Preambulo �nico Memoria democrática de Aragón

I

Más de tres décadas de ejercicio democrático y de autonomía en Aragón han asentado una cultura política lo suficientemente tolerante y abierta como para abordar de manera serena y madura la relación con el pasado traumático vinculado a la guerra civil y la dictadura franquista. Construir la memoria democrática a partir del recuerdo de ese pasado y del más riguroso conocimiento histórico es el modo más firme de alimentar nuestra democracia de los principios éticos y morales que la fortalecerán frente a los discursos de la exclusión y la intolerancia, de asegurar en definitiva nuestro futuro de convivencia y paz.

Es imprescindible, en ese sentido, recordar y homenajear las vidas y las experiencias de aquellas personas que se esforzaron por conseguir y defender en Aragón un régimen democrático como el de la Segunda República española, a quienes sufrieron las consecuencias de la guerra civil, a las que padecieron castigo, persecución o muerte injustos a manos de la dictadura franquista por oponerse a la misma o ser sospechosas de ello, o por defender la democracia y la libertad. La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura franquista, supuso un hito legislativo y un innegable avance en el reconocimiento moral y la reparación de aquellas personas que padecieron persecución o violencia por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa.

Desde entonces, algunas Comunidades Autónomas han aprobado leyes de memoria. La Ley de Cataluña 13/2007, de 31 de octubre, del Memorial Democrático; la Ley de Cataluña 10/2009, de 30 de junio, sobre la localización e identificación de las personas desaparecidas durante la guerra civil y la dictadura franquista, y la dignificación de las fosas comunes; la Ley Foral de Navarra 33/2013, de 26 de noviembre, de reconocimiento y reparación moral de las ciudadanas y ciudadanos navarros asesinados y víctimas de la represión a raíz del golpe militar de 1936; la Ley del País Vasco 4/2014, de 27 de noviembre, de creación del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos; la Ley 10/2016, de 13 de junio, para la recuperación de personas desaparecidas durante la guerra civil y el franquismo, de las Islas Baleares, y la Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, son claros ejemplos. Actualmente en otras Comunidades Autónomas se encuentran en trámite leyes que tienen un objeto semejante. Todas ellas han servido de referente e inspiración a la presente ley, que pretende cumplir con las obligaciones que tiene Aragón con las víctimas de la guerra civil y de la dictadura franquista, y ambiciona profundizar en los principios y valores democráticos.

Es preciso, además, que la construcción de la genealogía democrática común, que toma raíz en el período de reformas políticas y sociales de la Segunda República, sea lo más inclusiva posible de todas las memorias de dolor y sufrimiento, pero sin caer en la injusticia o en la ambigüedad.

De igual modo, es preciso subrayar y ensalzar el papel desplegado a lo largo de los años por parte de las entidades memorialistas en la realización de actividades de todo tipo, desde la búsqueda, localización e identificación de las víctimas a la realización de publicaciones, pasando por multitud de actividades de investigación, concienciación y sensibilización, para impulsar la recuperación del pasado y recordar a las instituciones su deber de memoria con respecto a la ciudadanía.

Cabe detenerse en la actividad de las entidades memorialistas aragonesas y en su compromiso con los derechos humanos, con la democracia y los valores de convivencia, respeto, pluralismo político, igualdad y paz. Su trabajo está permitiendo la construcción de un relato veraz de lo ocurrido, capaz de facilitar la recuperación de la memoria individual y colectiva de las víctimas del golpe de Estado de 1936, de la guerra civil y de la dictadura franquista.

A través de su actividad, las entidades memorialistas aragonesas han mantenido viva la llama de la memoria democrática y han contribuido de forma notable a la consecución de la verdad, de la justicia y de la reparación en nuestra Comunidad Autónoma, ayudando, de esta manera, a la construcción de una sociedad más justa y ética, capaz de mirar a su pasado de forma crítica, contribuyendo en definitiva a la buscada no repetición.

Los objetivos que se pretenden alcanzar mediante esta ley precisan del obligado concurso de las entidades memorialistas aragonesas, no solo por el papel fundamental que han jugado en el pasado reciente, sino por el impulso que han aportado a la elaboración de esta ley, su contribución a la consolidación de la cultura democrática y a la convivencia pacífica en nuestro territorio, y su saber y experiencia en la construcción, preservación y difusión de la memoria democrática en Aragón.

