Articulo 16 Coordinación de las Policías Locales de Cantabria -Derogada-

1. La Comisión de Coordinación tendrá la siguiente composición:

a) El titular de la Consejería competente en materia de coordinación de Policías Locales o la persona en quien delegue, que la presidirá.

b) Un vicepresidente, elegido y propuesto entre los vocales y nombrado por el presidente.

c) Tres vocales en representación del Gobierno de Cantabria, nombrados por el consejero competente en la materia.

d) Seis vocales en representación de los Ayuntamientos, correspondiendo dos a Santander, uno a Torrelavega y otros tres, a propuesta de la Federación de Municipios, elegidos de entre el resto de los Ayuntamientos con Policía Local.

e) Cinco vocales en representación de las Policías Locales, a propuesta de los sindicatos más representativos en los Cuerpos de Policía Local de los Ayuntamientos de Cantabria.

f) Dos vocales en representación de los jefes de Cuerpo de Policía Local, nombrados por el consejero competente en la materia, a propuesta de la Asociación de Jefes de Policía Local.

g) Un letrado de la Dirección General del Servicio Jurídico, con voz pero sin voto.

Ejercerá como secretario, con voz pero sin voto, un funcionario del Grupo A, Subgrupo A1 de la Dirección General con competencias en materia de coordinación de las Policías Locales.

2. Podrán asistir a las reuniones, con voz pero sin voto, profesionales y especialistas en las materias de las que se tenga que tratar que hayan sido convocados al efecto por la Comisión.

3. La Comisión de Coordinación se reunirá en sesiones ordinarias o extraordinarias, celebrándose las primeras una vez al semestre.

4. La Comisión de Coordinación elaborará sus normas de funcionamiento interno de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

5. El mandato de los vocales representantes de los Municipios y de las organizaciones sindicales coincidirá con las fechas de terminación de los respectivos procesos electorales, debiendo ser designados después de cada proceso electoral, en función de sus resultados y dentro del plazo que reglamentariamente se determine.