Sentencia Social 1113/2024 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía . Sala de lo Social, Rec. 294/2023 de 09 de mayo del 2024

PRIMERO.- La Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n° Tres de los de Jaén el 23 de diciembre de diciembre de 2022 por apreciar la excepción de cosa juzgada desestima la demanda, en la que se solicita por las demandantes Dª Rosario -y no Antonia como de segundo apellido por error se recoge en la demanda y se arrastra en la sentencia- y diecinueve mas, todas ellas viudas de trabajadores de la Cia Sevillana de Electricidad, a que se les reconozca el derecho a percibir y disfrutar de los derechos sociales reconocidos en el Capitulo VIII del Convenio Colectivo de Compañía Sevillana de Electricidad SA 1997 -2002 de forma vitalicia.

Y contra la misma se alzan las actoras en suplicación, no habiendo sido el recurso impugnado de contrario por la empresa demandada ENDESA, SA .

En el primer motivo del recurso al amparo del art 193 b) de la LRJS se interesan dos revisiones de los hechos probados:

1.1.- Se interesa la adición al hecho probado primero de la Sentencia, de un párrafo nuevo siguiente tenor:

"Los documentos de extinción laboral firmados por los difuntos maridos de las actoras regulaban la prestación de los derechos sociales al margen de cualquier convenio colectivo, ya que la prestación de dichos derechos sociales se remitía al contenido del ERE NUM020 que asimismo remite al ERE NUM007".

Y en segundo lugar 1.2 se interesa que se añada al hecho probado primero otro párrafo mas y para el que se propone el siguiente tenor:

"Los derechos sociales de las actoras, como viudas quedaron al margen de cualquier negociación colectiva, al ser regulados por documento de extinción de la relación laboral y por el contenido de expediente de regulación de empleo, y estar garantizados de por vida a tenor de los Acuerdos Marco de Garantía.

El objetivo es que se declare que las hoy demandantes tenían garantizados los derechos sociales que se reclaman en la demanda, al margen de cualquier convenio colectivo, al estar recogidos en los ERE NUM020 y NUM007 que fueron a los que según los casos tal y como se recoge en el hecho probado primero a los que se acogieron sus maridos para prejubilarse, y que tenían garantizados de por vida esos derechos sociales por la aplicación de los acuerdo marcos de garantía.

Y se invoca para el apartado 1.1 el contrato de extinción y el contenido del Acta de los expedientes de regulación de empleo NUM007 y NUM020.Y para el 1.2 el Acuerdo Marco de Garantías de 2007 y sus prórrogas, aportadas como documental, señalando como particular la Disposición Adicional Segunda, así como el art 14 en relación con el art 4, ambos del Acuerdo de Reordenacion del Grupo ENDESA de 27 de abril de 1999.

En cuanto a la revisión fáctica pretendida debe tenerse en cuenta que el artículo 193 b) de la LRJS exige que se invoquen documentos o pericias que evidencien error del juzgador y obliguen a corregir las apreciaciones formadas por el mismo tras el juicio racional y con inmediación que es posible en la instancia, con valoración del conjunto de medios probatorios, como permite el artículo 97.2 de dicha ley procesal; por ello, no puede la Sala acoger la censura de hecho cuando el medio invocado sea inidóneo, no reúna las condiciones revisoras indicadas, se vea contradicho por otros, requiera conjeturas o hipótesis o haya sido expresamente valorado por el juzgador de instancia, como tampoco cabe acoger las revisiones fácticas que incluyan consideraciones valorativas o conceptos jurídicos predeterminantes del fallo, ni las meras alteraciones insustanciales o de lo que ya consta en la sentencia, explícitamente o por remisión.

Pues bien en relación con la revisión que se interesa debe señalarse tal y como recoge la sentencia de esta Sala de 6 de septiembre de 1990 (recurso 805/1989) y en la que se cita las SSTS de 8 de febrero y 5 de mayo de 1988, que estamos ante la pretensión de que en un hecho probado, lejos de incluirse datos facticos sobre los que la Sala ha de partir a la hora de examinar las infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia, se anticipe cual es la conclusión jurídica En efecto, en la primera de ellas el TS en un pleito acerca de indemnización por traslado de un empleado de la extinta RENFE, afirma en relación con la petición de un recurrente que: "El segundo "tiene por objeto que se elimine del factum de la sentencia el octavo resultando de hechos probados". En él se declara que la empresa es deudora del actor de las cantidades cuya condena a aquélla impone en el fallo. La jurisprudencia viene insistiendo que las declaraciones de hecho que, siquiera, en cierta manera, pueden predeterminar el fallo deben tenerse por no puestas, sin que ello, determine la casación de la sentencia. De aquí que este segundo motivo tampoco pueda acogerse". Y en la de 5 de mayo de 1988 se significa por el Tribunal Supremo en un pleito acerca de despido que: "Es cierto que los conceptos o expresiones jurídicas predeterminantes del fallo contenidas en el relato fáctico de las sentencias han de tenerse por no puestas, lo cual ha de ser observado por el Tribunal que conoce del recurso extraordinario contra la resolución, incluso de oficio." Por lo que, la aplicación de esta doctrina interpretativa del Alto Tribunal al caso enjuiciado, conlleva la desestimación del primer motivo, ya su aceptación implicaría predeterminar el fallo, pues precisamente el problema que se suscita en la litis es establecer si los hoy demandantes tenían garantizados los derechos sociales que se reclaman en la demanda, al margen de cualquier convenio colectivo, al estar recogidos en los ERE NUM020 y NUM007, siendo un problema de valoración jurídica partiendo de los hechos probado materiales que se recogen en el relato factico cuya discusión no debe producirse por la vía del apartado b) del Art. 193 de la LRJS sino por el correspondiente motivo de censura jurídica del apartado c) aduciendo la infracción normativa o jurisprudencial, como de hecho hacen las demandantes en los correspondientes motivos destinados a censura jurídica.

SEGUNDO.- Articula los motivos segundo a quinto del recurso al amparo de lo establecido en el artículo 193 c) de la LRJS con el objeto de examinar las infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia, en concreto se denuncia la infracción por indebida aplicación del artículo 160.5 del LRJS, la infracción de los artículos 1254 a 1261 del Cc, la infracción del artículo 1256 del Cc, así como incongruencia omisiva y error en la apreciación de la prueba.