Es justo reconocer que la consecución del objeto social de las entidades memorialistas aragonesas atiende no solo a las víctimas de la guerra civil de 1936 y de la dictadura franquista, sino que el conjunto de la sociedad aragonesa es beneficiaria de los frutos que su trabajo genera, por lo que esta ley las considera merecedoras del fomento y apoyo público.

II

Esta ley se enmarca en el conjunto de principios redactados por la Organización de las Naciones Unidas para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad. En su principio 2 (Derecho a la verdad) se dice que "Cada pueblo tiene el derecho inalienable a conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos en el pasado en relación con la perpetración de crímenes aberrantes y de las circunstancias y los motivos que llevaron, mediante violaciones masivas o sistemáticas, a la perpetración de esos crímenes". Acorde con este derecho de memoria, el principio 3 (Deber de recordar) establece que "El conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión forma parte de su patrimonio y, por ello, se debe conservar adoptando medidas adecuadas en aras del deber de recordar que incumbe al Estado para preservar los archivos y otras pruebas relativas a violaciones de los derechos humanos y el derecho humanitario y para facilitar el conocimiento de tales violaciones". Estas medidas deben encaminarse a "preservar del olvido la memoria colectiva y, en particular, evitar que surjan tesis revisionistas y negacionistas".

La ciudadanía de Aragón, asumiendo estos principios, considera la preservación de la memoria y el reconocimiento jurídico de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra y del franquismo como un elemento irrenunciable de su propia identidad democrática.

En ese sentido, en la construcción de una memoria democrática de Aragón se reafirman los valores y principios cívicos sobre los que se sustenta nuestra convivencia democrática. El recuerdo de las violaciones de los derechos humanos en Aragón se convierte en un acto de justicia y civilizador, de educación en valores y de erradicación del uso de la violencia como forma de imponer las ideas. Nuestra memoria democrática hunde sus raíces en el compromiso de muchas personas por participar y defender la legalidad democrática, la libertad y la justicia social, y en el sufrimiento injusto padecido por quienes fueron objeto de represión por parte del Estado franquista.

El deber de memoria que implica la gestión de la memoria democrática comprende la responsabilidad de los poderes públicos de Aragón de amparar el derecho subjetivo a buscar la verdad de los hechos, de proteger a las víctimas que lo fueron por comprometerse con la democracia, la libertad y la justicia social, y de disponer de los medios suficientes para repararla. Eso ha de poder ser compatible, del mismo modo, con el reconocimiento de las violaciones de los derechos humanos que se dieron en Aragón en la zona republicana y el acceso a derechos básicos e inalienables desde el punto de vista humanitario, como el de exhumación e identificación por parte de descendientes de las personas asesinadas. El hecho de que aquellas víctimas fueran exaltadas por el franquismo no implica asumir tal reconocimiento como válido ni legítimo. El ejercicio de la profundización que la democracia moderna se propone en los valores del respeto a la dignidad humana y la tolerancia solo puede realizarse desde un impulso ético y desde la radicalidad democrática, por encima de cualquier afinidad ideológica.

Tal deber de memoria incluye además una responsabilidad ineludible para hacer comprender al conjunto de la sociedad que los principios de verdad, justicia y reparación no son un asunto de política partidista, sino que afectan a todos, y que es esencial transmitir a las generaciones venideras el legado inmaterial ligado a los valores de libertad, paz y justicia para contribuir al fortalecimiento del propio sistema democrático.

III

Esta ley reconoce el carácter radicalmente injusto de las violaciones de los derechos humanos acaecidas en Aragón desde el golpe de Estado de 1936 contra la Segunda República española hasta la aprobación de la Constitución democrática de 1978, y reconoce también el carácter radicalmente injusto de todas las condenas, sanciones y cualquier forma de violencia personal producida por razones políticas, ideológicas, de expresión o identidad de género o de etnia, o de creencia religiosa durante la guerra civil, así como las sufridas durante la dictadura.

