Sentencia Penal Nº 869/2018, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 206/2018 de 15 de Noviembre de 2018

Encabezamiento

Audiència Provincial de Barcelona

Secció Vint-i-dosena

Rotlle apel lació penal núm. 206/2018 - M

Referència de procedència:

JUTJAT PENAL 27 BARCELONA

Procediment Abreujat núm. 79/2018

Data sentència recorreguda: SENT. 11.06.18

SENTÈNCIA NÚM. 869/2018

Magistrats/des:

Joan Francesc Uría Martínez

Juli Solaz Ponsirenas

Maria Josep Feliu Morell

La dicta la Secció Vint-i-dosena de l'Audiència Provincial de Barcelona en recurs d'apel lació núm. 206/2018, interposat contra la Sentència pronunciada pel JUTJAT PENAL 27 BARCELONA en data 11.06.18 , en procediment Abreujat núm. 79/2018. Han estat parts María Inmaculada com apel.lant, representat per la procuradora Srª García Gómez; Ismael, com apel.lat, representat per la procuradora Srª Belén García, i el Ministeri Fiscal. D'aquesta sentència, que expressa l'opinió del Tribunal, ha estat ponent Maria Josep Feliu Morell.

Barcelona, quinze de novembre de dos mil divuit.

Antecedentes

Primer.El 11 de juny de 2018 el Jutjat penal núm. 27 de Barcelona dictà sentència amb la decisió següent: ' Que debo absolver y absuelvo libremente a don Ismael del delito de maltrato en el ámbito familiar del que ha sido acusado en esta instancia, con todos los pronunciamientos favorables inherentes a dicho fallo absolutorio.

Se declaran de oficio las costas procesales causadas en esta instancia.'.

A la sentència es declaren provats els fets següents: ' El presente procedimiento dimana de las Diligencias Urgentes núm. 534/2017 incoadas por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 1 de DIRECCION000 en méritos del atestado núm. NUM000 formado por la Comisaría de L'Hospitalet de Llobregat del Cuerpo de Mossos d'Esquadra.

Concluida que fue la instrucción el Ministerio Fiscal formuló acusación contra don Ismael como presunto autor de un delito de maltrato en el ámbito familiar del artículo 153.1 y 3 del Código Penal , atribuyéndole los siguientes hechos:

'Se dirige la acusación contra Ismael, nacido el NUM001 de 1974 en Ecuador, con N.I.E. NUM002, con antecedentes penales no computables a los efectos del presente procedimiento en cuanto que cancelados, y cuya situación administrativa en España no consta en la causa, quien en la fecha de los hechos mantenía una relación sentimental con María Inmaculada con quien tenía una hija en común de 1 año y 3 meses de edad en la fecha de los hechos y con quien convivía en el domicilio sito en la CALLE000 número NUM003, NUM004 NUM001, de DIRECCION000.

Sobre las 16:30 horas del 25 de diciembre de 2017, tras una discusión entre ambos, encontrándose en el domicilio familiar y teniendo la Sra. María Inmaculada a la hija menor en brazos, el acusado, con ánimo de atentar contra la integridad física de su pareja, le propinó un bofetón en la cara y le agarró del pelo tirándola al suelo. Una vez en el suelo la Sra. María Inmaculada, el acusado, con el mismo ánimo, le pisó el pecho con el pie.

A consecuencia de estos hechos María Inmaculada ha sufrido lesiones consistente en dolor a la palpación en la zona parietal del cuero cabelludo, erosión en zona cervical cara anterior y dolor a la palpación en zona pectoral izquierda, que han requerido objetivamente para su sanidad de una primera asistencia facultativa sin ulterior tratamiento y de cinco días para su curación, ninguno de ellos impeditivo para el desarrollo de sus ocupaciones habituales.

La Sra. María Inmaculada no reclama indemnización alguna por las lesiones causadas'.

Sobre las 18:10 horas del día 25 de diciembre de 2017 doña María Inmaculada acudió al Hospital General de DIRECCION000, donde fue visitada por el Dr. Ilie Muntean quien, durante la exploración, constató que la Sra. María Inmaculada presentaba una erosión en la cara anterior de la zona cervical.

