Articulo 84 Reglamento 2/2011 de la Carrera Judicial

Las solicitudes formuladas en los procedimientos administrativos que se relacionan seguidamente se podrán entender desestimadas, una vez transcurridos los plazos máximos de resolución señalados a continuación, sin que se hubiera dictado resolución expresa.

a) Reconocimiento de servicios previos, antigüedad y trienios: tres meses.

b) Comisiones de servicio: tres meses.

c) Declaración de situaciones administrativas, salvo los supuestos incluidos en los apartados y artículos siguientes: tres meses.

d) Excedencia voluntaria por interés particular: dos meses.

e) Declaración de aptitud para el reingreso del excedente voluntario por interés particular, cuando proceda: tres meses.

f) Declaración de aptitud para el reingreso al servicio activo del suspenso: tres meses.

g) Licencia por asuntos propios sin retribución: dos meses.

h) Compatibilidad: tres meses.

i) Nombramientos, provisión de destinos y promociones de carácter íntegramente reglado: los plazos previstos en su normativa específica y, en su defecto, el general de tres meses previsto en el artículo 42.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

j) Reclamación contra el escalafón general de la Carrera Judicial: tres meses.

k) Servicios especiales: dos meses.

l) Licencias para realizar estudios, en general o relacionadas con la función judicial, salvo las que tengan por objeto participar en actividades organizadas por el Consejo General del Poder Judicial o hayan de tener lugar en el extranjero: dos meses.

m) Permisos y licencias para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y por razón de violencia de género cuya concesión corresponda al Consejo General del Poder Judicial: tres meses.

n) Licencia parcial por enfermedad: tres meses.

ñ) Cualquier otro procedimiento cuya resolución implique efectos económicos actuales o que puedan producirse en cualquier momento: los plazos previstos en su normativa específica y, en su defecto, el general de tres meses previsto en el artículo 42.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.