El 18 de julio de 1936 se producía el golpe de Estado contra la legalidad constitucional de la Segunda República. Al igual que en el resto de España, en Aragón el régimen republicano supuso un impulso modernizador en casi todos los órdenes de la sociedad, fundamentalmente en el educativo, el agrario, el de los derechos laborales o el de la participación política. Cabe recordar además que cuando tiene lugar el golpe de Estado se estaban desarrollando los trabajos pertinentes para elevar a las Cortes Generales un anteproyecto de Estatuto de Autonomía de Aragón, que se vio truncado por el estallido de la guerra civil.

Es por lo tanto imprescindible que la Segunda República y su legado político, histórico y cultural ocupen un lugar central en las políticas de construcción de la memoria democrática de Aragón como el antecedente más importante que fue de nuestra actual democracia y también de nuestro impulso autonomista, como lo prueba el anteproyecto de Ley de Estatuto de Autonomía de Aragón que se redactó en Caspe en el mes de junio de 1936 y que llegó a presentarse en las Cortes Generales el día 15 de julio de 1936. Es preciso además que las políticas de memoria tengan presente la particular idiosincrasia de Aragón durante el desarrollo de la guerra civil y la incidencia que ello tuvo en el legado memorístico que llega hasta nuestro presente.

En ese sentido cabe advertir el carácter plural y complejo que sostiene la formación de cualquier memoria. Aragón, con su particular historia de frente de guerra y de violencias en las retaguardias, requiere de un alto esfuerzo comprehensivo y explicativo para abordar políticas públicas de memoria honestas, coherentes e inclusivas. La fortaleza de las instituciones democráticas no se mide por su capacidad de silenciar o eludir los temas complejos o incómodos, sino por su capacidad de afrontarlos con valentía.

Aragón fue un eje principal en el desarrollo de la guerra civil y de los proyectos políticos y sociales que en ella se enfrentaban. En su mitad oriental fue la tierra del sueño igualitario, de las colectividades y del Consejo de Aragón, entidad de autogobierno reconocida por el Gobierno de la Segunda República y sobre cuyo reconocimiento institucional también las Cortes de Aragón se pronunciaron específicamente en la proposición no de Ley 285/16. Y también representó un caso singular en el desarrollo de la violencia. Partido en dos por una línea del frente que la atravesaba de norte a sur, Aragón es el territorio donde la presencia cotidiana de la guerra fue, tal vez, más viva y contundente. La proximidad de un frente inestable alimentó una violencia represiva a uno y otro lado de la línea que presenta en Aragón unas cifras más elevadas que en el conjunto del país.

Es necesario aclarar, no obstante, que las dinámicas de la violencia fueron muy diferentes en ambos casos: el terror caliente de los primeros meses en territorio republicano fue refrenado pronto por las incipientes estructuras políticas surgidas en el vacío de poder que había generado el golpe de Estado, mientras que el franquismo sistematizó la violencia sobre los contrarios y un cada vez más amplio espectro de víctimas, como familiares, militantes y simpatizantes de partidos políticos y organizaciones sindicales, empleando los mecanismos que le ofrecía el Estado.

Los sublevados aplicaron una política de exterminio físico del contrario durante la guerra civil que se prolongó más allá de su final. La violencia física y psicológica se extendió también sobre familiares, militantes y simpatizantes de partidos políticos y organizaciones sindicales. En esa clave de corrección y eliminación radical de todo lo que había representado el Estado de derecho y las libertades de la Segunda República deben interpretarse los fusilamientos, los encarcelamientos masivos, los campos de concentración y los confinamientos en edificios usados como cárceles improvisadas, los trabajos forzados, las torturas físicas, las detenciones, las humillaciones, las apropiaciones ilegales, la depuración de empleadas y empleados públicos, el ostracismo social, las niñas y los niños recién nacidos sustraídos y dados en adopción irregularmente, el exilio, la deportación a los campos nazis o la clandestinidad de la guerrilla.