Con carácter previo al examen de la censura jurídica, debemos poner de manifiesto al estar no ante una demanda colectiva, sino plural colectiva, las situaciones individualizadas de cada una de las viudas hoy demandantes y de los que fueron sus cónyuges y la forma y el tiempo en que se desligaron de la Cia Sevillana, pues ya anticipamos ,como desarrollaremos al estudiar el examen de la infracción de las normas sustantivas y de la jurisprudencia que la solución no va a ser la misma.

Acudimos para destacar estas circunstancias, dentro del ramo de prueba de la parte actora a los documentos del bloque 1 "Documento de extinción laboral de los maridos de las actoras" (no son de los 20 ex trabajadores, sino solo se han adjuntado de 6) y a los del documento nº 3 "Certificados de defunción y libro de familia", que al darse íntegramente por reproducidos por la Magistrada de instancia al final del hecho probado primero nos permite que salvando los errores materiales , el mismo quede de la siguiente manera:

"PRIMERO.- DÑA. Rosario , mayor de edad, con DNI NUM000, es viuda de D. Doroteo ( fallecido el 26/05/2015 ) que fue

empleado de Cía. Sevillana de Electricidad SA. hasta que se jubiló el 29/06/1993 .El Sr Doroteo había nacido el NUM021/1029.

DÑA. Sabina, mayor de edad, con DNI nº NUM001, es viuda de D. . Epifanio (fallecido el 7/11/2009) y que fue empleado de Cía. Sevillana de Electricidad SA. D. Epifanio habia nacido el NUM022 de 1957 .

DÑA. Salome, mayor de edad con DNI Nº NUM002, es viuda de D. Eulalio ( fallecido el 6/10/2002 ) que fue empleado de Cía. Sevillana de Electricidad SA. El Sr Eulalio había nacido el NUM023/1926.

DÑA. Sara, mayor de edad, con DNI nº NUM003-es viuda de D. Faustino (fallecido el 2/02/2016) que fue empleado de Cía. Sevillana de Electricidad SA . El Sr Faustino habia nacido el NUM024/2021 .

DÑA. María Esther, mayor de edad, con DNI nº NUM004, es viuda de D. Felix (fallecido el 6/01/2010) que fue empleado de Cía. Sevillana de Electricidad SA. El Sr Felix había nacido el NUM025/1942 .

DÑA. Sonia, mayor de edad,con DNI NUM005, es viuda de D. Gabino (fallecido el 16/04/2004) que fue empleado de Cía. Sevillana de Electricidad SA. El Sr Gabino había nacido el NUM026/1947 .

Dª Tamara, mayor de edad,con DNI NUM006, es viuda de D. Gervasio (fallecido el 22/12/2008) que fue empleado de Cía. Sevillana de Electricidad SA. hasta que su acogió al ERE NUM007 en virtud del cual extinguió su contrato con efectos del 1 de mayo de 2002 .En dicho contrato se estableció que la empresa ha procedido a la reorganización de su plantilla ,según Acuerdo firmado el 1/07/1998 entre la RT y la Dirección de la empresa en aplicación del art 51 ET y de conformidad con lo establecido en su Anexo XII del Convenio Colectivo 1997/2002 de la Compañía Sevillana de Electricidad y sus trabajadores. Y que dicho ERE ha sido aprobado por la Dirección General de Trabajo en resolución de 21/07/1998 .

Interesa del contrato las estipulaciones 7ª : " A efectos de determinación de los derechos sociales - residencias de descanso ,beneficio de fluido y becas, así como utilización de vivienda de la empresa ,el trabajador tendrá , hasta la fecha de su jubilación , el mismo tratamiento que el de un trabajador en activo .A partir de la jubilación ,el trabajador tendrá el mismo tratamiento que el de un trabajador que se hubiera jubilado estando en activo ".

Y la estipulación 12ª "La empresa garantiza al trabajador la totalidad de las indemnizaciones y de los beneficios sociales que se incluyen en el presente contrato ,adoptando el mejor conocimiento que garantice o avale dichas condiciones ante cualquier eventualidad que pudiera producirse ,incluida la modificación del actual marco laboral y fiscal " .

El Sr Gervasio había nacido el NUM027/1947 .

DÑA. Teodora, mayor de edad, con DNI NUM008, es viuda de D. Hugo (fallecido el 11/04/2009) que fue empleado de Cía. Sevillana de Electricidad SA. hasta que su acogió al ERE NUM007.

Dicho ERE fue sido aprobado por la Dirección General de Trabajo en resolución de 21/07/1998. Y en el Anexo XII dedicado al Plan de Reordenación de la Plantilla dentro del apartado 2 Programa de prejubilaciones en la letra e) intitulado como Derechos Sociales se recoge que " A efectos de determinación de los Derechos sociales a Residencias de descanso ,Beneficio de fluido y Becas, así como utilización de vivienda de la empresa ,el trabajador tendrá , hasta la fecha de su jubilación , el mismo tratamiento que el de un trabajador en activo .A partir de la jubilación ,el trabajador tendrá el mismo tratamiento que el de un trabajador que se hubiera jubilado estando en activo ".

Y en la letra g) titulada "Clausula de Garantía del Personal acogido al Plan se establece que "la Empresa garantizará en el contrato individual suscrito con cada trabajador que se prejubile, la totalidad de las condiciones económicas y sociales que se incluyen en los puntos anteriores, ante cualquier eventualidad que pudiera producirse por causas ajenas a la Empresa y al trabajador , buscándose la mejor forma de garantizar o avalar dichas condiciones .

Dicho documento podrá ser elevado a escritura pública a solicitud y a cargo del interesado. La empresa estudiará ...."

El Sr Hugo nació el NUM028/1954 .

DÑA. Trinidad, mayor de edad, con DNI NUM009, es viuda de D. Ismael (fallecido el 26/08/1980) que fue empleado de Cía. Sevillana de Electricidad SA. El Sr Ismael había nacido el NUM029/1949 .

