Exposicion �nico motivos Cooperación y Solidaridad

I

Euskadi tiene una larga y reconocida trayectoria solidaria con las poblaciones de los países y territorios del Sur. La cooperación vasca actual, sus políticas y prioridades y los agentes a los que convoca están estrechamente relacionados con esta trayectoria.

Las organizaciones vascas de la sociedad civil que se articulaban alrededor de la solidaridad internacional en los años ochenta provenían de dos tradiciones fuertemente arraigadas en Euskadi: la tradición misionera y el internacionalismo. Ambas corrientes, aparentemente divergentes, encontraron puentes para su articulación y consolidaron alianzas de gran relevancia social y política; alianzas entre sí, con movimientos organizados de la sociedad vasca y del Sur -como el ecologismo y el feminismo, por mencionar algunos- y con las instituciones públicas. Las administraciones públicas vascas, de forma incipiente, materializaron en iniciativas concretas los compromisos de una sociedad dinámica, movilizada y diversa. La situación del pueblo saharaui, y de otros pueblos y realidades humanas, ha sido entendida por la sociedad vasca a través del liderazgo asumido por municipios vascos y el propio Parlamento Vasco, que han impulsado y establecido hermanamientos y estrechas relaciones de reconocimiento de sus complicadas situaciones políticas, sociales, humanitarias y de desarrollo.

Las movilizaciones a favor del 0,7 % -reivindicando la dedicación de recursos públicos de las sociedades enriquecidas a la erradicación de la pobreza en los países y territorios del Sur- tuvieron un fuerte eco en las calles vascas. Este compromiso de la sociedad fue materializándose en actuaciones de las instituciones; así, es necesario reconocer al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz como pionero en dedicar el 0,7 % del presupuesto municipal a las políticas de cooperación, ya en el año 1988.

Tras este primer compromiso institucional vinieron muchos otros y, durante los siguientes años, la política de cooperación avanzó decididamente en la institucionalización y la profesionalización del sector solidario con el Sur. Durante esos primeros años, distintas formas de articulación entre agentes tomaron relevancia, como, por ejemplo, la creación de la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo de Euskadi en 1988; la creación en 1990 del Fondo de Cooperación y Ayuda al Desarrollo, por acuerdo entre el Gobierno Vasco y las diputaciones de los tres territorios históricos de Euskadi, o la conformación de Euskal Fondoa-Asociación de Entidades Locales Vascas Cooperantes, como espacio de articulación municipal a favor de la cooperación, en 1996.

La trayectoria de esas décadas determinó la orientación de las dos leyes sobre política pública de cooperación y solidaridad que aprobó el Parlamento Vasco en el año 2007. Por un lado, la Ley 1/2007, de 22 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo, y, por otro lado, una iniciativa legislativa popular concretada en la Ley 14/2007, de 28 de diciembre, que aprueba la Carta de Justicia y Solidaridad con los Países Empobrecidos, para comprometer a Euskadi en unas relaciones más justas con los países del Sur y en la que destacan materias como el comercio justo, la industria armamentística o la deuda externa, por mencionar algunas. Las características fundamentales de las anteriores normativas, que son rasgos diferenciadores de la política de cooperación y solidaridad vasca, siguen vigentes: i) una concepción del desarrollo alejada del paradigma del crecimiento económico y crítica con el modelo hegemónico, y ii) una política pública colaborativa y participada.

La cooperación vasca ha tratado de trascender la concepción tradicional de la cooperación internacional, entendida de manera unidireccional como trasvase de recursos y capacidades de los países enriquecidos a los empobrecidos. Las acciones solidarias de la sociedad vasca aspiran a impulsar: i) relaciones horizontales y de aprendizaje e intercambio mutuo con los pueblos del Sur, a fin de superar conjuntamente los problemas compartidos; ii) respuestas estructurales y duraderas a problemáticas complejas e interdependientes, cuya dimensión global resulta cada vez más determinante y que requieren la transformación de los modelos económicos, sociales y culturales que están en el origen de los problemas; y iii) el derecho de los pueblos a definir su propio destino desde su identidad y su propio modelo de desarrollo, alejado de una visión universalista y uniforme.

