Exposicion único Prestaciones sociales de carácter económico

I

Las medidas sanitarias de contención derivadas del estado de alarma con motivo de la pandemia provocada por la COVID-19 han supuesto la restricción de la movilidad y la paralización de numerosos sectores de la economía de las Illes Balears. Mes allá del impacto directo sobre la actividad económica, la pandemia ha desembocado en una profunda crisis social proyectando sus efectos más perjudiciales sobre la población más vulnerable e insegura.

El impacto social y económico que la crisis sanitaria ocasionada por la COVID -19 está generando sobre el conjunto de la sociedad ha obligado a las administraciones públicas a reaccionar con el desarrollo, desde diferentes niveles y áreas de competencia, de políticas de garantía de rentas, a fin de salvaguardar la cobertura de las necesidades básicas de amplios sectores de la población.

La estacionalidad de nuestra economía y el momento de declaración del estado de alarma ha provocado que trabajadores que no son fijos discontinuos y que no se han podido incorporar en el mercado de trabajo se encuentren, tras la salida del invierno, sin trabajo ni prestaciones contributivas.

Así, la población trabajadora con menor capacidad de afrontar una crisis de ingresos mediante ahorros se ha encontrado, por primera vez en su vida, con la necesidad de dirigirse a los servicios sociales.

La respuesta dada, con la regulación de la renta social garantizada para los perfiles que estaban privados de acceso al mercado de trabajo, ha permitido cubrir, a través de la Red Pública de Servicios Sociales, las necesidades básicas de toda la población balear que no se ha podido acoger a los expedientes de regulación temporal de empleo.

Si una parte importante de la población se ha visto con dificultades económicas, las personas en situación de vulnerabilidad han visto aumentado el riesgo de cronificación y pobreza.

La respuesta a la crisis aumenta la diferencia entre la población con mayor riqueza y la población con mayor pobreza. En las Illes Balears, aumenta más que en el resto del Estado, como deja de manifiesto el estudio de la Fundación FOESSA de 2019.

En el año 2008, el coeficiente de Gini en España estaba en el 32,4%, y tras la salida de la crisis, en 2017, había crecido hasta el 34,1%. En las Illes Balears, pasó del 32,1% al 37,8%. Estos datos indican que la diferencia de ingresos, entre el 20% de la población con menor renta y el 20 % con mayor renta, es superior después de la crisis económica del año 2008. La crisis económica concentra la riqueza y aumenta las diferencias, crea una población más desigual y, por lo tanto, una sociedad más injusta socialmente.

La respuesta de las diferentes administraciones debe dirigirse a generar una salida de la crisis que dé oportunidades a todos y permita una sociedad con menor desigualdad y mayor cohesión social.

En este contexto, el Gobierno de las Illes ha adoptado medidas extraordinarias, que ponen al alcance de todas las personas en situación de vulnerabilidad económica el acceso a la renta social garantida y a la renta mínima de inserción, mediante el Decreto ley 4/2020, de 20 de marzo, por el que se establecen medidas urgentes en materia de contratación, convenios, conciertos educativos y subvenciones, servicios sociales, medio ambiente, procedimientos administrativos y presupuestos para hacer frente al impacto económico y social de la COVID-19, y el Decreto ley 6/2020, de 1 de abril, por el que se establecen medidas sociales urgentes para paliar los efectos de la situación creada por la COVID-19 y de fomento de la investigación sanitaria. Ambos decretos leyes establecen medidas relativas para colectivos en situación de vulnerabilidad y medidas extraordinarias en materia de gestión de la renta social garantizada.

Aunque el PIB per cápita de las Illes Balears está ligeramente por encima de la media estatal, las Illes Balears se caracterizan por tasas de desigualdad elevadas, que sitúan al archipiélago entre las regiones españolas, e incluso las europeas, con mayores tasas de desigualdad. Este es uno de los resultados de un modelo de salida de la crisis basado en la flexibilización y la segmentación del mercado de trabajo, con repercusiones importantes para los asalariados.

