Orden de 13 de febrero de 2020, por la que se aprueba la modificación de los estatutos del Colegio de Abogados de Huelva y se dispone su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía., - Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de 10-03-2020

El Estatuto de Autonomía para Andalucía dispone en su artículo 79.3.b) que corresponde a la Comunidad Autónoma, en lo no afectado por el artículo 149.1.18.º de la Constitución, competencias exclusivas sobre colegios profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas de acuerdo con el artículo 36 de la Constitución y con la legislación del Estado.

La Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, establece en su artículo 22 que, aprobados los estatutos por el colegio profesional y previo informe del consejo andaluz de colegios de la profesión respectiva, si estuviere creado, se remitirán a la Consejería con competencia en materia de régimen jurídico de colegios profesionales, para su aprobación definitiva mediante orden de su titular, previa calificación de legalidad.

Los Estatutos del Colegio de Abogados de Huelva fueron aprobados por Orden de 15 de septiembre de 2009, de la Consejería de Justicia y Administración Pública (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 197, de 7 de octubre de 2009). El Colegio de Abogados de Huelva ha presentado el 10 de diciembre de 2019 la modificación de varios artículos de los estatutos, habiendo sido aprobados en la Asamblea General extraordinaria de esa corporación profesional el 16 de septiembre de 2019 e informados por el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y el Consejo General de la Abogacía Española.

La modificación de los estatutos del Colegio de Abogados de Huelva consiste en la modificación de varios artículos del texto estatutario con el fin de cumplir con lo dispuesto en la disposición transitoria única de la Ley 10/2011, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía y la Ley 6/1995, de 29 de diciembre, de Consejos Andaluces de Colegios Profesionales, que obligaba a las corporaciones colegiales a adaptar sus estatutos a lo dispuesto en la citada Ley y a la normativa estatal de aplicación general a todo el territorio del Estado. Al ser numerosos los artículos que se han modificado se ha considerado oportuno la publicación integra de los estatutos de esta corporación profesional.

En virtud de lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 22 de la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, y 18 del Reglamento de Colegios Profesionales de Andalucía, aprobado por Decreto 216/2006, de 12 de diciembre, y con las atribuciones conferidas por el Decreto 98/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local,

D I S P O N G O

Primero. Se aprueba la modificación de los Estatutos del Colegio de Abogados de Huelva, sancionados por la Asamblea General extraordinaria de 16 de septiembre de 2019, que se insertan como anexo, y se ordena su inscripción en la Sección Primera del Registro de Colegios Profesionales de Andalucía.

Segundo. La presente orden se notificará a la Corporación profesional interesada y entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra esta orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, o interponer, directamente, el recurso contencioso-administrativo ante los correspondientes órganos de este orden jurisdiccional, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de esta orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía, los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 13 de febrero de 2020

	JUAN ANTONIO MARÍN LOZANO
	Vicepresidente de la Junta de Andalucíay Consejero de Turismo, Regeneración,Justicia y Administración Local

ANEXO

ESTATUTOS DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE HUELVA

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES. PERSONALIDAD, FINES Y FUNCIONES DEL COLEGIO

Artículo 1. Denominación y naturaleza jurídica.

El Ilustre Colegio de Abogados de Huelva es una Corporación de Derecho Público con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.

Artículo 2. Ámbito territorial.

1. El ámbito territorial se extiende a toda la provincia de Huelva, con domicilio en la Capital, Plaza de los Abogados, sin número, sin perjuicio de que, de acuerdo con sus necesidades, puedan establecerse Delegaciones en las sedes de los Partidos Judiciales cuando resulte necesario para los intereses de la profesión, que representarán al Colegio en el ámbito de su demarcación.

2. En el supuesto de que se considere la necesidad de establecer Delegaciones en alguna o algunas sedes de los Partidos Judiciales de la Provincia, distintos del correspondiente a la Capital y poblaciones incluidas en el mismo, se procederá previamente a establecer el procedimiento de creación, funcionamiento y disolución de las mismas, mediante la modificación parcial de los Estatutos, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21, apartado a), de la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía.

Artículo 3. Régimen Jurídico.

1. El régimen jurídico y funcionamiento del colegio se ajustará a lo establecido en los siguientes preceptos y disposiciones legales:

a) Artículo 36 de la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978.

b) Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales de ámbito estatal y sus posteriores reformas.

c) Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía.

d )Decreto 216/2006, de 1 de diciembre, de la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía, por el que se aprobó el Reglamento de Colegios Profesionales de Andalucía.

e) Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, que aprobó el Estatuto General de la Abogacía Española.

f) Los presentes Estatutos particulares y sus posibles Reglamentos de Régimen Interior.

g) Las Leyes 39/2015 y 40/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas y Régimen Jurídico de Sector Público.

h) La Ley 9/2007, de 22 de octubre, reguladora de la Administración de la Junta de Andalucía.

i) La Ley 9/2018, de 8 de octubre, por la que se modificó la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.

j) Pacto Andaluz por la Igualdad de Género firmado el 17 de mayo de 2013.

k) Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.

l) Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado.

2. En general cuantas disposiciones normativas, puedan resultar de aplicación, a las que habrán de adaptarse los acuerdos que se adopten por los diferentes órganos corporativos en el ámbito de sus respectivas competencias.

Artículo 4. Tratamiento.

1. El Colegio de Abogados de Huelva ostenta el tratamiento de Ilustre y su Decano el de Ilustrísimo Señor, y una vez cesado en el cargo ostentará la denominación de Decano honorario con carácter vitalicio.

2. En la celebración de actos solemnes del Colegio, el Decano y demás miembros de la Junta de Gobierno podrán llevar sobre sus togas las medallas acreditativas de sus cargos.

Artículo 5. Patronazgo.

Con el respeto de todas las creencias religiosas de las personas colegiadas, el Colegio, siguiendo la tradición secular, mantiene el patronazgo de la Virgen María, en el dogma de su Inmaculada Concepción.

Artículo 6. Fines.

Los fines esenciales a cumplir por el Ilustre Colegio de Abogados de Huelva son los siguientes:

a) La ordenación del ejercicio de la profesión, para alcanzar la adecuada satisfacción de los intereses generales en relación con la misma.

b) La representación y defensa de los intereses generales de la profesión, así como de los intereses profesionales de las personas colegiadas.

c) La formación profesional permanente de las personas colegiadas, velando por el adecuado nivel de calidad de sus prestaciones profesionales, mediante la organización de conferencias, jornadas y cursos, cuya asistencia tendrá carácter voluntario, incluidos los relacionados con turnos especializados cuya adscripción precise de determinados cursos o jornadas de formación.

d) El control deontológico y la aplicación del régimen disciplinario en garantía de la sociedad.

e) La defensa del estado social y democrático de derecho y la promoción y defensa de los derechos humanos.

f) La colaboración en el funcionamiento, promoción y mejora de la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Colegio.

g) La protección de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios en relación con los servicios prestados por las personas colegiadas.

h) Y los demás que contempla el Estatuto General de la Abogacía Española y la normativa estatal y autonómica, en su caso, de aplicación.

Artículo 7. Funciones.

Las funciones a desarrollar por este Ilustre Colegio son las siguientes:

a) Ostentar la representación y defensa de la profesión ante las distintas Administraciones, Instituciones, Tribunales, entidades y particulares, con legitimación para ser parte en cuantos litigios y causas puedan afectar a los derechos e intereses profesionales y a los fines de la abogacía en general y de las personas colegiadas en particular, con capacidad para ejercitar las acciones penales, civiles, administrativas, contencioso-administrativas, sociales y mercantiles que resulten procedentes, así como hacer uso del derecho de petición conforme a la ley.

b) Elaborar y aprobar los Estatutos y Reglamentos de régimen interior para el régimen y funcionamiento del Colegio, así como sus modificaciones.

c) Cumplir y hacer cumplir las normas deontológicas reguladoras del ejercicio de la profesión en el ámbito territorial del Colegio.

d) Procurar el perfeccionamiento de la actividad profesional y la formación permanente, a tal fin, organizar y promover actividades y servicios de carácter profesional, cultural, asistencial, de previsión y análogos, que puedan resultar de interés para las personas colegiadas, cuya participación e intervención tendrá siempre carácter voluntario.

e) Procurar la armonía y colaboración entre las personas colegiadas, tratando de impedir la competencia desleal entre los mismos, ejercitándose las acciones que, en su caso, correspondan, ante los tribunales competentes, con sujeción a los principios de necesidad y proporcionalidad, establecidos en la vigente Ley de Garantía de la Unidad de los Mercados.

f) Adoptar las medidas conducentes a evitar y perseguir el intrusismo profesional y la competencia desleal, incluido el ejercicio de las acciones legales ante los tribunales competentes.

g) Intervenir, previa solicitud, en vía de conciliación, mediación o arbitraje en las cuestiones que, por motivos profesionales, se susciten por las personas colegiadas entre sí o con sus clientes y entre éstos cuando así lo soliciten libremente, con sujeción a la legislación vigente en materia de arbitraje y mediación.

h) Elaborar y aprobar los presupuestos anuales de ingresos y gastos, así como también la liquidación de las cuentas anuales.

i) Establecer las aportaciones económicas de las personas colegiadas para sufragar los gastos derivados del funcionamiento y prestación de los servicios colegiales y regular la forma y periodicidad en que han de ser satisfechas, así como las sanciones derivadas de su incumplimiento.

j) Llevar un registro de todas las personas colegiadas, con apertura de expediente personal e individualizado en el que figure copia autenticada de la titulación habilitante para el ejercicio profesional de la abogacía, fecha de alta, domicilio profesional, firma actualizada y cuantas otras circunstancias o antecedentes puedan estar relacionadas para dicha habilitación.

k) Informar en los procedimientos administrativos o judiciales, cuando sea requerido para ello o cuando esté establecida su preceptiva intervención, especialmente en materia de honorarios profesionales, en los procedimientos de jura de cuentas y de impugnación de honorarios por excesivos, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 14 y la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 2/1974, de 13 de febrero.

l) Facilitar a los distintos Tribunales de la provincia y a las administraciones públicas, la relación de personas colegiadas que puedan ser requeridos para intervenir como peritos y contadores-partidores, pudiendo ser designados directamente cuando así se le requiera, en cuyo caso y previa convocatoria de concurrencia voluntaria, se procederá a tal designación con sujeción a los principios de transparencia, objetividad, publicidad, competencia profesional, igualdad y concurrencias.

m) Participar en los órganos consultivos de las Administraciones Públicas en los Consejos Sociales y Patronatos Universitarios en materias propias de la profesión, asi como en la elaboración de los planes de Estudio de grado en Derecho cuando sea requerido para ello, manteniendo los necesarios contactos con la Facultad de Derecho de la Universidad de Huelva, para participar en la organización de cursos de formación conjunta del alumnado y personas colegiadas.

n) Llevar el registro de sociedades profesionales en el que deberán constar: denominación o razón social y domicilio; fecha de la escritura de constitución y notario autorizante; duración; actividades que constituyan el objeto social; identificación de los socios profesionales y no profesionales, número de personas colegiadas de los primeros y Colegio en el que figura incluido cada uno; y persona o personas responsables de la representación y administración de la sociedad.

ñ) Garantizar el deber de aseguramiento de las personas colegiadas de la responsabilidad civil derivada del ejercicio profesional, bien mediante la suscripción de pólizas colectivas formalizadas directamente por el Colegio con entidades aseguradoras o, cuando ello no sea posible por falta de capacidad económica del Colegio, o cuando el colegiado o colegiada ejerciente contrate el aseguramiento de su responsabilidad civil en una compañía de su libre elección, en cuyos supuestos el Colegio deberá exigir a las personas colegiadas ejercientes la acreditación de tener asegurada dicha responsabilidad.

o) Y en general, cuantas otras funciones puedan redundar en beneficio de las personas colegiadas y de la profesión, que se desarrollen por iniciativa propia o que se atribuyan por otras normas de rango legal o reglamentario, sean delegadas por las Administraciones Públicas o se deriven de convenios de colaboración.