DÑA. Vanesa, mayor de edad,con DNI NUM010, es viuda de D. Gregorio ( fallecido el 17/01/2008) que fue empleado de Cía. Sevillana de Electricidad SA. que fue empleado de Cía. Sevillana de Electricidad SA. hasta que se acogió al ERE NUM007 en virtud del cual extinguió su contrato con efectos del 30/04/2000. En dicho contrato que elevo a escritura pública ante Notario de Jaén el 10 /10/2001 se estableció que la empresa ha procedido a la reorganización de su plantilla, según Acuerdo firmado el 1/07/1998 entre la RT y la Dirección de la empresa en aplicación del art 51 ET y de conformidad con lo establecido en su Anexo XII del Convenio Colectivo 1997/2002 de la Compañía Sevillana de Electricidad y sus trabajadores. Y que dicho ERE ha sido aprobado por la Dirección General de Trabajo en resolución de 21/07/1998 .

Interesa del contrato las estipulaciones 7ª : " A efectos de determinación de los derechos sociales - residencias de descanso ,beneficio de fluido y becas, así como utilización de vivienda de la empresa ,el trabajador tendrá , hasta la fecha de su jubilación , el mismo tratamiento que el de un trabajador en activo .A partir de la jubilación ,el trabajador tendrá el mismo tratamiento que el de un trabajador que se hubiera jubilado estando en activo ".

Y la estipulación 12ª "La empresa garantiza al trabajador la totalidad de las indemnizaciones y de los beneficios sociales que se incluyen en el presente contrato, adoptando el mejor conocimiento que garantice o avale dichas condiciones ante cualquier eventualidad que pudiera producirse ,incluida la modificación del actual marco laboral y fiscal " .

El Sr Gregorio había nacido el NUM027/1945.

DÑA. Visitacion, mayor de edad, con DNI NUM030,

es viuda de D. Norberto que fue empleado de Cía. Sevillana de Electricidad SA y que falleció el 4/11/2015. El Sr Norberto nació el NUM031/1953 .

DÑA. Ángela, mayor de edad, con DNI NUM011, es viuda de D. Leandro (fallecido el 30/10/1994) que fue empleado de Cía. Sevillana de Electricidad SA. hasta su jubilación el 20/09/1994. El Sr Leandro había nacido NUM032/1933.

DÑA. Zaira, mayor de edad, con DNI NUM012, es viuda de D. Inocencio (fallecido el29/06/2012) que fue empleado de Cía. Sevillana de Electricidad SA. El Sr Inocencio nació NUM033/1961 .

DÑA. Marí Juana, mayor de edad,con DNI NUM034, es viuda de d. Moises ( fallecido el 16/11/2014) que fue empleado de

Cía. Sevillana de Electricidad SA. hasta que se prejubiló bajo el ERE NUM007 en virtud del cual extinguió su contrato con efectos del 15 de octubre de 1998. En dicho contrato que elevo a escritura pública ante Notario de Jaén el 10 /02/1999 se estableció que la empresa ha procedido a la reorganización de su plantilla ,según Acuerdo firmado el 1/07/1998 entre la RT y la Dirección de la empresa en aplicación del art 51 ET y de conformidad con lo establecido en su Anexo XII del Convenio Colectivo 1997/2002 de la Compañía Sevillana de Electricidad y sus trabajadores. Y que dicho ERE ha sido aprobado por la Dirección General de Trabajo en resolución de 21/07/1998 .

Interesa del contrato las estipulaciones 7ª: " A efectos de determinación de los derechos sociales - residencias de descanso ,beneficio de fluido y becas, así como utilización de vivienda de la empresa ,el trabajador tendrá, hasta la fecha de su jubilación, el mismo tratamiento que el de un trabajador en activo .A partir de la jubilación,el trabajador tendrá el mismo tratamiento que el de un trabajador que se hubiera jubilado estando en activo ".

Y la estipulación 12ª "La empresa garantiza al trabajador la totalidad de las indemnizaciones y de los beneficios sociales que se incluyen en el presente contrato, adoptando el mejor conocimiento que garantice o avale dichas condiciones ante cualquier eventualidad que pudiera producirse ,incluida la modificación del actual marco laboral y fiscal " .

El Sr Moises había nacido el NUM035/1935.

DÑA. María Angeles, mayor de edad, con DNI NUM013, es viuda de D. Mateo ( fallecido el 07/10 /2014 ) que fue empleado de Cía. Sevillana de Electricidad SA. El Sr Mateo nació el NUM036/1941 .

DÑA. María Cristina, mayor de edad, con DNI NUM015, es viuda de D. Prudencio ( fallecido el 03/07/2017 ) que fue empleado de

Cía. Sevillana de Electricidad SA. El Sr Prudencio nació el NUM037/1954 .

DÑA. María Inés, mayor de edad, con DNI NUM016, es viuda de D. Roberto (fallecido el 21/10/2016) que fue empleado de Cía. Sevillana de Electricidad SA. Su contrato quedo suspendido de mutuo acuerdo entre las partes mediante pacto firmado el 5/03/2015 con efectos del 1 de abril de ese mismo año .En las estipulaciones se estableció que se pacta de conformidad con el art. 45 1 a) ET por un periodo de un año ,a contar desde el día 1 de abril de 2015 ; todo ello sin perjuicio de las especialidades recogidas en el estipulación 2ª en la que se pacta una tácita reconducción por periodos anuales hasta el primer momento en que pase a percibir la prestación contributiva de jubilación.

En la estipulación 6º se establece bajo la rubrica de Beneficios sociales, que:

El trabajador con el contrato suspendido disfrutará de los siguientes beneficios sociales :

1.-El Trabajador mantendrá los beneficios sociales que le hubiera correspondido disfrutar en caso de mantenerse en activo en la Empresa a todos los efectos .

2.-A dichos beneficios sociales se les aplicará la normativa fiscal vigente en cada momento .

En la estipulación 9º bajo el titulo de Fallecimiento o IP del trabajador ( IPA y GI) antes de la terminación del presente pacto :

1.-En caso de que el trabajador falleciera antes de la terminación del presente pacto ,este quedará extinguido automáticamente, sin perjuicio de que sus causahabientes disfruten de los mismos derechos y beneficios sociales que le hubieren correspondido de encontrarse aquél en activo en la empresa en el momento de su fallecimiento ....

