Articulo 32 Creación de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción

1. A las infracciones que establece esta ley se aplican las sanciones siguientes:

a) Infracciones muy graves: multa de 10.001 € a 100.000 €. En caso de que la infracción suponga un grave perjuicio para una investigación, que pueda derivar en reclamaciones económicas relacionadas con fondos públicos, se aumentará la cuantía de la multa hasta un 20% de la cuantía económica defraudada según la cuantificación hecha por la Oficina.

b) Infracciones graves: multa de 1.001 € a 10.000 €. En caso de que la infracción suponga un grave perjuicio para una investigación, que pueda derivar en posibles reclamaciones económicas relacionadas con fondos públicos, se aumentará la cuantía de la multa hasta un 5% de la cuantía económica defraudada según la cuantificación hecha por la Oficina.

c) Infracciones leves:

1º Amonestación

2º Multa de 1 € a 1.000 €

2. Con independencia de las sanciones que se les impongan, los infractores tienen que restituir los daños producidos e indemnizar las administraciones, si procede.

3. Todas las declaraciones se sancionarán también con la declaración de incumplimiento de la ley y, en caso de infracción grave o muy grave, con la publicación de esta declaración de la infracción cometida y de la sanción impuesta en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

4. De manera complementaria a las sanciones graves y muy graves, la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción puede solicitar al órgano del cual dependa el cargo público que disponga su cese siempre que sea de libre designación, conforme a la legislación establecida en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto básico del empleado público

5. En el caso de infracciones graves o muy graves cometidas por personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, en el ámbito de esta ley, la Oficina comunicará la resolución de la sanción a los órganos competentes de las entidades públicas afectadas a los efectos que prevea la legislación vigente en materia de contratación, ayudas y subvenciones públicas.