Especialmente cruel fue el castigo ejercido sobre sectores vulnerables de la población, como las mujeres, los homosexuales o los hijos e hijas de quienes perdieron la guerra. El ricino, el rapamiento y la violación son las categorías más reconocibles de la humillación y la violencia ejercida específicamente contra las mujeres. Las humillaciones y las vejaciones se ejercieron con profusión contra mujeres por ser "viuda" o "mujer de rojo", y también contra los homosexuales. El castigo y el menosprecio por el valor de la infancia en el caso de los hijos e hijas de quienes perdieron la guerra se manifestó con brutalidad en el encarcelamiento de niños y niñas, y en la estigmatización social en contextos como el educativo, que sancionó una profunda represión psicológica sobre la infancia con castigos brutales a las formas, capacidades y ritmos diversos de desarrollo personal (personas zurdas, con capacidades diferentes, con disfemia...), y que truncó el normal desarrollo emocional de generaciones enteras de españolas y españoles durante décadas.

IV

Cabe decir, en primer lugar, que los crímenes cometidos por el Estado franquista, condenado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 39, de 12 de diciembre de 1946, como fascista y, por lo tanto, ilegal, están claramente definidos por el Estatuto del Tribunal Militar de Nüremberg de 8 de agosto de 1945 como crímenes contra la humanidad o crímenes de lesa humanidad, los cuales son crímenes imprescriptibles y debe asegurarse su persecución universal, por lo que no puede aplicarse a ellos la prescripción de la acción penal o de la pena mediante el establecimiento de leyes de amnistía o similares.

Pese a que el convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de 1950, ratificado por España en 1979, señala en su artículo 7.2 que "no se impedirá el juicio o condena de una persona culpable de una acción o de una omisión que, en el momento de la comisión, constituía delito según los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas", lo cierto es que nada se ha hecho para enjuiciar a los victimarios responsables de crímenes que, con arreglo a la legislación penal internacional, se cometieron durante la guerra civil y la posterior dictadura franquista. Para evitar esta impunidad sería conveniente que el Gobierno de España ratificase la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad aprobada por la Asamblea General de la ONU mediante la Resolución 2391, de 26 de noviembre de 1968, que insta a los Estados firmantes a la persecución y castigo de dichos crímenes.

De igual modo, la Asamblea General de la ONU, el 18 de diciembre de 1992, aprobó la Declaración 47/133 sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, en la que se señalaba que tales desapariciones afectan a los valores más profundos de toda sociedad que se conceptúe respetuosa de la primacía del derecho, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, y que su práctica sistemática representa un crimen de lesa humanidad, señalando la obligación de investigar los casos de personas desaparecidas "sin que el tiempo transcurrido desde que se produjo la desaparición suponga obstáculo alguno". Poco después, el conocido como informe Joinet, redactado en aplicación de la Decisión 1996/119 de la Subcomisión de prevención de discriminación y protección de las minorías de la Comisión de derechos humanos de la ONU y titulado "La cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos (civiles y políticos)", reconocía la memoria como un presupuesto necesario para los derechos de verdad, justicia y reparación.

En línea con lo anterior, la Resolución 1463, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de 3 de octubre de 2005, en su punto 10.3.3; califica las desapariciones de personas como "un crimen permanente mientras los autores continúen ocultando el paradero de la persona desaparecida y los hechos permanezcan sin aclarar", y, consecuentemente, se declara "la no aplicación de la prescripción a las desapariciones forzadas", cuestiones estas a las que debería darse una respuesta política y judicial desde las instituciones españolas.

Igualmente, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en sesión de 17 de marzo de 2006, se mostró preocupada por las pruebas existentes de violaciones numerosas y graves de los derechos humanos cometidas por el régimen franquista, y por la ausencia de una evaluación seria de ese régimen, que debiera ir más allá de la retirada de símbolos de la dictadura presentes en los espacios públicos y los pronunciamientos institucionales condenando el franquismo.

En lo referente a las conclusiones del Comité contra la Tortura de la ONU de 19 de noviembre de 2009, figura la exigencia al Gobierno de España para que "las desapariciones forzadas no sean crímenes sujetos a amnistía". Y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de 2007, ratificada por España el 24 de septiembre de 2009, recordaba, en su artículo 5.º, que la práctica generalizada y sistemática de este delito constituye un crimen de lesa humanidad y, consecuentemente, resulta jurídicamente imprescriptible y no amnistiable.