Además, la cooperación vasca es, desde su origen, una política pública participada, caracterizada por una colaboración estrecha entre las administraciones y las organizaciones no gubernamentales de desarrollo, la comunidad educativa, la academia, la red de ciencia, tecnología e innovación, las entidades vinculadas a las Naciones Unidas, los sindicatos y otras organizaciones sociales con significativo recorrido en la materia. El compromiso solidario de la sociedad vasca con los pueblos y poblaciones del Sur se refleja en un tejido asociativo fuerte y diverso, caracterizado por la ausencia de ánimo de lucro como principio identitario, con alianzas amplias y duraderas con territorios y con agentes imprescindibles, como las organizaciones de mujeres y feministas. En los últimos años, las organizaciones especializadas del sector han tejido redes amplias y puentes de colaboración con organizaciones de base, de personas migradas, de colectivos LGTBI+, del movimiento campesino e indígena, etcétera, tanto de Euskadi como del Sur.

No puede entenderse la cooperación y la solidaridad vasca sin mencionar a las personas -cooperantes, brigadistas, académicas, estudiantes, voluntarias, socias y trabajadoras de organizaciones e instituciones, entre otras- que, movidas por un profundo sentido de la justicia y preocupadas por la dignidad de las poblaciones de los territorios del Sur, materializan en acciones los valores de la solidaridad vasca.

Es necesario reconocer también los beneficios que esta política supone para Euskadi. Gracias también a las acciones de cooperación y solidaridad, la sociedad vasca -sus instituciones y ciudadanía- se ha enriquecido enormemente y ha tenido la oportunidad de cuestionar sus propias creencias en torno a los márgenes del bienestar y del desarrollo, reforzar sus alianzas y agendas en luchas imprescindibles como el feminismo o el ecologismo, generar prácticas alternativas a los modelos de producción y consumo insostenibles o poner en valor su propia identidad en ámbitos como el activismo y la participación social, el cooperativismo o las acciones de revitalización del euskera, entre otras. Con estos aprendizajes y las sólidas alianzas con las sociedades del Sur, Euskadi está hoy más preparada para afrontar los problemas globales y las expresiones que estos generan en nuestra propia sociedad.

Las décadas precedentes nos aportan, además de todo lo anterior, una mirada crítica, que huye de la autocomplacencia y nos compromete con los objetivos de desarrollo y justicia global. Por ello, con esta ley se propone reconocer el camino recorrido, poner en valor los aciertos y profundizar en la singularidad de nuestra acción, pero también aprender de los errores, actualizarse, reconocerse como agentes de una política dinámica e innovadora y ubicarse ante los nuevos desafíos a los que nos convoca el contexto mundial.

II

Habitamos un mundo profundamente desigual. La desigualdad tiene rostro de mujer, de niña, de refugiada, de campesina sin tierra, de defensora de los derechos de la naturaleza, de mujer trans y de todas aquellas personas que la sufren como consecuencia de la falta de voluntad para revertir las injusticias.

Vivimos en un mundo complejo, caracterizado por procesos interdependientes de escala global y un modelo de desarrollo y convivencia insostenible, que pone en peligro la preservación de la vida humana y la del planeta. Las recientes crisis sanitarias, bélicas y humanitarias han acrecentado los efectos de las anteriores crisis sistémicas -climática, alimentaria o energética, por mencionar algunas-. Por primera vez en 25 años, ha aumentado el número de personas que viven en situación de pobreza extrema, padecen hambre y tienen dificultades para satisfacer las necesidades más básicas, como la salud o la educación. No es casual que la mayor parte de estas personas sean mujeres y de África subsahariana, ya que persisten dinámicas históricas y estructuras complejas que generan desigualdad y vulneran los derechos de la población mayoritaria del planeta: patriarcado y machismo, colonialidad, homogenización cultural, heterocentrismo o adultocentrismo, entre otras.

