Sentencia Social 1001/2022 del Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 3835/2021 de 21 de diciembre del 2022

PRIMERO.- 1.- La cuestión que se debate en el presente recurso de casación unificadora se refiere, básicamente, a determinar la necesidad o no de acreditar, por parte de la empresa que extingue un contrato por causas organizativas o productivas, vinculadas a la pérdida de una contrata, la imposibilidad de recolocar a los trabajadores despedidos en puesto adecuado y en su caso probar la imposibilidad de recolocación.

2.- Al trabajador demandante se le notificó carta de despido por causas objetivas derivadas de la extinción de la contrata adjudicada a la demandada en la que prestaba sus servicios. La sentencia de instancia, del Juzgado de lo Social nº. 9 de Bilbao, declaró la procedencia del despido. La sentencia aquí recurrida, de la Sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 13 de julio de 2021, Rec. Sup. 688/2021, revocó dicha resolución y declaró la improcedencia; resolviendo que la causa organizativa requiere, para legitimar la extinción contractual, que la empresa carezca de otro puesto adecuado.

Consta que el trabajador prestaba sus servicios para la demandada como ingeniero técnico, desde 2017 prestaba sus servicios como jefe de grupo en la planta de Enagás "la gaviota". El 27 de marzo de 2020 se le notificó carta de despido objetivo con efectos del mismo día al no haber sido adjudicataria la empresa demandada del contrato de mantenimiento para los años 2020-2022 de la planta de Enagás la gaviota. Además del actor, de los 8 trabajadores de la demandada que prestaban sus servicios en dicha planta ninguno ostentaba la categoría de ingeniero técnico, 6 fueron reubicados en otros puestos y a 2 se les extinguió su relación laboral.

3.- Recurre la empresa demandada denunciando infracción de normas jurídicas y de la jurisprudencia; en concreto, infracción del artículo 52.C) ET y 24 CE, así como jurisprudencia de la Sala dictada en las sentencias que referencia y extracta en su recurso, que ha sido impugnado de contrario e informado por el Ministerio Fiscal en el sentido de considerarlo procedente.

SEGUNDO.- 1.- La recurrente invoca como sentencia de contraste la de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 30 de junio de 2014. Rec. Sup. 76/2014. En la misma, las trabajadoras prestaban sus servicios para la demandada Eurest colectividades SL, se les notificó carta de despido objetivo por causas productivas derivadas del cese de la actividad que desarrollaban para un cliente, lo que determinaba que no hiciera falta personal al haber desaparecido el servicio que prestaban. La sentencia suplicación recogió la doctrina de esta Sala IV con arreglo a la cual en las empresas de servicios la pérdida de una contrata ha de ser considerada causa productiva y organizativa. La Sala resolvió que el exceso de personal se producía al desaparecer el centro de trabajo en el que prestaban sus servicios los trabajadores fue suficiente para apreciar la existencia de causa de índole productiva; sin que a ello obstaculizase la contratación de 46 trabajadores de distinta categoría a la de las actoras y sin mayores precisiones de fechas, carácter indefinido o temporal de los contratos, ni ubicación geográfica; añadiendo que no parece posible con la regulación actual establecer una obligación de la empresa - ya problemática incluso con anterioridad - de coordinar la extinción de las contratas con la suscripción de otras, instrumentando ofertas de recolocación tal vez con movilidad geográfica o funcional, medidas éstas tal vez apropiadas para su regulación mediante la negociación colectiva, pero cuya ausencia no debe determinar la calificación de improcedencia del despido.

2.- Concurre la contradicción en los términos exigidos por el artículo 219 LRJS pues en base a hechos, pretensiones y fundamentos sustancialmente iguales las resoluciones comparadas contienen resoluciones diferentes, de manera especial y singular en torno al núcleo de la contradicción relativo a la necesidad o no de agotar las posibilidades de recolocación o probar que son inexistentes como requisito imprescindible para la viabilidad y procedencia del despido derivado de causas organizativas o productivas derivadas de la pérdida de la contrata; supuesto fáctico muy similar en ambas resoluciones en las que las pretensiones y fundamentos resultan idénticos. Ante la alegación del impugnante del recurso según la cual no concurre la identidad sustancial, el criterio de la Sala es el expuesto y, considera además, que se ha cumplido en el escrito del recurso la exigencia de una relación precisa y circunstanciada de la contradicción.