Más recientemente, en septiembre de 2013, el Grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias de la ONU emitió un informe tras girar visita a España, publicado el 2 de julio de 2014, en el que expresaba su preocupación por la situación de desamparo en que estaban sumidas las víctimas del franquismo, planteando cuarenta y tres exigencias para reparar lo que calificó de "gravísimas negligencias" en esta materia e instando al Estado español a asumir su responsabilidad para adoptar las medidas necesarias, "legislativas y judiciales", para asegurar que "las desapariciones forzadas no sean crímenes sujetos a amnistía, en particular privando de todo efecto a la Ley de Amnistía de 1977, como ya ha sido recomendado por distintos organismos internacionales".

En febrero de 2014, el Relator Especial de la ONU para la promoción de la justicia, la reparación y las garantías de no repetición vuelve a lamentar la ausencia de colaboración de las instituciones del Estado a la hora de recuperar la memoria democrática en España, notando una gran distancia entre las posiciones de la mayor parte de las instituciones del Estado, por un lado, y por otro las víctimas y entidades memorialistas con quienes estuvo en contacto, que en muchos casos se sienten insuficientemente reconocidas y reparadas. En su Informe definitivo, fechado el 22 de julio de 2014, planteaba veinte nuevas exigencias a España ante los reiterados incumplimientos de las autoridades españolas en materia de verdad, justicia y reparación.

V

La estrategia de eliminación de la parte contraria continuada por quienes vencieron en la guerra civil más allá de su final en 1939 significó la perpetuación del desequilibrio de las memorias. Quienes vencieron en la guerra civil escribieron una historia que falseaba las causas y consecuencias del combate, y que denostaba los valores democráticos y los logros políticos y sociales alcanzados durante la Segunda República. Esas explicaciones sesgadas y falseadoras del pasado han logrado llegar hasta nuestro presente, constituyendo el núcleo de discursos y propuestas nostálgicas del pasado que, en el fondo, socavan los valores democráticos.

En los conflictos, quienes vencen imponen sus símbolos y sus leyes por encima de quienes son vencidos, pero en la mayoría de las sociedades después se suele producir un equilibrio que permite reconocer la memoria de los perdedores. Esto no sucedió en España. La memoria de quienes vencieron se edificó sobre el recuerdo de sus muertos, que fueron exaltados y glorificados en el espacio público durante décadas, mientras que el recuerdo de quienes fueron derrotados se confinó al ámbito de lo privado durante décadas.

Esta ley aspira a mover a la reflexión sobre la ilegitimidad de cualquier idea política que utilice la violencia como medio, estableciendo una clara condena moral sobre cualquier forma de violencia. Pero rechaza la equiparación de responsabilidades y se aleja del argumento de la equidistancia entre violencias. Al contrario, se pretende avanzar en la reparación del desequilibrio histórico producido sobre la memoria de quienes fueron vencidos por el Estado franquista y generar espacios de reconocimiento y dignificación de ese pasado ocultado y silenciado.

Los poderes públicos deben, por lo tanto, dar cabida al debate de las memorias y a las sensibilidades diversas, pero desde una responsabilidad ética y política firme, la de contribuir al recuerdo, conmemoración y transmisión de una memoria democrática anclada en los valores que le son propios, y el reconocimiento, en la medida en que sea posible, de la verdad, la justicia y la reparación de todas las víctimas.

VI

Las entidades memorialistas, a través tanto del despliegue de su acción a lo largo del tiempo como de las demandas planteadas a los agentes políticos, han conseguido que las demandas de las víctimas de la guerra civil y el franquismo tengan un lugar en el espacio público y también, si bien no de manera coordinada ni con un liderazgo claro, en la agenda política de las diferentes instituciones de gobierno.

En Aragón se puso en marcha en el año 2004 el proyecto "Amarga Memoria", impulsado desde la Dirección General de Patrimonio Cultural del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, a partir del cual se iniciaron las primeras actuaciones en materia de políticas públicas de memoria en la Comunidad Autónoma. Dicho proyecto recibió un fuerte impulso político y presupuestario tras la aprobación de la proposición no de Ley 88/2006, de 31 de mayo, y, de este modo, el Gobierno de Aragón, durante el período 2007-2011, realizó diversas actuaciones en temas tales como la adecuación de enclaves militares de la guerra civil en Aragón, fosas comunes, identificación e investigación de la documentación aragonesa existente en archivos estatales, edición de obras impresas, audiovisuales y digitales, realización de exposiciones y congresos o presencia en actos de homenaje en campos como Gurs o Mauthausen. Para ello concedió subvenciones a las entidades memorialistas.