Artículo 8. Ventanilla única.

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero sobre Colegios Profesionales, introducido por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, sobre modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, el Colegio pondrá a disposición de sus personas colegiadas y quienes pretendan su pertenencia al mismo, una página web, para que a través de la ventanilla única referenciada en dicho precepto, puedan realizar todos los trámites necesarios para su colegiación, su ejercicio y su baja, a través de un único punto, por vía electrónica y a distancia, así como a través de la misma, y de forma totalmente gratuita, puedan:

a) Obtener toda la información y formularios necesarios para el acceso a la actividad profesional y su ejercicio.

b) Presentar toda la documentación y solicitudes necesarias, incluyendo la de la colegiación.

c) Conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que tenga la condición de interesado y recibir la correspondiente notificación de los actos de trámite preceptivos y sus correspondientes resoluciones, incluida la notificación de los expedientes disciplinarios cuando no fuera posible por otros medios, con indicación de los recursos y reclamaciones que contra dichas resoluciones puedan interponerse, así, como las demás resoluciones de carácter general dictadas por los órganos colegiales, con estricta sujeción a la legislación vigente sobre protección de datos.

d) Convocar a las personas colegiadas a las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias y poner en su conocimiento la actividad pública y privada del Colegio.

2. A través de dicha ventanilla única, para la mejor defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, el Ilustre Colegio de Abogados de Huelva ofrecerá, a través de la Carta de Servicios a los Ciudadanos, la siguiente información, de forma clara, inequívoca y gratuita:

a) El acceso al Registro de personas colegiadas, que estará permanentemente actualizado y en el que constarán, al menos, los siguientes datos: nombre y apellidos de las personas colegiadas, número de colegiación, domicilio profesional y situación de habilitación profesional, así como los títulos oficiales de los que están en posesión.

b) El acceso al registro de sociedades profesionales, que tendrá el contenido establecido en el artículo 8 de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales.

c) Las vías de reclamación y los recursos que podrán interponerse en caso de conflicto entre el consumidor o usuario y un persona colegiada o el propio Colegio.

d) Los datos de las asociaciones u organizaciones de consumidores y usuarios a los que puedan dirigirse para obtener asistencia los destinatarios de los servicios profesionales prestados por las personas colegiadas.

e) El contenido del Código Deontológico y demás disposiciones estatutarias, así como los reglamentos reguladores del funcionamiento interno del Colegio.

Artículo 9. Memoria Anual.

1. El Colegio está sujeto al principio de transparencia en su gestión. Para ello se elaborará una Memoria Anual que contenga, al menos, la siguiente información:

a) Informe anual de gestión económica, con inclusión de los gastos de personal suficientemente desglosado, con especificación, en su caso, de las retribuciones de los miembros de la Junta de Gobierno, en razón en su cargo.

b) Importe de las cuotas aplicables desglosadas por conceptos y por el tipo de servicios prestados, así como las normas para su cálculo y aplicación.

c) Información agregada y estadística relativa a los procedimientos informativos y sancionadores en fase de instrucción o que hayan alcanzado firmeza, con indicación de la infracción a la que se refiere, de su tramitación y de la sanción impuesta de acuerdo, en todo caso, con la legislación en materia de protección de datos de carácter personal.

d) Información agregada y estadística relativa a quejas y reclamaciones presentadas por los consumidores o usuarios o por sus organizaciones representativas, así como su tramitación y en su caso, de los motivos de la estimación o desestimación de la queja o reclamación, de acuerdo, en todo caso, con la legislación en materia de protección de datos de carácter personal.

e) Las modificaciones producidas en el contenido del Código Deontológico, si las hubiere.

f) Las Normas sobre incompatibilidades y las situaciones de conflicto de intereses en que se encuentren los miembros de la Junta de Gobierno.

2. La Memoria Anual se hará pública a través de la página web, en el primer semestre de cada año.

Artículo 10. Servicio de atención a las personas colegiadas y a los consumidores y usuarios.

1. El Colegio tiene la obligación de atender las quejas o reclamaciones presentadas por las personas colegiadas.

2. También dispondrá de un servicio de atención a los consumidores y usuarios, que tramitará y resolverá necesariamente cuantas quejas y reclamaciones se presenten por cualquier consumidor o usuario en relación con la actividad colegial a profesional del abogado o abogados que haya contratado para la prestación de sus servicios profesionales, estando también legitimadas para formular estas quejas y reclamaciones las asociaciones y organizaciones de consumidores y usuarios legalmente constituidas en su representación o en defensa de sus intereses.

3. Para la resolución de estas quejas y reclamaciones, el Colegio adoptará los siguientes acuerdos, según proceda: Informar sobre el sistema extrajudicial de resolución de conflictos; remitir el expediente a los órganos colegiales competentes para instruir los oportunos expedientes informativos o disciplinarios; archivar el expediente por falta manifiesta de fundamento; cualquier otra decisión conforme a derecho.

4. La regulación de este servicio deberá prever la presentación por vía electrónica y a distancia de las quejas y reclamaciones.

TÍTULO II

DE LAS PERSONAS COLEGIADAS

CAPÍTULO I

Incorporación al Colegio

Artículo 11. Requisitos.

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 13 del Estatuto General de la Abogacía, aprobado por Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, para la incorporación al Colegio se exigirán los siguientes requisitos:

a) Ser mayor de edad, carecer de antecedentes penales y ostentar la nacionalidad española o algún Estado miembro de la Unión Europea, sin perjuicio de lo dispuesto en tratados o convenios con otros países.

b) Estar en posesión del título oficial que habilite para el ejercicio de la profesión de la Abogacía.

c) No estar incurso en causa de incapacidad.

d) Satisfacer la cuota de ingreso establecida por el Colegio, que en ningún caso podrá superar los costes asociados a la tramitación de la inscripción.

2. Para la incorporación en calidad de Persona colegiada ejerciente se precisará además no estar incurso en causa de incompatibilidad o prohibición para el ejercicio de la Abogacía y haber concertado el ingreso en una mutualidad de previsión social alternativa al Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por cuenta propia o Autónomos, de conformidad con la legislación vigente.

Artículo 12. Colegiación única.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18.4 del vigente Estatuto General de la Abogacía Española, los abogados y abogadas ejercientes deberán consignar en todas sus actuaciones, el Colegio al que figuran incorporados y su número de colegiación.

Artículo 13. Principios del ejercicio profesional.

La incorporación al Colegio y el ejercicio profesional, están regidos por el principio de igualdad de trato y no discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad, sexo u orientación sexual, en los términos establecidos en la legislación vigente sobre estas materias.

Artículo 14. Colegiados no ejercientes.

También podrán pertenecer al Ilustre Colegio de Abogados de Huelva, con la denominación de colegiados no ejercientes, quienes así lo soliciten y cumplan los requisitos establecidos en el artículo 13.1 del Estatuto General de la Abogacía Española.

Artículo 15. Colegiados de honor.

1. A propuesta de la Junta de Gobierno y aprobación de la Asamblea General, podrán pertenecer al Colegio, en calidad de Decano/a o Persona colegiada/a de Honor, aquellas personas o Instituciones que reciban este nombramiento, en atención a méritos o servicios relevantes a favor de la Abogacía en general o de este Ilustre Colegio en particular.

2. Tal distinción sólo podrá postularse respecto de los Decanos/as que hayan presidido la corporación con anterioridad al mandato de la Junta de Gobierno que lo proponga. Su nombramiento estará sujeto a los mismos requisitos establecidos para la remoción de los cargos de la Junta de Gobierno.

Artículo 16. Ejercicio colectivo.

El ejercicio colectivo de la Abogacía podrá desarrollarse mediante la agrupación de abogados bajo cualquiera de las formas lícitas en derecho.

Cuando se constituya una sociedad que tenga por objeto el ejercicio común de la Abogacía, deberá ajustarse a lo establecido en la vigente Ley de Sociedades Profesionales, por lo que deberá presentarse el correspondiente título que acredite su constitución e inscripción en el Registro Mercantil, para acceder al Registro Colegial de Sociedades Profesionales previsto en dicha Ley, sin perjuicio de la colegiación individualizada de cada uno de los asociados, o acreditación de su pertenencia a otro Colegio de Abogados.

Artículo 17. Agrupaciones y Asociaciones.

Podrán constituirse agrupaciones para la defensa de intereses específicos de las personas colegiadas, que deberán ser aprobadas por la Junta de Gobierno, la cual facilitará de forma especial la existencia y funcionamiento de la Asociación de Jóvenes Abogados, propiciando la realización de actividades de tipo profesional, formativo, cultural y social en beneficio de este colectivo.

CAPÍTULO II

Derechos y deberes

Sección 1.ª De carácter general

Artículo 18. Deberes fundamentales.

El deber fundamental de las personas colegiadas, como partícipes en la función pública de la Administración de Justicia, consistirá en su cooperación con la misma, defendiendo en derecho los intereses que le sean confiados, sin que en ningún caso la tutela de tales intereses pueda justificar la desviación del fin supremo de justicia a que la Abogacía se halla vinculada.

Artículo 19. Competencias.

1. Corresponde a los Abogados el asesoramiento y defensa de los derechos e intereses que les sean confiados, mediante la aplicación del Derecho y de la técnica jurídica, tanto a las personas físicas o jurídicas que contraten libremente sus servicios profesionales, como aquellas otras que tengan derecho a la asistencia jurídica gratuita, conforme a la legislación vigente, así como de aquellas personas que no designen Abogado en la jurisdicción penal, sin perjuicio del derecho a la percepción de honorarios si no le fuera concedido el derecho a la asistencia jurídica gratuita y asistencia al detenido.

2. La adscripción a los distintos Servicios de Asistencia en el Turno de Oficio será, en principio obligatoria, pudiendo ser voluntaria, cuando la Junta de Gobierno considere suficiente el número de colegiados y colegiadas ejercientes adscritos a tales servicios.

Artículo 20. Asistencia jurídica gratuita.

Las personas colegiadas desempeñarán las funciones derivadas de la asistencia jurídica gratuita, con la libertad e independencia que le son propias, con sujeción a las normas éticas y deontológicas que rigen la profesión, Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y su Reglamento, así como las normas de funcionamiento del servicio establecidas por el Colegio.

Artículo 21. Secreto profesional.

1. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 542.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, las personas colegiadas tienen el deber, y también el derecho, de guardar el secreto profesional sobre los hechos, noticias y documentos que conozcan o posean por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional, sin que puedan ser obligados a declarar sobre los mismos.

2. En el caso de que el titular del Decanato del Colegio o quien estatutariamente le sustituya fuese requerido legalmente o avisado por la Autoridad Judicial o Gubernativa competente para la práctica de un registro en el despacho profesional de una persona colegiada, deberá hacer acto de presencia en el mismo para asistir a las diligencias que se practiquen, formulando las observaciones y advertencias pertinentes para salvaguardar el secreto profesional, presencia que también podrá ser solicitada por la persona afectada por el registro.

Artículo 22. Derechos fundamentales.

1. Las personas colegiadas actuarán en el desarrollo de sus actuaciones profesional con toda libertad e independencia, sin más limitaciones que las impuestas por las normas legales y deontológicas.

2. En caso de que entendiesen que no se respetan tales derechos, o no se le guarda el respeto debido a su función, podrá ponerlo en conocimiento del Tribunal y del Decano, en su caso, para que se adopten las medidas pertinentes para preservar tales derechos.

Sección 2.ª En relación con el Colegio y las personas colegiadas

Artículo 23. Cargos corporativos.

Las personas colegiadas deberán estar al corriente en el pago de las cuotas ordinarias que se establezcan por la Junta de Gobierno y las extraordinarias que se fijen por la Junta General a propuesta de la Junta de Gobierno. A tal efecto se considerarán también cargas corporativas las fijadas por el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y el Consejo General de la Abogacía.

