Sentencia Penal Nº 40/2009, Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, Sección 1, Rec 14/2008 de 16 de Mayo de 2009

Se condena a uno de los acusados como autor (y a otros dos como cómplices), de un delito de falsedad en documento oficial, cometido por funcionario público en el ejercicio de sus funciones. La Sala declara que los certificados de defunción y los informes de necropsia son documentos oficiales. Los primeros de forma propia o autónoma pues dan por cierto, el hecho de la muerte de una persona y aseguran que se trata de esa persona con exclusión de cualquier otra; los segundos como parte de un expediente Administrativo de tipo sanitario al que se incorporan y como materialización de una actividad coadyuvante a la falsedad incorporada a los certificados de defunción. Estos certificados, a su vez, provocan incorrectas, por inveraces, inscripciones en los libros de registro de los lugares de enterramiento o en los de incineración, de modo que se afirma que los restos depositados en un determinado lugar, o los incinerados, corresponden a una persona determinada, no siendo así. Esta conducta es realizada en el caso por funcionarios públicos en el ejercicio de la función que les es propia, pues se está ante la incorporación en soporte papel de descripciones, datos y hechos inveraces, que son el resultado de una actividad realizada en el ejercicio de la función pública, del cumplimiento de un servicio público, la repatriación de los cadáveres de los militares españoles fallecidos en Turquía, en cuya ejecución se inserta la identificación de los restos mortales.