Exposicion único Medidas en los sectores de instalaciones juveniles y cooperativas

La situación de pandemia generada por la COVID-19 ha provocado una situación de excepcionalidad en muchos sectores, lo que requiere un desarrollo continuo de medidas extraordinarias de carácter social y económico. Este Decreto ley tiene por objeto establecer medidas complementarias y urgentes de apoyo dirigidas a las entidades y las empresas del sector de instalaciones juveniles: las casas de colonias, los albergues de juventud, las granjas escuela, las aulas de naturaleza y los campamentos juveniles. Todas ellas se han visto gravemente afectadas por los efectos de la pandemia.

Aparte de esta afectación generalizada desde el inicio de la pandemia, se deben añadir los efectos derivados de la Resolución SLT/2700/2020, de 29 de octubre, por la que se prorrogan y se modifican las medidas en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña, con el objetivo de parar el ritmo de propagación de la pandemia, suspendiendo o afectando aquellas actividades que potencian o requieren la movilidad de la ciudadanía. En este sentido, las nuevas medidas anti-COVID han comportado la suspensión o la afectación negativa de todas las actividades que se llevan a cabo en el sector de las instalaciones juveniles. Esta situación está condicionada a la evolución sanitaria de la pandemia y a las condiciones objetivas que se dan desde el ámbito de la salud pública, pero, aun así, es necesario tomar medidas para paliar su impacto.

En este contexto, dentro del sector de la educación en el ocio, debe tenerse en cuenta la situación crítica de las personas, las entidades y las empresas titulares o gestoras de instalaciones juveniles. En efecto, la situación de pandemia por la COVID-19, desde su inicio, ha tenido y está teniendo un impacto grave en estas instalaciones, dado que han debido detener completamente su actividad durante un periodo de tiempo prolongado, han devuelto anticipos por cancelación de actividades, han visto reducir mucho su demanda durante los meses en que podían desarrollar su actividad y han debido adaptarse constantemente a las medidas de prevención y protección sanitarias establecidas en cada momento por los órganos competentes. Todas estas circunstancias ponen en riesgo la viabilidad de la continuidad de una buena parte del sector, el cual, además de generar puestos de trabajo y servicios asociados a estas instalaciones, se erige como un sector estratégico para hacer frente, ahora y en un futuro, a las consecuencias que puede tener la situación de pandemia actual para los niños y los adolescentes, sobre todo para los menores más vulnerables desde el punto de vista socioeconómico.

El Decreto ley 41/2020, de 10 de noviembre, de medidas extraordinarias de carácter social en centros educativos y en el ámbito de la educación en el ocio y de las actividades extraescolares para hacer frente a las consecuencias de la COVID-19 prevé una ayuda dirigida a las entidades privadas titulares o gestoras de instalaciones juveniles, con el fin de hacer frente a la grave situación que está sufriendo el sector. No obstante, debe tenerse en cuenta que estas instalaciones están sufriendo de una manera especialmente significativa las consecuencias de la crisis derivada de la mencionada pandemia. En este sentido, para paliar la afectación de las últimas medidas decretadas por la prevención de la COVID-19, es necesaria una nueva ayuda para mantener la viabilidad de las instalaciones juveniles; una ayuda que tenga en cuenta, por una parte, el número de plazas de cada instalación y, por otra parte, cuyo número de instalaciones de la que sea titular o gestora la entidad o la empresa beneficiaria.

Este sector resulta primordial para garantizar, de la mejor manera posible, que los niños y los jóvenes de nuestro país tengan, ahora y en un futuro, espacios para desarrollarse plenamente desde un punto de vista personal, físico y emocional. Las instalaciones juveniles, además de favorecer las actividades de educación en el ocio, son unas herramientas educativas vitales de calidad a través de las cuales los niños y los jóvenes aprenden, se divierten y tienen un contacto más frecuente con la naturaleza y su entorno.

Para afrontar las dificultades graves que están sufriendo el sector de la educación en el ocio y las instalaciones juveniles, es necesaria una acción pública de apoyo complementaria a las existentes para que las personas, las entidades y las empresas puedan hacer frente a la situación de pandemia por la COVID-19, mediante una ayuda económica extraordinaria de urgencia, que se establece en una modalidad para las instalaciones juveniles.

En materia de cooperativas, y atendiendo al impacto económico y empresarial de las medidas sanitarias adoptadas y que se siguen adoptando por la COVID-19, debe preverse la prolongación de algunas de las medidas extraordinarias establecidas con relación a las cooperativas catalanas en el capítulo III del Decreto ley 19/2020, de 19 de mayo, de medidas complementarias en materia social y sanitaria para paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID-19.