Artículo 24. Intrusismo y ejercicio ilegal.

Las personas colegiadas deberán poner en conocimiento del colegio cualquier actuación que pudiera revestir indicios de intrusismo profesional, a fin de que la Junta de Gobierno pueda adoptar los acuerdos que procedan para el ejercicio de acciones legales ante la jurisdicción competente.

Artículo 25. Comportamiento con los compañeros.

Las personas colegiadas deberán guardar respeto a sus compañeros y compañeras de profesión, evitando competencias ilícitas que, en su caso, podrían ser combatidas con arreglo a lo dispuestos en el artículo 7.e) y deberán mantener como materia reservada las conversaciones y correspondencia mantenidas con los mismos, sin que puedan revelar sus contenido ni presentarlos ante los Tribunales sin su previo consentimiento, salvo que, por causa grave suficientemente justificada, sean autorizadas por la Junta de Gobierno.

Artículo 26. Participación en la gestión colegial.

1. Las personas colegiadas, tanto ejercientes como no ejercientes, tendrán derecho a participar en la gestión corporativa, interviniendo con voz y voto en las asambleas generales, ejercer los derechos de petición y acceso a formar parte de los órganos de gobierno, y recabar y obtener de los mismos la protección de su independencia y libertad de actuación profesional.

2. El voto de las personas colegiadas como ejercientes tendrá doble valor que el de las no ejercientes.

Sección 3.ª En relación con los Tribunales

Artículo 27. Comportamiento ante los Tribunales.

Las personas colegiadas deberán comportarse con absoluto respeto a los órganos jurisdiccionales, estando siempre presidida su actuación ante los mismos por su probidad, lealtad y veracidad en cuanto al tono de sus declaraciones y manifestaciones orales y escritas.

Artículo 28. Uso de la toga.

1. En su comparecencia ante los Tribunales para celebración de los juicios, deberán vestir toga, sin distintivo alguno, salvo el colegial y adecuarán su indumentaria a la dignidad y prestigio de la toga y al debido respeto a la justicia.

2. En la apertura de Tribunales, tomas de posesión, recepciones y demás actos oficiales solemnes, incluido la toma de juramento o promesa a las personas colegiadas de nueva incorporación, el Decano llevará vuelillos en su toga, así como medalla con el emblema del Colegio, medalla que también podrán ostentar los demás miembros de la Junta de Gobierno.

Sección 4.ª En relación con las partes

Artículo 29. Obligaciones con los clientes.

Son obligaciones de las personas colegiadas, respecto a las personas que hayan contratado sus servicios, el cumplimiento de la misión de defensa encomendada con el mayor celo y diligencia, además de las que se deriven de sus relaciones contractuales, pudiendo auxiliarse en la práctica de estas actividades profesionales de sus colaboradores y otros compañeros, quienes actuarán bajo su responsabilidad, estando igualmente obligados a guardar el secreto profesional.

Artículo 30. Comportamiento con litigantes contrarios.

Respecto a las demás partes intervinientes en un proceso judicial, con intereses contrarios o contrapuestos, deberán tener un trato considerado, debiendo abstenerse de cualquier acto u omisión que pueda repercutir en contra del respeto debido a las mismas.

Sección 5.ª En relación con los honorarios profesionales

Artículo 31. Derecho y forma de percibir los honorarios.

1. Las personas colegiadas tienen derecho a percibir de las personas contratantes de sus servicios una compensación económica por la prestación de los mismos, salvo en los casos de asistencia jurídica gratuita.

2. El importe de los honorarios y su forma de pago será libremente convenido con el cliente, con respeto a las normas deontológicas y sobre competencia desleal, pudiendo acordarse en forma de retribución fija, variable, periódica, en especie o por tiempo de trabajo.

3. La Junta de Gobierno podrá adoptar medidas disciplinarias contra las personas colegiadas y abogados adscritos a otros Colegios que habitual o temerariamente impugnen las minutas de sus compañeros y contra aquéllos cuyos honorarios sean declarados reiteradamente excesivos o indebidos, siempre que, en el primer caso, se aprecien indicios suficientes para estimar que concurre un ánimo dilatorio del procedimiento y que, en el segundo supuesto, los honorarios declarados indebidos y/o excesivos, hayan sido emitidos o calculados en la misma forma que otros anteriores ya sancionados desfavorablemente por los Tribunales.

4. Por último tendrán igualmente derecho a ser reintegrados de los gastos que se hayan causado, que no tengan concepto de honorarios, siempre que se justifiquen debidamente.

CAPÍTULO III

Publicidad

Artículo 32. Publicidad.

La difusión de los servicios profesionales prestados por quienes ejercen la abogacía, mediante anuncios y campañas, deberá ajustarse, en todo caso, a las disposiciones y recomendaciones contempladas en la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad y Ley 3/1991, de 10 de enero, de la Competencia Desleal, el Estatuto General de la Abogacía, los presentes Estatutos y el Código Deontológico de la Abogacía Española, y demás normas complementarias reguladoras de determinadas actividades publicitarias especialmente el Estatuto de la víctima del delito, aprobado por la Ley 4/2015, de 27 de abril, en cuyo artículo 8, apartado 1, se establece la prohibición de los abogados de dirigirse a las víctimas de delitos derivados de catástrofes, calamidades públicas u otros sucesos que hubieran producido un número elevado de víctimas, para ofrecerles sus servicios profesionales hasta transcurridos cuarenta y cinco días desde el hecho.

CAPÍTULO IV

Ceses y bajas

Artículo 33. Causas de ceses en el ejercicio profesional.

Las personas colegiadas cesarán en el ejercicio de la abogacía en los siguientes supuestos:

a) Cuando concurran impedimentos que, por su naturaleza o intensidad, no permitan el cumplimiento de las funciones de asesoramiento y defensa de los intereses encomendados.

b) La inhabilitación o suspensión para el ejercicio profesional dictada en resolución judicial o corporativa que haya adquirido firmeza legal.

c) Las sanciones firmes acordadas en expediente disciplinario que impongan la suspensión del ejercicio profesional.

Artículo 34. Baja colegial.

Las personas colegiadas causarán baja en el Colegio en los siguientes supuestos:

a) Fallecimiento.

b) Baja voluntaria.

c) La falta de pago de seis cuotas ordinarias mensuales consecutivas o alternas durante plazo de un año o el impago de cuotas extraordinarias por importe superior a seis mensualidades ordinarias.

1.º La Junta de Gobierno, formulará requerimiento de pago al interesado para que proceda al abono de las cuotas adeudadas en plazo máximo de quince días, con el apercibimiento de causar baja una vez transcurrido dicho plazo, que será acordada de forma inmediata.

2.º La persona colegiada que haya causado baja por esta causa, podrá reincorporarse con rehabilitación de todos sus derechos, abonando las cantidades adeudadas, con los intereses legales que se hayan devengado, así como los derechos de incorporación en la cantidad vigente en la fecha que la solicite.

d) La imposición por sentencia judicial firme de la pena principal o accesoria de inhabilitación para el ejercicio profesional, durante el tiempo de la condena.

e) Expulsión del Colegio por sanción firme acordada en expediente disciplinario.

TÍTULO III

DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

CAPÍTULO I

De carácter general

Artículo 35. Principios fundamentales.

El gobierno y funcionamiento del Ilustre Colegio de Abogados de Huelva está presidido por los principios de democracia, legalidad y autonomía.

Artículo 36. Órganos de gobierno.

Los órganos de gobierno son la Junta General, la Junta de Gobierno y el Decano, que preside los dos anteriores órganos.

CAPÍTULO II

De la Junta de Gobierno

Sección 1.ª Composición y funciones

Artículo 37. Composición.

1. La Junta de Gobierno es el órgano encargado de la dirección, gestión y administración del Colegio y está constituida por la persona titular del Decanato y ocho Vocales, designados con la denominación de Diputado/a primero/a, a octavo/a y la persona titular de la Secretaría.

2. La persona titular Diputado/a Primero/a lleva aparejado el cargo de Vicedecano/a.

3. La Junta de Gobierno, a propuesta de la persona titular del Decanato, designará entre los Diputados segundo a octavo, los que hayan de desempeñar las funciones de persona titular de la Tesorería y de la Biblioteca.

4. Todos los cargos son honoríficos y no retribuidos, sin perjuicio de los gastos justificados que se produzcan como consecuencia del desarrollo y ejercicio de tales cargos.

Artículo 38. Competencias y atribuciones.

Corresponde a la Junta de Gobierno las siguientes competencias y atribuciones:

1. Con relación a las personas colegiadas y su ejercicio profesional:

a) Someter a referéndum, por sufragio secreto, asuntos de interés general, en la forma que la Junta de Gobierno establezca.

b) El acuerdo de incorporación deberá adoptarse en plazo máximo de treinta días desde la fecha de entrada de la solicitud, transcurrido el cual se entenderá que la persona solicitante ha sido admitida como colegiada.

c) Velar por el cumplimiento de las normas deontológicas que rigen el ejercicio profesional.

d) Ejercitar las acciones y actuaciones que correspondan en derecho para impedir y perseguir el intrusismo y el ejercicio de la profesión en contravención de los requisitos legales establecidos, tanto respecto a personas físicas como jurídicas que, en su caso, faciliten o permitan cualquier forma de ejercicio irregular.

e) Ordenar y regular el funcionamiento de los servicios de asistencia y orientación jurídica gratuita y de asistencia a detenidos, presos y víctimas, de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias de carácter estatal y autonómico vigente en cada momento.

f) Determinar y recaudar el importe de las cuotas de incorporación al Colegio y las ordinarias a satisfacer por las personas colegiadas para el sostenimiento de las cargas y servicios colegiales, así como proponer a la Junta General la imposición de cuotas de carácter extraordinario, cuando las necesidades del Colegio así lo justifiquen.

g) Contratar los seguros colectivos para garantizar los riesgos de responsabilidad civil de las personas colegiadas en que puedan incurrir como consecuencia del ejercicio profesional, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 18, apartado q), 27, apartado c) de la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, y 24, de su Reglamento.

Cuando el importe de los seguros colectivos de responsabilidad civil no puedan ser asumidos por los fondos colegiales, la Junta de Gobierno propondrá a la Junta General convocada con carácter extraordinario, la supresión del seguro colectivo y la exigencia y cumplimiento del seguro individual de responsabilidad civil, que podrá ser contratado con la compañía libremente elegida por cada colegiado o colegiada ejerciente, debiendo el Colegio exigir la acreditación de la contratación y vigencia de dicho seguro por la cobertura mínima de la cantidad asegurada en la póliza colectiva en el momento de su supresión.

h) Dictar los reglamentos de régimen interior que se consideren convenientes y someterlos a la aprobación de la Junta General para su entrada en vigor.

i) Crear Delegaciones en los distintos partidos judiciales y designar y cesar a los delegados de la Junta de Gobierno responsables de las mismas, determinando sus facultades y competencias.

j) fomentar las relaciones entre el colegio y las personas colegiadas y propiciar la armonía y colaboración entre los mismos, tratando de impedir la competencia desleal, en la forma establecida en el artículo 7.e).

k) Organizar actividades para la formación profesional inicial y continuada, y la divulgación del conocimiento de las normas deontológicas.

l) Dictar las normas necesarias para el adecuado funcionamiento de los distintos servicios colegiales, incluido el soporte electrónico para la documentación de cada departamento administrativo del Colegio.

m) Convocar las elecciones para la provisión de los miembros de la Junta de Gobierno, de acuerdo con la normativa establecida en los presentes Estatutos.

n) Acordar la convocatoria para la celebración de las Juntas Generales, ordinarias y extraordinarias, señalando el orden del día.