En el año 2016, las Cortes de Aragón han emitido la más clara iniciativa parlamentaria a través de la proposición no de Ley 285/2016, condenando el "golpe de Estado" que tuvo lugar el 18 de julio de 1936 en España y el "régimen de dictadura militar" implementado posteriormente, instando al Gobierno de Aragón a proseguir en la defensa y fomento de los valores democráticos y el Estado de Derecho, tal y como estipula el Estatuto de Autonomía, y a que desarrolle los trabajos pertinentes para la aprobación de una "ley de localización e identificación de las personas desaparecidas durante la guerra civil y la dictadura franquista, y de dignificación de las fosas comunes".

Las instituciones de la Comunidad Autónoma deben asumir su responsabilidad en la defensa y salvaguarda de los valores democráticos a través de medidas de gestión del espacio público que faciliten el acceso al derecho de memoria que ostenta la ciudadanía. Esa responsabilidad pasa de modo ineludible por el reconocimiento de las injusticias y la debida atención hacia las víctimas de la guerra civil y la dictadura franquista, atendiendo en primer lugar el derecho que asiste a los familiares de las víctimas asesinadas que yacen en fosas y cunetas a encontrar e identificar a sus deudos. Y pasa, de modo más general, por el conocimiento crítico del pasado y el fomento del debate memorialístico con el objeto de avanzar en la construcción de una memoria compartida de la democracia.

VII

Esta ley viene a agregarse al conjunto de leyes, normas, acciones y políticas que se han venido impulsando en nuestro país y en la Comunidad Autónoma de Aragón para garantizar el disfrute de los derechos humanos a todas las personas sin distinción, incluidos el derecho a la igualdad de trato ante la ley y el derecho a ser protegido contra la discriminación.

El objeto de esta ley es crear un marco jurídico estable para el diseño y desarrollo de políticas públicas de memoria democrática. Dichas políticas deben atender a la satisfacción del derecho de memoria y a su concreción en los planos humanitario, jurídico, conmemorativo, asociativo o académico para poder avanzar en la construcción de una genealogía democrática compartida por el conjunto de la sociedad. En último término, la ley debe facilitar, a través del acercamiento crítico al pasado traumático y a las profundas cicatrices que deja en la sociedad, una mejor disposición para advertir y combatir la amenaza de la guerra, el totalitarismo o cualquier otra violación grave de derechos humanos, y construir de ese modo una democracia más fuerte, justa y digna en Aragón.

La presente ley atiende a tales consideraciones, enmarcándose en los mandatos de la Constitución y el Estatuto de Autonomía, y ciñéndose en sus límites y alcance a lo que permite nuestra Carta Magna.

La Constitución española establece en su artículo 10 que la dignidad de la persona y los derechos inviolables que le son inherentes son fundamento del orden político y la paz social, y que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.

Por su parte, el artículo 12 del Estatuto de Autonomía de Aragón reconoce los derechos de todas las personas a vivir con dignidad, seguridad y autonomía, libres de explotación, de malos tratos y de todo tipo de discriminación.

El artículo 20 del Estatuto de Autonomía de Aragón establece que los poderes públicos tienen como misión fundamental el establecimiento de políticas diseñadas para "promover las condiciones adecuadas para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas", comprendiendo en ella la garantía del ejercicio de los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos.

El establecimiento de políticas públicas de memoria democrática es uno de los elementos más sensiblemente ligados a la salvaguarda y promoción de valores como la libertad, la igualdad y la dignidad humana.

El artículo 22 del Estatuto de Autonomía impone a los poderes públicos aragoneses el deber de "conservación, conocimiento y difusión del patrimonio cultural, histórico y artístico de Aragón, su recuperación y enriquecimiento".

En su artículo 30, el Estatuto de Autonomía señala que "los poderes públicos aragoneses promoverán la cultura de la paz, mediante la incorporación de los valores de no violencia, tolerancia, participación, solidaridad y justicia", y que "facilitarán la protección social de las víctimas de la violencia".

