Sentencia Penal Nº 399/2021, Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sección 1, Rec 10694/2020 de 11 de Mayo de 2021

PENA DE PRIVACIÓN DEL DERECHO A RESIDIR EN DETERMINADOS LUGARES (art. 48 CP): se desestima el recurso de la acusación particular que pedía la imposición de esa pena al autor de la muerte de un familiar directo -hijo y hermano- de los accionantes. Es comprensible que mediante el recurso formalizado por el Letrado de la acusación particular se busque transmitir a esta Sala el desacuerdo y la preocupación de los padres de la víctima por futuros encuentros que puedan producirse con quien decidió acabar con la vida de su hijo, ya sea al disfrutar previsibles permisos penitenciarios, ya al cumplir la condena. La Sala es consciente de la necesidad de que el proceso penal, no sólo ajuste su desarrollo y desenlace a los principios que legitiman la aplicación de la pena, sino que sirva también como vehículo de reparación a las víctimas del delito. Si además se trata de un delito contra las personas que ha truncado la vida de un joven por un navajazo propinado por su agresor, las razones para reforzar esa función protectora se hacen más que evidentes. Pero es también palmario que esa protección de la víctima, en línea con una tendencia supranacional que se ha hecho realidad en nuestro país mediante la aprobación de la Ley 4/2015, 27 de abril, no puede hacerse depender de un impulso emotivo de solidaridad que no tenga verdadero anclaje en los principios determinantes de la imposición de una pena. Es difícil, en términos de estricta legalidad, censurar la decisión adoptada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El razonamiento que late en esa explicación parece inobjetable. No se trata de preservar la tranquilidad de una localidad de las características demográficas de DIRECCION000 frente al peligro que podría suponer la libertad de una persona con un historial delictivo más o menos extenso. La tragedia de la que da cuenta el relato de hechos probados tiene un origen muy concreto y un motivo desencadenante, ligados ambos a disensiones personales derivadas de una deuda económica respecto de la que existe plena constancia. De ahí que no se trate de proteger a una población frente a un sujeto peligroso, sino de preservar a los familiares de la víctima de la turbación que seguiría a un encuentro indeseado con el autor de la muerte de Argimiro. Y ese objetivo, desde luego, se consigue con las otras dos penas privativas de derechos que han sido impuestas en la instancia y mantenidas en la apelación. Se trata de la prohibición de aproximarse a una distancia inferior a 500 metros a los padres de la víctima, a su domicilio, lugares de trabajo o cualesquiera otros frecuentados por los mismos; y la prohibición de comunicarse con ellos por cualquier medio, ambas prohibiciones por tiempo de 17 años. La Sala entiende que el razonamiento del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, cuando concluye la innecesariedad de la pena de prohibición de residencia, no es arbitrario. Expresa con precisión la necesidad de que el proceso de individualización de las penas impuestas por un delito de homicidio no sea el resultado de una argumentación acumulativa en la que todas las previsiones del Código Penal se consideran proporcionalmente idóneas para dar respuesta al hecho enjuiciado.