Sentencia Penal Nº 225/2003, Audiencia Provincial de Cordoba, Sección 3, Rec 12/2003 de 18 de Noviembre de 2003

PRIMERO.- Se fundamenta la convicción de esteTribunal para declarar como probados los hechos anteriormente referidos, en el resultado de la prueba practicada en el acto del juicio oral , especialmente en el testimonio de la propia víctima Narciso . Es cierto que frente al contenido de su declaración se alza los testimonios prestados por los dos acusados y el pariente de los mismos menor de edad , que igualmente estuvo presente en estos hechos, y es igualmente cierto que estos tres testimonios son convergentes a la hora de referir que Jose Pedro fue el único que golpeó a Narciso , pero lo que en modo alguno puede obviarse, es que la necesaria certeza a la hora de establecer en conciencia un reproche penal, es una convicción que surge de un requisito o sustrato probatorio cualitativo y no cuantitativo. Es decir, en nuestro derecho penal no existe criterio alguno de prueba tasada, no es necesario, por tanto, un determinado número de testimonios convergentes para estimar como probado un hecho, basta que un solo testimonio ofrezca al Tribunal la credibilidad suficiente para establecer dicho reproche, y ello aunque ese testimonio único sea el de la propia víctima. Esto es precisamente lo que acontece en el presente caso. En efecto, este Tribunal que ha visto, oído, y percibido las sensaciones y matices que han trascendido de unas y otras declaraciones, no puede dejar de remarcar la contundencia y vehemencia con la que la propia víctima refería quienes fueron sus agresores y como golpearon cada uno de ellos, ofreciendo al efecto una versión nitidamente coherente, tanto en su aspecto interno como externo. Internamente, porque la declaración de la víctima ofrecida en el acto del juicio ha sido una sustancial reproducción de lo que la misma persistentemente ha mantenido en fase de instrucción. Externamente porque la declaración de la propia víctima - a diferencia de lo también sostenido persistente y unanimemente por sus contradictores- encuentra una tangencial confirmación en otros dos medios probatorios, cuales son, por un lado en el contenido de los correspondientes partes e informes forenses de sanidad obrantes en los folios 8, 38, 47 y 139 de la causa, los cuales integran una prueba documental nítidamente compatible con el amplio muestrario de golpes ( no solo los puñetazos que Jose Pedro admite) que la víctima dice haber recibido, y por otro lado en el contenido de la declaración que en el acto del juicio prestó quien hasta entonces había sido su propia compañera sentimental, de forma que si bien ésta manifestó no haber presenciado la plural agresión que la víctima refiere, pues llega al lugar de los hechos cuando los agresores ya se habían marchado y antes de que acudiere la policia, no deja de ser significativo lo que la citada testigo refirió en orden a lo que Narciso le dijo nada más verla " tu familia me ha hecho esto". Es decir, ya desde un primer y espontáneo momento inicial, la víctima está afirmando- y así resulta acreditado por medio de dicho testimonio - que su agresor no fue solo Jose Pedro , sino la familia de Regina , esto es, su hermano, su tío, y la tercera persona que les acompañaba.

Existen ,por tanto, percepciones y elementos objetivos más que suficientes para que, pese a las lógicas y connaturales cautelas que deben de presidir la labor de todo juzgador, este Tribunal otorgue una sustancial verosimilitud a la declaración prestada por Narciso , y, en consecuencia, desechar la voluntarista versión, parcialmente exculpatoria desde el punto de vista subjetivo, que nos ofrecen los acusados, plenamente dispuestos a que el reproche penal solamente alcance a uno de ellos, y no a todos quienes efectivamente participaron en estos hechos.

SEGUNDO.- Los hechos anteriormente declarados como probados son constitutivos del delito de lesiones previsto y penado en el art. 150 del Código Penal, de dicho delito aparecen criminalmente responsables en concepto de coautores materiales del mismo (párrafo primero del artículo 28 del citado código) los acusados Jose Pedro y Juan Miguel , pues ambos, de un modo plenamente consciente y voluntario, conjuntamente realizaron los actos que integran el ataque durante el transcurso del cual se produce el resultado típico de deformidad sancionado por dicho delito, el cual por razón de su mayor gravedad absorbe aquellos otros resultados lesivos de menor entidad inferidos, tal y como aquí acontece, en unidad de acción desde el estricto plano jurídico. Hubo entre ambos acusados un concierto o unidad de voluntades, un vínculo de solidaridad que les hace igualmente responsables y en el mismo grado, ya que ambos coadyuvaron de un modo eficaz al desarrollo del acometimiento de su víctima, con independencia de que fueren distintos los concretos golpes que uno y otro propinaron, y con pleno condominio del hecho, pues éste, tal y como efectivamente se desarrollo, perfectamente pudo haber sido abortado por cualquiera de los acusados.

