I �nico Decreto-Ley7/2010,de28dediciembre,demedidasparapotenciarinversionesempresarialesdeinterésestratégicoparaAndalucíaydesimplificación,agilizaciónadministrativaymejoradelaregulacióndeactividadeseconómicasenlaComunidadAutónomadeAndalucía.

Los nuevos principios sobre los que se sustenta la labor administrativa se inspiran en la consecución de un mejor servicio a la ciudadanía y a las empresas, rápido, coordinado, transparente, eficaz, eficiente y moderno. La necesaria reforma y adaptación de la organización administrativa debe orientarse a la simplificación, agilización y mejora de la regulación de los procedimientos administrativos. En particular, esta labor es especialmente relevante en todos aquellos procedimientos que afecten a la implantación de actividades económicas y a la promoción de iniciativas empresariales.

La Junta de Andalucía viene realizando una labor de agilización y simplificación del funcionamiento de la Administración autonómica, que se ha visto materializada con la aprobación de diversas normas. Por una parte, el Decreto-ley1/2009, de 24 de febrero, por el que se adoptaron medidas urgentes de carácter administrativo, que recoge modificaciones normativas para llevar a cabo la aplicación del Plan de Medidas de Simplificación de Procedimientos Administrativos y Agilización de Trámites. Por otra, la Ley3/2010, de 21 de mayo, que modifica diversas leyes para la transposición en Andalucía de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior, que convalida el Decreto-ley3/2009, de 22 de diciembre, mediante el que se llevó a cabo inicialmente la adaptación a la Directiva. El presente Decreto-ley viene a profundizar en la aplicación de los principios que inspiran la Directiva, extendiendo su alcance a todos los sectores económicos.

A su vez, el VII Acuerdo de Concertación Social de Andalucía, firmado el 24 de noviembre de 2009 por la Junta de Andalucía y los agentes económicos y sociales, también prevé la adopción de diversas medidas dirigidas a mejorar el funcionamiento de las Administraciones Públicas andaluzas desde la perspectiva de la agilización y simplificación de los procedimientos, en particular, los relacionados con proyectos de inversión empresariales.

El presente Decreto-ley viene a reforzar la labor de mejora de la regulación con medidas orientadas específicamente a las actividades económicas, con el objeto de contribuir a la modernización y cambio estructural de la economía andaluza y al impulso de la productividad general del sistema económico.