ñ) Ejercer las facultades disciplinarias respecto a las personas colegiadas y abogados adscritos a otros Colegios que desarrollen su actividad profesional en el ámbito territorial del Colegio.

o) Emitir informes sobre honorarios profesionales cuando se solicite su dictamen por los distintos órganos judiciales de la provincia, en las condiciones establecidas en el artículo 7 apartado k) de los presentes estatutos.

p) Establecer y organizar agrupaciones y comisiones que se consideren necesarias o convenientes para el cumplimiento de los fines de la Corporación y puedan contribuir a la defensa y promoción de la Abogacía, designar sus miembros, acordar sus normas de funcionamiento y las facultades o competencias que se deleguen en las mismas, así como, finalmente, su suspensión o disolución. Estas comisiones o agrupación estarán, en todo caso, presididas por un miembro de la Junta de Gobierno.

q) Dictar las normas de funcionamiento del Servicio de Orientación Jurídica.

r) Elaborar y proponer a la Junta General, si se estimase conveniente, el Reglamento de Régimen Interior.

s) Informar a todo el colectivo de cuantas cuestiones puedan afectarle, tanto de índole corporativa y colegial, como de carácter profesional y cultural, de las que la Junta tenga conocimiento en el ejercicio de sus funciones.

2. Con relación a los Tribunales de Justicia:

a) Fomentar las relaciones de respetuosa cordialidad entre el Colegio y las personas colegiadas con los distintos órganos judiciales existentes en el ámbito territorial del Colegio.

b) Prestar el amparo colegial a los Letrados que lo soliciten, cuando acrediten y justifiquen que se ha perturbado o limitado el ejercicio de su derecho de defensa o el secreto profesional que han de guardar.

c) Emitir los informes requeridos por los Tribunales, en los procedimientos de jura de cuentas e incidentes de impugnación de honorarios excesivos incluidos en las tasaciones de costas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 246.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

d) Emitir dictámenes que puedan ser requeridos por los distintos órganos jurisdiccionales, bien de oficio, bien a instancia de parte, previa declaración de pertinencia de este medio probatorio, designándose al miembro de Junta de Gobierno que haya de comparecer ante el Tribunal solicitante para defender y aclarar el contenido del informe.

3. Con relación a los demás Órganos Oficiales:

a) Defender a las personas colegiadas en el desempeño de sus funciones profesionales, cuando así se estime procedente.

b) Promover ante las distintas Administraciones Públicas aquellas iniciativas que se consideren beneficiosas para el interés común y para una recta y diligente administración de justicia.

c) Informar sobre proyectos e iniciativas emanados de los Órganos Administrativos y Corporaciones Públicas, cuando se requiera para ello al Colegio o se considere conveniente por la Junta de Gobierno.

4. Con relación a los recursos económicos del Colegio:

a) Recaudar las cuotas colegiales y aquellos otros ingresos que puedan devengarse por la actividad colegial y administrar todos los fondos del Colegio.

b) Redactar el proyecto de los presupuestos anuales y presentar la liquidación de cuentas de cada ejercicio anual, presentando ambos documentos para la aprobación por la Junta General.

c) Proponer a la Junta General cualquier acto de disposición sobre bienes inmuebles (venta, compra, permuta o arrendamiento) y la constitución de cualquier gravamen sobre los mismos en forma de préstamo, incluso con garantía hipotecaria.

5. Con relación a otros asuntos:

a) Dirigir la actividad colegial, formalizando contratos o convenios laborales con los empleados del Colegio y acordar la resolución de los mismos, mediante mutuo acuerdo, despido o cualquier otra fórmula de extinción de las relaciones laborales.

b) Dictar laudos en materia de arbitraje, en los supuestos contemplados en el artículo 7.g) de los presentes Estatutos.

c) Acordar el ejercicio de acciones judiciales en defensa de los intereses colegiales y de la profesión, quedando facultado el Decano para formalizar ante Notario las escrituras de apoderamiento que resultan necesarias para tales fines, así como el apoderamiento apud acta con facultades generales o especiales ante los letrados/as de la Administración de Justicia.

Sección 2.ª Funcionamiento

Artículo 39. Sesiones ordinarias y extraordinarias.

1. La Junta de Gobierno celebrará reuniones ordinarias con una periodicidad mínima quincenal, con exclusión del mes de agosto, sin perjuicio de que la importancia, el número de asuntos a tratar o la urgencia de los mismos, precise la celebración de reuniones con mayor frecuencia.

2. También podrá reunirse con carácter extraordinario, mediante convocatoria de la persona titular del Decanato o por petición de los componentes de la Junta de Gobierno, que representen, al menos, el veinte por ciento de los miembros.

3. La convocatoria se formalizará por la persona titular de la secretaría, por orden de la persona titular del Decanato o por uno de los diputados/as convocantes, con tres días de antelación mínima, a la que se acompañará el orden del día de los asuntos a tratar, aunque podrán incluirse otros que la persona titular del decanato considere de carácter urgente.

4. La Junta de Gobierno estará válidamente constituida con la asistencia mínima de la mitad más uno de sus miembros, adoptándose los acuerdos por mayoría de votos de los asistentes, y en caso de empate, la persona titular del decanato o diputado/a que la presida tendrá voto de calidad.

5. La asistencia a las sesiones de la Junta tiene carácter obligatorio para todos sus miembros, salvo causa de imposibilidad, que deberá ser comunicada por escrito por el interesado a la persona titular de la secretaría, por cualquier medio que acredite su remisión y recepción.

6. Podrán asistir la persona titular de la secretaría técnica y la persona titular de la presidencia de la Asociación de Jóvenes Abogados ambos con voz pero sin voto, con exclusión del debate, deliberación y resolución de aquellos asuntos que, por motivos de confidencialidad corresponda su tratamiento a los miembros de la Junta de Gobierno con carácter exclusivo.

Artículo 40. Comisiones.

1. La Junta de Gobierno podrá crear las Comisiones que estime convenientes para conseguir una mejor operatividad y eficacia en determinadas materias, como son las relaciones con el Turno de Oficio y asistencia jurídica gratuita, deontología, formación, nuevas tecnologías y otras de distinta naturaleza.

2. Dichas Comisiones podrán actuar con facultades delegadas de la Junta de Gobierno, en cuyo caso deberán estar presididas por la persona titular del decanato o miembro de la Junta que éste designe, debiendo ser ratificados los acuerdos que adopten por la Junta de Gobierno. Su ámbito de actuación y funcionamiento será establecido en el acuerdo de su constitución, y estarán compuestas por las personas colegiadas como ejercientes.

Artículo 41. Comisión Permanente.

Para la tramitación de los asuntos ordinarios o el estudio de los que se vayan a someter a la deliberación de la Junta de Gobierno, se podrá constituir una Comisión Permanente, presidida por la persona titular del decanato y compuesta por la persona titular de la tesorería y la persona titular de la secretaría y, en su caso, por los Diputados/as que presidan las distintas Comisiones, cuando la tramitación del asunto esté relacionado con las competencias atribuidas a las mismas.

Artículo 42. Requisitos para ostentar cargos de Gobierno.

Todas las personas colegiadas como ejercientes con capacidad para intervenir como electores, podrán presentar candidatura para ser elegidos como miembros de la Junta de Gobierno con la excepción de las personas colegiadas que hayan sido condenados por Sentencia firme que lleve aparejada como pena principal o accesoria, la inhabilitación o suspensión para cargo público, así como aquellas personas colegiadas a quienes se haya impuesto sanción disciplinaria por los órganos competentes del Colegio, del Consejo de Colegios de Abogados de Andalucía o el Consejo General de la Abogacía.

Sección 3.ª Funciones y competencias de los miembros de la Junta de Gobierno

Artículo 43. De la persona titular del decanato.

1. Corresponde a la persona titular del decanato:

a) La representación legal y oficial del Colegio en todas las relaciones con las distintas Administraciones Públicas, Corporaciones, Entidades y personalidades de cualquier orden.

b) El ejercicio de las funciones de consejo, vigilancia y corrección que los presentes Estatutos reservan a su autoridad, así como las demás funciones establecidas en las Leyes de Colegios Profesionales de ámbito estatal y autonómico, Estatutos del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y Reglamento de Procedimientos Disciplinario.

c) La presidencia de las sesiones de la Junta de Gobierno, de la Junta General y de las Comisiones a las que asista, dirigiendo sus deliberaciones con voto siempre de calidad.

d) La toma de juramento o promesa a las nuevas personas colegiadas en el acto solemne de incorporación al Colegio.

e) La designación o formulación de propuesta de las personas colegiadas que deban formar parte de los Tribunales de oposición que pudieran ser solicitados por las Administraciones Públicas.

f) El fomento de la cooperación y la leal competencia entre las personas colegiadas.

g) La tutela del derecho de defensa de los abogados frente a cualquier injerencia, limitación o restricción.

h) La defensa de las personas colegiadas ejercientes en procesos penales seguidos contra las mismas, que soliciten expresamente el amparo colegial, siempre que por los mismos hechos no se haya incoado expediente disciplinario por el Colegio.

i) La ordenación de pagos, de forma mancomunada con el Tesorero.

j) La presidencia cuando le corresponda de la comisión del master para el acceso al ejercicio profesional.

k) La asistencia como vocal a la Comisión Provincia de Asistencia jurídica gratuita, que podrá delegar en otro miembro de la Junta de Gobierno.

2. Además de todas estas funciones, la persona titular del decanato mantendrá con todas las personas colegiadas una relación asidua de protección y consejo, procurando que su celo profesional constituya una alta tutela moral y que su rectitud, su espíritu de servicio y su afecto sirva de ejemplo a seguir por todos y enaltezca la dignidad de la profesión.

Artículo 44. De la persona titular de Diputado/a primero/a y Vicedecano/a.

La persona titular como Diputado/a primero/a y Vicedecano/a llevará a cabo todas las funciones que le confiera la persona titular del decanato, y asumirá todas las que a éste corresponden, en caso de ausencia, enfermedad, abstención, recusación o vacante. En su defecto, tales funciones serán desempeñadas por los restantes Diputados por orden de numeración.

Artículo 45. De la personal titular de la tesorería.

Corresponde a la persona titular de la tesorería:

a) Recaudar y custodiar los fondos del Colegio.

b) Ejecutar los cobros y pagos derivados del presupuesto anual de ingresos y gastos, firmando los libramientos de forma conjunta con el Decano.

c) Informar periódicamente a la Junta de Gobierno de las cuentas de ingresos y gastos y estado de presupuesto.

d) Redactar los presupuestos anuales y la liquidación de las cuentas del ejercicio económico vencido, para su aprobación inicial por la Junta de Gobierno y presentación a la Junta General para su aprobación definitiva.

e) Formalizar los contratos bancarios necesarios para la gestión y administración de los fondos colegiales.

f) Llevar el inventario de bienes del Colegio, en concepto de administrador de los mismos.

g) Controlar la contabilidad y verificar los ingresos y gastos.

Artículo 46. De la persona titular de la secretaría.

Corresponde a la persona titular de la secretaría:

a) Redactar y dirigir los oficios y citaciones para todos los actos del Colegio.

b) Extender las actas de las sesiones de la Junta de Gobierno y de las Juntas Generales.

c) Controlar y custodiar los libros de actas o soportes informáticos que garanticen la autenticidad de las mismas, así como los registros de despachos colectivos y sociedades profesionales, el archivo general y los sellos colegiales.

d) Expedir los certificados que se soliciten por los interesados, con el visto bueno del Decano.

e) Mantener un censo de las personas colegiadas actualizado.

f) Recibir y dar cuenta al Decano de todas las solicitudes y comunicaciones que se presenten en las oficinas del Colegio.

g) Organizar y dirigir dichas oficinas, desempeñando la jefatura de personal.

h) Cuidar de que se cumplan las normas legales vigentes sobre protección de datos, relacionados con los expedientes personales de cada persona colegiada.

Artículo 47. De la persona titular de la biblioteca.

Corresponde a la persona titular de la biblioteca:

a) Dirigir el funcionamiento de la biblioteca, y el acceso de las personas colegiadas a la misma, para consulta y utilización de su patrimonio bibliográfico.

b) Proponer a la Junta de Gobierno aquellas mejoras, adquisiciones y servicios que considere convenientes.

c) Promover la difusión de la información bibliográfica, manteniendo un catálogo actualizado de las obras.

d) Fomentar el uso de las nuevas tecnologías, mediante el acceso vía telemática de los servicios corporativos a través del correo electrónico, bases de datos o cuales otras modalidades vía internet.

