Sentencia Social Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2159/2011 de 14 de Febrero de 2012

PRESTACIONES POR MUERTE Y SUPERVIVENCIA: DETERMINACIÓN DE LA CONTINGENCIA A EFECTOS DE LA RESPONSABILIDAD EN EL PAGO DE LA PRESTACIÓN CONFORME AL ART. 172.2 LGSS.-  Solamente las situaciones de  IPA o de GI pueden ser determinantes del reconocimiento de la contingencia como enfermedad profesional.- Se estima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por Mutua frente a Sentencia desestimatoria del TSJ del País Vasco, sobre impugnación de contingencia, en relación con prestación de viudedad.La Sala declara que el art. 2.2 OMS [OM 13/02/67] dispone que «... deberá probarse que la muerte ha sido debida a alguna de las aludidas contingencias [accidente de trabajo y enfermedad profesional] ... No obstante se reputarán, de Derecho, muertos a consecuencia de accidente de trabajo o de enfermedad profesional, los que fallezcan teniendo reconocida por tales causas una incapacidad permanente absoluta para todo trabajo o la condición de grandes inválidos».Por su parte, el art. 172.2 LGSS establece que «Se reputarán de derecho muertos a consecuencia de accidente de trabajo o de enfermedad profesional quienes tengan reconocida por tales contingencias una invalidez permanente absoluta para todo trabajo o la condición de gran inválido. Si no se da el supuesto previsto en el párrafo anterior, deberá probarse que la muerte ha sido debida al accidente de trabajo o a la enfermedad profesional, siempre que el fallecimiento haya ocurrido dentro de los cinco años siguientes a la fecha del accidente; en caso de enfermedad profesional se admitirá tal prueba , cualquiera que sea el tiempo transcurrido».Y aue aunque la Sala ha aceptado en determinadas ocasiones la vigencia de algunos preceptos concretos de la OM 09/05/62, lo cierto es que la regulación contenida en los arts. 105.b ) y 109.2 de aquella disposición reglamentaria -detalladamente argumentada por la Sentencia que se recurre- han de decaer en su aplicación por virtud de los principios de jerarquía [ art. 9.3 C.E. ] y modernidad [ art. 2.2 CC ], de forma que han de entenderse implícitamente derogados.