Articulo 3 Derecho a la Vivienda

La intervención de las Administraciones públicas de Navarra en materia de vivienda se regirá por los siguientes principios:

1. De orden social:

• Facilitar una oferta de vivienda adecuada a las necesidades reales.

• Mejorar la calidad de las viviendas y de su entorno.

• Consecución de una oferta de vivienda protegida, suficiente desde el punto de vista cuantitativo, territorial y tipológicamente equilibrada y que preste especial atención a los colectivos en situación o riesgo de exclusión social.

• Promoción de la diversidad y la cohesión social en los barrios y sectores residenciales de las ciudades y pueblos como garantía de una adecuada integración urbana y como método de prevención de fenómenos de segregación, exclusión o discriminación por razones socioeconómicas, demográficas, culturales, religiosas, de discapacidad o de cualquier otra índole.

2. De orden medioambiental y desarrollo sostenible y equilibrado:

• Conservación, rehabilitación, reforma o renovación del parque inmobiliario residencial existente.

• Ahorro y eficiencia energética.

• Sostenibilidad medioambiental del parque de vivienda. Primar y apostar por criterios de sostenibilidad, control en la ocupación del suelo y movilidad sostenible.

• Controlar el adecuado uso del suelo considerándolo un recurso no renovable.

• Mejorar la integración de la edificación en el medio natural.

• Permitir el disfrute por los ciudadanos de una vivienda, digna, adecuada y accesible, concebida con arreglo al principio de diseño para todas las personas, que constituya su domicilio libre de ruido u otras inmisiones contaminantes de cualquier tipo que superen los límites máximos admitidos por la legislación aplicable y en un medio ambiente y un paisaje adecuados.

3. De orden administrativo:

• Servicio efectivo y proximidad de la Administración a los ciudadanos.

• Racionalización y agilización de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión.

• Transparencia y publicidad de la actuación administrativa que garantice la efectividad del ejercicio de los derechos que la presente Ley Foral atribuye a los ciudadanos.

• Cooperación y coordinación entre los órganos y organismos públicos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, así como entre las diferentes Administraciones públicas.

• Programación, planificación, eficacia en el cumplimiento de objetivos, eficiencia en la asignación y en la utilización de recursos públicos, agilidad, responsabilidad y control de la gestión y los resultados de las políticas públicas.

• Economía, suficiencia, adecuación y racionalización de los medios a los fines.

• Simplificación y racionalización de la actividad administrativa.

• Participación de los movimientos asociativos representativos de los intereses de distintos colectivos a través de diferentes órganos de representación ciudadana.