Preambulo único Aceleración de la Transformación del Modelo Económico Regional para la Generación de Empleo Estable de Calidad

I. Contexto económico-social y marco normativo

En un contexto mundial extremadamente volátil y competitivo, sometido a numerosas amenazas (tendencia al proteccionismo, irrupción de innovaciones tecnológicas disruptivas, flujos migratorios) pero también numerosas oportunidades (nuevos nichos de mercado, empleos absolutamente novedosos, especialización inteligente), el cambio de modelo económico localizado en una zona geográfica relativamente pequeña como es la Región de Murcia, requiere, de manera constante y rigurosa, de nuevos estímulos que aceleren la transformación económica a fin de mantener el liderazgo en aquellos sectores donde tradicionalmente la Región de Murcia ha sido líder, como, por ejemplo, en el sector agroalimentario, a la vez que debería tener como propósito ocupar nuevos nichos en sectores emergentes propiciados por los nuevos modelos de economía: cooperativa, circular, globalizada y otras.

Esta transformación del modelo económico no puede restringirse, única y exclusivamente, a parámetros técnicos o teóricos, antes bien, debe de tener en cuenta la importancia del excelente capital humano que posee la Región a fin de afrontar con garantías de éxito una transformación tan necesaria como urgente. El cambio de modelo económico debe colocar a las personas, tanto empresarios como trabajadores, como la referencia principal en torno a las cuales debe primarse un modelo que promueva los recursos humanos más cualificados, incidiendo en la eliminación de las desigualdades y en la protección de los recursos medioambientales. Aceleración de un modelo económico, pues, que siente las bases para una sociedad murciana más cohesionada socialmente en los ámbitos laborales, culturales y medioambientales.

La clave del éxito para alcanzar ese nuevo modelo económico regional que los ciudadanos demandan, adaptado a la especial idiosincrasia geográfica, cultural y socioeconómica de la Región de Murcia, debe basarse en la creación de empleo estable y de calidad.

Dicho de otro modo, la transformación del modelo económico no es un fin en sí mismo, sino un medio para la generación de empleo sostenible y de calidad. Mediante la creación de empleo, no sólo se impulsará el cambio de modelo económico, sino que además se reforzará una sociedad más justa y cohesionada, especialmente esperanzadora para aquellos que durante los años de crisis han resultado más desfavorecidos. En definitiva, crear el marco socioeconómico capaz de cimentar un futuro más halagüeño para los ciudadanos de la Región de Murcia.

Aunque, indudablemente, el cambio de modelo económico está sometido a numerosos factores globales que se deciden en otras instancias y que no siempre se pueden gestionar desde la propia Región de Murcia, existen, sin embargo, otros muchos elementos gestionables y decisorios en el ámbito estrictamente regional, de manera especial en el campo legislativo, cuya modificación y mejora representa un paso importantísimo de aceleración para la transformación del modelo económico.

Debido a la natural inercia del paso del tiempo ese "corpus" legislativo que influye directamente en el desarrollo del modelo económico se ha ido desperdigando en diferentes cambios de estructura administrativa, multiplicando las discrepancias y solapando la natural actividad de entidades y organismos. Esta desestructuración burocrática ha creado notables obstáculos para la necesaria y legítima iniciativa de empresarios y emprendedores que, a la postre, con su empeño y tesón son los genuinos creadores de empleo.

Por ello, el propósito final de la presente ley es homogeneizar los actuales desfases legislativos, adaptándolos a las actuales necesidades de un tejido empresarial moderno y competitivo como es el murciano, abarcando todos los sectores productivos sobre los que se fundamenta el futuro desarrollo económico y social de la Región de Murcia.

El empleo de calidad, la competitividad, la internacionalización y el crecimiento económico como factores esenciales para la transformación del modelo económico atañen a sectores tan diversos como turismo, suelo industrial, consumo, ordenación del territorio, agroalimentario y medio ambiente, aspectos sobre los que la presente ley incide.