El Sr Roberto nació el NUM038/1960

DÑA. Benita mayor de edad, con DNI nº NUM017 es viuda de D. Santos (fallecido el 7/05/17) que fue empleado de Cía. Sevillana de Electricidad SA hasta que se prejubiló bajo el ERE NUM007 en virtud del cual extinguió su contrato con efectos del 21 de octubre de 1998. En dicho contrato que elevo a escritura pública ante Notario de Jaén el 10 /02/1999 se estableció que la empresa ha procedido a la reorganización de su plantilla ,según Acuerdo firmado el 1/07/1998 entre la RT y la Dirección de la empresa en aplicación del art 51 ET y de conformidad con lo establecido en su Anexo XII del Convenio Colectivo 1997/2002 de la Compañía Sevillana de Electricidad y sus trabajadores. Y que dicho ERE ha sido aprobado por la Dirección General de Trabajo en resolución de 21/07/1998 .

Interesa del contrato las estipulaciones 7ª : " A efectos de determinación de los derechos sociales - residencias de descanso, beneficio de fluido y becas, así como utilización de vivienda de la empresa, el trabajador tendrá, hasta la fecha de su jubilación, el mismo tratamiento que el de un trabajador en activo. A partir de la jubilación, el trabajador tendrá el mismo tratamiento que el de un trabajador que se hubiera jubilado estando en activo ".

Y la estipulación 12ª "La empresa garantiza al trabajador la totalidad de las indemnizaciones y de los beneficios sociales que se incluyen en el presente contrato ,adoptando el mejor conocimiento que garantice o avale dichas condiciones ante cualquier eventualidad que pudiera producirse ,incluida la modificación del actual marco laboral y fiscal " .

El Sr Santos había nacido el NUM039/1942

DÑA. María Purificación, mayor de edad, con DNI nº NUM018 es viuda de D. Jeronimo ( fallecido el 06/07/1983)

que fue empleado de Cía. Sevillana de Electricidad SA. El Sr Jeronimo nació el NUM040/1935 .

DÑA. Adela, mayor de edad, con DNI nº NUM019 es viuda de D. Teofilo (fallecido el 05/06/2017)

que fue empleado de Cía. Sevillana de Electricidad SA. El Sr Teofilo nació el NUM041/1055.

TERCERO .- Una vez concretada las distintas situaciones de cada una de las demandantes, debemos seguir por un elemental principio de seguridad jurídica para delimitar los distintos supuestos el criterio establecido por esta Sala de lo Social de Granada ,entre otras en las Sentencias de 9 de marzo de 2023 en el Rec 702/22 firme al ser inadmitido el Rcud núm 2547/2023 por Auto del TS de 17 de enero de 2024 por falta de contradicción; de 20 de octubre de 2022 en el Rec 3182/2021 firme al ser inadmitido el Rcud 5275/2022 por Auto del TS de 10 de octubre de 2023 por falta de contradicción; de 20 de octubre de 2022 en el Rec 3152/2021 firme al ser inadmitido el Rcud 5374/2022 por Auto del TS de 28 de noviembre de 2023 por falta de contradicción, Y por citar de las mas recientes de esta Sala de Granada, las dictadas el 7 y el 14 de marzo de 2024 en los Rec 1993 y 1932/2022, el 11 y el 25 de abril de 2024 en los Rec 295/2023 y 2043/22 y el 2 de mayo de 2024 en el Rec 1938/2022 .

Y así se establece por esta Sala a partir del FJ 3º de la Sentencia dictada el 25 de abril de 2024 :

"Sobre el mismo objeto de litigio ya ha tenido ocasión de pronunciarse esta Sala manteniendo los siguientes argumentos jurídicos:

A) Habiéndose apreciado por la sentencia impugnada la existencia de cosa juzgada para resolverse si concurre o no en el presente litigio habrá de tomarse en consideración los siguientes datos:

1º) El trabajador causante fallecido se prejubilo y posteriormente se jubilo en la década de los noventa y la primera del presente siglo, acogiéndose al expediente de regulación de empleo (ERE número NUM007) que se inició el 19 de junio de 1998.

2º) Los ahora recurrentes tenían reconocidos los beneficios sociales que se han suprimido, desde el inicio de su prestación laboral, por contrato individual.

3º) El acuerdo sobre los Procesos de Reordenación Societaria y Reorganización Empresarial del Grupo Endesa de 27 de abril de 1999, establecía la obligatoria subrogación de forma íntegra de los derechos laborales, económicos y sociales que correspondieran a los distintos colectivos afectados, incluyendo el respeto de dichos derechos cuando los futuros Convenios Colectivos tuvieran condiciones menos favorables. Asimismo, respecto de la vigencia temporal, sobre esa materia concreta se decía que tendría efectos permanentes, es decir, se establecía una garantía de respeto de dichos derechos y condiciones hasta su defunción, para los trabajadores ya contratados, y una vez fallecidos hacía sus causahabientes, sin perjuicio de lo que establecieran los convenios posteriores.

En concreto, el acuerdo de reordenación societaria, en su artículo 3 establece que el mismo será de aplicación al personal, en activo o pasivo, que, en la fecha de la firma del mismo, preste o hubiere prestado servicios en cualquiera de las empresas integradas en el Grupo Endesa. Señalando, además, que tendrán la consideración de pasivos:

- los empleados que se encuentren en situación de prejubilación o de jubilación a resultas de la aprobación por la autoridad administrativa competente de un expediente de regulación de empleo y ser perceptores de los complementos, indemnizaciones o ayudas acordadas en el respectivo plan social.

- los que se encuentren en situación de jubilación, por haber alcanzado la edad reglamentaria, o invalidez y ser beneficiarios de mejoras voluntarias del Régimen Público de seguridad social con cargo a fondos internos de la empresa o a fondos externos.

- el personal con contrato rescindido o suspendido y siempre que existan compromisos por parte de las empresas de complementos personales.

- y los derechos habientes, beneficiarios de prestaciones por viudedad y orfandad, en aquellos casos en los que la normativa aplicable así lo disponga.

Estableciendo el artículo 4.1.b) de dicho acuerdo que tendría carácter permanente en el tiempo.

4º) El I Convenio Marco del Grupo Endesa (BOE núm. 298 de 13-12-2000), con vigencia entre el 25-10-2000 al 31-12-2001, recogía en su artículo 23 que, el derecho al suministro de energía eléctrica en los términos en los que el mismo esté previsto en norma, convenio colectivo o pacto que le resulte de aplicación, seguirá en vigor para el que lo viniera disfrutando a la firma de dicho convenio marco, es decir, que el mismo no se podía alterar, y preveía los beneficios sociales para el personal de nueva contratación.