Actualmente, la cuarta parte de la población mundial vive en países afectados por conflictos violentos, una situación sin precedentes desde la década de los años cuarenta del siglo pasado. Los retrocesos en la implementación de las políticas y acuerdos en defensa de los derechos humanos y de la paz, el incremento de los fundamentalismos o las hostilidades entre países han ocasionado cifras sin precedentes en el número de personas que se ven forzadas a desplazarse de sus lugares de origen al peligrar su integridad física o psicológica, o no poder ejercer sus libertades. En numerosos países se está cerrando el espacio democrático y limitando el papel fundamental que tiene la ciudadanía y las organizaciones sociales para la construcción de sociedades más democráticas; en estos contextos, se constatan múltiples amenazas y situaciones de criminalización y persecución de personas, organizaciones y redes defensoras de derechos humanos.

La extensión del modelo económico capitalista está también en el origen de la emergencia climática, de la pérdida de biodiversidad y de la contaminación a escala planetaria. Este modelo pone en riesgo los medios de vida de las generaciones presentes y futuras, profundiza en el empobrecimiento y la desigualdad de la mayoría de la población mundial, ocasiona graves tensiones sobre los territorios con mayor biodiversidad -habitados principalmente por los pueblos indígenas-, promueve la extensión de modelos de producción y consumo desmedidos y agota los recursos naturales de la Tierra. En este contexto, resulta fundamental poner la mirada en la generación de alternativas económicas, culturales y sociales, basadas en valores como la diversidad, la equidad, la justicia, el diálogo social o la solidaridad, que pongan en el centro la sostenibilidad de las vidas de las personas y demás seres del planeta.

Los desafíos globales que enfrenta la humanidad son muchos y complejos; comprenderlos desde una mirada crítica es condición indispensable para actuar y asumir la responsabilidad que nos corresponde en esta transformación. La envergadura de los problemas mundiales ha trastocado las agendas internacionales de desarrollo y removido los cimientos de los sistemas de cooperación. La política pública de cooperación vasca no es ajena a estos cambios en el contexto y tiene la obligación de, al tiempo que mantiene sus señas de identidad, transitar hacia un modelo más abierto, que convoque al conjunto de la sociedad y que se adapte de forma más eficaz a los constantes cambios del espacio internacional.

En el año 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas asumió la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esta agenda compromete a los países enriquecidos y empobrecidos a abordar conjuntamente los desafíos globales y la tarea compartida de la transformación del modelo de desarrollo hegemónico insostenible, así como a atender los impactos desiguales de este sistema en la vida de las personas y en el planeta.

Hacer propio el lema «un mundo donde quepan muchos mundos» requiere de la transformación propia y de la búsqueda de una convivencia global que garantice la sostenibilidad de las vidas en un sistema global complejo. Hoy más que nunca resulta fundamental avanzar en marcos de convivencia basados en la paz y en la gobernabilidad democrática, que garanticen la dignidad de todas las personas, sin que estas tengan que renunciar a su propia identidad. Aspiramos a un mundo donde los horizontes de transformación propios puedan coexistir en términos de justicia y equidad con las vidas presentes y futuras de la humanidad y del planeta.

Ante estos enormes desafíos, la renovación de la cooperación pública vasca es necesaria y, por ello, con esta ley se pretende:

- Avanzar en la asunción de la corresponsabilidad. Abordar los retos globales requiere de una acción colaborativa que movilice más voluntades, recursos y capacidades a favor de los objetivos del desarrollo y la justicia global. Para ello es necesario movilizar a la sociedad en su conjunto, atesorando la trayectoria y los conocimientos con los que cuentan los diversos agentes públicos y privados.

- Favorecer la conformación de alianzas. Para hacer frente a los problemas complejos e interdependientes es necesario asumir, desde los distintos niveles institucionales y sociales, la responsabilidad de la actuación compartida. Las soluciones a los desafíos globales que enfrentamos como humanidad solo pueden abordarse en conexión con la experiencia y la voluntad de otros países y poblaciones.