De manera más específica, como objetivo inmediato en la presente legislación, se simplificará cierta carga administrativa, sin menoscabo de la necesaria protección legal, para que aquella no se convierta en obstáculo para el desarrollo y la transformación del modelo económico.

Todos los elementos incorporados a la presente legislación, tomados en su conjunto, optimizan su integración legislativa, soportada por novedosas medidas que servirán para acelerar el modelo de cambio económico tan importante y necesario para la Región de Murcia.

Desde un punto de vista competencial, la presente ley encuentra su acomodo en las competencias exclusivas otorgadas por el artículo 10, Uno, de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia en "Ordenación del Territorio y del Litoral, urbanismo y vivienda" (nº 2); "Planificación de la actividad económica y fomento del desarrollo de la Comunidad Autónoma dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional" (nº 11); "Casinos, juegos y apuestas excepto las apuestas y loterías del Estado" (nº 22); "Espectáculos públicos" (nº 24): "Promoción, fomento y ordenación del turismo en su ámbito territorial" (nº 16); "Cooperativas y entidades asimilables, mutuas no integradas en el sistema de Seguridad Social, respetando la legislación mercantil" (nº 23); "Industria (...)" (nº 27); "Instalaciones de producción, distribución y transporte de energía, cuando el transporte no salga de su territorio y su aprovechamiento no afecte a otra Comunidad Autónoma..." (nº 28); "Procedimiento administrativo derivado de las especialidades de organización propia" (nº 29); "Comercio Interior" (nº 34); así como las competencias de desarrollo legislativo y ejecución, en el marco de la legislación básica del Estado, recogidas en el artículo 11 apartados segundo, tercero, cuarto y séptimo relativas a "Protección del medio ambiente", "Montes y Aprovechamientos Forestales", "Régimen Minero y Energético" y "Defensa del consumidor y usuario de acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad económica general y la política monetaria del Estado, las bases y coordinación general de la sanidad".

II. Infraestructuras industriales, turísticas, abastecimiento y sostenibilidad energética

En los últimos treinta años la reordenación urbanística de los municipios y el crecimiento económico han generado la aparición de un importante número de polígonos Industriales, también denominados parques empresariales, que han contribuido al desarrollo de los municipios en los que se ubican y del conjunto de la Región de Murcia, como ámbitos físicos en los que se desenvuelve la actividad empresarial, sobre todo industrial, generadora de riqueza y empleo.

Sin embargo, la regulación existente en este ámbito, aunque numerosa (la ley estatal de suelo, la homónima autonómica, ley de asociaciones, ley de propiedad horizontal, ley de eficiencia de las administraciones, etc.), resulta insuficiente en tanto que no concreta los mecanismos de participación de los actores sociales e institucionales en el hecho complejo del mantenimiento, conservación, reposición y ampliación de infraestructuras en estos parques empresariales, siendo muy diversa la casuística de gestión existente (entidades de conservación, asociaciones de empresarios, comunidades de propietarios, etc.), así como la heterogeneidad de ámbitos de actuación de los mismos y distinta capacidad jurídica de obrar de cada uno de ellos en dichos ámbitos.

Por otra parte, se considera conveniente, de cara al mejor funcionamiento y dinamización de la actividad en los polígonos industriales, fomentar la colaboración público-privada entre el ayuntamiento competente y los agentes privados concernidos para la mejora de la gestión de los servicios básicos, la conservación y mantenimiento de estos espacios. De igual forma, se pretende ampliar el ámbito de gestión a servicios de valor añadido para beneficio de las empresas instaladas y mejora de atractivos del polígono, de cara a la captación de nuevas inversiones en el mismo en condiciones de seguridad jurídica y a la mejora de la competitividad de las empresas y del desarrollo económico de la Región.

De esta forma, la presente ley trata de ordenar la relación entre usuarios y administraciones públicas y determinar los derechos y obligaciones de cada uno de ellos brindando un sistema, a través de las comunidades de gestión de áreas industriales, que supere la indeterminación actual posibilitando mecanismos de mejora, todo ello en beneficio de la actividad empresarial y del interés público.