5º) El II Convenio Marco del Grupo Endesa (BOE no 186/2004 de 3-8-2004) con vigencia hasta el 31-12-2007, recogía, de nuevo, en su artículo 54 , el respeto de los beneficios sociales que se vinieran disfrutando antes de su entrada en vigor, ya tuvieran su origen en el convenio anterior o pacto que resultase de aplicación y con el carácter que se establecía en el punto 7 de dicho precepto para el personal activo y pasivo que lo viniera disfrutando a la firma del I Convenio colectivo Marco.

6º) En el Acuerdo marco de garantías que versa sobre las condiciones que han de regir las operaciones de reordenación societaria y reorganización empresarial en la empresa Endesa, S. A., y sus filiales eléctricas alcanzado el día 12 de septiembre de 2007 , se recoge idéntico compromiso de mantenimiento de las condiciones y derechos al recogido en el acuerdo de 1999 aunque con vigencia temporal limitada, sin perjuicio del reconocimiento del carácter permanente de compromisos previos alcanzados en los acuerdos de reordenación societaria y reorganización empresarial del Grupo Endesa de 27 de abril y 29 de diciembre de 1999 y de 26 de abril de 2002, que no hubieran consumado sus efectos jurídicos o tuvieran carácter permanente continuaran vigentes para los trabajadores beneficiarios de los mismos (D.A. SEGUNDA).

7º) El III Convenio Marco del Grupo Endesa (BOE nº 154/2008 de 26-6-2008) con vigencia hasta el 31-12-2012, respecto a los beneficios sociales incluye un artículo idéntico al que contenía su predecesor.

8º) En el expediente de regulación de empleo que se inició el 19 de junio de 1998, entre las condiciones económicas que se establecían para el personal afectado por el mismo se indicaba:

1.- Que, durante la situación de prejubilación, el prejubilado disfrutaría de los mismos beneficios sociales, y en los mismos términos y condiciones que el personal en activo, esto es, en los términos recogidos en el convenio colectivo de origen, en su caso, conforme a lo previsto en el artículo 46 y 47 del XVI Convenio Colectivo de Empresa Nacional de Electricidad SA (antigua denominación de ENDESA SA) publicado en el BOE de 7/08/1996 (o en su caso indicar el que corresponda).

2.- Que, en el periodo de jubilación, el empleado y sus beneficiarios, o lo que es lo mismo, sus causahabientes, mantendrían los beneficios sociales que pudieran corresponderle por su condición de jubilado, es decir, los indicados en el punto anterior en materia de bonificación en el suministro eléctrico y en materia de ayudas a estudios.

3.- Asimismo, en el punto 4 las cláusulas adicionales, se establecía que ENDESA garantizaría en el contrato individual suscrito con cada trabajador que se prejubile, la totalidad de las condiciones económicas y sociales, ante cualquier eventualidad que por causas ajenas a la Empresa y al trabajador pudieran producirse.

4.- Finalmente, en el punto 6 de dichas cláusulas adicionales, se establecía que dicho acuerdo se suspendería automáticamente de producirse, durante su aplicación, un cambio normativo que implicase una modificación del marco laboral y/o fiscales actuales, en el que está fundamentado este acuerdo, pudiendo, en tal caso, ser declarados sin efectos los acuerdos contenidos en el presente documento por cualquiera de las partes suscribientes.

De darse alguno de los supuestos de suspensión contemplados en el párrafo anterior, la Empresa respetará los efectos de los contratos privados o contratos individuales ya suscritos.

B) La sentencia del Tribunal Supremo de 07-07-2021, nº 761/2021, rec. 137/2019 , que da lugar a la estimación en la instancia de la excepción de cosa juzgada, resuelve el recurso de casación formulado frente a la dictada por la Audiencia Nacional, resolviendo la demanda de conflicto colectivo planteado por la representación de Comisiones Obreras de Industria (CCOO - INDUSTRIA), Confederación Intersindical Galega (CIG), Federación de Industria, Construcción y agro de la UGT (UGT-FICA), en cuyo suplico se solicitaba que:

"se dicte sentencia en la que se establezcan los siguientes pronunciamientos:

A) Se declare el derecho de los trabajadores afectados por el conflicto colectivo al mantenimiento de los beneficios sociales y económicos más favorables, que venían disfrutando hasta el 31 de diciembre de 2018 y, en concreto al mantenimiento del derecho a la denominada tarifa de empleado o derecho al suministro de energía eléctrica bonificado y del derecho a las modalidades de ayuda escolar del personal pasivo existente hasta la finalización del presente curso 2018/2019, condenando a las empresas demandadas a estar y pasar por la declaración de estos derechos.

B) Se declare el derecho de los trabajadores afectados por el presente conflicto colectivo al mantenimiento de los beneficios sociales y económicos del personal pasivo, consistente en aquellos que han venido disfrutando hasta el 31 de diciembre de 2018 a pesar de carecer de contrato de trabajo en vigor, condenando a las empresas demandadas a estar y pasar por la declaración de este derecho y, asimismo, declarar nula e ilegal la decisión empresarial consistente en la supresión de estos beneficios sociales y económicos por su carácter ambiguo y genérico y sin concreción ni identificación singularizada de los beneficios económicos y sociales, emitida el día 27 de diciembre de 2018 y comunicada a los afectados en diversas fechas posteriores.

C) En consecuencia de todo ello, se declare la nulidad e ilegalidad de dicha decisión empresarial y se condene también a las empresas demandadas a la restitución de los derechos económicos y sociales ilícitamente suprimidos por la decisión unilateral de la empresa en la citada fecha de 27 de diciembre de 2018 y a la reparación de los daños que causare la aplicación de dicha decisión y, asimismo, se condene a las empresas demandadas a estar y pasar por todas estas declaraciones".