Artículo 48. De los Diputados/Diputadas.

1. Corresponde a los Diputados/as el desempeño de las funciones que le sean encomendadas por el Decano y la Junta de Gobierno, y la sustitución de los cargos de Decano, Tesorero, Secretario y Bibliotecario, en caso de enfermedad, ausencia o vacante por baja.

2. Estas sustituciones se acordarán en cada caso por la Junta de Gobierno, con la excepción de la correspondiente a la persona titular del decanato, que recaerá automáticamente en el Diputado Primero y los siguientes por orden numérico.

Sección 4.ª Ceses y bajas

Artículo 49. Causas.

Los miembros de la Junta de Gobierno cesarán y causarán baja en sus respectivos cargos en los siguientes supuestos:

a) Fallecimiento.

b) Expiración del plazo para el que fueron elegidos, sin perjuicio de su renovación a través del correspondiente proceso electoral.

c) Renuncia o dimisión.

d) Falta o pérdida de los requisitos estatutarios para desempeñar el cargo.

e) Falta de asistencia injustificada a tres sesiones consecutivas o cinco alternos durante un año natural, previo acuerdo de la Junta de Gobierno.

f) Imposición de pena por Sentencia firme que lleve aparejada la inhabilitación para el ejercicio de cargo público o sanción disciplinaria impuesta por el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados.

g) Moción de censura aprobada de acuerdo con lo establecido en los presentes Estatutos.

Artículo 50. Sustitución de vacantes.

1. Cuando por las causas establecidas en el precedente artículo quedasen vacantes la totalidad o la mitad más uno de los miembros de la Junta de Gobierno, el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados designará una Junta Provisional o completará las vacantes producidas, entre las personas colegiadas con mayor antigüedad desde su incorporación al Colegio, con exclusión, en su caso, de los que hayan cesado o causado baja.

2. Dicha Junta Provisional convocará elecciones para la provisión de los cargos vacantes por el periodo que reste hasta la finalización del mandato. Dicha convocatoria deberá acordarse en el plazo de treinta días y deberán celebrarse las elecciones dentro de los treinta días siguientes, siguiéndose los trámites establecidos en la sección siguiente para las elecciones ordinarias.

Sección 5.ª Régimen electoral

Artículo 51. Electores.

Los cargos de la Junta de Gobierno se proveerán mediante votación libre, directa y secreta, pudiendo participar como electores todas las personas colegiadas, ejercientes y no ejercientes, incorporados al Colegio con más de tres meses de antelación a la aprobación por la Junta de Gobierno de la convocatoria de elecciones.

Artículo 52. Candidatos.

Podrán presentar su candidatura a un solo cargo de los incluidos en la convocatoria, todas las personas colegiadas ejercientes y residentes en el ámbito territorial del Colegio, que ostenten la calidad de electores y que no se hallen incursos en cualquiera de las causas impeditivas para formar parte de la Junta de Gobierno.

Artículo 53. Elección y renovación. Duración de mandatos.

1. Los cargos de la Junta de Gobierno se renovarán cada cuatro años en su totalidad.

2. En el supuesto de que cualquier miembro de la Junta de Gobierno sea elegido en sustitución de cualquier otro miembro que haya cesado o causado baja, la duración de su mandato será la que reste al miembro sustituido.

3. Exceptuando el cargo de Decano, los cargos de la Junta de Gobierno, podrán desempeñarse por las mismas personas durante dos mandatos consecutivos si se tratase de igual cargo, y durante tres mandatos consecutivos, si se tratase de cargo distinto.

4. El cargo de Decano solo podrá desempeñarse por la misma persona durante dos mandatos consecutivos, y excepcionalmente no se le computará, como causa de imposible reelección, la acumulación de tres mandatos anteriores en otros cargos de la Junta de Gobierno.

5. Las primeras elecciones para renovación parcial de la Junta de Gobierno se convocarán en la forma establecida en la Disposición Transitoria, a fin de continuar dicha renovación en la forma establecida en los anteriores Estatutos que quedarán derogados después de la aprobación y entrada en vigor de los presentes.

Artículo 54. Fechas de las elecciones.

Las elecciones para la provisión de los cargos de la Junta de Gobierno se celebrarán en la Junta General Ordinaria a celebrar en el último trimestre del año que corresponda la renovación de la totalidad de sus miembros.

Artículo 55. Tramitación del proceso electoral.

1. La convocatoria de elecciones para renovación de los cargos corresponde a la propia Junta de Gobierno, que procederá a la adopción del Acuerdo que corresponde con una antelación mínima de cuarenta días a la expiración de su mandato, y será notificado de inmediato y de forma fehaciente a la Comisión Electoral.

2. En el Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno habrá de constar expresamente las siguientes aprobaciones:

a) La del Decreto de convocatoria, firmado por la persona titular del decanato y la persona titular de la secretaría del Colegio.

b) La del calendario electoral.

c) La de la Normativa electoral, con inclusión, entre otros particulares, de los Cargos con sus respectivas denominaciones que serán objeto del proceso electoral.

d) La de las listas de las personas colegiadas como ejercientes y no ejercientes, con derecho a voto.

3. En el mismo acuerdo, la Junta de Gobierno ordenará la práctica de las siguientes actuaciones:

a) La publicación, mediante inserción en tablones de anuncios, de toda la documentación aprobada (decreto, calendario, normativa, y listas).

b) La remisión, a todo el colectivo colegial, de la documentación en cuestión por vía postal o informática.

c) La remisión y puesta a disposición de los electores del impreso, según modelo normalizado, para la solicitud del ejercicio del derecho de voto por correo, en la forma y plazos establecidos en el artículo 60.

4. Las anteriores actuaciones se habrán de llevar a efecto, bajo la estricta responsabilidad de la persona titular de la secretaría, en un plazo máximo de diez días.

5. La falta de recepción de la documentación electoral remitida por vía postal o informática, no podrá ser alegada como causa o motivo de impugnación del proceso electoral, ni de cualquiera de sus actos, siempre que se haya producido la publicación en tablones de anuncios e información colegial telemática.

Artículo 56. Comisión Electoral.

1. La Comisión Electoral es el órgano al que compete la supervisión de los procesos electorales para renovación, parcial o total, de los cargos de la Junta de Gobierno, al objeto de que las elecciones se atengan al más estricto cumplimiento de lo establecido en estos Estatutos y garantizando los Principios de Igualdad entre las candidaturas, así como y la transparencia y publicidad del proceso electoral. Asimismo, el funcionamiento de la Comisión Electoral desde el momento de la convocatoria electoral, permite que la gestión y dirección ordinaria del Colegio continúe siendo desarrollada por los cargos de la Junta de Gobierno en funciones.

2. La Comisión Electoral estará compuesta por cinco personas colegiadas, ejerciendo las funciones de Presidente el de más antigüedad en la colegiación y las de Secretario el de más reciente colegiación. El ejercicio de dicha responsabilidad colegial será obligatoria e inexcusable, salvo existencia de circunstancias de absoluta imposibilidad justificada debidamente o causa de incompatibilidad.

3. La elección de los miembros de la Comisión Electoral corresponde de forma indelegable a la Junta General de personas colegiadas, en la primera convocatoria ordinaria que se lleve a cabo tras cada proceso electoral. El método de elección o adscripción será el siguiente: a) mediante elección, consistente en que entre los candidatos, presentados o propuestos por otros (de forma verbal, sin formalidad alguna y antes o en la misma sesión) se proceda a la correspondiente votación; b) mediante sorteo, entre el censo de personas colegiadas residentes, ejercientes y no ejercientes, consistente en extraer diez nombres de personas colegiadas, de una urna en la que, previamente, se introducirán los nombres (o números) de todos y cada uno de los persona personas colegiadas censados. En ambos sistemas se procederá a la selección de diez personas colegiadas, correspondiendo a los cinco primeros (por número de votos o por orden de extracción) la consideración de miembros titulares y los cinco siguientes conformarán un listado de suplentes para poder cubrir las vacantes que se puedan producir. No obstante, la Junta General debidamente convocada al efecto podrá acordar, en su caso, otro método de elección de dicha Comisión Electoral.

4. A la reunión de Junta de Gobierno, en la que haya de adoptarse el acuerdo de convocatoria del proceso electoral, habrá de convocarse a las personas colegiadas que hubiesen sido elegidos en su día por la Junta General para integrar la Comisión Electoral a fin de que la misma quede constituida desde ese momento y asuma sus funciones.

5. Si en la citada reunión alguno de los miembros de la Comisión Electoral manifestase su intención de concurrir al proceso electoral como candidato o alegue justa causa para su abstención, procederá necesariamente su exclusión, siendo sustituido por los suplentes correspondientes.

6. Constituida la Comisión Electoral, la Junta de Gobierno habrá de poner a disposición de la misma los medios materiales y recursos humanos que resultaren precisos para el adecuado ejercicio de sus funciones, y le hará entrega a su Presidente, contra recibo, de la siguiente documentación:

a) Acuerdo de convocatoria.

b) Calendario electoral.

c) Normativa electoral.

d) Listas de personas colegiadas como ejercientes y no ejercientes con derecho a voto.

7. La Comisión Electoral asumirá, en tiempo y forma, las funciones de Mesa Electoral con las atribuciones y funciones previstas en el artículo siguiente y concordantes de los presentes Estatutos.

Artículo 57. Mesa Electoral.

1. La Mesa Electoral estará integrada por los cinco miembros de la Comisión Electoral, de los que tres asumirán las funciones de Secretarios Escrutadores, sin perjuicio de que durante el desarrollo de la jornada electoral puedan ser sustituidos provisionalmente por los demás miembros de la Comisión Electoral.

2. La designación de los Secretarios Escrutadores, tres titulares y dos suplentes, se realizará por la propia Comisión Electoral.

3. El ejercicio del cargo de Secretario Escrutador será obligatorio e inexcusable, salvo existencia de circunstancias de absoluta imposibilidad justificada debidamente.

4. En caso de ausencia de un Secretario Escrutador, al tiempo de constitución de la Mesa Electoral, será sustituido por cualquiera de los restantes suplentes.

5. El Presidente y el Secretario de la Mesa Electoral, serán las personas colegiadas que detenten dichos cargos en la Comisión Electoral y, en su caso, los que correspondan para posibles sustituciones.

6. Para la constitución y disolución de la Mesa Electoral será necesaria la presencia de sus cinco miembros titulares o suplentes, en su caso. No obstante para su funcionamiento ordinario sólo será necesaria la presencia de tres miembros sean titulares o suplentes, correspondiendo la sustitución del Presidente al componente que le siga en antigüedad de colegiación.

7. La Mesa Electoral una vez constituida, para el adecuado ejercicio de sus atribuciones y funciones, dispondrá de los medios personales y materiales que resultaren precisos y que habrán sido previamente dispuestos por la Comisión Electoral. También se le hará entrega de la documentación siguiente:

a) Acuerdo de convocatoria.

b) Calendario electoral.

c) Normativa electoral.

d) Listas de personas colegiadas ejercientes y no ejercientes, con o sin derecho a voto.

e) Listas adicionales de rectificaciones.

f) Lista de electores que hubiesen solicitado el ejercicio del derecho de voto por correo.

g) Lista de candidaturas admitidas.

h) Listas numeradas para constancia de las personas colegiadas que ejerzan su derecho a voto.

i) Modelos de actas de constitución y disolución de la Mesa Electoral.

j) Acta electoral.

k) Votos emitidos por correo.

8. La Mesa Electoral es autónoma en el ejercicio de sus funciones y atribuciones, procediendo a la adopción de los acuerdos que considere oportunos para el más adecuado desarrollo de la jornada electoral y en especial de las elecciones.

Artículo 58. Interventores.