Asimismo, la ley hace un guiño a la iniciativa industrial en el ámbito municipal a través de la figura del municipio industrial excelente. Obtendrá tal galardón aquellos municipios cuyos gestores estén comprometidos con la inversión industrial en su territorio, ofreciendo polígonos de asentamiento de alto valor añadido y ventajas fiscales.

En materia de turismo la región de Murcia debe aspirar a consolidarse como destino turístico renovado basado en un reposicionamiento de la oferta, no solo en la costa sino también en el interior, cuya planta alojativa está formada por hoteles que adolecen de cierta antigüedad y pequeño tamaño en comparación con nuestros destinos competidores.

Para revertir esta situación, la presente ley incluye varias medidas para fomentar la modernización y ampliación de la oferta hotelera, de modo que la región esté en condiciones de captar mayores flujos de turistas nacionales e internacionales, especialmente en temporada baja cuando hay grandes contingentes debidos a los programas de turismo senior.

En primer lugar, se pretende facilitar la renovación, modernización, ampliación o sustitución de los alojamientos existentes mediante el otorgamiento por ley de mayor edificabilidad, a semejanza de lo previsto recientemente en otras regiones como Baleares y Canarias.

Estas primas volumétricas se otorgarán para conseguir hoteles de al menos 3 estrellas tras la realización de las obras de ampliación, renovación o sustitución. Con estos procesos de modernización no solo se mejora la captación de clientes y la rentabilidad del hotel, sino que también contribuyen a la mejora del espacio turístico y coadyuva a la renovación de otros establecimientos en su entorno, debido a la presión competitiva que supone la presencia de hoteles modernos en un destino.

Complementario a la medida anterior y con el objetivo de incrementar la planta hotelera, se flexibiliza y aumenta la cuantía de la prima de aprovechamiento urbanístico para la implantación de hoteles en parcelas residenciales prevista en nuestra Ley de ordenación territorial y urbanística, que no quedará acotada al 20% sino que dependerá de la categoría resultante del establecimiento.

En segundo lugar, se incluye en nuestra legislación la regulación del condohotel, que ya ha sido incluida en otras comunidades autónomas con motivo del desarrollo de esta modalidad en los mercados internacionales, y cuya demanda está en aumento. Con ello se pretende dar seguridad jurídica a inversores y empresas del sector turístico para la utilización de esta fórmula de financiación para la realización de los grandes hoteles de calidad que precisa la región, estableciendo las condiciones precisas que son habituales en la normativa comparada para evitar un uso fraudulento de esta figura que pudiera distorsionar la finalidad turística pretendida.

Finamente, como medida para conseguir una mayor celeridad a las inversiones turísticas y evitar la pérdida de oportunidades de inversión en un entorno tan competitivo, se crea la declaración de interés turístico para los proyectos de modernización hotelera y para aquellos que contribuyan a la diversificación y mejora de la oferta, especialmente en municipios costeros. Los proyectos turísticos así declarados se beneficiarán de una reducción de los plazos ordinarios de tramitación, similar a lo ya establecido en nuestra normativa de proyectos de interés estratégico.

La modificación de la Ley 10/2006, de Energías Renovables y Ahorro y Eficiencia Energética de la Región de Murcia, clarifica la clasificación de las instalaciones de aprovechamiento de energías renovables en las que la energía producida esté destinada a su venta a la red, a efectos de la obtención de los correspondientes títulos habilitantes para la implantación de este tipo de infraestructuras energéticas.

En materia de instalaciones eléctricas se agiliza y simplifica el procedimiento para la dotación de suministro eléctrico, previa solicitud del interesado, a aquellas instalaciones que se encuentren actualmente sin suministro y que lo hayan tenido con anterioridad, mediante la fijación expresa de los plazos máximos para acometer esta tarea.