Limitándose la sentencia del Tribunal Supremo a examinar las pretensiones de los demandantes derivadas del IV Convenio Colectivo Marco del Grupo ENDESA, siendo el contenido del fundamento de derecho sexto, el siguiente:

"SEXTO.- 1.- Por otra parte, la sentencia recurrida no ha infringido ni los artículos 3.1.c y 3.5 ET ni, tampoco, los artículos 1124 , 1135 , 1256 y 1258 CC . En efecto, para que fueran de aplicación los preceptos citados sería necesario, entre otras muchas circunstancias que aquí no aparecen, al menos que hubiera un contrato entre la empresa y cada una de las personas afectadas que hubiera constituido la obligación que se reclama y que los recurrentes entienden incumplida. Y ya hemos afirmado que tal contrato no existe ya que la fuente de la obligación que se refiere a los beneficios sociales es el artículo 78 del IV Convenio Colectivo Marco del Grupo Endesa , con independencia de los antecedentes que pudieran haber dado lugar al referido precepto convencional. Tal como expresamos en nuestra STS de 12 de junio de 2008, Rec. 58/2007 , cuando una regulación preexistente contenida en reglamentos de empresa o circulares se incorpora a un convenio colectivo cambia de naturaleza y se convierte en una regulación convencional, aunque su contenido no haya experimentado variaciones sustanciales. Al contrario de lo que sostienen los recurrentes, no estamos ante condiciones que deban mantenerse ad personam a favor de jubilados y familiares, ya que, como hemos dicho, su fuente es el convenio colectivo , sin que se oponga a esta conclusión lo dispuesto en la Disposición Transitoria Quinta del aludido IV Convenio cuyo tenor literal expresa que: "De conformidad con lo previsto en el Acuerdo de Reordenación Societaria y Reorganización Empresarial de 27 de abril de 1999, los Convenios Colectivos de las empresas de origen, mantendrán su vigencia ad personam, respecto al personal incluido en su ámbito de aplicación a la fecha de la firma del I Convenio Marco (25 octubre de 2000) en aquellos aspectos que no sean regulados por el presente Convenio". Se trata, obviamente, de una dicción lo suficientemente clara para poder entender que no se está refiriendo a los beneficios sociales, objeto del presente conflicto, que se encuentran regulados en dicho IV Convenio, concretamente, en su artículo 78 .

Estamos, por tanto, en el ámbito del artículo 3.1.b ET que se refiere a los convenios colectivos como fuente de los derechos y obligaciones del contrato de trabajo, que se imponen, como norma que son, a la voluntad de las partes. En efecto, el artículo 3.1.c ET constituye a la autonomía individual como fuente de los derechos y obligaciones de la relación laboral, autonomía individual que no ha concurrido en el presente caso. Los jubilados y los familiares han tenido derecho a ventajas en el suministro eléctrico con motivo de la regulación de la correspondiente obligación en los sucesivos convenios y, finalmente, en el referido IV convenio; sin que para la configuración de tal derecho haya habido intervención de la autonomía de la voluntad.

Tampoco resulta infringido el artículo 3.5 ET que prohíbe la disposición por parte de los trabajadores de los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales de derecho necesario o de los derechos reconocidos por el convenio colectivo. Y aquí no ha habido acto de disposición ninguno que hubiera requerido, en todo caso, la voluntad del trabajador para efectuar un negocio dispositivo o, simplemente abdicativo, de los mencionados derechos indisponibles. Los beneficios sociales del artículo 78 del Convenio Colectivo no desaparecen porque los jubilados o familiares hayan dispuesto de ellos o hayan renunciado a los mismos; dejan de aplicarse porque, al desaparecer el convenio que constituía su fuente de creación y regulación, el grupo empresarial demandado entendió que ya no estaban vigentes y que ya no tenía obligación de aplicarlos.

2.- Los denunciados preceptos del Código Civil que invocan los recurrentes se refieren a que la validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes, que se perfeccionan por el mero consentimiento y que obligan al cumplimiento de lo expresamente pactado y a las consecuencias que sean conformes a la buena fe y a la ley ( artículo 1258 CC ). También a la facultad de resolver las obligaciones cuando uno de los obligados la incumple ( artículo 1124 CC ) y a que el acreedor tendrá derecho a la indemnización de daños y perjuicios cuando por culpa del deudor se hubiera hecho imposible el cumplimiento de ésta ( artículo 1135 CC ).

Nuevamente hemos de negar la pretendida infracción porque tales preceptos, como el resto de los denunciados ( artículos 1089 , 1091 , 1254 y 1255 CC ) sobre el nacimiento de las obligaciones y sobre la existencia y contenido de los contratos, sencillamente no resultan de aplicación, salvo la referencia a las obligaciones derivadas de la ley. En efecto, para la aplicabilidad de los preceptos mencionados sería necesario la previa existencia de un contrato entre alguna de las empresas del Grupo y todos y cada uno de los afectados por el conflicto que examinamos. Y, al respecto, venimos insistiendo con reiteración que ni existe tal contrato, ni las previsiones convencionales pueden haberse incorporado a contratos inexistentes; por lo que no resultan de aplicación los mencionados preceptos. El artículo 1090 CC se refiere a las obligaciones que nacen de la ley disponiendo que no se presumen y que sólo son exigibles las expresamente determinadas en este Código o en leyes especiales, y se regirán por los preceptos de la ley que las hubiere establecido. Tal ocurre en nuestro caso en el que la obligación que constituye el objeto del conflicto fue establecida normativamente a través del Convenio Colectivo y su desaparición se produjo porque la norma que la hizo posible perdió vigencia y, consecuentemente, devino inaplicable, según las previsiones establecidas en su propia norma creadora ( artículo 4 del IV Convenio Marco del grupo Endesa y artículo 86.3 ET ).

Según el artículo 1257 CC el acreedor tendrá derecho a la indemnización de daños y perjuicios cuando por culpa del deudor hubieran desaparecido todas las cosas que alternativamente fueron objeto de la obligación, o se hubiera hecho imposible el cumplimiento de ésta. Al contrario de lo que expresan los recurrentes tampoco hay infracción del precepto en cuestión ya que su aplicación requiere necesariamente que la imposibilidad del cumplimiento de la obligación se deba a la culpa del deudor; culpa que aquí no existe. No han sido las empresas demandadas las que han hecho imposible la exigencia de las obligaciones controvertidas, éstas han desaparecido porque han perdido vigencia como consecuencia de las previsiones acordadas por ambas partes y plasmadas en el convenio colectivo aplicable."

Y es que, tal y como se indica en el fundamento de derecho primero de dicha sentencia, el personal jubilado afectado por el conflicto es el que tenía reconocidos beneficios sociales consistentes en derecho al suministro de energía eléctrica bonificada y a las modalidades de ayuda escolar del personal denominado pasivo, que comprende al personal ya jubilado, y a los familiares, previstos en el IV Convenio Colectivo Marco del Grupo ENDESA, a pesar de no tener contrato en vigor, es decir a los jubilados cuyos beneficios sociales derivaban del convenio que ha perdido vigencia.