En este sentido, mediante este Decreto ley se prolongan, hasta el 31 de diciembre del 2021, todas las medidas previstas en el mencionado capítulo, salvo las previstas en los artículos 3.4, 3.7, 3.8 y 6 del mencionado Decreto ley, dado que, por su naturaleza y contenido, no justifica su prolongación. Así mismo, y atendiendo a la experiencia en la aplicación de las medidas hasta ahora vigentes, a petición del sector, se incorporan pequeños cambios de contenido o matizaciones con relación a estas medidas que se prolongan, como: extender la potestad del Consejo Rector de las sociedades cooperativas de convocar, con el plazo de antelación que considere pertinente, también las asambleas ordinarias; ampliar el plazo para notificar a las personas socias las actas de las asambleas virtuales de 3 a 15 días, y prever que, con carácter excepcional, los nombramientos de los cargos de las sociedades cooperativas y de los diferentes órganos sociales, cuyo mandato caduque durante el año 2020 y con anterioridad al 9 de mayo de 2021, se entienden vigentes hasta la primera asamblea que se convoque, que, en todo caso, se debe llevar a cabo como muy tarde el 31 de diciembre del 2021.

Por otra parte, el capítulo II del Decreto ley 39/2020, de 3 de noviembre, de medidas extraordinarias de carácter social para hacer frente a las consecuencias de la COVID-19, regula las medidas de carácter social en el ámbito de la cultura, y crea una ayuda extraordinaria, en forma de prestación económica de pago único, de un importe fijo de 750 euros, destinada a las personas profesionales y técnicas de las artes escénicas, artes visuales, música y audiovisual, y de otras actividades culturales suspendidas en razón de la crisis sanitaria en Cataluña.

Es voluntad del Gobierno atender todas las solicitudes con derecho a la ayuda con independencia del momento de su presentación. Por este motivo, deben modificarse algunos artículos del mencionado Decreto ley 39/2020, de 3 de noviembre, eliminando la previsión del otorgamiento de las ayudas según el orden cronológico de presentación de las solicitudes y estableciendo que el criterio para otorgar las ayudas es la presentación dentro del plazo, siempre y cuando se cumplan los requisitos previstos y de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria. En caso de que la dotación presupuestaria no sea suficiente, y en caso de que no pueda ampliarse el importe, las ayudas se otorgarán prioritariamente y preferentemente a los beneficiarios con menos ingresos, y hasta el agotamiento total de la dotación.

Igualmente, y con el fin de garantizar que esta ayuda efectivamente llegue al colectivo del sector de la cultura directamente afectado por las suspensiones de actividades y servicios ocasionadas a raíz de la crisis sanitaria de la COVID-19, se modifican otros artículos del capítulo II del Decreto ley 39/2020, de 3 de noviembre, que pretenden adecuar esta prestación a su finalidad última, así como garantizar la agilidad en el proceso, la tramitación y el pago de estas ayudas a los profesionales y técnicos del sector cultural más necesitados en estos momentos.

Asimismo, este Decreto ley incluye también otras dos modificaciones del Decreto ley 39/2020, de 3 de noviembre, que tienen como objetivo clarificar los conceptos que se incluyen en los importes establecidos en el anexo 6 relativo a los servicios en materia de acogimiento y adopción, así como modificar la disposición final segunda del mismo Decreto ley, con el fin de establecer nuevas condiciones para mejorar la prestación de servicios en aquellos casos en que se deban prestar mediante contratos o convenios.

Finalmente, y también con la voluntad del Gobierno de atender todas las solicitudes con derecho a la ayuda con independencia del momento de su presentación, se modifican el artículo 4 y el artículo 7 del Decreto ley 42/2020, de 10 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a entidades del tercer sector social, con el fin de eliminar la previsión del otorgamiento de las ayudas según el orden cronológico de presentación de las solicitudes y de establecer la ampliación de la dotación presupuestaria en caso de que se agote el crédito para atender todas las solicitudes que cumplan los requisitos para ser beneficiario. También se modifican el artículo 2.3 con el fin de hacer una aclaración sobre las entidades beneficiarias, el artículo 5 en relación con los efectos de las declaraciones responsables y el artículo 6 para equiparar la ayuda a las entidades descritas en el artículo 2.1 a otras ayudas de compensación que está aprobando el Gobierno.

Por lo tanto, en uso de la autorización que concede el artículo 64 del Estatuto de autonomía de Cataluña, de conformidad con el artículo 38 de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la presidencia de la Generalidad y del Gobierno;

A propuesta del consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias y de acuerdo con el Gobierno,

Decreto: