Articulo 54 Reglamento marco de coordinación de las policías locales

1. La retirada del armamento reglamentario y, si procede, de las armas de fuego particulares amparadas mediante la autorización del ayuntamiento se puede llevar a cabo en los casos individuales en los concurra alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 24.3 de la Ley 4/2013, esto es:

a) Un comportamiento de inestabilidad emocional o de alteración psíquica del agente que racionalmente pueda hacer prever la posibilidad de correr un riesgo propio o ajeno.

b) El informe psicotécnico emitido por una psicóloga o un psicólogo colegiado que recomiende la retirada del arma de fuego.

c) La negligencia o la impericia grave evidenciada por una actuación durante el servicio.

d) La no superación o negativa a realizar las pruebas que reglamentariamente se determinen para la habilitación y el uso del armamento.

e) La incapacidad laboral transitoria, cuando sea superior a 30 días, si no se presenta un certificado del médico o la médica que firme la baja en la que se acredite que la incapacidad no ha alterado sus condiciones psíquicas.

f) Una decisión judicial, cautelar o definitiva, que acuerde la retirada del arma.

2. En los supuestos de las letras d), e) y f) del apartado anterior la retirada del armamento es automática, una vez que se verifique su concurrencia, mediante declaración del alcalde o alcaldesa.

En el resto de supuestos la retirada la puede acordar el alcalde o alcaldesa, con la tramitación previa del correspondiente procedimiento administrativo.

3. En particular, en el supuesto de que prevé la letra a) del apartado 1 es necesario el informe de un mando o superior jerárquico que describa que el comportamiento de inestabilidad emocional o de alteración psíquica del agente puede implicar racionalmente la existencia de un riesgo para el agente o para terceras personas. En el caso de no existir superior jerárquico cualquier agente debe informar directamente al alcalde o alcaldesa del comportamiento de inestabilidad emocional o de alteración psíquica.

4. Asimismo, en el supuesto previsto en la letra e) del apartado 1 el certificado presentado por el médico o médica que firma la baja debe acreditar que la incapacidad no ha alterado sus condiciones psíquicas, neurológicas o sensoriales para tener armas de fuego.