En efecto, si la objetiva esencia de dicho delito, en lo que aquí respecta, consiste en la causación de una deformidad, no debemos de omitir que la jurisprudencia del T.S.- por todas Sentencia de 9 de abil de 2003- reiteradamente ha afirmado la subsunción de la pérdida de una pieza dentaria, visible, en el concepto jurídico de la deformidad del art. 150 del Código penal. Este resultado concreto aparece caracterizado por las notas del afeamiento y de la permanencia, sin que esta última se vea afectada , en general, por la posibilidad de que sea corregida por algún medio quirúrgico o de ortodoncia o mediante los implantes de piezas, pues el resultado de la acción no se ve alterado por la posibilidad de una corrección, en todo caso, posterior a su producción. Las actuaciones de reparación son posteriores a la producción del resultado , y son voluntarias, no pudiendo obligarse a la víctima a la realización de un acto médico.

En esta misma línea se situa la S.T.S de 4 de abril de 2003, que señala como una antigua y constante doctrina del Alto Tribunal ha estimado que la pérdida de una pieza dentaria acarrea una alteración de la " facies" de la persona, sobre todo si se trata de incisivos, que debe de ser considerada deformidad, sin que sea suficiente argumento en contra que la situación antiestética pueda ser modificada con técnicas quirúrgicas u odontológicas que suponen, en todo caso, costos y sufrimientos físicos y no alteren la inicial existencia de una verdadera deformidad.

En el caso de autos concurren, por tanto, los elementos objetivos (acometimiento físico causante de deformidad) exigidos por el citado art.150, debiéndose de precisar ahora si efectivamente concurren los elementos subjetivos del tipo igualmente exigidos por el citado precepto. En este sentido se ha de señalar que el delito de lesiones desde una óptica subjetiva se caracteriza por su frecuente comisión a través de dolo eventual, ya, que por su naturaleza, siempre existe un mínimo ingrediente de aletoriedad en las consecuencias lesivas, aunque pueden ser conocidas y asumidas por el agente. Cuando alguien quiere lesionar y lesiona a otro- dice la S.T.S de 26 de junio de 2002- no siempre controla al 100% la producción de un concreto resultado. Quizás el problema no se plantee en supuestos en que el " animus laedendi" es de carácter genérico ( v.g. art. 147 C.P) , pero si en los subtipos configurados a través de concretos resultados lesivos, como son los arts. 149 y 150 del Código Penal. Las posturas encontradas se mueven entre exigir para la aplicación del art. 150 del C.P. un dolo específico de causar deformidad, o simplemente el genérico de lesiones acompañado de un dolo indirecto o eventual de causar deformidad.

En esta línea, se ha de señalar que si bien ya no son admisibles los denominados delitos cualificados por el resultado (aquellos en los que el dolo exigible se refiere exclusivamente al acto inicial y no al resultado) pues a tal clase de delitos taxativamente se opone el principio de culpabilidad que viene consagrado en los arts. 5 y 10 del Código Penal, no por ello se debe de entender que los artículos 149 y 150 del Código Penal solo admiten, en el tipo subjetivo, la comisión mediante dolo directo y excluyan el eventual. Muy al contrario, es, perfectamente admisible el dolo eventual que no constituirá un supuesto excepcional en este tipo de lesiones, y así se decanta el T.S. en S.S., entre otras, de 14 de mayo de 1998, 5 de marzo de 1999, 3 de junio de 1999 y 4 de febrero de 2000.

Siguiendo estos pasos, aunque con una mayor plasticidad, se expresa la S.T.S. de 16 de abril de 2003, la cual, tras recodar que la eliminación por el legislador de la expresión " de propósito", que figuraba en los arts. 418 y 419 del C.P. de 1973 supone que es suficiente con la existencia del dolo eventual, indica que la cuestión se resuelve adecuadamente con la teoría de la imputación objetiva, según la cual será imputable un resultado cuando, habiéndose creado con la conducta consciente del sujeto un riesgo jurídicamente desaprobado para un determinado bien jurídico, constatada la relación de causalidad, tal resultado signifique la realización del riesgo creado (S.T.S. 14-X-02). Desde esta perspectiva, para la aplicación del art. 150 es suficiente, desde el punto de vista del dolo, con que el autor conozca el riesgo específico en que su conducta situa al bien jurídico y actue conscientemente progresando en su acción, así como que el resultado sea la concreción natural, probable y lógica del riesgo causado.