Así el ámbito personal del citado IV convenio, conforme establecía su artículo 3, era el siguiente:

"1. El presente Convenio será de aplicación a todos los trabajadores y trabajadoras que presten servicios en las empresas incluidas en su ámbito funcional, sea cual fuere la modalidad contractual concertada, el Grupo Profesional y Nivel Competencial ostentado, así como la ocupación desempeñada, con excepción del personal singularizado y del que actualmente está excluido de cada uno de los convenios colectivos de origen"

Siendo evidente que, a la fecha de su entrada en vigor, no les era de aplicación el convenio, por establecerse así expresamente en el mismo, porque evidentemente fue suscrito por los representantes de los trabajadores que no ostentaban la representación de quienes ya no lo eran, y porque ellos se regían por lo pactado en el ERE al que se acogieron, o por el contrato de suspensión formalizado, y por tanto no les afectaba el conflicto colectivo formulado por los sindicatos demandantes para reclamar derechos derivados del citado convenio, teniendo consecuentemente razón la parte recurrente en que la excepción de cosa juzgada no puede acogerse porque el pronunciamiento del Tribunal Supremo se refiere a los jubilados cuyos beneficios sociales no estaban contractualizados y derivaban de un convenio colectivo ajeno a los demandantes.

Por tanto, los actores no reclaman aquí derechos derivados del IV convenio sino de los pactos suscritos con la empresa, a la que están ligados en virtud de su adscripción al expediente de regulación de empleo y contrato de suspensión formalizado al que se acogieron, que, conforme a lo dispuesto en el artículo 1254 del Código Civil tiene naturaleza contractual perfeccionándose, de acuerdo con el artículo 1256 del mismo cuerpo legal , al prestar el trabajador su consentimiento a la oferta de la empresa y obligándose a cesar y ésta en los términos establecidos como contraprestación, que únicamente remiten al convenio vigente en cada momento para garantizar a los jubilados el mismo derecho que a los trabajadores en activo, pero sin que, conforme a los términos del acuerdo, puedan dejar de disfrutar de los beneficios sociales que, no solo se les reconocen expresamente, sino que además se les garantiza expresamente el mantenimiento de "la totalidad de las condiciones económicas y sociales, ante cualquier eventualidad, que por causas ajenas a la empresa y al trabajador pudieran producirse", por lo que evidentemente no puede la empresa unilateralmente modificar los términos del contrato, conforme a lo dispuesto en el artículo 1256 del Código Civil y así lo reconoce el Tribunal Supremo, en sentencia de 22-10-2013, rec. 3000/2012 , que resuelve un supuesto similar al presente.

Por lo tanto, la sentencia de Tribunal Supremo se limitaba a examinar las pretensiones de los demandantes derivadas del IV Convenio Colectivo Marco del grupo Endesa, resolviendo, en síntesis, que una vez que dicho convenio pierde su vigencia el 31 de diciembre de 2018, sin ser sustituido por uno nuevo, dado que no hay convenio que sustituye al anterior, el convenio que finaliza su vigencia desaparece del ordenamiento jurídico, sin perjuicio de los efectos que pudieran producirse en la unidad de negociación en la que se aplicaba el convenio fenecido. La desaparición del convenio es total y se proyecta tanto sobre los trabajadores expresamente incluidos en el convenio, como respecto de los beneficiarios de alguna de sus cláusulas, aunque no estuvieran expresamente nominados en el ámbito de aplicación del convenio. Y continúa dicha sentencia del Alto Tribunal señalando lo siguiente: "Dicho de otra forma, no es admisible jurídicamente la tesis según la cual el convenio dejaría de estar vigente respecto de los trabajadores incluidos en su ámbito de aplicación pero se mantendría vigente para los trabajadores jubilados y familiares. Esta finalización de vigencia selectiva que defiende los recurrentes no tiene apoyo en ninguna norma en el propio convenio y carece, por completo, de lógica jurídica, a la vista de los términos en que se regula la vigencia del convenio en su propio articulado y en el estatuto de los trabajadores. La pérdida de vigencia, salvo pacto en contrario que aquí no existe, es total y se refiere al convenio su conjunto y en su totalidad." Continúa la sentencia del Tribunal Supremo explicando cómo el convenio no es fuente de condiciones más beneficiosas y como una vez finalizada la vigencia del convenio colectivo, sin que exista convenio de ámbito superior aplicable, seguirán aplicándose las condiciones del convenio ya caducado, no ya como cláusulas normativas, sino como incorporadas a los contratos, pero únicamente respecto de los trabajadores que tuvieran un contrato vigente en el momento de la pérdida de vigencia normativa del convenio; lo que no sucedería en el caso del personal pasivo a que se refiere el conflicto colectivo que en ese caso se resuelve.

En la censura jurídica del recurso se explica como en este caso lo que se plantea es el derecho de los actores a mantener aquellos beneficios sociales, no en base al IV Convenio Colectivo Marco del grupo Endesa ya no vigente, sino como consecuencia de haberse convenido así por las partes en los contratos privados de extinción de los respectivos vínculos laborales. Y, en efecto, así se ha resuelto por esta Sala en distintas sentencias en las que se ha concluido que los actores deben ser mantenidos en su derecho a seguir lucrando dichos beneficios, como consecuencia de haberlo así convenido a título individual con la empresa demandada cuando se prejubilaron, sin que la sentencia firme que venía a resolver el citado conflicto colectivo produzca efecto de cosa juzgada, dado que ésta resolvería algo distinto, consistente, en concreto, en si el personal jubilado, llamado pasivo, tenía derecho a seguir disfrutando de los beneficios sociales de los que venía gozando por aplicación del IV convenio colectivo marco del grupo Endesa, consistentes en el derecho al suministro de energía eléctrica bonificada, entre otros, una vez que dicho convenio pierde vigencia y a pesar de no tener entonces contrato de trabajo en vigor.

