Da 6 Régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades

1. Los técnicos que redacten el proyecto o la documentación técnica y los directores de obra pueden adoptar, bajo su responsabilidad, soluciones técnicas alternativas siempre que estas soluciones se detallen exhaustivamente y se justifiquen en el proyecto o en la documentación técnica, previa autorización expresa de la propiedad, la cual se presentará en los términos que prescribe la presente ley, en los siguientes casos:

a) Cuando la falta de adopción de medidas correctoras reglamentariamente determinadas pueda ocasionar que la actividad sea molesta, insalubre, nociva o incompatible con el medio ambiente.

b) Cuando, por la singularidad de la actividad, no le sean aplicables soluciones convencionales.

c) Cuando existan causas justificables que imposibiliten la aplicación de normativa de ámbito municipal o insular que haga referencia a instalaciones que sean necesarias para el desarrollo de una actividad.

2. Sin embargo, la administración, en cualquier momento, de oficio y motivadamente, puede adoptar la medida cautelar de suspensión prevista en el artículo 90 de esta ley en caso de que se acredite que la solución alternativa adoptada no cumpla el objetivo a alcanzar.

3. Sin perjuicio de lo establecido en los puntos anteriores, el proyectista, con el visto bueno de la persona titular, podrá solicitar a la administración competente un informe relativo a las medidas correctoras y las soluciones alternativas previstas. La administración dispondrá de un plazo de tres meses para evacuar el informe. Transcurrido el plazo sin que la administración haya resuelto y notificado a la persona interesada sobre esta cuestión, la solución alternativa propuesta se entenderá como válida.