Da 12 Marco para tramitación de ayudas derivadas de las erupciones volcánicas La Palma

1. Los ayuntamientos canarios podrán destinar hasta el 100% del crédito correspondiente al Fondo de 2021, previsto en el artículo 1.1.a) de la Ley 3/1999, de 4 de febrero, del Fondo Canario de Financiación Municipal, a la financiación de actuaciones recogidas en cualquiera de los capítulos 1, 2, 4, 6 y 7 de las siguientes políticas de gasto previstas en el anexo I de la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de la Entidades Locales:

Política de gasto 13. Seguridad y movilidad ciudadana.

Política de gasto 16. Bienestar comunitario.

Política de gasto 23. Servicios sociales y promoción social.

Política de gasto 24. Fomento del empleo.

Política de gasto 31. Sanidad.

Política de gasto 32. Educación.

Política de gasto 33. Cultura.

2. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, los ayuntamientos canarios que, de acuerdo con las auditorías aprobadas de la liquidación del ejercicio presupuestario de 2020, incumplan alguno de los indicadores de saneamiento económico-financiero, podrán asimismo destinar la parte del Fondo de 2021 previsto en el artículo 1.1.a) de la Ley 3/1999, de 4 de febrero, a saneamiento económico financiero.

3. En caso de incumplimiento de los condicionantes de la cuantía de libre disposición, no se reducirá el Fondo previsto en la letra b) del apartado 1 del artículo 1 de la Ley 3/1999, de 4 de febrero.

4. La consejería competente en materia de régimen local procederá, dentro del tercer cuatrimestre del ejercicio, al libramiento de los importes pendientes del Fondo Canario de Financiación Municipal, manteniendo el mismo régimen de incumplimiento y, en su caso, reintegro previsto en el número 5 del artículo 19 de la citada Ley.

5. Lo previsto en el presente artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y en el marco de las competencias municipales previstas en la legislación del Estado y de las Comunidad Autónoma de Canarias.