Ahora bien, esta Sala considera que lo anterior sólo significa que, perdida la vigencia el meritado convenio por el que los jubilados gozaban de dichos beneficios sociales, los mismos no podrán seguir lucrándolos, salvo que, como ocurre en este caso, exista un acuerdo con los afectados, en este supuesto vía pacto contenido en el ERE o contrato individual de suspensión, en virtud del cual los beneficios sociales que se compromete la empresa a garantizar a aquellos son los que en ese momento los trabajadores en activo poseían, sin que este pacto pueda verse afectado por lo acordado por unidades de negociación que ninguna representación ostentan ya sobre los recurrentes. Por lo tanto, en resumen, los demandantes no pueden reclamar dicho derecho por aplicación del convenio, tal y como deja meridianamente claro la sentencia del Tribunal Supremo, pero sí podrán hacerlo en virtud del pacto de la empresa al que estos trabajadores se acogieron en su día, remitiéndose en cuanto a su contenido, pues aunque de forma tácita necesariamente tenía que ser así, a los beneficios sociales que entonces imperaban. Por lo tanto, entiende esta Sala que no procedía apreciar dicho efecto de cosa juzgada respecto de la tantas veces citada sentencia del TS de conflicto colectivo, por cuanto el objeto de sendos procesos es diferente.

CUARTO.- La parte recurrente invoca la infracción de los artículos 1254 a 1261 y siguientes del Código Civil , todos ellos preceptos que regulan el cumplimiento de los contratos.

Pues bien partiendo ya de la inaplicabilidad de la cosa juzgada al caso de autos, nos encontramos ante un trabajador causante fallecido que firmó acuerdo de prejubilación y otro trabajador que firmó contrato de suspensión, en virtud de los cuales los trabajadores, con los contratos suspendidos, tendrían los beneficios sociales que les correspondería si estuvieran en activo en la empresa. Y a esto es a lo que ha de estarse, sin que con ello se contravenga lo resuelto en la sentencia del Tribunal Supremo de 7 de julio de 2020 (resolutoria del recurso de casación contra la Sentencia del conflicto colectivo de la Audiencia Nacional), pues esta sentencia establece que para que fueren de aplicación los artículos 1124 , 1135 , 1256 y 1258 del Código Civil sería necesario que, al menos, hubiera un contrato entre la empresa y cada una de las personas afectadas que hubiera constituido la obligación que se reclama, que es lo que precisamente considerábamos que ocurre en este caso. Por lo tanto, debe cumplir la demandada con las obligaciones que asumió al firmar los citados acuerdos, en los términos establecidos en los mismos, dado que estas obligaciones quedaron contractualizadas y tienen, por aplicación del artículo 1091 del Código Civil , fuerza de ley entre las partes, no pudiendo quedar derogadas por convenios o acuerdos en los que no ha tomado parte los trabajadores afectados, o por decisiones unilaterales de la empresa".

CUARTO.- Partiendo de lo anteriormente expuesto esta Sala considera que:

A) El conflicto colectivo 32/2019 seguido ante la Audiencia Nacional no incluye a las viudas de trabajadores provenientes de la Compañía Sevillana de Electricidad S.A en los que conforme a lo que hemos expuesto en el hecho probado primero ha concurrido la existencia de contratos de extinción laboral elevados en su caso a escritura publica y exigirse en el presente litigio el cumplimiento de las obligaciones contenidas en dichos contratos, lo que resulta predicable de las demandantes Dª Tamara, Dª María Purificación, Dª Marí Juana, Dª Vanesa y Dª Adela No concurre por lo tanto la excepción de cosa juzgada respecto de lo resuelto en dicha sentencia de conflicto colectivo,respecto de estas recurrentes, ni tampoco respecto de la viuda Dª Teodora pues su marido A) Hugo fue empleado de la Cia Sevillana hasta que se acogió al ERE NUM007, en cuyo Anexo XII dedicado al Plan de Reordenación de la Plantilla dentro del apartado 2 Programa de prejubilaciones en la letra e) intitulado como Derechos Sociales se recoge que " A efectos de determinación de los Derechos sociales a Residencias de descanso ,Beneficio de fluido y Becas, así como utilización de vivienda de la empresa ,el trabajador tendrá, hasta la fecha de su jubilación, el mismo tratamiento que el de un trabajador en activo .A partir de la jubilación ,el trabajador tendrá el mismo tratamiento que el de un trabajador que se hubiera jubilado estando en activo ". De igual modo tampoco afectaría a la viuda Dª María Inés, pues su marido D. Roberto que fue trabajador de la Cia Sevillana, tenía formalizado contrato de suspensión de la relación laboral en cuya estipulación novena le reconoce a su causahbaiente el disfrute de los beneficios sociales que aquí son objeto de reclamación.

B) La obligación contraída por la empresa demandada proviene tanto del contrato de extinción laboral de conformidad con lo establecido en el ERE que así lo autoriza como del contrato individual de suspensión que así lo determina con fuerza legal entre las partes conforme a lo establecido en los artículos 1089, 1091 y 1254 del Cc.

C) Lo cierto es que los derechos sociales fueron regulados inicialmente por el Convenio Colectivo de Sevillana 1997-2002 y con posterioridad hasta la firma de los contratos de extinción y suspensión por la misma normativa al así establecerse expresamente en los convenios marcos de Endesa. Una vez firmados los contratos expresamente se establece una obligación prestacional para la empresa que los garantiza. Por lo tanto los derechos sociales se disfrutan según lo pactado y no según la negociación colectiva y por ello se encuentran garantizados aunque cambie el marco laboral. Nos encontramos ante una garantía "ad personam" que obliga a la empresa demandada a respetar los derechos sociales en la forma establecida en el documento contractual laboral y por lo tanto los actores tienen derecho a seguir disfrutando de los beneficios sociales que tenían reconocidos en el convenio colectivo de origen.

D).- Por ello mismo, si vienen afectadas por la cosa juzgada las otras 13 viudas recurrentes, cuyos maridos no pudieron acogerse por razón de su edad a ninguno de los ERES de 1998 o del 2000 o que no han acreditado que se desvincularon de la empresa acogiéndose a los mismos, o que suspendieron la relación laboral mediante pactos en cuyas estipulaciones se reconoce el disfrute de los beneficios sociales que aquí son objeto de reclamación.

Procedemos, pues, a la estimación parcial del recurso, y por ende, de la demanda, en el sentido que las siete indicadas actoras como causahabientes mantendrán los beneficios sociales que les hubiera correspondido disfrutar en caso de mantenerse en activo sus maridos en la empresa a todos los efectos, con revocación parcial de la sentencia de instancia, pues a las otras 13 demandantes si les resulta de aplicación la cosa juzgada positiva ex articulo 160.5 de la LRJS que se les aplicó en la sentencia .