mujeres mayores de 55 años que sufren violencia de género.

11. Reducir el porcentaje de personas mayores que sufren soledad no deseada.

B. Alineación de las Actuaciones de la Consejería con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030

Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

Es necesario promover las acciones necesarias para que los hombres y mujeres, en particular los pobres y los más vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, en condiciones igualitarias.

La participación de los pobres en los frutos del crecimiento económico es un requisito necesario para disminuir las tasas de pobreza existentes, sin olvidar el establecimiento de un conjunto de medidas de protección social apropiadas para todas las personas con la finalidad de lograr una amplia cobertura de los pobres y los grupos de población más vulnerables.

Con la mirada puesta en la reducción de la pobreza, es intención de esta Consejería optimizar los recursos e impulsar el principio de igualdad así como cubrir y mejorar la atención social de las personas en situación de pobreza y exclusión social como mecanismos para reducir la pobreza.

Objetivo 2: Poner fin al hambre.

Poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas en situaciones vulnerables, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año, es una tarea de todos los agentes sociales y económicos, pero sobre todo de los gobiernos e instituciones públicas, como garantes de los derechos fundamentales de las personas.

Los colectivos de personas mayores, la infancia y la población en situación de exclusión social son vulnerables en mayor medida a la falta de alimento y la falta de una dieta sana y equilibrada, sin olvidar que el 70 por ciento de las personas que padecen hambre en el mundo son mujeres.

Esta situación se ha visto agudizada por la pandemia de la Covid-19, es por ello que no podemos dejar de implementar medidas para prevenir situaciones riesgo y de desprotección de los menores mejorando la atención social de personas en situación de pobreza y exclusión social que sufren desprivacion material severa.

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.

La evolución en la ciencia médica, la reducción de la mortalidad gracias a las vacunas, así como una mejora de la nutrición ha incidido en el aumento de la esperanza de vida.

Lo que supone que las personas serán mas longevas y serán mas propensas a otro tipo de afecciones.

Ante la situación descrita las administraciones públicas y el Gobierno de Andalucía, deberán consolidar instrumentos y políticas que faciliten a las personas mayores adoptar un adecuado modelo de envejecimiento activo, seguido de un aumento en la calidad en los recursos y servicios de atención a las personas mayores, con discapacidad o dependientes. Siendo de vital importancia la promoción de la salud mental y el bienestar de las personas.

Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.

La igualdad de género forma parte de los derechos humanos, y es uno de los derechos esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible.

Mientras permanezcan los prejuicios de preeminencia machistas sobre las mujeres, esta Consejería no dará ni un paso atrás en la defensa de las mujeres y niñas. Por lo que es de vital importancia el establecer lineas de trabajo que incidan directamente en la remoción de los prejuicios machistas, la eliminación de violencia, la discriminación de las mujeres, así como conseguir la participación plena de la mujer y el fomento de la conciliación laboral y familiar que garanticen la igualdad de oportunidades.

Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos.

No siempre el crecimiento económico repercute positivamente en la ciudadanía de igual forma, ni con la misma intensidad. Es por ello que los poderes públicos y las instituciones deben velar por aquellos colectivos y grupos de personas que poseen mas dificultades para acceder a los beneficios de ese crecimiento económico y promover la remoción de aquellos obstáculos que dificultan el acceso a estos beneficios fruto del crecimiento económico.

Mujeres, jóvenes, minorías étnicas y personas con discapacidad, entre otros grupos de personas, tienen mas problemas para acceder a un empleo en igualdad de condiciones y de remuneración, en definitiva, a un empleo que les garantice una independencia económica que cubra sus necesidades y que les permita desarrollar un proyecto de vida autónomo.

Por ello, uno de los objetivos que persigue esta consejería se concentra en garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia en Andalucía, mediante la integración de los menores procedentes del sistema de protección, a través de planes personalizados e individualizados que persigue la integración social y laboral de los mismos, así como promover la autonomía personal de las personas con discapacidad.

Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países.

La obligación de los poderes públicos de abordar la desigualdad, la violencia y la discriminación basadas en la orientación sexual y la identidad de género está vinculada en especial, con el ODS 10 de esta agenda, «Reducción de las desigualdades», que promueve reducir la desigualdad causada por motivos como el sexo, edad, discapacidad, raza, etnia o religión y la adopción de las políticas y la legislación pertinentes.

La Consejería de Igualdad Políticas Sociales y Conciliación es consciente de que, a pesar de los avances normativos y sociales hacia el respeto a la diversidad sexogenérica, la sociedad necesita avanzar en la integración y el pleno disfrute de derechos humanos y libertades fundamentales de las personas LGTBI, así como en la prevención y eliminación de los episodios de LGTBIfobia.

Por ello, es necesario promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición, a través de la adopción de medidas de protección social, fomentando la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres como área de actividad de las entidades de voluntariado y promoviendo el reconocimiento y visibilidad de la acción voluntaria con el fin de fomentar la incorporación de la ciudadanía al voluntariado.

Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles.

Estamos presencia de una tendencia hacia la urbanización de la población, lo que supone una situación de despoblación de las áreas rurales, que conlleva a una proliferación de habitantes en los barrios pobres.

Proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad constituye un eje fundamental para conseguir la accesibilidad universal a los recursos públicos de estos grupos de personas, lo que sin duda repercutirá en su mejor calidad de vida.

Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.

Mantener la seguridad de las personas y garantizar que el gobierno trabaje de forma efectiva y justa. Para ello, impulsaremos la participación de la ciudadanía en la elaboración de las políticas públicas, detectando cuáles son las necesidades de la sociedad civil organizada para orientar los objetivos de transformación social.

Es importante que las instituciones aumenten su fortaleza democrática y que se garantice mecanismos para la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades de la ciudadanía.

En esa misma línea es preciso aumentar la calidad democrática y la incidencia de la sociedad civil en los asuntos públicos mediante la promoción de la participación ciudadana.