Asimismo, se agilizan y simplifican los procedimientos para la conexión a la red de distribución de nuevas instalaciones eléctricas promovidas por particulares o por las empresas distribuidoras, a través de la determinación de forma expresa de las fases y plazos máximos del procedimiento.

Por otro lado, la Región de Murcia tiene entre sus prioridades alcanzar los porcentajes en energías renovables propuestos por la Unión Europea que permitirán hacer efectiva la transición energética, combatir el cambio climático, cumplir los objetivos de París y contribuir a una mayor sostenibilidad energética. Para propiciar la implantación de este tipo de instalaciones se establecen procedimientos y plazos de agilización y simplificación en el procedimiento de acceso y conexión de instalaciones generadoras de energía eléctrica basadas en fuentes de energías renovables, tanto con vertido a red como autoconsumidoras.

En el ámbito de la sostenibilidad energética, se crean los compromisos que asumirá la Administración pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en materia de ahorro, eficiencia energética y uso de las energías renovables, encaminados a configurar la ejemplaridad de su comportamiento. En este contexto, se fijan los porcentajes de ahorro de energía y de utilización de las energías renovables en edificios públicos para los escenarios correspondientes a los años 2020 y 2025.

Asimismo, en la línea de lo que establece la directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios, los nuevos edificios públicos que se construyan o la ampliación de los existentes, serán de consumo de energía casi nulo.

III. Intervención urbanística y medioambiental

En esta área se propone, entre otras cuestiones, la adecuación de la regulación de los instrumentos de ordenación del territorio a través de los cuales poder materializar las políticas sectoriales de empleo de interés regional y, en general de fomento de la actividad económica.

Así mismo, y en cumplimiento de la Resolución de 11 de enero de 2016, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en relación con la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia, se introducen en la norma las modificaciones acordadas en la citada Comisión Bilateral.

Por otro lado, se aclaran determinados conceptos relativos a usos y obras provisionales.

Se unifica el plazo de adaptación a la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia, fijándolo en seis años para la aprobación inicial del nuevo planeamiento general, y se establece la posibilidad de que, por causa justificada, el citado plazo pueda prorrogarse, caso de que para un determinado municipio esta adaptación entraña especial complejidad.

Las modificaciones introducidas en la Ley 4/2009, de Protección Ambiental Integrada, van sobre todo encaminadas a simplificar el control ambiental de actividades que están sujetas a autorización ambiental integrada o autorizaciones sectoriales.

Cuando resulte exigible una autorización ambiental integrada ya no será preciso que el ayuntamiento conceda licencia municipal a la actividad, pues su intervención en el procedimiento de autorización ambiental integrada ya le permite establecer las condiciones de ejercicio de la actividad en el ámbito de sus competencias, incluido el urbanístico.

De esta forma se evitan duplicidades de tramitación, garantizando tal y como determina la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las administraciones públicas, el adecuado equilibrio entre la eficacia de la actuación administrativa y la imprescindible salvaguarda de los derechos de los ciudadanos y las empresas.

Así, el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, elimina todas las referencias a la licencia municipal de actividad que reflejaba la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, a la que sustituye. De otra parte, se regula con más detalle el régimen de las autorizaciones ambientales sectoriales, en especial se establece que las solicitudes de autorización ambiental sectorial deben ir acompañadas de la documentación necesaria de acuerdo con la normativa estatal reguladora de la autorización, así como la documentación que al efecto se establezca por Orden del titular del órgano con competencia ambiental.

Así mismo, se ofrece una simplificación generalizada en la tramitación ambiental de actividades, evitando la duplicidad en una misma autorización entre la Administración regional y local.

En esta misma línea se regula la solicitud de informes facultativos, siempre motivada, a través de la puesta a disposición del expediente en una plataforma telemática, debiendo entenderse que si la administración consultada no emite su informe en el plazo requerido es que ha considerado que los valores protegidos no se encuentran afectados.