1. Cada candidato o grupo de candidatos que se presenten en una sola lista podrán designar un interventor. La designación se realizará mediante la formulación de un escrito dirigido a la Comisión Electoral y suscrito por el candidato o grupo de candidatos, que habrá de tener entrada en el Colegio con una antelación mínima de cinco días al fijado para la celebración de las elecciones.

2. La Comisión Electoral, tras la comprobación de que la persona colegiada propuesta tiene o no derecho a voto, procederá a la adopción del acuerdo que corresponda, con notificación a los interesados, y emisión, en su caso, de las Credenciales correspondientes.

Artículo 59. Votación.

Los votantes deberán acreditar ante la Mesa Electoral su personalidad, comprobándose por ésta su inclusión en el censo de electores, pronunciando el Presidente su nombre en voz alta, indicando que vota, tras lo cual el propio Presidente introducirá el sobre en la urna que corresponda. Una vez finalizado el horario establecido para la comparecencia de los votantes, se seguirá el mismo sistema para los votos por correo.

Artículo 60. Votación por correo.

La emisión del voto por correo se regirá por las siguientes normas:

a) Los electores que deseen emitir su voto por correo deberán solicitarlo por escrito o por comparecencia personal ante la Secretaría colegial, con quince días de antelación, como mínimo, a la fecha fijada para la celebración de las elecciones.

b) El Secretario del Colegio expedirá certificación acreditativa de que el solicitante figura incluido en el censo electoral, que remitirá por correo certificado o entregará en mano al elector, en unión de las diferentes clases de papeletas editadas por el Colegio y dos sobres con el sello colegial al dorso, uno de color blanco de mayor tamaño y el segundo de color opaco igual que los confeccionados para la votación por comparecencia personal.

c) El votante introducirá en el sobre blanco la certificación acreditativa de su inclusión en el censo electoral, copia de su DNI o carné de persona colegiada y el sobre opaco con la papeleta de su votación, remitiendo todo ello por correo certificado al Colegio o haciéndolo llegar a la Secretaría colegial por cualquier otro medio, incluso por comparecencia personal o entrega por otra persona colegiada.

d) Sólo serán computables los votos que cumplan los anteriores requisitos y tengan su entrada en la Secretaría colegial antes de iniciarse el escrutinio.

e) El voto emitido personalmente ante la Mesa electoral dejará sin efecto el emitido anteriormente por correo por el mismo elector.

Artículo 61. Escrutinio.

1. Finalizada la votación, se procederá al escrutinio, dando lectura el Presidente, en voz alta, al contenido de cada una de las papeletas, computándose los votos de las personas colegiadas ejercientes con doble valor a los no ejercientes.

2. Serán declarados nulas en su totalidad aquellas papeletas que contengan tachaduras o enmiendas, así como expresiones ajenas al estricto contenido de la votación.

3. Aquellas papeletas que hayan sido rellenadas de forma parcial en cuanto a los cargos a elegir, o tachando los nombres impresos de cualquiera de los candidatos, pero reúnan los requisitos exigidos para la votación de los demás cargos, serán computadas para los nombres correctamente expresados.

4. Tampoco serán computados los votos emitidos a favor de más de un candidato para el mismo cargo o a favor de persona que no figure como candidato, si bien se dará validez a la votación para los demás cargos si el resto de la papeleta ha sido correctamente confeccionada.

Artículo 62. Proclamación de candidatos elegidos.

1. Finalizado el escrutinio y efectuadas las comprobaciones necesarias por parte de los miembros de la Mesa electoral y de los Interventores presentes, el Presidente dará lectura al acta de la votación y proclamará los candidatos que hayan resultado elegidos.

2. Si se computasen el mismo número de votos para dos o más candidatos a un mismo cargo, será proclamado electo quien haya obtenido más votos entre las personas colegiadas ejercientes, y caso de persistir el empate el de mayor antigüedad en el Colegio.

Artículo 63. Toma de posesión.

Los candidatos elegidos tomarán posesión de su cargo en la siguiente Junta General Ordinaria a celebrar en el primer trimestre del año siguiente.

Artículo 64. Notificación de los resultados.

En el plazo de cinco días siguientes a la constitución de la nueva Junta de Gobierno, se notificará su composición a la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía, al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y al Consejo General de la Abogacía.

Artículo 65. Recursos electorales.

1. Todas las resoluciones dictadas por la Mesa Electoral relacionadas con el proceso de elecciones podrán ser objeto de Recurso ante la misma y deberá ser interpuesto en plazo de tres días desde su publicación o, en su caso, notificación personal, debiendo ser resuelto en los tres días siguientes. Contra la desestimación de dicho recurso podrá interponerse nuevo recurso ante el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, en plazo de ocho días siguientes a su notificación.

2. Los recursos interpuestos en relación con el proceso electoral no tendrán efectos suspensivos.

CAPÍTULO III

De la Junta General

Artículo 66. Naturaleza y composición.

La Junta General es el órgano supremo de expresión de la voluntad del Colegio en relación con sus propias competencias y estará integrada por todas las personas colegiadas ejercientes y no ejercientes en derecho a voto.

Artículo 67. Competencias y atribuciones.

1. Corresponde a la Junta General las siguientes competencias y atribuciones:

a) La aprobación, modificación y reforma de los Estatutos del Colegio y de los Reglamentos de Régimen Interior a propuesta de la Junta de Gobierno.

b) La aprobación de los presupuestos y la liquidación de ingresos y gastos de cada ejercicio económico, así como de la gestión anual de la Junta de Gobierno.

c) La elección de los miembros de la Junta de Gobierno, y la remoción total o parcial de la misma por medio de la moción de censura.

d) La adquisición, enajenación, constitución de gravamen y demás actos de disposición sobre bienes inmuebles del Colegio.

e) El establecimiento y fijación de la cuantía y forma de pago de las cuotas extraordinarias a satisfacer por las personas colegiadas.

f) La deliberación y decisión de aquellos asuntos que por su transcendencia y relevancia, la Junta de Gobierno o la mayoría de las personas colegiadas acuerden someter al conocimiento de la Junta General.

g) El conocimiento y decisión de aquellas proposiciones formuladas por las personas colegiadas y que la Junta de Gobierno acuerde incluir en el orden del día de la Junta General.

2. Cuando las proposiciones se formulen de forma conjunta por un número mínimo del cinco por ciento del censo electoral se someterán necesariamente a la Junta General Ordinaria que corresponda, sin perjuicio de que se rechace su conocimiento y deliberación mediante votación previa.

Artículo 68. Convocatorias.

1. Las Juntas Generales deberán convocarse con una antelación mínima de quince días, salvo en los casos de urgencia en los que a juicio del Decano deba reducirse el plazo.

2. Las convocatorias se publicarán en el tablón de anuncios del Colegio, con expresión del orden del día y se notificarán a las personas colegiadas por cualquier medio de comunicación que garantice su remisión.

3. Hasta el momento de la hora fijada para la celebración de la Junta General, los antecedentes de los asuntos a tratar estarán a disposición de las personas colegiadas en la Secretaría del Colegio.

Artículo 69. Juntas Generales Ordinarias.

La Junta General Ordinaria se celebrará dos veces al año, la primera en el primer trimestre natural y la segunda en el último trimestre.

Artículo 70. Juntas Generales Extraordinarias.

1. La Junta General Extraordinaria se convocará por acuerdo de la Junta de Gobierno, a iniciativa propia o a instancias de un mínimo del diez por ciento de las personas colegiadas como ejercientes, con expresión concreta de los asuntos a tratar. Las Juntas Generales Extraordinarias se celebrarán en el plazo máximo de dos meses desde el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno o desde la presentación de la solicitud formulada por las personas colegiadas, y no podrán ser tratados en la misma más asuntos que los expresados en la convocatoria, que no podrá incluir en el orden del día el apartado de ruegos y preguntas.

2. La Junta de Gobierno podrá denegar la solicitud de celebración de Junta General Extraordinaria a instancias de las personas colegiadas, mediante resolución motivada, en el caso de que la propuesta sea ajena a los fines atribuidos al Colegio, sin perjuicio del derecho de los peticionarios a interponer los Recursos que procedan.

Artículo 71. Desarrollo de las Juntas Generales.

1. Las Juntas Generales se celebrarán en el día y hora señalados, en primera convocatoria, cuando el número de asistentes sea igual o superior al diez por ciento del censo de las personas colegiadas y en otro caso, en segunda convocatoria, media hora más tarde, cualquiera que sea el número de personas colegiadas asistentes.

2. Los acuerdos quedarán aprobados por mayoría de votos emitidos favorables, salvo en los supuestos especiales establecidos en estos Estatutos en que se requiera un quórum especial de asistentes y votos, admitiéndose el voto delegado hasta un máximo de tres a favor de cada asistente.

3. Los acuerdos aprobados en Junta General serán de cumplimiento obligatorio para todas las personas colegiadas, sin perjuicio de los Recursos que procedan contra los mismos.

4. Las Juntas Generales estarán presididas por la persona titular del decanato o Diputado/a que le sustituya, actuando de Secretario el de la Junta de Gobierno o miembro de la misma que le sustituya.

5. Las votaciones serán, con carácter general, a mano alzada, pudiendo realizarse de forma nominal y secreta cuando así lo disponga la presidencia o lo solicite un número no inferior al diez por ciento de los asistentes.

6. Antes de procederse a la votación, la persona titular del decanato o quien le sustituya podrá establecer turnos de intervención, con un máximo de tres a favor y tres en contra.

7. Concluidas las intervenciones, se someterá a votación en los términos de la propuesta o con las alternativas que se hayan planteado y aceptadas por los asistentes.

8. La persona titular de la secretaría levantará acta de la sesión, procediéndose a su lectura y aprobación, salvo que por su extensión o avanzado de la hora, se decida por el Presidente su redacción posterior y su lectura y aprobación en la siguiente Junta General, previa publicación en el tablón de anuncios del Colegio y en la página «web» de acceso exclusivo de las personas colegiadas.

Artículo 72. Orden del día de la primera Junta General Ordinaria.

La primera Junta General ordinaria se celebrará con arreglo al siguiente orden del día:

a) Informe de la gestión de la Junta de Gobierno, reseñando la persona titular del decanato quien estatutariamente le sustituya, los acontecimientos más importantes del año anterior en relación con el Colegio.

b) Examen y votación de la liquidación de la cuenta de gastos e ingresos del ejercicio anterior.

c) Lectura, deliberación y votación de los asuntos consignados en la convocatoria y de las proposiciones formuladas por las personas colegiadas.

d) Ruegos y preguntas.

Artículo 73. Orden del día de la segunda Junta General Ordinaria.

La segunda Junta General Ordinaria se celebrará con arreglo al siguiente orden del día:

a) Examen y votación del presupuesto de gastos e ingresos confeccionado por el Tesorero y aprobado por la Junta de Gobierno para el ejercicio siguiente.

b) Lectura, deliberación y votación de los asuntos consignados en la convocatoria.

c) Ruegos y preguntas.

d) Celebración de elecciones cuando hayan sido convocadas.

Artículo 74. Moción de Censura.

El voto de censura de la Junta de Gobierno en general o alguno de sus miembros en particular se ajustará a la siguiente tramitación especial:

a) Se someterá a Junta General Extraordinaria convocada al efecto con el único punto en el orden del día de la moción de censura, cuya convocatoria habrá de solicitarse por un mínimo del veinte por ciento de personas colegiadas ejercientes incorporados al Colegio con al menos tres meses de antelación, debiéndose expresar con claridad los motivos en que se fundamente.

b) La Junta de Gobierno deberá convocar la Junta General Extraordinaria para su celebración dentro de los treinta días siguientes desde la presentación de la solicitud.

c) La Junta General Extraordinaria requerirá para su válida constitución y celebración la asistencia personal de un mínimo del 20% de personas colegiadas con derecho a voto.

d) La votación se hará necesariamente de forma personal y secreta en papeletas y sobres confeccionados al efecto.

e) En todo lo demás no especialmente previsto en este precepto, se aplicará el procedimiento establecido para la celebración de las Juntas Generales.

f) Si la moción de censura alcanzase la mayoría de votos emitidos, la Junta de Gobierno convocará elecciones para cubrir los puestos vacantes, a los que no se podrán presentar los miembros cesados o censurados, estableciéndose para su celebración en plazo máximo de dos meses, permaneciendo mientras tanto los cargos censurados en el desempeño de sus funciones hasta la toma de posesión de los elegidos, que tendrá lugar antes de cumplirse los treinta días de las elecciones.