Los consejos insulares y los ayuntamientos han visto cómo, en un breve espacio de tiempo, ha aumentado su gasto en materia de prestaciones sociales de carácter económico para hacer frente a la situación de crisis de ingresos económicos que tenía la población balear.

Estas medidas de los diferentes ámbitos administrativos de las Illes Balears han tenido como objetivo garantizar a la población en situación de vulnerabilidad unos ingresos mínimos para facilitar el acceso a productos de primera necesidad mediante la aportación de una prestación económica adaptada al número de miembros de la unidad familiar.

II

El Informe del Estado de la Pobreza en las Illes Balears de 2019, elaborado por EAPN Illes Balears, pone de manifiesto que más de 200.000 personas están en riesgo de pobreza o en situación de exclusión social, cifra que supone el 18 % de la población del archipiélago.

Respecto al año anterior, el indicador AROPE, que evalúa el nivel de pobreza, descendió seis puntos, pero el coste de la vida ha aumentado y, en consecuencia, el bienestar de gran parte de la población de las Illes Balears ha empeorado.

Este Informe también destaca la gran contradicción que se vive en el archipiélago, donde, a pesar de que con el incremento de la actividad turística de los últimos años se han batido récords en ocupación hotelera y estancias turísticas, los niveles de pobreza no han bajado con la misma intensidad; y es que los bajos salarios y el incremento de los precios de la vivienda son dos de las grandes dificultades que tienen que afrontar las Illes Balears para poder eliminar la lacra de la pobreza.

La situación no invita al optimismo, puesto que se mantiene un elevado riesgo de pobreza y exclusión social, con un porcentaje relevante (y casi cronificado) de personas en riesgo de pobreza o exclusión social. Ello se debe al hecho de que la recuperación se ha basado en una precarización de las condiciones laborales y en el incremento de las desigualdades que se caracterizan por no cubrir las necesidades básicas de los trabajadores, hecho que los convierte en trabajadores pobres.

En cuanto a la población que vive en condiciones de privación material grave, uno de cada tres isleños no puede atender gastos imprevistos, por la alarmante situación del precio de la vivienda o del alquiler en el archipiélago y el elevado número de hogares con baja intensidad de trabajo, con casi 39.500 residentes en las Illes Balears que se encuentran en esta situación.

Todo ello pone de manifiesto que, actualmente, tener un trabajo en las Illes Balears no garantiza salir del riesgo de pobreza o exclusión. Así, alrededor del 15 % de las personas que tienen un trabajo remunerado se encuentran en esta situación de riesgo; la figura del trabajador pobre, pues, se consolida en las Baleares, debido a las condiciones de precariedad, temporalidad, corta duración de los contratos o, directamente, de la explotación. El Informe del Estado de la Pobreza de 2019 señala que casi 370.000 personas cobran menos de 1.000 € en las Illes Balears.

Respecto a las pensiones, el 35,3 % de los pensionistas (más de 67.000) reciben una renta inferior al umbral de la pobreza (634 € ) y alrededor de 16.000 están en situación de pobreza grave, puesto que cobran menos de 317 € cada mes. Esta situación se ha agravado año tras año, especialmente en las pensiones de jubilación. Por eso, se hace necesario asumir un compromiso con las personas mayores, mediante el incremento de las pensiones no contributivas de baja cuantía, y a la vez mejorar las condiciones laborales para conseguir independencia económica y autonomía personal.

Según la Fundación FOESSA, el 2018, las personas en situación de exclusión social representaban el 21,5 % de la población balear, lo cual equivale a cerca de 243.000 personas. Esta proporción de personas en situación de exclusión (21,5 %) es más alta que la que representa en el conjunto de España (18,4 %), siendo la vivienda y la ocupación las dos dimensiones que en mayor medida generan situaciones de exclusión social.