IV. Cooperativismo, comercio y protección de los consumidores y usuarios

La necesidad de adaptar el régimen jurídico de las cooperativas en la Región de Murcia a distintas cuestiones surgidas desde su aprobación, han llevado al legislado a modificar la Ley 8/2006, de 16 de noviembre, de Sociedades Cooperativas de la Región de Murcia, en tres ocasiones anteriores.

Con la finalidad de hacer más fácil para los ciudadanos el acceso a este modelo económico de empresa, y con la experiencia de lo ocurrido desde la anterior modificación, que permitió constituir cooperativas de trabajo asociado con solo dos socios ab initio, se aborda ahora la eliminación de la exigencia de aumentar hasta tres el número de socios, hasta ahora vigente para mantener su existencia. Consecuencia de lo anterior, y para adecuar la norma, se ha eliminado toda referencia o consecuencia negativa a la falta de aumento del número de socios en este caso en todo el texto, y se han adecuado las referencias al capital social y su reparto entre los socios a tal circunstancia.

De igual modo y con la finalidad de hacer más fácil y asequible a las sociedades cooperativas el acceso al Registro administrativo, se ha llevado a cabo una clarificación de qué actos necesitan escritura pública para su inscripción, siendo aquellos de naturaleza constitutiva; y cuáles podrán inscribirse con una mera certificación societaria, permitiendo así un acceso más fácil y menos costoso a la inscripción de los actos meramente declarativos.

Se han aclarado otras cuestiones relativas al acceso al Registro administrativo relacionadas con las cuentas anuales y el tracto sucesivo, siendo suficiente con la inscripción de cuatro ejercicios anteriores para poder dar acceso a que las del año en curso sean registradas.

De igual modo, para favorecer a los usuarios, se permite que no se deposite determinada documentación en el Registro administrativo si los liquidadores asumen la custodia de la misma, con idea de simplificar y agilizar este trámite.

En caso de que no estuviera constituido el Consejo Superior del Cooperativismo se determina que será la Administración regional la responsable de recibir el haber liquido sobrante, en su caso, para destinarlo al fomento y promoción del cooperativismo en la Región.

Se adecuan las referencias que se hacen en toda la ley a las disposiciones de las nuevas leyes 39 y 40, de 1 de octubre de 2015.

De igual modo, dado el tiempo transcurrido desde la aprobación de la ley, se racionaliza y actualiza lo relacionado con la adaptación de las sociedades cooperativas a las disposiciones de la ley.

Con todas estas modificaciones, se pretende clarificar, agilizar y simplificar para los administrados el régimen jurídico de este tipo de sociedades que tanto han colaborado a la consecución del desarrollo económico y del empleo de calidad para la Región.

En el ámbito comercial, y como medida de reducción de cargas a las empresas, se extiende la sujeción a declaración responsable, a la realización de obras de acondicionamiento de los locales para desempeñar actividades de comercio minorista y de prestación de servicios, aunque requieran la elaboración de un proyecto de obra.

La adopción de esta medida, está basada en los principios de intervención administrativa mínima para el inicio de la actividad y en la responsabilidad de los titulares de empresas y de los profesionales en el cumplimiento de los requisitos exigidos en el ejercicio de la actividad económica.

En el ámbito de protección a los consumidores y usuarios, la Ley 11/2006, de 22 de diciembre, sobre Régimen del Comercio Minorista de la Región de Murcia obliga a tener a disposición de los consumidores hojas de reclamaciones, descritas en el Decreto n.º 3/2014, de 31 de enero, por el que se regula el sistema unificado de reclamaciones de los consumidores y usuarios en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que impone se exhiba en los comercios un cartel que de forma clara y legible recoja la leyenda "Existen hojas de reclamaciones a disposición del consumidor y usuario", obligando a que dicho cartel se ajuste a un modelo determinado.

Muchos comerciantes incluidos franquiciados, dentro de su diseño de marca, anuncian la existencia de hojas de reclamaciones sin utilizar este modelo.