Igualmente, la presente ley asume las demandas y recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos, y se articula concernida por la jurisprudencia en materia de legislación penal internacional y justicia universal. En el marco de las competencias que le son propias, la presente ley entiende como prerrogativa del Estado cualquier avance efectivo en la demanda de justicia por parte de las víctimas de la represión franquista, pero asume su responsabilidad instando a los poderes competentes a modificar el marco normativo en relación con las obligaciones de España en materia de investigación y persecución de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, atendiendo a la aplicación de las normas del Derecho internacional.

VIII

Esta ley se estructura en cuatro títulos. El título preliminar recoge las disposiciones generales, que comprenden el objeto de la ley, los principios y valores rectores, la declaración del día de la memoria democrática de Aragón y los derechos de la ciudadanía aragonesa vinculados al ejercicio de la memoria, que comprenden el acceso al conocimiento de los hechos, a la justicia y a la reparación, así como una serie de definiciones básicas.

El título primero aborda las víctimas y su reconocimiento. Se establece una consideración amplia de víctima que comprende a quienes formen parte de los colectivos que allí se señalan, sus familiares y personas a cargo, y las entidades políticas, sindicales o asociaciones que fueron declaradas ilegales durante la guerra y la posterior dictadura franquista. Se crea un Censo de memoria democrática y se disponen medidas para el reconocimiento y reparación de las víctimas. La ley pone un acento singular sobre la violencia específica que sufrieron las mujeres a través de formas diversas de castigo, represión, humillación pública y repudio, en las víctimas de los campos de concentración franquistas y el fenómeno de la utilización de mano de obra forzada confinada en estos campos, así como en las niñas y los niños recién nacidos que fueron sustraídos y entregados ilegalmente a otras personas, con las graves consecuencias que ello tuvo sobre su identidad y sobre sus progenitores. La ley trata de reparar el flagrante desamparo provocado durante décadas, poniendo sus recursos a disposición del esclarecimiento de la verdad y el establecimiento de responsabilidades.

El título segundo hace referencia a las manifestaciones diversas de la memoria democrática. En el primer capítulo se establece que el Gobierno de Aragón deberá abordar el fenómeno de las exhumaciones en fosas para recuperar e identificar los restos de víctimas desaparecidas. Para ello, se actualizará el mapa de fosas, se aprobará un reglamento que contendrá el Protocolo de exhumación, identificación genética y dignificación para fosas y enterramientos clandestinos de la guerra civil y del franquismo, que se basará en el Protocolo de exhumación de restos humanos relacionados con la guerra civil dentro del proyecto "Amarga Memoria", y se creará un depósito de ADN homologado con otras bases de datos similares de las administraciones públicas para poder intercambiar datos en procesos de identificación de solicitantes y víctimas. El capítulo segundo relativo al derecho de las víctimas a la justicia, establece la elaboración de un protocolo de puesta en conocimiento por indicios de la comisión de delitos; la disposición de acciones procesales por la Comunidad Autónoma cuando se aprecien indicios de comisión de delitos con ocasión de las localizaciones e identificaciones y la efectividad del derecho de información y asistencia a las víctimas y sus familiares. En el tercer capítulo se abordan los lugares y rutas vinculados a la memoria democrática de Aragón, estableciéndose el grado de protección pertinente de los lugares y rutas de memoria democrática de Aragón, adecuando su gestión a la legislación de patrimonio cultural de Aragón; se crea el Inventario de lugares y rutas de memoria democrática de Aragón, se regula la inscripción de los lugares en el mismo y se establecen los medios para su identificación, señalización, interpretación y difusión. En el cuarto capítulo se aborda el tratamiento de la información que recogen los documentos de memoria democrática y el compromiso del Gobierno de Aragón de impulsar la creación de un Centro de investigación de la memoria democrática de Aragón, cuya función más específica será la elaboración del Censo de memoria democrática en Aragón en los términos que reglamentariamente se determinen. El capítulo quinto se ocupa del fomento del movimiento memorialístico y de la formación de la ciudadanía en memoria democrática, estableciendo la creación de un Registro de entidades de memoria democrática de Aragón y garantizando el acceso a una información veraz y rigurosa sobre ella en los diversos ciclos formativos del alumnado, así como disponiendo medios para la formación del profesorado en esta materia y la generación de contenidos y actividades adecuados. El capítulo sexto promueve la difusión de la memoria democrática a través de los distintos medios y plataformas de comunicación que gestiona o en los que participa el Gobierno de Aragón. El capítulo séptimo aborda los símbolos y actos contrarios a la memoria democrática, delimitando su configuración y estableciendo el procedimiento para su retirada del espacio público por parte de las administraciones según lo estipula la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, en aras a la prevención y evitación de los actos públicos en menoscabo de la dignidad de las víctimas o en homenaje del franquismo o sus responsables.

