Sentencia Social 24/2024 Juzgado de lo Social de Santander nº 4, Rec. 764/2022 de 16 de enero del 2024

Primero. Valoración de los hechos probados.

Dispone el art. 97.2 LRJS que "la sentencia deberá expresar, dentro de los antecedentes de hecho, resumen suficiente de los que hayan sido objeto de debate en el proceso. Asimismo, y apreciando los elementos de convicción, declarará expresamente los hechos que estime probados, haciendo referencia en los fundamentos de derecho a los razonamientos que le han llevado a esta conclusión, en particular cuando no recoja entre los mismos las afirmaciones de hechos consignados en documento público aportado al proceso respaldados por presunción legal de certeza. Por último, deberá fundamentar suficientemente los pronunciamientos del fallo.

En el presente caso, los "echos probados"no han sido controvertidos, si bien, en todo caso, resulta de la documental obrante en los autos. La resolución de la litis es principalmente de carácter jurídico.

Segundo. Objeto de la controversia.

La actora solicita que se homologuen las tablas salariales de 2020, 2021, 2022 y 2023 -esta última anualidad se amplió en juicio- (o, subsidiariamente, que se declare la obligación de las demandadas para que, con la mayor celeridad, den los pasos precisos para la renovación del cargo de presidente de la patronal y firma de las tablas salariales) con fundamento en que ASEFUCA y el COLEGIO DE ADMINISTRADORES DE FINCAS, pese a que el art. 10 del Convenio impone la actualización salarial, se han negado a negociar sobre el particular.

Por ello, la actora entiende que las referidas codemandadas están obstaculizando la negociación colectiva e incurriendo en una práctica antisindical, de ahí que solicite una indemnización adicional de 10.000 €

El COLEGIO TERRITORIAL DE ADMINISTRADORES DE FINCAS

DE CANTABRIA se opone a la demanda alegando falta de legitimación pasiva pues no fue negociadora ni firmante del Convenio ni de las tablas salariales. Preciso que el Colegio fue un mero asesor de ASEFUCA durante la negociación del Convenio.

La UNIÓN SINDICAL COMISIONES OBRERAS DE CANTABRIA y la UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE CANTABRIA se adhirieron a

la demanda.

Tercero. Legitimación pasiva del COLEGIO TERRITORIAL DE ADMINISTRADORES DE FINCAS DE CANTABRIA.

1. Es cierto que los Convenio de 2007 (II Convenio, BOE 2 de julio de 2007), 2014 ( IV Convenio, BOE de 19 de agosto de 2014) y 2017 ( V Convenio, BOE de 4 de septiembre de 2017) incluyen, en su art. 1 (partes que conciertan el convenio), dentro de la parte empresarial, al COLEGIO TERRITORIAL DE ADMINISTRADORES DE FINCAS DE CANTABRIA; e incorporan, igualmente, a la hora de regular la comisión paritaria, dentro de la descripción de la parte empresarial, además de ASEFUCA, al COLEGIO TERRITORIAL DE ADMINISTRADORES DE FINCAS DE CANTABRIA.

2. Sin embargo, los propios actos de las partes, el ámbito de aplicación del Convenio y la naturaleza del Colegio evidencian que éste ha venido actuando realmente como asesora de ASEFUCA, pero no como parte negociadora autónoma.

Así, en cuanto a los actos propios, diversos documentos reflejan que la parte empresarial estaba formada exclusivamente por ASEFUCA. Entre ellos destacan las actas de la Comisión negociadora que aprobaron la actualización de las tablas salariales de 2007, 2016 y 2018, las cuales describen como parte empresarial a ASEFUCA, y precisan que Germán (presidente del Colegio), intervino en la cualidad de asesor. Y en la acta de 2019 aparece igualmente como parte empresarial ASEFUCA.

En el mismo sentido, la "esolución disponiendo la inscripción en el Registro y Publicación del Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo para el Sector de Empleados de Fincas Urbanas para el periodo 2017-2020" refiere que la comisión negociadora está integrada por "as personas designadas por la Asociación de Empresarios de Fincas Urbanas de Cantabria (ASEFUCA) en representación de la patronal (...)"