Por su parte, en la exhibición de precios de modo exacto se prohíbe toda forma de exhibición que obligue a realizar cálculos aritméticos para determinar su cuantía, excepto la aplicación de porcentajes sencillos de descuento sobre el precio indicado. De esta forma se recoge la jurisprudencia de los juzgados de la región que entienden que, dada la tecnología actual, cualquier comprador puede calcular cualquier descuento.

V. Espectáculos públicos

Por razones imperiosas de interés general de orden público, seguridad pública, protección civil, salud pública, protección de los consumidores, de los destinatarios de los servicios y de los trabajadores, protección del medio ambiente y del entorno urbano, así como de conservación del patrimonio histórico y artístico se considera necesario, dado el poco tiempo que en ocasiones se cuenta para conceder la autorización ante la inmediatez de la solicitud realizada con la celebración del espectáculo o actividad recreativa, modificar el sentido del silencio para que, transcurrido el plazo sin tener resolución expresa, se entienda denegada dicha autorización.

Por último, se hace conveniente aclarar y diferenciar competencialmente las fases de instrucción y resolución de la comisión de infracciones recogidas en la Ley 9/2016, de 2 de junio, de Medidas Urgentes en Materia de Espectáculos Públicos en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para que dicha regulación sea acorde al procedimiento de naturaleza sancionadora y especificar, asimismo, que la resolución corresponde al órgano directivo competente para que, ante posibles reorganizaciones administrativas, el titular competente sea el adecuado en función de a quien se le atribuya la competencia en materia de espectáculos públicos.

VI. Otras medidas sectoriales de agilización y simplificación de trámites

En el título quinto, relativo a "Otras medidas sectoriales de agilización y simplificación de trámites", se incluyen instrumentos y modificaciones legislativas para facilitar la actividad económica.

Se procede de esta forma a modificar, por orden de fecha de publicación, la Ley 2/1995, de 15 de marzo, reguladora del Juego y Apuestas de la Región de Murcia; la Ley 6/2004, del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia; la ley 8/2007, de 23 de abril, de Fomento y Coordinación de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Ley 5/2012, de 29 de junio, de ajuste presupuestario y de medidas en materia de Función Pública, y la Ley 8/2014, de Medidas Tributarias, de Simplificación Administrativa y en materia de función pública.

La necesidad de abordar la modificación del artículo 21 de la Ley 2/1995, de 15 de marzo, Reguladora del Juego y Apuestas en la Región de Murcia, viene determinada por la adaptación de nuestra legislación al Acuerdo del Pleno del Consejo de Políticas del Juego, de 17 de diciembre de 2014, para la racionalización normativa, en aras a mejorar la unidad de mercado con el contexto de la implementación de las disposiciones contenidas en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, siendo uno de los puntos en los que se alcanzó el acuerdo el suprimir la exigencia de documentos o carnés profesionales a las personas físicas que presten servicios en establecimientos de servicios de juego o azar.

Asimismo, se clarifica el actual régimen de distribución de competencias en materia de juego entre el Consejo de Gobierno y la consejería competente en materia de juego, eliminando las dificultades hasta ahora existentes para discernir la competencia en materia de elaboración de normas o reglamentos específicos en materia de juegos y apuestas.

La modificación de la Ley 6/2004, referida al ámbito de la tramitación de disposiciones de carácter general, introduce en la memoria de análisis de impacto normativo, el estudio referido a las cargas administrativas y costes que la nueva regulación supondrá para las pequeñas y medianas empresas.