Los problemas relacionados con la vivienda en las Illes Balears tienen un impacto importante en las situaciones socioeconómicas de las familias isleñas. Por un lado, en los últimos años, el 36 % de la población se ha visto obligada a reducir los gastos de suministros de la vivienda (electricidad, agua y gas); el 28 %, los gastos de teléfono, televisión e internet; el 19,1 % se ha visto sin recursos suficientes para pagar los gastos relacionados con la vivienda y el 9 % ha tenido que afrontar avisos de corte del suministro de luz, agua y teléfono. Por otro lado, el 10,8 % de la población de las Illes Balears se encuentra en una situación de vivienda inadecuada, y el 7,5 % en una situación de vivienda insegura, según el enfoque ETHOS.

En cuanto al perfil de las familias, en las Illes Balears, el riesgo de exclusión social es más elevado entre los hogares sustentados por personas jóvenes, mujeres, inmigrantes extracomunitarias y personas desocupadas, así como entre los hogares compuestos por familias unipersonales y monoparentales.

III

El aumento de la pobreza y el número de personas en riesgo de pobreza es una de las graves consecuencias que está dejando la actual crisis económica derivada de la pandemia provocada por la COVID-19.

En el marco de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, aprobada el 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas hace de la lucha contra la pobreza un elemento clave de su agenda.

La Agenda 2030 es una agenda integral y multidimensional, referida a las tres dimensiones del desarrollo sostenible %la económica, la social y el ambiental%, y se despliega mediante un sistema de 17 objetivos de desarrollo sostenible, mediante los que se propone abordar los grandes retos globales, con la lucha contra la pobreza como uno de los objetivos principales.

El sistema de protección social en España es uno de los más ineficientes de Europa en cuanto a la reducción de la pobreza, y especialmente de la pobreza grave. Así lo puso de manifiesto Philip Alston, relator de la ONU, en su visita a España justo unos meses antes de la aprobación de este Decreto ley.

La renta social garantizada de las Illes Balears, regulada por la Ley 5/2016, de 13 de abril, como prestación periódica dirigida a situaciones de vulnerabilidad económica para la cobertura de los gastos básicos de las personas, supuso un gran avance en el sentido de generar una política de lucha contra la pobreza. Son muchas las familias que se han beneficiado de la renta social a lo largo de estos cinco años. Actualmente, y a raíz de las medidas extraordinarias puestas en marcha durante el estado de alarma, este ingreso ha supuesto el empoderamiento de aproximadamente 15.000 familias de las Illes Balears.

La entrada en vigor, el pasado 1 de junio, del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital, como medida de seguridad social, obliga a replantear el escenario de cobertura de rentas básicas, rentas sociales y rentas de inserción del conjunto de comunidades autónomas.

La seguridad social, amparada por el artículo 149 de la Constitución española, establece un techo de ingresos mínimos para cualquier ciudadano del Estado. Es una medida de garantía de ingresos, que permite a las comunidades autónomas complementar, desde las políticas de lucha contra la pobreza, los perfiles de población que no atiende el ingreso mínimo vital, así como ajustar este mínimo común para todos los españoles al nivel de vida de cada comunidad.

En este sentido, la cuestión, no es tanto la cuantía de la prestación como la cobertura. Las cuantías establecidas en el baremo del ingreso mínimo vital suponen un gran avance en la lucha contra la pobreza, pero también es cierto, que en nuestra comunidad autónoma, esta prestación se quedaría corta en relación al umbral de pobreza de nuestro territorio, que a su vez está determinado por el nivel de renta y por su distribución en el territorio.

Entidades como EAPN, Cáritas, Cruz Roja y la Federación de los Bancos de Alimentos entre otras, reclaman un decidido incremento de la capacidad protectora sobre las familias que ya venían sufriendo las situaciones de pobreza y exclusión social; con un tramo autonómico que complemente y mejore el tramo estatal en los casos de las comunidades autónomas que ya tenían un nivel de protección más débil.

En esta situación de crisis, la responsabilidad pública de responder por parte de los ayuntamientos, los consejos insulares y la Administración del Gobierno de las Illes Balears a las situaciones de necesidad social de los ciudadanos y ciudadanas de las Islas, requiere un desarrollo legislativo de las prestaciones sociales de carácter económico que dé cobertura a las ayudas económicas que se están gestionando por parte de las administraciones públicas.