- Aportar desde la potencialidad de la cooperación descentralizada y la singularidad de la sociedad vasca. Singularidad que se refleja tanto en las capacidades sociales e institucionales que se movilizan como en los desafíos que nos resultan especialmente significativos: la descentralización y organización territorial, los aspectos como la diversidad lingüística y cultural, los procesos de paz y resolución de conflictos, los modelos económicos alternativos -como el cooperativismo o la economía social y solidaria-, el fortalecimiento del tejido asociativo, y la profundización en las agendas feminista y ecologista, entre otros muchos.

- Avanzar en la consolidación de una nueva arquitectura institucional, que mejore la coherencia y corresponsabilidad entre los agentes de cooperación y solidaridad de Euskadi. En el ámbito institucional, implica establecer mecanismos más efectivos para avanzar en la coordinación entre las administraciones, como acción necesaria para profundizar en términos de coherencia, calidad y mayor alcance de las políticas.

- Avanzar en el enfoque de conjunto del Gobierno respecto a la política pública y la financiación del desarrollo. Los objetivos asumidos por esta ley trascienden el quehacer especializado de cooperación, pues buscan que todas las áreas sectoriales consideren los impactos de sus políticas en los países y territorios del Sur, y puedan avanzar de forma decidida en el enfoque de coherencia de políticas para el desarrollo sostenible.

- Reforzar el potencial transformador de la política de cooperación y solidaridad, reduciendo la brecha entre el discurso y la práctica. Si bien las agendas internacionales convocan a la acción colaborativa y a la ruptura con la visión dicotómica Norte-Sur de los problemas del desarrollo, los instrumentos actuales de la política de cooperación están fuertemente condicionados por la visión unidireccional de la ayuda. Los acuerdos internacionales que hablan de la necesidad de transitar hacia una gestión más eficaz e integral de la ayuda son numerosos. Con esta ley se asume el compromiso de avanzar en la adecuación de los instrumentos de la política a los objetivos que se pretenden alcanzar.

Estos objetivos de renovación de la política pública de cooperación y solidaridad solo pueden abordarse desde el compromiso político y la consolidación de las alianzas y estrategias para la acción conjunta. Esto es, desde la experiencia y saber hacer que atesoran los agentes institucionales y sociales vascos y del Sur.

III

Desde Euskadi afrontamos los retos globales del desarrollo con responsabilidad y humildad, conscientes de que avanzar en los objetivos que se pretenden en esta ley trasciende la política sectorial de cooperación e implica al conjunto de los agentes institucionales y sociales vascos.

La cooperación pública vasca busca ampliar las oportunidades para que las poblaciones del Sur sean protagonistas de su propio destino. Así, la cooperación y solidaridad públicas vascas actúan, de manera prioritaria, en los países y territorios del Sur y en aquellos afectados por crisis humanitarias. En Euskadi, la política de cooperación y solidaridad promueve la educación para la transformación social para favorecer el cambio de valores, actitudes y prácticas que repercuten en el desarrollo humano, la sostenibilidad de las vidas, la justicia global y la convivencia entre los pueblos.

La educación para la transformación social reviste un carácter esencial en cualquier aproximación legislativa sobre el ámbito de cooperación internacional y debe ser un eje central en cualquier impulso por la búsqueda de unas sociedades más equitativas, diversas, comprometidas y justas.

De forma coherente con el protagonismo del Sur que decimos promover en esta política, las actuaciones que se llevan a cabo en los países y territorios del Sur se realizan prioritariamente por medio de una o varias entidades, públicas o privadas, originarias del país en el que se desarrolle la actuación. De esta manera ponemos el énfasis en el protagonismo y empoderamiento de la ciudadanía y los poderes públicos del Sur, sujetos prioritarios de esta política. Estas actuaciones se complementan con la labor esencial que desarrollan los agentes internacionales, las personas profesionales y voluntarias, los organismos de las Naciones Unidas u organizaciones especializadas en materia de desarrollo, acción humanitaria o derechos humanos, entre otras, quienes, en alianza con los agentes del Sur, resultan también fundamentales para transformar dichas realidades.