TÍTULO IV

RÉGIMEN JURÍDICO DE ACTOS Y ACUERDOS

Artículo 75. Requisitos.

1. Los actos, acuerdos y resoluciones dictados por los órganos colegiales en el ejercicio de sus funciones públicas se sujetarán al Derecho Administrativo.

2. El resto de actuaciones que se desarrollen que tengan carácter civil, penal y laboral se regirán por la normativa de aplicación en cada caso.

Artículo 76. Recursos contra los actos y acuerdos de la Junta de Gobierno.

Contra las resoluciones dictadas por la Junta de Gobierno y los actos de trámite que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto, imposibiliten la continuación del procedimiento, y aquellos otros que produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, se podrá interponer Recurso de Alzada ante el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados en plazo de un mes desde su notificación a los interesados.

Artículo 77. Recursos contra acuerdos de Junta General.

Contra los acuerdos adoptados en Junta General sólo podrá interponerse Recurso de Alzada ante el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, en plazo de un mes desde la fecha de su celebración por los no asistentes o quienes hubiesen solicitado la constancia en acta de su voto en contra.

Artículo 78. Recursos ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Las resoluciones dictadas en alzada por el Consejo Andaluz agotan la vía administrativa, y podrán ser impugnadas ante los Tribunales competentes de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Artículo 79. Legislación complementaria y supletoria.

En todo lo no previsto en los precedentes artículos será de aplicación directa o supletoria lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, especialmente en lo que se refiere a la suspensión cautelar de la ejecución de las resoluciones y actos impugnados.

TÍTULO V

RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Capítulo I

Disposiciones generales

Artículo 80. Responsabilidad disciplinaria.

Las personas colegiadas y los abogados pertenecientes a otros Colegios que ejerzan su actividad profesional en el ámbito territorial de este Colegio, están sujetos a responsabilidad disciplinaria cuando incurran en infracción de las normas estatutarias y deontológicas, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que puedan derivarse de su actuación profesional.

Artículo 81. Competencia de la potestad disciplinaria.

El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a la Junta de Gobierno, con la salvedad de la que se ejerza sobre sus miembros cuya competencia corresponde al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, tras la tramitación del correspondiente expediente disciplinario, con arreglo al procedimiento establecido en los presentes Estatutos, aplicándose supletoriamente las leyes 39/2015 y 40/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas y de Régimen Jurídico del Sector Público.

Artículo 82. Recursos.

Las resoluciones dictadas en los expedientes sancionadores serán recurribles directamente en alzada ante el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, en los plazos y forma regulados en el Título IV de estos Estatutos.

CAPÍTULO II

Tramitación de expedientes

Artículo 83. Incoación del expediente.

1. La iniciación de expediente disciplinario será acordada por la Junta de Gobierno, cuando tenga conocimiento de actuaciones profesionales que presenten indicios de una posible infracción de normas estatutarias o deontológicas.

2. Igualmente podrá acordar la incoación de expediente disciplinario por denuncia de un órgano judicial, de otro persona colegiada o letrado de otro Colegio, y por un particular con interés legítimo.

3. Las denuncias se formularán en cualquier caso por escrito y en ningún caso se admitirán a trámite las anónimas.

Artículo 84. Información previa.

Con carácter previo a la adopción del acuerdo de incoación de expediente disciplinario, la Junta de Gobierno podrá practicar una información reservada, con cuyo resultado decidirá, si lo estima procedente, el archivo de las actuaciones, con notificación, en su caso, a la parte denunciante. Dicha información reservada se practicará y resolverá en plazo máximo de tres meses desde que acordase su práctica.

Artículo 85. Tramitación.

1. Cuando la Junta de Gobierno acuerde la incoación de expediente disciplinario, dará traslado a la Comisión de Deontología que nombrará un Instructor y un Secretario, entre las personas colegiadas como ejercientes con más de diez años de antigüedad para que procedan a la instrucción del expediente y formulación por el primero de la propuesta de Resolución que elevará a la Junta de Gobierno.

2. El acuerdo de incoación del expediente y la designación de Instructor y Secretario será notificado al interesado y al denunciante en su caso, a efectos de alegaciones, proposición de pruebas y posible recusación, en plazo de quince días desde su notificación.

3. El Instructor resolverá sobre la procedencia e improcedencia de las pruebas propuestas y procederá a la práctica de las admitidas en plazo no superior a treinta días, salvo que se justifique la imposibilidad de su práctica durante el referido plazo, pudiéndose ampliar por el mismo periodo de tiempo.

4. Una vez formuladas las alegaciones y practicada la prueba admitida, el Instructor procederá a formular la propuesta de Resolución, con relación de los hechos y especificación de los que se consideren probados, la calificación jurídica de los mismos, persona colegiada o letrado que resulte responsable y la sanción que se propone, o en caso contrario, el sobreseimiento del expediente por la inexistencia de infracción o falta de pruebas de los hechos imputados.

5. La propuesta de Resolución será notificada a los interesados en el expediente, que podrán formular alegaciones en un nuevo plazo de quince días.

6. Concluida la instrucción se pasarán las actuaciones a la Junta de Gobierno que dictará la resolución que se acuerde, con la facultad de disponer la práctica de actuaciones complementarias, cuyo resultado se notificará a los interesados, que podrán formular nuevas alegaciones en plazo de siete días.

7. La práctica de actuaciones complementarias interrumpirá el plazo para dictar resolución.

Artículo 86. Plazo de tramitación y caducidad.

Los expedientes disciplinarios deberán tramitarse y resolverse en plazo máximo de seis meses desde el acuerdo de incoación, salvo los supuestos de suspensión establecido en el artículo anterior y en las normas aplicables con carácter imperativo o supletorio, especialmente las Leyes 39 y 40/2015, de Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas y de Régimen Jurídico del Sector Público, sujetándose las sanciones que puedan imponerse a los principios de necesidad y proporcionalidad, de imperativo cumplimiento según lo establecido en dichas Leyes .

Artículo 87. Suspensión del procedimiento.

La Junta de Gobierno acordará la suspensión del procedimiento disciplinario cuando tenga conocimiento fehaciente de que se tramitan actuaciones por la jurisdicción penal sobre los mismos hechos.

Artículo 88. Ejecución de sanciones.

1. Las sanciones impuestas en expedientes disciplinarios, no serán ejecutables hasta que sean declaradas firmes, sin perjuicio de que puedan adoptarse medidas provisionales para asegurar la ejecución de la resolución sancionadora, y se incluirán en el expediente del Persona colegiada sancionado, sin perjuicio de su cancelación cuando proceda.

2. La baja total en el Colegio o el paso a la situación de persona colegiada no ejerciten no extingue la responsabilidad disciplinaria contraída durante el periodo de alta, por lo que continuará el procedimiento disciplinario hasta que se dicten la pertinente resolución. La sanción que pudiera imponerse quedará en suspenso para su cumplimiento, en caso de que la persona colegiada causase nuevamente alta como persona colegiada ejerciente.

CAPÍTULO III

Clasificación de las infracciones y sanciones

Artículo 89. Clasificación de las infracciones.

Las infracciones o incumplimientos de las normas estatutarias y deontológicas se clasifican en muy graves, graves y leves.

Artículo 90. Faltas muy graves.

Son faltas muy graves:

a) El incumplimiento de los deberes profesionales, cuando se cause perjuicio grave a las personas que hayan contratado los servicios del Abogado infractor.

b) La vulneración del secreto profesional.

c) El ejercicio profesional en situación de inhabilitación o incompatibilidad.

d) La comisión de delitos dolosos, en cualquier grado de participación, como consecuencia del ejercicio profesional, así como los actos y omisiones que constituyan ofensa grave a la dignidad de la profesión, a las reglas éticas que la gobiernan y a los deberes establecidos en los presentes Estatutos.

e) La comisión de dos o más infracciones graves en el plazo de dos años.

f) La embriaguez o toxicomanía habitual que afecte gravemente al ejercicio profesional.

g) La indebida percepción de honorarios, derechos, gastos o beneficios económicos derivados de la prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita.

Artículo 91. Faltas graves.

Son faltas graves:

a) El incumplimiento de las obligaciones impuestas en la Ley de Colegios Profesionales de Andalucía y en los Estatutos Generales de la Abogacía, del Consejo Andaluz, de los Estatutos y Reglamentos colegiales y del Código Deontológico de la Abogacía Española, que no alcancen la calificación de muy graves.

b) El incumplimiento de los acuerdos adoptados por los Órganos de Gobierno del Colegio.

c) El encubrimiento del intrusismo profesional que cause perjuicio que hayan contratado los servicios profesionales de quien no esté legitimado para ejercer la profesión.

d) El incumplimiento de los deberes profesionales cuando causen perjuicio a las personas contratantes de los servicios profesionales del Abogado.

e) Los actos y omisiones que constituyan ofensa grave a la dignidad de la profesión o las normas deontológicas que rigen el ejercicio de la profesión.

f) La ofensa grave a los miembros de la Junta de Gobierno, a sus compañeros de profesión, o a las instituciones ante las que se interviene como consecuencia del ejercicio profesional.

g) Los actos ilícitos que impidan o alteren el normal funcionamiento de los Órganos de Gobierno del Colegio.

h) La comisión de cinco o más infracciones leves en el plazo de dos años.

i) El reiterado incumplimiento de la obligación de atender el pago de las cargas colegiales, consistente en la falta de abono de tres cuotas consecutivas, ordinarias o extraordinarias, o cinco alternas en el curso de un año.

k) La Junta de Gobierno podrá adoptar medidas disciplinarias contra las personas colegiadas y abogados adscritos a otros Colegios que habitual o temerariamente impugnen las minutas de sus compañeros y contra aquéllos cuyos honorarios sean declarados reiteradamente excesivos o indebidos, siempre que, en el primer caso, se aprecien indicios suficientes para estimar que concurre un ánimo dilatorio del procedimiento y que, en el segundo supuesto, los honorarios declarados indebidos y/o excesivos, hayan sido emitidos o calculados en la misma forma que otros anteriores ya sancionados desfavorablemente por los Tribunales.

l) La publicidad de servicios profesionales con incumplimiento de lo dispuesto en la Ley, cuando resulte perjuicio grave para las personas que hayan contratado los servicios profesionales del Abogado, en base a dicha publicidad.

Artículo 92. Faltas leves.

Son faltas leves las demás infracciones de las normas legales, estatutarias y deontológicas no contempladas en los dos artículos precedentes o aquéllas que, por escasa entidad o relevancia no se consideren como graves o muy graves.

Artículo 93. Clases de sanciones.

1. Las sanciones que pueden imponerse por la comisión de las infracciones serán las siguientes:

a) Por infracciones muy graves: suspensión en el ejercicio profesional por plazo superior a tres meses sin exceder de dos años y la expulsión del Colegio cuando se incumplan de forma reiterada las normas sobre incompatibilidades, se imponga por Tribunal competente una pena calificada como grave en el Código Penal, o el deliberado y persistente incumplimiento de las normas deontológicas esenciales en el ejercicio de la abogacía.

b) Por faltas graves: suspensión del ejercicio profesional por plazo no superior a tres meses.

c) Por faltas leves: amonestación privada o apercibimiento por escrito.