Es necesaria una respuesta legislativa que tenga en cuenta el nuevo marco a partir de la entrada en vigor del ingreso mínimo vital y que permita generar políticas de protección, apoyo y complementariedad de las prestaciones económicas evitando la sobreprotección o, incluso, el solapamiento de coberturas.

Con la entrada en vigor del ingreso mínimo vital y de una prestación autonómica complementaria, se hace difícil pensar que todas las personas y las familias dispondrán de la protección deseable. Siempre habrá personas excluidas por la necesaria definición de unos requisitos de acceso que no pueden recoger la diversidad de casuísticas, así como tampoco los baremos pueden recoger el coste diferencial de vida en los diferentes pueblos y ciudades de una misma comunidad autónoma, motivo por el cual los entes locales deben de tener un papel muy importante en el diseño e implantación de sistemas de garantías de cobertura de necesidades.

La Ley 4/2009, de 11 de junio, de servicios sociales de las Illes Balears, en el artículo 22, recoge como tipología de prestaciones económicas de los servicios sociales, las de carácter subjetivo, las de derecho de concurrencia, y las de urgencia social. Siguiendo esta clasificación, la norma que se presenta permite abordar estas prestaciones de manera integral y para todas las administraciones.

Las prestaciones sociales de carácter económico de derecho subjetivo son la nueva renta social garantizada, el complemento de pensiones no contributivas y la renta de emancipación. Las prestaciones sociales de carácter económico de concurrencia competitiva permiten desarrollar, al margen de la normativa de subvenciones, convocatorias de ayudas económicas que tengan una disponibilidad económica limitada; y finalmente, las de urgencia social permiten regular, sobre todo, las ayudas económicas básicas de los ayuntamientos, las de emergencia y las de apoyo familiar y apoyo a la inserción social.

Este Decreto ley permite actualizar la renta social garantizada y hacerla incompatible con el ingreso mínimo vital, dedicándola a la población con dificultades económicas presentes. Y también mantener el complemento a las pensiones no contributivas hasta el máximo legal posible, mediante una línea de prestaciones de derecho subjetivo que complemente estas pensiones así como determinados perfiles del ingreso mínimo vital.

IV

Este Decreto ley se estructura en cuatro títulos. El Título I, sobre disposiciones generales, incluye su objeto, que es el de regular las prestaciones sociales de carácter económico en el ámbito de los servicios sociales de las Illes Balears. Así mismo, este Título incluye los aspectos comunes a las prestaciones económicas, que se prevén en el artículo 22 de la Ley 4/2009, de 11 de junio, de servicios sociales de las Illes Balears, como son su naturaleza, financiación o periodicidad. Destaca la regulación del régimen de incompatibilidades especialmente con la aprobación por parte del Estado del ingreso mínimo vital, mediante el Real decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital.

El Título II regula las prestaciones de derecho subjetivo para la persona beneficiaria cuando reúna los requisitos fijados por la normativa reguladora de la prestación. Dentro de estas prestaciones se incluyen: en el capítulo I, la renta social garantizada; en el capítulo II, el complemento a las Pensiones No Contributivas; y el capítulo III, la renta de emancipación de jóvenes que han sido sometidos a medidas de protección de menores.

El Título III regula las prestaciones económicas de derecho de concurrencia, que están caracterizadas por las limitaciones presupuestarias y por la aplicación de criterios de prelación en función de la situación de necesidad social de cada solicitante.

El Título IV regula las prestaciones económicas de urgencia social que tienen por objeto la atención de necesidades sociales derivadas de situaciones de urgencia social. Se clasifican en tres tipologías, tal como indica el artículo 79, y pueden ser ayudas básicas, de emergencia y de apoyo. Todas ellas tienen en común la respuesta de los poderes públicos a situaciones de necesidad puntual, urgente y de subsistencia.