TERCERO.- 1.- Resulta conveniente para la resolución del recurso reiterar algunas cuestiones que nuestra jurisprudencia ha venido estableciendo sobre las causas que justifican el recurso a la extinción objetiva de los contratos de trabajo, en concreto, respecto de la causa productiva derivada de la pérdida de una contrata por parte de la empresa que procede a la extinción. Con carácter general, si la causa es productiva, ha de probarse por el empresario, que se han producido disfunciones en el entorno de su actividad, como falta de pedidos o bien descenso progresivo de la producción o de la actividad de la empresa, que le obligan a modificar o disminuir la producción, haciendo obsoletos uno o varios puestos de trabajo, ya que de no extinguirse dichos puestos de trabajo, se desequilibraría el proyecto empresarial. En punto a la rescisión de una contrata como causa productiva que podría justificar el recurso al despido objetivo del artículo 52 c) ET hemos señalado que "la pérdida o disminución de encargos de actividad ha de ser considerada por su origen una causa productiva, en cuanto que significa una reducción del volumen de producción contratada, y por el ámbito en que se manifiesta una causa organizativa, en cuanto que afecta a los métodos de trabajo y a la distribución de la carga de trabajo entre los trabajadores" ( STS nº. 361/2016, de 3 de mayo, rcud. 3040/2014) y que "la reducción de actividad de servicios a la finalización de la contrata inicial ha generado dificultades que impiden el buen funcionamiento de la empresa; como tal hay que considerar el exceso de personal resultante de tal reducción. A estas dificultades se puede hacer frente mediante amortizaciones de los puestos de trabajo sobrantes, de forma que se restablezca la correspondencia entre la carga de trabajo y la plantilla que la atiende. Y el ámbito de apreciación de la causa productiva sobrevenida puede ser el espacio o sector concreto de la actividad empresarial afectado por el exceso de personal, que es en el caso la contrata finalizada y renovada con menor encargo de servicios y consiguientemente de ocupación" ( SSTS de 16 de septiembre de 2009, rcud. 2027/2008 y de 26 de abril de 2013, rcud. 2396/2012). La reducción de actividad de servicios a la finalización de la contrata inicial genera dificultades que impiden el buen funcionamiento de la empresa; como tal hay que considerar el exceso de personal resultante de tal reducción. A estas dificultades se puede hacer frente mediante amortizaciones de los puestos de trabajo sobrantes, de forma que se restablezca la correspondencia entre la carga de trabajo y la plantilla que la atiende. Y, como hemos señalado en la STS de 8 de julio de 2011 (rcud. 3159/2010) "el ámbito de apreciación de la causa productiva sobrevenida puede ser el espacio o sector concreto de la actividad empresarial afectado por el exceso de personal, que es en el caso la contrata finalizada y renovada con menor encargo de servicios y consiguientemente de ocupación".

Igualmente hemos señalado que incluso la propia reducción en los términos (cuantía o volumen) de la contrata puede implicar la concurrencia de la causa extintiva al manifestar que "la reducción de actividad de servicios a la finalización de la contrata inicial ha generado dificultades que impiden el buen funcionamiento de la empresa; como tal hay que considerar el exceso de personal resultante de tal reducción. A estas dificultades se puede hacer frente mediante amortizaciones de los puestos de trabajo sobrantes, de forma que se restablezca la correspondencia entre la carga de trabajo y la plantilla que la atiende. Y el ámbito de apreciación de la causa productiva sobrevenida puede ser el espacio o sector concreto de la actividad empresarial afectado por el exceso de personal, que es en el caso la contrata finalizada y renovada con menor encargo de servicios y consiguientemente de ocupación" ( STS de 31 de enero de 2010, rcud. 1719/2007) y también hemos puesto reiteradamente de relieve que "la reducción del volumen de actividad encomendado por una empresa comitente a otra auxiliar puede justificar la extinción de cierto número de contratos por circunstancias objetivas al amparo del artículo 52,c) ET, pero no la extinción al amparo del art. 49.1,c), preceptos que tienen regímenes indemnizatorios diversos" ( SSTS de 16 de julio de 2014, rcud 1777/2013 y de 17 de septiembre de 2014, rcud. 2069/2013; en doctrina reiterada de nuevo en las de 10 de enero de 2017, rcud. 1077/2015 y de 14 de noviembre de 2017, rcud. 2954/2015.