Finalmente, en la misma línea, identificando exclusivamente a ASEFUFA como parte empresarial, otros textos como la resolución disponiendo la inscripción en el registro y publicación del acuerdo colectivo sobre la ultraactividad del Convenio para el Sector de Empleados de Fincas Urbanas de Cantabria (BOE de 31 de julio de 2013); el acuerdo sobre jubilación parcial con objeto de rejuvenecimiento de plantillas -BOE de 25 de abril de 2013-; o el acta de constitución de la mesa negociadora del V convenio colectivo.

3. De otro lado, carece de lógica concebir al COLEGIO TERRITORIAL DE ADMINISTRADORES DE FINCAS DE CANTABRIA como parte negociadora del convenio cuando sus integrantes no son empresas incluidas en el ámbito personal de aplicación del Convenio (comunidades de propietarios) ni tienen contratados trabajadores de dicho ámbito (("rabajadores que bajo la directa dependencia de los propietarios de las fincas urbanas o sus representantes legales, tienen encomendada la vigilancia, cuidado, conservación y limpieza de ellas y de los servicios comunales allí instalados, así como los Auxiliares, Administrativos que se encuentren contratados al servicio de las Comunidades de Propietarios"(art. 4)). Además, la intervención del Colegio como asesor es coherente con la relación interna que existe entre los administradores de fincas y las comunidades de propietarios, como gestores y asesores de estas.

4. Por lo expuesto, la legitimación pasiva, en su caso, corresponde exclusivamente a ASEFUCA, que es la única capacitada para negociar y firmar las actualizaciones salariales objeto del petitum de la demanda. Procede, pues desestimar la demanda formulada contra el COLEGIO TERRITORIAL DE ADMINISTRADORES DE FINCAS DE CANTABRIA.

Cuarto. Responsabilidad de ASEFUCA.

Concretada la legitimación pasiva de ASEFUCA, su falta absoluta de negociación al objeto de cumplir con lo dispuesto en el art. 10 del Convenio sobre el incremento salarial ha conllevado una vulneración de la libertad sindical ( art. 28 CE) en cuanto que desvirtualiza la facultad negociadora de los representantes sindicales ( STSJ del País Vasco de 11 de diciembre de 2017, recurso 2185/2017).

Las consecuencias de este omisión no pueden consistir en la sustitución de la negociación colectiva, homologando las tablas salariales de 2020 a 2023, sino en la condena a ASEFUCA para que cumpla con su obligación de negociación colectiva al objeto de hacer efectivo el incremento salarial previsto en el art. 10 del Convenio, así como al abono de una indemnización de 10.000 € por la vulneración del derecho fundamental a la libertad sindical.

Quinto. Efectos de la sentencia.

La presente sentencia es ejecutiva desde su dictado y produce, una vez firme, los efectos de cosa juzgada sobre los procesos individuales.

Así lo disponen los apartados 4, 5 y 6 del art. 160.3 LRJS:

4. La sentencia será ejecutiva desde el momento en que se dicte, no obstante el recurso que contra la misma pueda interponerse.

5. La sentencia firme producirá efectos de cosa juzgada sobre los procesos individuales pendientes de resolución o que puedan plantearse, que versen sobre idéntico objeto o en relación de directa conexidad con aquél, tanto en el orden social como en el contencioso-administrativo, que quedarán en suspenso durante la tramitación del conflicto colectivo. La suspensión se acordará aunque hubiere recaído sentencia de instancia y estuviere pendiente el recurso de suplicación y de casación, vinculando al tribunal correspondiente la sentencia firme recaída en el proceso de conflicto colectivo, incluso aunque en el recurso de casación unificadora no se hubiere invocado aquélla como sentencia contradictoria.

6. La iniciación del proceso de conflicto colectivo interrumpirá la prescripción de las acciones individuales en igual relación con el objeto del referido conflicto.

Sexto. Recursos.

La presente sentencia es recurrible en suplicación, de acuerdo con lo preceptuado en el art. 191.3.f) LRJS: 3-Procederá en todo caso la suplicación: (...

f) contra las sentencias dictadas en materia de conflictos colectivos (.....