2. La imposición de sanciones graves o muy graves en actuaciones derivadas de la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita, conllevará la exclusión del sancionado de estos servicios en todas sus modalidades, por un periodo máximo de dos años para las sanciones graves y hasta cinco años para las muy graves, ponderándose estos periodos en proporción a la entidad de los hechos objeto de sanción.

3. Las sanciones de expulsión o suspensión en el ejercicio profesional por tiempo superior a los seis meses, se acordarán por votación secreta de los miembros de la Junta de Gobierno y por mayoría de todos sus miembros, que deberá asistir en su totalidad, salvo imposibilidad justificada, sin que puedan abstenerse en la votación o votar en blanco.

Artículo 94. Ejecución de las sanciones.

1. Las sanciones disciplinarias se ejecutarán una vez que sean firmes. Podrán ser hechas públicas cuando ganen firmeza, con sujeción a la Ley de Protección de Datos, y en todo caso, las sanciones que supongan suspensión en el ejercicio de la Abogacía, se comunicarán a todos los Juzgados y Tribunales del ámbito territorial de este Colegio y organismos oficiales que se consideren oportunos, para su debida constancia.

2. Las sanciones de suspensión en el ejercicio profesional tendrá efectos en el ámbito de todos los Colegios de Abogados de España, a cuyo fin el Colegio las comunicará al Consejo General de la Abogacía Española y al Consejo Andaluz de Abogados, a los efectos de comunicación al resto de Colegios.

Artículo 95. Cancelación de la anotación de sanciones.

1. La anotación de las sanciones en el expediente personal de la persona colegiada se cancelará cuando hayan transcurrido los siguientes plazos, sin que el persona colegiada hubiere incurrido en nueva responsabilidad disciplinaria: seis meses en caso de sanciones de amonestación privada o apercibimiento escrito; un año en caso de sanción de suspensión no superior a tres meses; tres años en caso de sanción de suspensión superior a tres meses; y cinco años en caso de sanción de expulsión. El plazo de cancelación se contará a partir del día siguiente a aquel en que hubiere quedado cumplida la sanción.

2. La cancelación de la anotación, una vez cumplidos dichos plazos, podrá hacerse de oficio o a petición de los sancionados.

Artículo 96. Prescripción de infracciones y sanciones.

1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses, contados los plazos desde el día en que la infracción se hubiese cometido, salvo las infracciones de carácter continuado, en cuyo supuesto el plazo de prescripción se contará desde que cese la actividad infractora.

2. El plazo prescriptivo quedará interrumpido por la notificación al abogado de la incoación del expediente disciplinario o la apertura de información reservada, reanudándose si el expediente se paralizase durante más de seis meses por causa no imputable al expedientado.

3. Las sanciones impuestas prescribirán por el transcurso de tres años las impuestas por faltas muy graves, de dos años las impuestas por faltas graves, y de un año las correspondientes a faltas leves, contados desde que la sanción adquiera firmeza legal.

4. El plazo prescriptivo de las sanciones quedará interrumpido por la notificación al sancionado de la iniciación del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si dicho procedimiento se interrumpiese durante más de un mes por causa no imputable al mismo.

TÍTULO VI

RÉGIMEN ECONÓMICO

CAPÍTULO I

Recursos económicos del Colegio

Artículo 97. Recursos ordinarios.

Constituyen recursos ordinarios:

a) Los rendimientos de cualquier naturaleza que se generen por las distintas actividades del Colegio o que produzcan los bienes y derechos que integren su patrimonio.

b) Los derechos de incorporación al Colegio.

c) Los derechos por la expedición de certificaciones, informes, dictámenes, resoluciones y laudos, expedidos por la Junta de Gobierno a requerimiento de los órganos judiciales y administrativos o por solicitud de las personas colegiadas y personas con interés legítimo.

d) Las cuotas ordinarias y extraordinarias establecidas por la Junta de Gobierno y por la Junta General, respectivamente.

e) Cualquier otro concepto que legalmente procediere.

Artículo 98. Recursos extraordinarios.

Constituyen recursos extraordinarios:

a) Las subvenciones y ayudas concedidas por las Administraciones Públicas por la gestión de servicios sufragados por los distintos órganos administrativos.

b) Los bienes muebles o inmuebles que reciba por título de herencia, legado, donación o cualquier otro, previa aceptación de la Junta de Gobierno.

c) Las cantidades que por cualquier concepto corresponda percibir, cuando el Colegio administre bienes o rentas de cualquier clase, incluidos los de carácter cultural o benéfico, en desarrollo de un encargo temporal o perpetuo.

d) Cualquier otro concepto que legalmente procediere.

CAPÍTULO II

Administración del patrimonio

Artículo 99. Órganos de administración.

El patrimonio del Colegio será administrado por la Junta de Gobierno, ejerciendo el Decano/a las funciones de ordenación de pagos, ejecutadas por el Tesorero, que cuidará de su contabilización.

Artículo 100. Derecho de información de las personas colegiadas.

Las personas colegiadas podrán examinar los presupuestos y liquidación de cuentas desde las respectivas fechas de convocatorias de las Juntas Generales hasta el comienzo de las mismas.

TÍTULO VII

MODIFICACIÓN Y REFORMA DE LOS ESTATUTOS

Artículo 101. Competencia y tramitación.

1. La competencia para la modificación y reforma de los Estatutos corresponde a la Junta General, de acuerdo con lo establecido en el artículo 67. a) de los mismos.

2. La propuesta de modificación y reforma deberá ser formulada por la Junta de Gobierno o por iniciativa de un número de personas colegiadas no inferior al veinte por ciento de los que integren el censo de persona colegiada con derecho a voto.

3. Dicha propuesta, con el texto alternativo de los preceptos estatutarios que se pretenden modificar, será puesta de manifiesto y a disposición de todas las personas colegiadas, que podrán presentar enmiendas, totales o parciales, en plazo de un mes desde la publicación, mediante circular colegial, del proyecto de modificación, siendo las propuestas presentadas las únicas que se someterán a deliberación y votación.

Artículo 102. Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

1. Transcurrido el plazo de presentación de enmiendas, la Junta de Gobierno convocará Junta General Extraordinaria, a celebrar dentro del mes siguiente a la convocatoria, siguiéndose el trámite establecido en el artículo 71 de estos Estatutos, con la única salvedad de que, en el supuesto de que la propuesta se haya presentado a instancias de las personas colegiadas, será el designado por los proponentes el que defienda el proyecto de modificación.

2. El texto definitivo aprobado se someterá al régimen procedimental establecido en la Ley y Reglamento de Colegios Profesionales de Andalucía.

TÍTULO VIII

RÉGIMEN DE CREACIÓN DE DELEGACIONES, FUSIONES, SEGREGACIONES Y DISOLUCIÓN DEL COLEGIO

CAPÍTULO I

De las delegaciones

Artículo 103. Tramitación para su establecimiento.

1. La Junta de Gobierno del Colegio podrá acordar el establecimiento de delegaciones en aquellas demarcaciones judiciales que se estimen convenientes para el mejor cumplimiento de los fines y mayor eficacia de las funciones colegiales.

2. Estas delegaciones ostentarán la representación colegial delegada en el ámbito de su demarcación, con las competencias y facultades que determine la Junta de Gobierno, y estarán formadas por uno o más personas colegiadas designadas por la misma, a la que podrán formular propuestas para su mejor funcionamiento, sin que en ningún caso puedan adoptar acuerdos vinculantes.

Artículo 104. Agregación y segregación.

Las posibles agregaciones o segregaciones de las delegaciones creadas, se regularán por los trámites establecidos en los artículos 14 de la Ley de Colegios Profesionales de Andalucía y 13 de su Reglamento.

CAPÍTULO II

Cambio de denominación, fusión, segregación y disolución del Colegio

Artículo 105. Requisitos y quórum.

1. El cambio de denominación del Colegio, su fusión con otros Colegios de la misma profesión, la segregación para constituir otro Colegio de ámbito territorial inferior, y la disolución y liquidación sólo podrán acordarse en Junta General Extraordinaria convocada específicamente por la Junta de Gobierno a solicitud de un número de personas colegiadas como ejercientes no inferior al veinticinco por ciento del censo de estas personas colegiadas con derecho a voto.

2. Para la celebración de la Junta Extraordinaria se precisará la asistencia personal de la mitad más uno de las personas colegiadas con derecho a voto, y la aprobación de cualquiera de los acuerdos sobre los supuestos contemplados en el párrafo anterior precisará del voto favorable de la mayoría de los asistentes.

3. En caso de aprobarse la disolución del Colegio, la Junta General Extraordinaria que acuerde la misma, establecerá lo necesario en cuanto al proceso y tramitación de la liquidación, designando a las personas colegiadas que actúen como liquidadores, en unión de los miembros de la Junta de Gobierno y la asistencia de otros profesionales con competencia en esta materia, como Economistas y Auditores de cuentas, estableciéndose el plazo máximo en que deban efectuarse las operaciones liquidatorias.

4. En todos los casos, las actuaciones a practicar se ajustarán a las prescripciones establecidas en el Capítulo II del Título III de la Ley de Colegios Profesionales de Andalucía y en el Capítulo II del Reglamento para su aplicación.

TÍTULO IX

DEL PERSONAL EMPLEADO DEL COLEGIO

Artículo 106. Contratación.

1. La Junta de Gobierno contratará los empleados administrativos necesarios para el buen funcionamiento de la corporación, atendiendo para ello a los principios de eficacia, méritos y capacidad para cada puesto de trabajo, a propuesta del Secretario y con el visto bueno del Decano, con estricta sujeción a las disposiciones vigentes sobre en material laboral y seguridad social.

2. Entre dichos empleados se encuentra incluido el Secretario Técnico, que entre sus funciones ejercerá el control inmediato del resto de la plantilla laboral, bajo la supervisión de la Junta de Gobierno y, de forma especial, del Secretario, a quien auxiliará en la elaboración de informes, redacción de propuestas y cuantas otras facultades se le puedan delegar.

Disposición adicional única. Género.

Cuantas denominaciones y calificativos contenidos en los presentes Estatutos se efectúen en cualquiera de los géneros masculino o femenino, se entenderán hechas y se utilizarán indistintamente para cada uno de los dos géneros, según el sexo de la persona o personas a las que se refieran.

Disposición transitoria primera. Renovación y elecciones de miembros de la Junta de Gobierno.

1. Para dar cumplimiento a lo establecido en los anteriores Estatutos en cuanto a elecciones y renovación de los miembros de la Junta de Gobierno, en el último trimestre del presente año se convocarán elecciones para cubrir las plazas de aquellos miembros que cumplen su mandato quinquenal en dicho trimestre, que conformarán la Junta de Gobierno con los cargos ya elegidos en el pasado año.

2. Al quedar reducido a cuatro años el tiempo de mandato y establecerse que la renovación a partir de la entrada en vigor de los presentes Estatutos se efectuará respecto a todos los miembros, y no por mitad, como estaba regulado anteriormente, se establece, que los miembros elegidos el pasado año desempeñarán sus cargos durante un periodo de cinco años, mientras que los que resulten electos en el último trimestre del año 2019, lo desempeñarán por un periodo de cuatro años.

3. De esta forma se dará cumplimiento a lo establecido en los presentes Estatutos y en consecuencia, en el último trimestre del año 2023 se convocarán elecciones para la renovación de los miembros de la Junta de Gobierno en su totalidad, con un mandato de cuatro años.

Disposición transitoria segunda. Régimen Transitorio Electoral.

Para las próximas convocatorias electorales, la Junta de Gobierno queda especialmente facultada para regular el voto por correo electrónico o por cualquier otro procedimiento telemático que permitan las nuevas tecnologías, siempre que se disponga de los adecuados medios materiales que garanticen la autenticidad y privacidad de los votos así emitidos.

Disposición derogatoria única.

Quedan expresamente derogados los Estatutos del Ilustre Colegio de Abogados de Huelva, aprobados por Orden de 15 de septiembre de 2009, de la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía.

Disposición final. Entrada en vigor.

Los presentes Estatutos, tras la aprobación definitiva por la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía, entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.