Exposicion �nico motivos Medidas urgentes para la ordenación urbanística sostenible

Garantizar el principio de seguridad jurídica es un deber de los poderes públicos y ha de ser, por tanto, uno de los objetivos de cualquier regulación. Sin embargo, en épocas de crisis económica como la actual, en que se hace necesa rio reforzar la confianza de los agentes económicos y de los ciudadanos en gene ral, este principio deviene vertebrador de la mayoría de regulaciones que se aprueban para hacer frente a la coyuntura adversa y poder iniciar de forma firme un proceso de recuperación económica.

La figura del decreto ley, prevista en el artículo 86 de la Constitución española y el artículo 49 de nuestro Estatuto de Autonomía, reformado median te la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, es la idónea por poder abordar con la prontitud necesaria todo un conjunto de medidas que se analizan a continua ción y que tenemos el convencimiento de que favorecerán el proceso de des arrollo económico. La consecución de este objetivo final, que se pone de relie ve en cada una de estas medidas, evidencia también la concurrencia del presu puesto de hecho habilitante para su adopción, consistente en la "extraordinaria y urgente necesidad".

Si hay un sector en el que más ha sido puesto en duda el principio de segu ridad jurídica ha sido en el urbanismo, competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma, así como la ordenación del territorio, de conformidad con lo que establece el artículo 30.3 del Estatuto, en concordancia con el artículo 148.1.3a de la Constitución. La dispersión normativa que en nuestra comunidad autóno ma ha tenido esta importante función pública se ha agravado con una rigidez normativa y procedimental que han provocado una parálisis de esta función pública como tal. La situación ha devenido insostenible tanto en el momento de fuerte expansión, cuando la necesidad de suelo y el dinamismo del mercado iba a una velocidad muy superior a la de la ordenación urbanística municipal, como ahora, en que los ayuntamientos se encuentran atados por una red de trámites que hacen casi imposible la innovación de una figura de planeamiento en un tiempo razonable. Si en una situación de crisis económica como la actual se necesitan respuestas rápidas y decididas para impulsar la recuperación, es evi dente para cualquiera que los instrumentos de ordenación urbanística actual devienen ineficaces.

Uno de los aspectos que ha contribuido a esta ineficacia es la existencia de normativa a menudo confusa y que ha dado lugar a interpretaciones diver gentes y contradictorias. Un caso paradigmático es posiblemente el de la Ley 4/2008, de 14 de mayo, de Medidas Urgentes para un Desarrollo Territorial Sostenible en las Illes Balears, la cual fue objeto ya de modificaciones al poco tiempo de su promulgación y que sigue presentando problemas importantes tanto por lo que respecta a la regulación del suelo urbano como en la aplicación de los deberes y cargas a los promotores. Por esta razón, se ha considerado con veniente fijar una nueva regulación del suelo urbano y urbanizable, definiendo claramente ambas clases de suelo y fijando un nuevo régimen de cargas a partir de la normativa estatal. El resto de disposiciones hace referencia a medidas diri gidas a facilitar las innovaciones en la ordenación urbanística y a aquéllas que deben permitir una mejora en la eficacia de las administraciones competentes y una mejor utilización del suelo, compatibilizando el desarrollo social y econó mico y la sostenibilidad ambiental.

De forma ya más concreta, el capítulo 1 del Decreto Ley fija un concepto estricto de suelo urbano, de forma que este suelo sólo puede serlo en la medida en que se encuentre transformado por la urbanización, transformación que debe incluir al menos los servicios básicos que se fijan. Por primera vez se regula la posibilidad de clasificar como urbanos asentamientos la dimensión o las carac terísticas de los cuales no permiten o no hacen aconsejable exigir la totalidad de los servicios urbanísticos básicos. De forma especial, y como se encuentra ya previsto en la normativa comunitaria, se pueden excepcionar de estos asenta mientos las redes de alcantarillado, que serán sustituidas por sistemas indivi dualizados alternativos, igualmente respetuosos con el medio natural y que resultarán, en estos casos menos agresivos y costosos. Es importante señalar, en todo caso, que esta regulación pretende fijar la posibilidad de que los ayunta mientos puedan ordenar estos espacios urbanizados y prever su consolidación de forma integral y respetuosa con el entorno, no permitiéndose en ningún caso la previsión de un nuevo asentamiento.

En conexión con esta regulación, hay que hacer mención a la previsión de la disposición transitoria primera, la cual prevé el reconocimiento como urbanos de aquellos terrenos que ya se encuentran transformados por la urbanización y por tanto han perdido los requisitos que los mantendrían en la situación de suelo rural, por decirlo en la denominación de la legislación estatal. La casuística aquí puede ser muy amplia y, por tanto, se ha optado por dar al municipio la posibi lidad de delimitar estos suelos para incorporarlos a su ordenación y fijar aque llas cargas que resulten pertinentes para completar los servicios que falten.

