Exposicion �nico motivos Radio y televisión de titularidad autonómica

La hasta ahora denominada Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía viene cumpliendo, desde su creación por Ley 8/1987, de 9 de diciembre, unas funciones de comunicación e información que contribuyen a la vertebración y desarrollo social, identitario y cultural de Andalucía. Ciertamente, la actividad de radio y televisión pública ha evolucionado hasta convertirse en vector de progreso, al desempeñar un papel central en el funcionamiento de las sociedades democráticas modernas, transmitiendo sus valores fundamentales y facilitando la participación de la ciudadanía en la vida política, in-formativa, cultural y social.

Actualmente, la Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía desempeña estas funciones en un mercado audiovisual de competencia creciente que es radicalmente distinto del existente hace dos décadas, cuando se aprobó la referida Ley. La digitalización de los medios audiovisuales, como manifestación del desarrollo tecnológico, multiplica exponencialmente la competencia, propiciando la entrada de nuevos operadores en los segmentos de radio y televisión de ámbito estatal, local y también en el autonómico. Se ha producido, además, un salto cualitativo en la importancia económica e industrial de los medios de comunicación.

En este contexto de profundos cambios estructurales experimentados en el sector, resulta necesario modernizar el marco jurídico de la Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, para adaptarlo a esa nueva realidad social, empresarial, tecnológica, económica y comunicacional en la que se desenvuelve, garantizando los principios democráticos y desempeñando un papel estratégico para Andalucía.

El nuevo enfoque normativo que inspira esta Ley atiende sobremanera a la necesidad de proveer a la considerada entidad pública y a sus sociedades filiales de instrumentos corporativos y empresariales sólidos, acordes a su compromiso con la ciudadanía andaluza, para satisfacer su acceso universal a una amplia y diversificada oferta de programaciones, canales y servicios audiovisuales, sin discriminaciones y en condiciones de igualdad de oportunidades. La garantía plena de esos derechos superiores de la sociedad constituye una condición indispensable para cumplir la misión específica del servicio público esencial de radio y televisión que presta la entidad pública. Este nuevo enfoque jurídico, asimismo, posiciona a esta entidad dentro de los parámetros de modernización del sector público introducidos por la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, por lo que la Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía pasa a ser una Agencia Pública Empresarial [denominada Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA)], considerándose tanto Canal Sur Televisión como Canal Sur Radio como sociedades mercantiles del sector público andaluz.

En consecuencia, esta nueva Ley para la RTVA y sus sociedades filiales, Canal Sur Radio y Canal Sur Televisión, re-fuerza el respeto, defensa y fomento de los principios y valores que consagran la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, con especial referencia al artículo 69 y al Título VII de este, dedicado a los medios de comunicación social. Igualmente, esta Ley recoge derechos sociales evolucionados en orden a las garantías de pluralismo, acceso, atención a la diversidad social y cultural en la configuración de sus programaciones audiovisuales y réplica, así como protección de los menores y de las personas consumidoras y usuarias, junto a una novedosa acción de cesación.

Esta adaptación legal a la realidad presente y requerimientos futuros de los medios de comunicación trata de satisfacer la plena integración de las personas con discapacidad sensorial, con especial atención a la infancia, la juventud y personas mayores, a las formas nuevas de radio y televisión digital y a sus contenidos conexos e interactivos, siendo estos últimos contemplados desde una óptica de interés general para que la ciudadanía andaluza se beneficie de los progresos de la Sociedad de la Información y del Conocimiento.

Dada la naturaleza cambiante de esos servicios digitales nuevos, que implican adición de interactividad, esta nueva Ley, de acuerdo con las directrices de la Comisión Europea, permite mecanismos de autorregulación y corregulación que, dentro de la legalidad vigente, puedan mejorar la prestación de los mismos por la RTVA y sus sociedades. En otro plano, el señalamiento en ley de la posibilidad expresa de establecer convenios de colaboración, por un lado, afianza la labor que desempeñan esta Agencia Pública Empresarial y sus sociedades, al asumir una fuerte responsabilidad social corporativa que las vincula con la diversidad de agentes sociales de Andalucía, y, por otro, contribuye al desarrollo empresarial de la RTVA.

Otra novedad de la Ley obedece a la voluntad de fortalecer la independencia y neutralidad de los profesionales de la información de los medios de comunicación de la RTVA, sometidos a un Estatuto de sólida base democrática. También se establece un Código de Conducta Comercial, que precisará los procedimientos y las pautas de actuación de la Agencia Pública Empresarial y de sus sociedades en todo lo relativo a las tradicionales y nuevas posibilidades de comunicación publicitaria, siendo garante de la calidad e idoneidad de todo contenido y mensaje de carácter comercial.

Pero además de perfeccionar el funcionamiento y organización de la RTVA y de sus sociedades en el nuevo entorno audiovisual y su adecuación a un avanzado catálogo de derechos de comunicación de la ciudadanía andaluza, la modernización jurídica que opera esta Ley también está motivada por la voluntad de reforzar el papel del Parlamento de Andalucía en su labor de control y provisión de las personas que componen los órganos colegiados de la Agencia Pública Empresarial, por la necesidad de articular un adecuado modelo de gestión y, constatando los efectos de los cambios estructurales dados en el sector de la industria audiovisual, por la necesidad de instaurar un nuevo marco de estabilidad financiera acorde con las necesidades de una radio y televisión pública avanzada y socialmente comprometida.

El Parlamento de Andalucía aprobará una Carta del Ser-vicio Público que, para un período de seis años, determinará los campos preferentes de actuación de la RTVA y sus sociedades.

Igualmente, será el Parlamento de Andalucía quien elija a la persona titular de la Dirección General de la RTVA, a las personas integrantes de su Consejo de Administración y a la persona titular de su Presidencia. Tanto en la composición de ese Consejo como en la del Consejo Asesor se observará la composición equilibrada entre hombres y mujeres. La duración del mandato de las personas integrantes de esos órganos finalizará en el momento de publicación en el BOJA del decreto de disolución del Parlamento de Andalucía y de convocatoria de elecciones correspondiente.

Para que se pueda adecuar a la cambiante realidad audiovisual, cada tres años un Contrato-Programa especificará y desarrollará el mandato de la Carta del Servicio Público, convirtiéndose en elemento clave para la gestión de la RTVA y sus sociedades. El Contrato-Programa permitirá, además, satisfacer las necesidades de financiación de la RTVA, fijando la compensación económica por prestación de servicios públicos, de conformidad con la normativa vigente y de acuerdo con los parámetros comunitarios.

La presente Ley se promulga en el marco constitucionalmente existente, con arreglo a la capacidad normativa derivada del ámbito competencial que en esta materia corresponde a Andalucía, al amparo de lo dispuesto en el artículo 69 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.