A efectos de esta ley, los países y territorios del Sur comprenden aquellos que, sin estar necesariamente ubicados en el hemisferio sur del planeta, son países y territorios que han sufrido injusticias sistemáticas como consecuencia de las dinámicas económicas históricas y de las nuevas formas actuales de acumulación, despojo y explotación, y en los que existe pobreza, desigualdades, violencias y discriminaciones múltiples.

En esta ley, a diferencia de la anterior, hablamos de políticas de cooperación y solidaridad, al asumir como propias las miradas críticas a la concepción limitativa del desarrollo como un estadio económico o sociocultural universal que alcanzar. Los «problemas del desarrollo» tienen que ver con la pobreza y la ausencia de bienestar de la población, especialmente la del Sur, pero no se agotan en esta. Al contrario, se refieren a los límites planetarios del crecimiento, a la desigualdad, a la falta de oportunidades y trabajo decente, al reparto no equitativo de la riqueza, los recursos y el poder, a la falta de libertades, paz y seguridad, entre otros. Con esta ley, la política pública vasca de cooperación y solidaridad transita hacia objetivos que ponen en el centro la sostenibilidad de las vidas, la justicia y la convivencia global desde una concepción amplia del desarrollo que acoge la centralidad de las personas -desde sus diversidades individuales y colectivas- y del planeta.

Sin embargo, los instrumentos que la cooperación internacional utiliza para afrontar sus objetivos de cambio son insuficientes. Así lo demuestran los numerosos acuerdos y consensos internacionales que llaman a la armonización de las actuaciones a los estándares internacionales y a la profundización en la calidad y mejora de la eficacia de las políticas y acciones. En este sentido, resultan significativas las nuevas e innovadoras fórmulas de actuación, tales como la intercooperación, la cooperación triangular o la cooperación Sur-Sur, por mencionar solo algunas. La política vasca de cooperación y solidaridad, desde sus señas de identidad y singularidad, no dejará de sumarse a dichos esfuerzos internacionales. Así, para llevar a cabo las urgentes y necesarias transformaciones a las que nos convocan las agendas internacionales, es necesario desplegar la acción colectiva global que movilice el máximo de agentes, esfuerzos y recursos. Para este despliegue, las administraciones públicas vascas velarán por la complementariedad, coordinación y coherencia en sus actuaciones con respecto a las promovidas por las organizaciones de la sociedad civil. La colaboración con estas últimas mantendrá el protagonismo en la canalización de los recursos públicos de cooperación y solidaridad.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible nos compromete a avanzar conjuntamente y en alianza en los desafíos globales arriba referidos; por ello, la ampliación de las responsabilidades compartidas y diferenciadas, el avance de actuaciones en materia de coherencia de políticas para el desarrollo sostenible y la coordinación de las actuaciones resultan imprescindibles para obtener resultados duraderos de cambio.

IV

A diferencia de la anterior, esta ley convoca al conjunto del sector público vasco y del resto de los agentes a favor de la política solidaria. Para ello, amplía el ámbito de aplicación a los tres niveles de la Administración pública vasca -en el marco de sus respectivas competencias y respeto a la autonomía y autoorganización de cada una de ellas-.

El concepto del sector público vasco como agente de cooperación y solidaridad toma como referencia la Ley 3/2022, de 12 de mayo, del Sector Público Vasco, y determina que lo conforman la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi, las administraciones forales de los territorios históricos, las administraciones locales y sus respectivas administraciones institucionales y demás entes instrumentales dependientes de cualquiera de las administraciones públicas antes citadas. Además, la ley determina expresamente que formarán parte del sector público en el ámbito de la cooperación y la solidaridad la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Eudel-Asociación de Municipios Vascos, Euskal Fondoa-Asociación de Entidades Locales Vascas Cooperantes y otras entidades con personalidad jurídica propia constituidas por el sector público vasco, que hayan sido creadas específicamente para satisfacer necesidades de interés general y que realicen actuaciones en materia de cooperación y solidaridad.

