Sentencia Penal Nº 58, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1042 de 31 de Julio de 2000

En el presente caso, el juzgador "a quo" dispuso de suficiente prueba de cargo, tanto documental (parte médico) como testifical, incluyendo en éstas las declaraciones de la propia lesionada cuyo valor como prueba de cargo ha sido reconocido por el T.C. S. 229/91 y por el m S. SS 4 mayo 1.990 y 11 de marzo de 1.999 entre otras. Se combate la declaración prestada por la testigo principal (la lesionada) y al respecto debemos recordar la doctrina reiterada en orden a tal planteamiento no puede ser atendido, cuando la cuestión debatida por vía de recurso de apelación es la valoración de la prueba rendida ante el juez a quo y valorada por éste en uso de la base de la actividad desarrollada en el juicio oral, debe, partirse de la singular autoridad de la que goza la apreciación probatoria realizada por el juez ante quien se realizó el acto del juicio oral, núcleo del proceso penal y en el que adquirieron plena actividad los principios de inmediación contradicción y oralidad a través de los cuales de satisfacer la exigencia constitucional recogida en el artículo 24.2 CE.,    Por ello, aquella valoración solo puede ser rectificada, bien cuando sea ficticia por no existir el imprescindible soporte probatorio de cargo, bien cuando un detenido y ponderado examen de las actuaciones ponga de relieve un manifiesto y claro error del juzgador a quo de tal magnitud que haya necesaria una modificación de la realidad fáctica establecida.No existiendo, pruebas de cargo contra la Sra- Mallo y que desvirtúen el principio de presunción de inocencia.Se desestima el recurso.