En la parte final, el Decreto Ley incluye cuatro disposiciones adicionales: sobre la información que debe darse a las personas beneficiarias hasta la entrada en vigor de este Decreto ley, de la renta mínima de inserción y de la renta social garantizada, cuya normativa reguladora quedará derogada; sobre el fichero de prestaciones sociales de carácter económico que se desarrolla en el anexo único del Decreto ley; sobre la ampliación de referencias al ingreso mínimo vital en la Ley 9/2019, de 19 de febrero, de la atención y los derechos de la infancia y la adolescencia; y, finalmente, sobre la creación y regulación de una Comisión Interdepartamental para el estudio de la creación de complementos de renta distintos al establecido para las pensiones no contributivas.

También se incluyen tres disposiciones transitorias para determinar las reglas que regirán las prestaciones existentes hasta entonces, su afectación por la normativa estatal recientemente aprobada y la transición de estas prestaciones en los términos regulados en este Decreto ley. Así, la Disposición transitoria primera prevé las condiciones del mantenimiento temporal de la renta mínima de inserción, y en consecuencia del Decreto 117/2001, de 28 de septiembre, por el cual se regula la Renta Mínima de Inserción. La Disposición transitoria segunda prevé el mantenimiento temporal de la renta social garantizada, regulada por la Ley 5/2016, de 13 de abril, mientras se pone en marcha el ingreso mínimo vital. Finalmente, la Disposición transitoria tercera prevé la transición a las prestaciones reguladas en este Decreto ley, de aquellas prestaciones que ya existían previamente y cuyas personas beneficiarias cumplan los requisitos indicados.

Se incluye una disposición derogatoria única que relaciona las disposiciones que se ven afectadas por la entrada en vigor de este Decreto ley. No obstante, las normas relacionadas quedan sometidas a las reglas de transitoriedad señaladas anteriormente.

Finalmente, el Decreto ley contiene tres disposiciones finales que tienen por objeto, en primer lugar, incluir las nuevas prestaciones dentro de la Cartera Básica de Servicios Sociales de las Illes Balears 2017-2020, aprobada por el Decreto 66/2016, de 18 de noviembre; en segundo lugar, modificar el artículo 22.2 del Decreto 40/2017, de 25 de agosto, sobre los criterios de autorización y acreditación de los servicios para jóvenes en proceso de emancipación, y de regulación de la renta de autonomía personal para jóvenes que han sido sometidos a medidas de justicia juvenil, y en tercer lugar, disponer la entrada en vigor de este Decreto ley.

V

La regulación del decreto ley en el ámbito de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears se contempla en el artículo 49 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears que establece que, en caso de necesidad extraordinaria y urgente, el Consejo de Gobierno puede dictar medidas legislativas provisionales en forma de decretos leyes, que no pueden afectar a los derechos establecidos en este Estatuto, a las materias objeto de leyes de desarrollo básico del Estatuto de Autonomía, a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma, a la reforma del Estatuto, al régimen electoral ni al ordenamiento de las instituciones básicas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Además, el artículo 45 de la Ley 1/2019, de 31 de enero, de Gobierno de las Illes Balears establece que en los casos y con las limitaciones que prevé el artículo 49 del Estatuto de Autonomía, el Consejo de Gobierno puede dictar medidas legislativas en forma de decretos ley, que quedarán derogados si en el plazo improrrogable de los treinta días subsiguientes de haberse promulgado no son validados expresamente por el Parlamento después de un debate y de una votación de totalidad.

Los efectos de la crisis social provocada por la crisis sanitaria desde que se declaró como emergencia de salud pública de importancia internacional exigen una respuesta inmediata por parte de los poderes públicos para paliar, en la medida de lo posible, sus consecuencias. A la vez, fundamentan la necesidad urgente de adoptar medidas extraordinarias para hacer frente a esta crisis. Mediante este Decreto Ley se regulan las prestaciones sociales de carácter económico que se enmarcan en el ámbito de los servicios sociales de las Illes Balears y que, en el momento actual, resultan de extraordinaria necesidad. A pesar de que algunas de las prestaciones ya estuvieran reguladas en normas previas, con este Decreto Ley se compilan en un mismo texto legal para garantizar su publicidad, en un momento como el actual en que su conocimiento es de especial importancia, y una mayor seguridad jurídica. Además, con esta norma se adecuan las prestaciones existentes a las necesidades sociales detectadas a raíz de la crisis actual y a la aprobación del Real decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital.