El título tercero aborda la gestión administrativa de la memoria democrática. Se prevé un órgano de gestión en la Administración de la Comunidad Autónoma dependiente del departamento competente en materia de memoria democrática y se regula la constitución de la Comisión técnica de memoria democrática, de carácter participativo, para elaborar el Plan de acción de memoria democrática de Aragón. Los objetivos y prioridades para desarrollar las acciones en la materia vendrán recogidos en el citado Plan de acción, que se podrá componer a su vez de planes específicos para cada área de actividad. Se fomenta, de igual modo, la colaboración con la Administración General del Estado, con las comunidades autónomas, con las entidades locales y con otras entidades e instituciones para dar satisfacción a los objetivos de esta ley.

El título cuarto determina el régimen sancionador para las acciones que contravengan el libre desenvolvimiento de la memoria democrática o que ofendan o injurien a las víctimas en su dignidad. La parte final de la ley tiene diez disposiciones adicionales y cinco finales. La disposición adicional primera determina que el Gobierno de Aragón, asumiendo los principios de los organismos de Derecho internacional sobre víctimas de crímenes de guerra y de lesa humanidad, y siendo consciente de sus competencias, instará al Gobierno de España a la adopción de medidas de reconocimiento y restitución personal por actuación de órganos penales o administrativos del franquismo. La disposición adicional segunda trata sobre las exhumaciones en el Valle de los Caídos. La disposición adicional tercera establece que, en el plazo de un año, se realice una investigación sobre los fondos documentales conservados y desaparecidos en Aragón con información sensible para la recuperación y salvaguarda de la memoria democrática en Aragón. La disposición adicional cuarta fija en dieciocho meses el plazo para la retirada del espacio público de los elementos contrarios a la memoria democrática. La disposición adicional quinta aborda la desaparición forzada de niños y niñas durante la guerra civil y el franquismo. La disposición adicional sexta recoge el impulso por parte del Gobierno de Aragón de la tramitación de los expedientes con el Registro Civil para la inscripción de la defunción de víctimas desaparecidas. La disposición adicional séptima impulsa el reconocimiento de los aragoneses y aragonesas confinados o muertos en campos de concentración de Europa, o en los lugares donde participaron de forma activa en la lucha contra el fascismo. La disposición adicional octava recoge la obligatoriedad de considerar la perspectiva de género en las políticas públicas de memoria democrática, tanto en el reconocimiento de la violencia específica como en todas las actividades administrativas que se lleven a cabo. La disposición adicional novena establece la obligatoriedad de considerar transversalmente la expresión e identidad de género en las políticas públicas de memoria democrática, tanto en el reconocimiento de la violencia específica ejercida contra las personas LGTBI como en el de todas las actuaciones administrativas. La disposición adicional décima establece el plazo de constitución de la Comisión técnica de memoria democrática una vez aprobada esta ley. La disposición final primera incluye una modificación de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, conforme a la cual la información sobre violencia y represión durante la guerra civil y la dictadura franquista se regulará según esta ley. La disposición final segunda modifica la Ley 3/1999, de 10 de marzo, de Patrimonio Cultural Aragonés, para incluir el lugar de memoria democrática de Aragón como una categoría objeto de protección patrimonial específica. La disposición final tercera modifica la Ley 6/1986, de 28 de noviembre, de Archivos de Aragón. La disposición final cuarta faculta al Gobierno de Aragón para dictar las disposiciones precisas para el desarrollo y ejecución de esta ley. Por último, la disposición final quinta establece la entrada en vigor de la ley.