A partir de la prueba practicada no ha resultado acreditado cómo se produjo la leve lesión cervical que presentaba la Sra. María Inmaculada ni tampoco que el acusado cometiera la agresión descrita en la conclusión primera del escrito de acusación del Ministerio Fiscal.'.

Segon.Formulat recurs d'apel lació per la representació processal de María Inmaculada el Jutjat l'admeté a tràmit, li'n donà curs, i finalment va remetre les actuacions a aquest Tribunal per a la decisió. El Ministeri Fiscal s'adhereix el recurs interposat. La representació de Ismael s'oposa al recurs d'apel lació i demana la confirmació de la sentencia.

S'accepta el relat de fets declarats provats en la sentència recorreguda.

Fundamentos

Primer.L'apel lant impugnà la sentència dictada en primera instància adduint un únic motiu d'impugnació que fonamenta extensament fent un recorregut sobre la valoració de la prova realitzada pel Jutge d'instància, al legant que de la prova practicada a l'acte del judici s'acredita la realitat dels fets denunciats i demana que es dicti una sentencia condemnatòria per l'acusat Ismael en el termes sol licitats

Segon.L' article 792.2 de la LEcrim estableix que ' La sentencia de apelación no podrá condenar al encausado que resultó absuelto en primera instancia ni agravar la sentencia condenatoria que le hubiera sido impuesta por error en la apreciación de las pruebas en los términos previstos en el tercer párrafo del artículo 790.2.

No obstante, la sentencia, absolutoria o condenatoria, podrá ser anulada y, en tal caso, se devolverán las actuaciones al órgano que dictó la resolución recurrida. La sentencia de apelación concretará si la nulidad ha de extenderse al juicio oral y si el principio de imparcialidad exige una nueva composición del órgano de primera instancia en orden al nuevo enjuiciamiento de la causa.'i l' article 790.2 tercer apartat de la LECrim., estableix que ' Cuando la acusación alegue error en la valoración de la prueba para pedir la anulación de la sentencia absolutoria o el agravamiento de la condenatoria, será preciso que se justifique la insuficiencia o la falta de racionalidad en la motivación fáctica, el apartamiento manifiesto de las máximas de experiencia o la omisión de todo razonamiento sobre alguna o algunas de las pruebas practicadas que pudieran tener relevancia o cuya nulidad haya sido improcedentemente declarada'. En aquest cas, l'apel lant impugna la sentencia absolutòria dictada pel Jutjat Penal, plantejant com motiu de recurs l'error en la valoració de la prova, i a la vista de que els fets enjudiciats i la incoació del procediment penal es posterior el dia 6 de desembre de 2015, data d'entrada en vigor de l'ultima reforma de la LEcrim, en la que es modifica la redacció dels preceptes abans esmentats, entre altres, s'evidencia que l'apel lant tenia, en el cas d'apreciar error en la valoració de la prova en primera instancia, haver sol licitat, fent les oportunes al legacions per justificar el que preveu l' article 790.2 tercer apartat de la LEcrim., la nul litat de la sentencia dictada en primera instancia i no única i exclusivament la seva revocació, vetada per l'article 790,2 de la mateixa llei, que trasllada al text de la llei el que ha estat notòria i reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, tal com senyala la STC de 17 de novembre de 2014 ' La doctrina sobre las condenas penales en segunda instancia previa revocación de un pronunciamiento absolutorio, iniciada en la STC 167/2002, de 18 de septiembre (FFJJ 9 a 11) y reiterada en numerosas Sentencias posteriores (entre otras muchas, SSTC 182/2007, de 10 de septiembre ; 28/2008, de 11 de febrero ; 1/2009, de 12 de enero , 24/2009, de 26 de enero y más recientemente, SSTC 22/2013, de 31 de enero ; 195/2013, de 2 de diciembre ; y 105/2014, de 23 de junio ), expresa que el respeto a los principios de publicidad, inmediación y contradicción, que forman parte del contenido del derecho a un proceso con todas las garantías ( art. 24.2 CE ), impone inexorablemente que toda condena se fundamente en una actividad probatoria que el órgano judicial haya examinado directa y personalmente y en un debate público en el que se respete la posibilidad de contradicción. También inciden en el tema las Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ( SSTEDH) de 29 de octubre de 1991, caso Jan Ake Andersson c. Suecia y de 5 de diciembre de 2002, caso Hoppe c.Alemania.