Así pues, en virtud del artículo 49 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears y de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el decreto ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito, siempre que la finalidad que justifica la legislación de urgencia, sea la de subvenir a una situación concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones difíciles de prever requiera una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes.

En el presente caso, el objeto de este Decreto ley encaja perfectamente dentro de la regulación de esta figura puesto que hay que dar una respuesta inmediata a los efectos sociales y económicos de las familias y de la ciudadanía de las Illes Balears ocasionados por la crisis sanitaria de la COVID-19. Por lo tanto, se observa una conexión directa entre la urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella, teniendo en cuenta las medidas que ya han sido previamente adoptadas y que requieren ser complementadas de manera urgente. La adopción de estas medidas no puede esperar a una tramitación parlamentaria porque hay que dar una respuesta rápida y eficaz a las necesidades sociales y económicas de la sociedad balear. Al respecto, la actuación de los poderes públicos en materia de servicios sociales persigue, entre otros objetivos, el de detectar y atender las situaciones de carencia de recursos básicos y las necesidades sociales tanto de las personas como de los grupos y la comunidad en general, y al mismo tiempo, sus actuaciones tienen que orientarse para evitar el riesgo de que se produzcan situaciones de mayor necesidad social.

La actuación de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, encuentra fundamento en el artículo 30.15 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, por el que esta Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva en materia de acción y bienestar social, en complementos de la seguridad social no contributiva y en políticas de atención a las personas y a los colectivos en situación de pobreza o necesidad social, así como, según el artículo 30.16, en la protección social de la familia, entre otros.

Por otro lado, las mismas razones que justifican la aprobación del Decreto ley, subyacen en el cumplimiento de los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, tal como exige la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como los principios de calidad y simplificación introducidos por la Ley 1/2019, de 31 de enero, de Gobierno de las Illes Balears.

A estos efectos se pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia en el interés general en el que se fundamentan las medidas que se establecen, siendo el decreto ley no solo el instrumento más adecuado sino el único que puede garantizar su consecución y eficacia.

Así mismo, se cumple el principio de proporcionalidad, puesto que la norma regula los aspectos imprescindibles para conseguir su objetivo y se ajusta al principio de seguridad jurídica, siendo coherente con el resto del ordenamiento jurídico.

En cuanto al principio de transparencia, a pesar de que la norma está exenta de los trámites de participación ciudadana, que no resultan aplicables a la tramitación y aprobación de decretos leyes, se publicará en los boletines oficiales y en el Portal de Transparencia. Al respeto, hay que remarcar, además, que con el Decreto ley se clarifica el régimen de prestaciones económicas en el ámbito de los servicios sociales que, hasta ahora, resultaba disperso en diferentes normas.

En relación con el principio de eficiencia y simplificación, la regulación establece el procedimiento para poder acceder a estas prestaciones, respetando el procedimiento administrativo común y con las mínimas cargas administrativas necesarias para comprobar el acceso y el mantenimiento del derecho a la ayuda. Finalmente, de acuerdo con el principio de calidad, el procedimiento de aprobación de esta norma se ha ajustado a los procesos definidos legalmente para dar respuesta a las necesidades ciudadanas.

Por otro lado, respecto de la figura del decreto ley, es necesario indicar que no se traspasan los límites indicados por el artículo 49 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears. En cualquier caso, el Decreto ley reafirma el compromiso de los poderes públicos de las Illes Balears con los derechos sociales reconocidos por el artículo 16 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, en tanto en cuanto su contenido tiene como objetivo la promoción de las condiciones necesarias para que los derechos sociales de los ciudadanos y ciudadanas de las Illes Balears sean objeto de una aplicación real y efectiva.

Por todo ello, a propuesta de la Consejera de Asuntos Sociales y Deportes y habiéndolo considerado el Consejo de Gobierno en la sesión de 12 de junio de 2020, se aprueba el siguiente

DECRETO LEY