Con la ampliación del ámbito de aplicación de la norma a los tres niveles administrativos de Euskadi se pretende consolidar un marco común para las administraciones públicas vascas cuya competencia en la materia de cooperación y solidaridad es compartida. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2 y 11 de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, tanto la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi como los territorios históricos y las entidades locales de Euskadi pueden llevar a cabo actuaciones en la materia como proyección exterior de sus propias competencias. Así, estas competencias no pueden interpretarse de manera aislada como exclusivas de cada uno de los niveles de la Administración vasca, sino como parte de la expresión de una política cuyas acciones son concurrentes y complementarias.

A fin de que dichas actuaciones y políticas sean coherentes entre sí, el sector público vasco en su conjunto y particularmente las administraciones públicas vascas se dotan de un nuevo marco normativo, que reconoce las competencias, autonomía y potestades de cada una de ellas y avanza en la configuración de una nueva arquitectura institucional.

V

Esta ley se estructura en cinco capítulos, diecinueve artículos, una disposición adicional, tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales.

En el capítulo I se determina el objeto y finalidad y el ámbito de aplicación de la política pública vasca de cooperación y solidaridad, se subrayan los principales rasgos y se definen los objetivos, principios y enfoques prioritarios. Se pone en valor la trayectoria, compromiso y saber hacer de los agentes de cooperación y solidaridad vascos, especialmente de las organizaciones no gubernamentales de desarrollo, a la vez que se busca profundizar en las alianzas amplias al convocar al conjunto de personas, instituciones y entidades -sociales y privadas- que pueden aportar desde su especificidad y responsabilidad diferenciada.

En el capítulo II se recoge la organización de la cooperación pública vasca, en la que se determinan funciones y atribuciones del sector público vasco, entre otras, en materia de colaboración interinstitucional, coherencia de políticas para el desarrollo sostenible y rendición de cuentas. Además, se regulan los dos órganos consultivos y de coordinación de la cooperación vasca: el Consejo Vasco de Cooperación y Solidaridad y la Comisión Interinstitucional de Cooperación y Solidaridad. Con este capítulo se pretende incrementar la relevancia de la política pública de cooperación y solidaridad y mejorar su operatividad, entre otros, mediante la elaboración del Informe sobre el Estado de la Cooperación y Solidaridad Vascas, que cada cinco años evaluará el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la presente ley.

El capítulo III está dedicado a la planificación y a la determinación de las modalidades de actuación de la cooperación vasca, atendiendo a la necesaria adaptación de los instrumentos de la cooperación pública a las realidades de los países y poblaciones con las que se colabora. Para alcanzar los objetivos que se han previsto en esta ley, es necesario atender a los acuerdos y estándares internacionales y llevar a cabo actuaciones innovadoras que resulten eficaces y promuevan transformaciones duraderas desde lo local, sin perder la conexión con la dimensión global.

En el capítulo IV se determinan los recursos y las capacidades mediante los cuales se llevará a cabo la política vasca de cooperación. En este apartado se definen, por un lado, las previsiones de financiación -reforzando el compromiso del 0,7 %- y, por otro, algunas cuestiones vinculadas a las personas que contribuyen al sistema vasco de cooperación y solidaridad -cooperantes profesionales, personas en formación, voluntariado y personal del sector público vasco-.

El capítulo V, el último, se refiere a la gestión del conocimiento y aprendizaje, así como a los mecanismos de comunicación. Las transformaciones que nos disponemos a abordar requieren de la comprensión profunda de la realidad cambiante, de preservar los saberes de los pueblos, de buscar soluciones innovadoras y duraderas y, fundamentalmente, del compromiso y la participación solidaria del conjunto de la sociedad.

La ley finaliza con una disposición adicional relativa a las ayudas y subvenciones, tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales, una de las cuales habilita al Gobierno Vasco para su desarrollo reglamentario.