Sentencia Social Nº 590/2004, Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1734/2003 de 10 de Junio de 2004

El TSJ confirma la sentencia recurrida que declara improcedente el despido del trabajador actor, al desestimar recurso interpuesto por este y la Administración autonómica demandada. Declara la Sala que, al contrario de lo que mantiene el recurrente, el Juzgador de instancia si ha entendido que existían indicios racionales de que se había producido una violación de derechos fundamentales en el cese del actor y por ello desplaza la carga de la prueba hacia las codemandadas, y exige a la misma una justificación razonable y fundada de que la extinción del contrato de trabajo no obedece a las causas por él alegadas. Lo que ocurre es que el Juzgador, analizando las circunstancias concretas del supuesto de hecho que encierra el presente procedimiento, entiende que las codemandada dan razones suficientes, en concreto tres distintas, que permiten descartar la existencia de un móvil discriminatorio como fundamento del cese del actor. En cuanto al motivo esgrimido por la Administración concluye el Tribunal que el objeto real de las encomiendas celebradas entre la Administración recurrente y la empresa no fue sino la prestación de servicios de un grupo de trabajadores, entre los que estaba el actor, que en el marco de su actividad laboral se integraban en la estructura organizativa de la primera, a pesar de que el contrato de trabajo estaba formalizado con la segunda. De los hechos probados no resulta que exista prestación alguna por parte de la empresa distinta a la propia prestación de los trabajadores cedidos cuya relevancia la convierta en el objeto de la encomienda celebrada entre ambos empleadores y que la diferencie netamente de una mera puesta a disposición de trabajadores. Y a estos efectos es por completo irrelevante sí la empresa dispone o no de estructura organizativa propia como empresa y no constituye una mera ficción, puesto que lo importante es si dicha estructura organizativa ha entrado o no en juego en la prestación contratada entre las empresas.