En aplicación de esta doctrina hemos dicho que el respeto a los citados principios de publicidad, inmediación y contradicción exige que el Tribunal de apelación oiga personalmente a los testigos, peritos y acusados que hayan prestado testimonio y declaración en el acto del juicio, dado el carácter personal de estos medios de prueba, a fin de llevar a cabo su propia valoración y ponderación y corregir la efectuada por el órgano de instancia, de manera que el órgano de apelación no puede operar una modificación de los hechos probados que conduzca a la condena del acusado, si tal modificación no viene precedida del examen directo y personal de los acusados o testigos en un debate público en el que se respete la posibilidad de contradicción.'

Dit això, la Sala ha de posar de manifest l'impossibilitat legal de declarar d'ofici la nul litat de la sentencia dictada en primera instancia, doncs tal com estableix l' article 240.2 apartat segon de la LOPJ 'En ningún caso podrá el Juzgado o Tribunal, con ocasión de un recurso, decretar de oficio una nulidad de las actuaciones que no haya sido solicitada en dicho recurso, salvo que apreciare falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional o se hubiese producido violencia o intimidación que afectase a ese Tribunal',

Per tant, la Sala no pot entrar en valoracions sobre l'existència o no d'error en l'apreciació de la prova en els supòsits de sentencies absolutòries, quan la part apel lant no ha sol licitat de forma fonamentada la nul litat de la sentencia, perquè si no es possible en segona instancia la condemna de l'acusat absolt en la primera, i el Tribunal tampoc pot acordar d'ofici, sense petició del recurrent, la nul litat de la sentencia dictada en primera instancia, s'haurà de desestimar el recurs d'apel lació interposat amb impossibilitat de entrar en el fons de la qüestió plantejada al no ser possible la seva estimació en els termes en que esta interessada.

Per tot l'exposat, es procedent la desestimació del recurs d'apel lació.

Tercer.Atès que la doctrina constitucional esmentada és tan clara i reiterada que el seu desconeixement a hores d'ara resulta clarament temerari, les costes d'aquesta instància s'haurien d'imposar a la recurrent, que l'ha ignorada, en aplicació del que disposa l' article 240.3r. de la vigent Llei d'enjudiciament criminal; malgrat això, com que el Ministeri fiscal s'ha adherit al recurs i a aquest legalment no se li poden imposar les esmentades costes, atenent el principi d'igualtat de les parts, s'han de declarar d'ofici les costes d'aquesta alçada, que altrament s'haurien d'imposar a la part apel lant.

Fallo

1. Desestimem el recurs d'apel lació expressat en l'antecedent de fet segon d'aquesta sentència.

2. Confirmem la sentència dictada pel Jutjat penal num. 27 de Barcelona en data 11 de juny de 2018 en el Procediment Abreujat num. 79/2018

3. Es declaren d'ofici les costes processals causades en aquesta segona instància.

Aquesta sentència no és ferma, i contra la mateixa es pot interposà recurs de cassació per infracció de llei si es considera que, atesos els fets que es declaren provats en la resolució, s'ha infringit un precepte penal de caràcter substantiu o una altra norma jurídica del mateix caràcter que hagi de ser observada en l'aplicació de la llei penal, preparant el recurs mitjançant un escrit autoritzat per un advocat i un procurador, si el recurrent no és el Ministeri fiscal, escrit presentat dins dels cinc dies següents al de l'última notificació de la sentència, i en el qual s'ha de demanar testimoniatge de la sentència i manifestar la classe de recurs que s'intenti utilitzar.

Així ho disposa el Tribunal i ho signen els magistrats que el formen.