Esta incorporación se puede hacer con independencia de la clasificación o categoría de suelo en la que se encuentren los terrenos en los diferentes instru mentos de ordenación territorial, con las únicas excepciones de que no se trate de terrenos que hubieran sido objeto de procesos de cambio de clasificación que hubiesen dado lugar al reconocimiento de una responsabilidad patrimonial, o que su transformación se hubiese iniciado teniendo ya la calificación de suelo rústico protegido. Fuera de estos casos, el planeamiento podrá delimitar y orde nar estos suelos, incorporándolos como urbanos al planeamiento y a todos sus efectos. Todo ello sin perjuicio de que, en algunos casos, se les califique como asentamientos en el medio rural.

También se regula el concepto de suelo urbanizable y se fijan, por lo que respecta al que es ordenado directamente por el planeamiento general, las car gas que debe asumir el promotor, con un régimen diferencial del resto de suelos urbanizables y que se justifica por la especificidad o escasa entidad de estos sue los ordenados. Seguidamente, se regulan las actuaciones de transformación urbanística en suelo urbano, adaptando la regulación autonómica a la estatal y dejando claro, en coherencia con lo anterior, que estas actuaciones no pueden comportar nunca la urbanización de suelo no transformado.

Por lo que respecta al capítulo 2, se fija una nueva regulación de los debe res relativos a las actuaciones de transformación urbanística en lo que se refie re a la cesión de suelo libre de cargas y a la reserva de suelo de uso residencial para viviendas sometidas a algún régimen de protección pública. En este caso, se faculta al planeamiento a modular estas cesiones a fin de, entre otros aspec tos, favorecer las operaciones de recuperación y mejora de los suelos urbanos.

En el capítulo 3 se fijan varias medidas de simplificación y agilización, como la posibilidad de modificar el planeamiento urbanístico aunque éste no se encuentre adaptado a instrumentos de ordenación territorial o no contenga el Catálogo de protección del patrimonio histórico; la posibilidad también de poder modificar la delimitación de polígonos o las unidades de actuación, o del sistema de gestión; y finalmente se modifica la Ley de Disciplina Urbanística para facilitar e incentivar los procesos de legalización y de restitución de la rea lidad física alterada cuando la primera no sea posible.

Por su parte, el capítulo 4 establece una serie de modificaciones de la Ley del Suelo Rústico, empezando por una nueva regulación de la prestación com pensatoria para usos y aprovechamientos excepcionales, regulada en el artículo 17 y que hasta ahora ha sido inaplicada por su falta de desarrollo. Especialmente trascendente, por dar un paso importante hacia la seguridad jurídica, es la nueva regulación del artículo 19 en el sentido de fijar un régimen jurídico mínimo para aquellos usos existentes en un ámbito donde la nueva implantación de los mismos usos deviene prohibida. Hasta ahora, la situación de las construcciones e instalaciones relacionadas con estos usos era muy poco clara y se dificultaba la posibilidad de hacer en ellas obras de mantenimiento o mejora. Con la nueva redacción se reconocen estos usos previos como permitidos excepto que se determine otra cosa por el propio planeamiento o que, naturalmente, su implan tación hubiese sido contraria a la normativa vigente.

También es especialmente importante la modificación del artículo 26 ya que permite ampliar los usos que, de forma justificada, se pueden implantar en el suelo rústico. El desarrollo social y económico de las zonas rurales no se opone a una gestión sostenible del medio ni del paisaje. Al contrario, son muchos los elementos de conexión entre unos y otros, ya que es obvio que la mejora sostenible de las condiciones socioeconómicas de una zona debe rever tir en una mejor preservación de sus valores naturales. En cualquier caso, se deja muy claro que estos usos que se autoricen deben ser compatibles con las limita ciones que se fijen según el grado de protección de la zona.

Cierra el presente Decreto Ley un conjunto de disposiciones que preten den dar solución a problemas muy concretos que a menudo suponen importan tes trabas al correcto desarrollo de la política territorial y urbanística o corrigen situaciones que no responden a la realidad de las cosas. Cabe destacar una modi ficación de la Ley 11/2006, de 14 de septiembre, de Evaluaciones de Impacto ambiental y Evaluaciones Ambientales Estratégicas en las Illes Balears, que se justifica en la necesidad de agilizar los procedimientos ambientales de los pro yectos, planes y programas, modificando, en algunos casos, el sentido del silen cio. También se modifica el alcance de algunos informes relativos a la sosteni bilidad de los instrumentos de planeamiento que ordenen actuaciones de urba nización.

Por todo lo expuesto, en virtud de lo que dispone el artículo 49 del Estatuto de Autonomía, a propuesta del Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, y habiéndolo considerado el Consejo de Gobierno en la sesión de día 17 de febrero de 2012,

DECRETO