Por otra parte, y en cuanto a la investigación, se suprime la Unidad de Gestión del Plan Regional de Ciencia, Tecnología e innovación, cuyas funciones pasan a la dirección general competente en materia de investigación, reforzando así su función de gestión y ejecución de la política científica regional, con el fin de incrementar su eficiencia y, en este ámbito, se crea en el seno de la Comisión Interdepartamental de Ciencia, Tecnología e Innovación una comisión ejecutiva, con carácter permanente, para la coordinación y el seguimiento del citado Plan Regional, de las estrategias sectoriales en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la innovación, el establecimiento de indicadores y el catálogo de acciones. Se trata de hacer más operativa la gestión y coordinación de la política científica y tecnológica de la Región de Murcia, descargando a la Comisión Interdepartamental, de carácter más político y estratégico, de funciones ejecutivas, que le son impropias.

De otro lado, en esta ley de aceleración de la economía, a través de la simplificación de órganos y procedimientos, cobra especial interés el incremento de la competitividad y de la excelencia en nuestras universidades a través de incentivos al personal docente e investigador, con recursos propios de las universidades y con los límites legalmente establecidos, para un mejor posicionamiento de nuestro sistema universitario. Se trata de hacer más competitivas a nuestras universidades, con una apuesta decidida en campos estratégicos como la captación de alumnos extranjeros, la formación online, la empleabilidad de los egresados, la transferencia de conocimiento o la innovación.

Los principios de eficiencia y agilidad en los procedimientos administrativos del artículo 3 de la Ley 40/2015, aconsejan agilizar los sistemas de firma del personal al servicio de la Administración pública, y permitir la integración de sistemas ágiles como la firma en dispositivos móviles o aquellos que, en un futuro, la técnica provea, siendo la rigidez actual del artículo 28 de la Ley 5/2012, de 29 de junio, de ajuste presupuestario y medidas en materia de función pública, un obstáculo para su consecución. Con los preceptos introducidos, se permite una adaptación ágil a estos nuevos mecanismos de firma por parte de la Administración, tanto a nivel "ad intra" para su personal como a nivel "ad extra" para las personas que se relacionen con la Administración regional.

Se introduce de nuevo la habilitación del uso de la firma basada en el Documento Nacional de Identidad del personal al servicio de la Administración, que ya preveía la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, en su artículo 19. Dicho artículo no ha sido transpuesto a la nueva Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y ha sido derogado por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, careciendo de habilitación normativa desde octubre de 2016 su uso en la Administración pública de la Región de Murcia. En la nueva redacción se vuelve a autorizar su uso y explotación por el personal de la Administración pública de la Región de Murcia.

Al amparo del artículo 43 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, se habilita en el marco de la Administración pública de la Región de Murcia el uso de certificado de empleado público con seudónimo.

Se mantiene la habilitación de la anterior redacción de permitir al personal de la Administración pública de la Región de Murcia el uso de los certificados suministrados por la CARM para la tramitación de procedimientos relacionados por su condición de empleado público, si bien esta habilitación no se extiende al certificado con seudónimo, cuyo uso está previsto en el marco de las relaciones ad extra, principalmente cuando se ejercitan facultades de inspección o control.

Se homogeneiza el contenido de los certificados mediante su vinculación a los criterios de la política de firma electrónica y de certificados de la Administración.

Al amparo de los principios de servicio efectivo a los ciudadanos, simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos, previsto en el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, se agiliza el sistema de extensión de otros sistemas de identificación y/o firma que pueden utilizar los ciudadanos que se relacionan con la Administración, al amparo de los artículos 9.2.c) y 10.2.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, simplificando su autorización y determinando el órgano técnico competente para establecer su validez y los requisitos técnicos a implantar.

Continuando con la reforma de la ley 8/2014, de 21 de noviembre, de Medidas Tributarias, de Simplificación Administrativa y en Materia de Función Pública, se modifica el ámbito de actuación de la Unidad de Aceleración de Inversiones (UNAI) residenciada en el Instituto de Fomento de la Región de Murcia.

Además, se crea la subcomisión técnica de inversiones de naturaleza inmobiliaria y la subcomisión técnica de inversiones de naturaleza turística.

Como medida sectorial de agilización y simplificación de las relaciones de los ciudadanos con la administración, se crea la carpeta empresarial como instrumento que permite facilitar la relación de las empresas y la Administración pública, al integrar todas las relaciones que se produzcan entre las partes a lo largo del ciclo de vida de la empresa.

