Sentencia Social Nº 76/2004, Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Leon, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 9/2004 de 03 de Febrero de 2004

Conforme sentada doctrina de nuestro TC: en la sentencia 29/2000, de 31 de enero, señala que «para imponer la carga probatoria expresada, el actor ha de aportar un indicio razonable de que el acto impugnado lesiona sus derechos fundamentales (STC 87/1998, de 21 de abril [RTC 199887], y las allí citadas)»; a lo que añade que «no es suficiente la mera alegación de la vulneración constitucional», sino que al «demandante corresponde aportar un indicio razonable de que la alegada lesión se ha producido, esto es, un principio de prueba dirigido a poner de manifiesto, en su caso, el motivo oculto de aquel acto para, una vez alcanzado el anterior resultado probatorio por el demandante, hacer recaer sobre la parte demandada la carga de probar la existencia de causas suficientes, reales, y serias, para calificar de razonable su decisión (STC 21/1992, de 14 de febrero [RTC 199221])».