2.- Por lo que hace referencia al núcleo de la contradicción que aquí se examina y que se refiere, básicamente, a la necesidad o no de acreditar, por parte de la empresa que extingue los contratos, la imposibilidad de recolocar a las trabajadoras despedidas, nuestra jurisprudencia ha sido constante en la negación de tal exigencia ya que el artículo 52-c) ET no impone al empresario la obligación de agotar todas las posibilidades de acomodo del trabajador en la empresa, ni viene aquél obligado, antes de hacer efectivo el despido objetivo, a destinar al empleado a otro puesto vacante de la misma. Así lo hemos sostenido en las SSTS de 21 de julio de 2003, rcud. 4454/2002; de 19 de marzo de 2002, rcud. 1979/2001; de 13 de febrero de 2002, rcud. 1496/2001, y de 7 de junio de 2007, rcud. 191/2006, entre otras. De ellas se extrae la conclusión de que, de conformidad con la doctrina jurisprudencial que se acaba de citar, lo lógico es deducir que la amortización de plazas por causas ajenas a la voluntad del empleador constituye causa objetiva justificativa del despido, sin que el hecho de que puedan existir en la empresa otros puestos vacantes, determine normalmente la declaración de improcedencia de tal despido, salvo supuestos excepcionales ( SSTS de 29 de noviembre de 2010, Rcud. 3876/2009, de 26 de abril de 2013, Rcud. 2396/2012 y de 1 de febrero de 2019, Rcud. 1595/2015).

3.- En consecuencia, al producirse la extinción de la totalidad de la contrata y no la mera reducción del volumen de la misma, resulta ajustada la medida adoptada de extinción de los contratos de las personas trabajadoras que venían prestando sus servicios en este centro de trabajo. No empece tal conclusión el hecho de que, además del actor, de los 8 trabajadores de la demandada que prestaban sus servicios en dicha planta 6 fueran reubicados en otros puestos y a 2 se les extinguiera su relación laboral, ya que de ello no se deduce, como dijimos en la STS de 11 de enero de 2022, Rcud. 4890/2018, que necesariamente se haya de proceder a ubicar a los demás trabajadores en dicho centro de trabajo.

CUARTO.- La aplicación de la anterior doctrina al supuesto que examinamos debe conducir a la estimación del recurso puesto que la buena doctrina se halla en la sentencia aportada de contraste. En efecto, el equivocado tratamiento y significado que, de manera uniforme, hace la sentencia recurrida de las causas justificativas de la amortización individual de puestos de trabajo, conduce a la inaceptable conclusión de que cuando se alegan causas organizativas o de producción, han de agotarse todas las posibilidades de acomodo del trabajador o de su destino a otro puesto vacante de la misma empresa, hasta el punto de que si no se procede así el despido se califica de improcedente. A este respecto, como dijimos en la STS de 19 de marzo de 2002 (rcud. 1979/2001) debe tenerse presente el texto legal en sus pronunciamientos concretos ya que el artículo 52,c) del Estatuto de los Trabajadores no contempla esa posibilidad ni impone de manera expresa al empresario la obligación de mantener al trabajador afectado por la medida en la plantilla utilizando sus servicios en otros contratas centros de trabajo de la misma o de distinta localidad.

En consecuencia, de conformidad, el dictamen del Ministerio Fiscal, se estima el recurso de casación para la unificación de doctrina, sin especial pronunciamiento sobre las costas ( Artículo 235 LRJS) y con devolución al recurrente del depósito y consignaciones efectuadas para recurrir ( Artículo 228.2 LRJS).