También se regula un sistema de información sobre la legislación sectorial aplicable al ejercicio de actividades económicas y para la detección de cargas administrativas, que podrá ser utilizado por los interesados, colegios profesionales, organizaciones empresariales y otros colectivos afectados para realizar consultas. Asimismo, permitirá poner de manifiesto la existencia de disposiciones, actos o actuaciones de las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que signifiquen un obstáculo para la aplicación de la presente ley o puedan ser entendidas, con carácter general, como cargas administrativas

El sistema de información citado con anterioridad estará bajo la supervisión de la Comisión para el impulso de la actividad económica, que se crea al efecto, que además se encargará de identificar propuestas de mejora de la intervención administrativa en la actividad económica y proponer las acciones necesarias para implantarlas.

En la disposición adicional primera, se concretan una serie de trámites destinados a la regularización de actividades en el marco del procedimiento establecido en la Ley 4/2009, de protección ambiental integrada para la legalización de actividades no autorizadas.

En la Región de Murcia existen actividades que carecen de título habilitante para su ejercicio, por una falta de adecuación en todas sus determinaciones al planeamiento urbanístico.

En no pocos supuestos, se trata de actividades que generan, directa e indirectamente, numerosos puestos de trabajo en el municipio donde se encuentran y la suma de todas ellas afecta de manera significativa a la economía y el empleo en la Región de Murcia.

La Ley 4/2009, de protección ambiental integrada, regula en sus artículos 138 y siguientes un procedimiento de legalización de actividades, mediante el cual una actividad que se encuentra en funcionamiento, y que carece del título habilitante de actividad correspondiente, puede obtenerlo.

En algunos casos, los impedimentos no provienen ni de la legislación sectorial, ni de la incompatibilidad de la actividad con los usos de su entorno sino de un modelo urbanístico devenido obsoleto por diversas circunstancias. Estos casos extraordinarios precisas de un itinerario, dentro del marco jurídico actual para poder proseguir con su actividad en tanto el planeamiento urbanístico se adecua a la realidad y los criterios generales que llevaron a su problemática actual pueden ser objeto de un nuevo análisis por parte de los ayuntamientos. A esta situación trata de dar respuesta la presente ley a través de su disposición adicional primera.

Uno de los aspectos que han de ser objeto de análisis por parte de la administración competente a la hora de tramitar dicho título en el marco del procedimiento de legalización, es la compatibilidad urbanística de la actividad, la cual ha de obtenerse siguiendo los preceptos de la legislación aplicable en materia de urbanismo. Aunque la citada Ley 4/2009 no lo señale de manera expresa, tanto para solicitar licencia de actividad como para formular declaración responsable, resulta necesario acreditar que la actividad resulta compatible con el planeamiento urbanístico, lo cual, en el caso de los usos provisionales implica la necesidad de contar con un pronunciamiento expreso en relación a dicha compatibilidad. En consecuencia, la habilitación para el ejercicio de la actividad debe ser posterior o en todo caso simultánea a la habilitación urbanística.

La disposición transitoria segunda de la Ley 13/2015 establece la obligación de adaptar el planeamiento general a dicha ley.

Esta disposición adicional pretende fijar como posible hito de un uso provisional, la aprobación inicial de la revisión del planeamiento general establecida en la citada disposición de la Ley 13/2015.

La adaptación del planeamiento urbanístico, en este caso, deberá llevarse a cabo mediante la correspondiente revisión del planeamiento, siendo inadmisibles las modificaciones puntuales para regularizar actuaciones.

En ningún caso podrán acogerse a este procedimiento aquellas actividades que no estén en disposición de cumplir alguna de las legislaciones sectoriales como la ambiental, así como tampoco ajustarse a los requisitos que la legislación ambiental establece para la legalización de actividades no autorizadas y la urbanística para los usos provisionales.