En el caso de autos ambos acusados deciden propinar conjuntamente a su víctima una fuerte paliza a título de vindicativo escarmiento, y ello por medio de indiscriminados golpes y patadas dirigidas a las zonas más diversas de su cuerpo, con lo cual el resultado de la pérdida de un incisivo es perfectamente representable como consecuencia lógica y natural de una acción de tal naturaleza, por lo que ese resultado es imputable a quienes en unidad de acción y propósito propinaron tales golpes, uno de los cuales, imprecisado pero realmente existente, término produciendo la pérdida del incisivo en cuestión. No puede sostenerse en términos de racionalidad que quienes ejecutan una acción de dicha naturaleza no estén implicitamente admitiendo como un probable resultado la pérdida de alguna pieza dentaria.

Como dice la S.T.S. de 6 de junio de 2002, como quiera que el instante correcto para calificar el dolo del autor es el de la acción típica, sería en una consideración ex ente, cuando deba juzgarse sobre la aceptacion de tal resultado, bastando o siendo suficiente con aceptar no exactamente el resultado delictivo sino la conducta capaz de producirlo , y de la aceptación de esta última en el caso de autos no hay duda alguna.

No desconoce este Tribunal que la Jurisprudencia del T.S., especialmente tras el Pleno no jurisdiccional de 14 de abril de 2002, admite determinadas modulaciones en orden a la aplicación del citado art. 150 del C.P., permitiendo , en atención a las circunstancias concurrentes en cada caso, incorporar a la función de subsunción criterios de proporcionalidad que permitan eludir por vía del art. 147 del mismo Código la grave penalidad prevista en el precepto inicialmente citado. Ahora bien, como entre esas circunstancias concurrentes ha de valorarse no solo los aspectos objetivos relativos a la estricta perdida de sustancia corporal y su mayor o menor dificultad de reparación, sino también aquellos aspectos objetivos relativos a la acción en si misma y voluntariamente desarrollada, - la brutalidad en la acción, dice la S.T.S. de 4 de abril de 2003-, y es el caso, que aquí los acusados ciertamente mostraron y quisieron usar con su víctima una acusada brutalidad, mal puede acudir este Tribunal al citado criterio de proporcionalidad a efectos de eludir la estricta aplicación de la penalidad efectivamente prevista en el citado art. 150 del C.P.

TERCERO.- Entiende la acusación particular que en la actuación de los acusados es de apreciar las circunstancias agravantes de alevosía, abuso de superioridad y ensañamiento. Tal elenco de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal no es plenamente compartido por este Tribunal, que sólo aprecia la efectiva concurrencia de la circunstancia de abuso de superioridad prevista en el num. 2 del art. 22 del C. P.

En efecto, la alevosía cuya presencia supone la razonable eliminación de cualquier posibilidad de riesgo en la ejecución material del acto, es incompatible con el abuso de superioridad, considerada como una alevosía de segundo grado (SS TS 30-Xl-93; 29-VI-95; 15-X-01) o menor, que se caracteriza por la debilitación de la defensa de la víctima por vía de una superioridad personal instrumental o medial del agresor. Es decir, mientras la alevosía sustancialmente consiste en una eliminación de defensa y riesgos, sin embargo, el abuso de superioridad sólo supone un debilitamiento de tales defensas y riesgos, son, en definitiva peldaños distintos de una misma escalera, la cual, en cada caso concreto y con independencia de la altura que efectivamente alcance , solo puede ser considerada unitariamente y no, tal como la acusación particular aquí propone mediante la simultánea adición de sus peldaños.

Pues bien, si tenemos en cuenta el relato de hechos probados anteriormente establecido, fácil es de obtener que la víctima no vio completamente suprimidas sus posibilidades de defensa, de hecho, aunque sin un resultado concreto, llego a lanzar desde el suelo- según manifesto en el acto del juicio- patadas y manotazos dirigidos a sus agresores, quienes de este modo tampoco vieron eliminados los riesgos que ellos mismos corrían. Descartada, por tanto, la presencia de alevosía, falta por motivar la opinión antes adelantada sobre la efectiva presencia del abuso de superioridad.

En este sentido no puede obviarse que el ataque conjunto que los acusados y otro dirigieron a la víctima constituyo una efectiva superioridad personal que objetivamente debilito o aminoro la defensa de éste (SS T.S. 22- XI- 85 y 18-V- 87), y que dicha superioridad personal fue buscada de propósito o, al menos, intencionadamente aprovechada (SS. T.S. 14-IV- 92 y 26-II-94). Concurren, por tanto, los elementos objetivos y subjetivos para apreciar en el caso la concurrencia de la citada agravante de abuso de superioridad.

Pese a la gran variedad de golpes que la víctima recibió no es de apreciar la circunstancia agravante de ensañamiento que igualmente preconiza la acusación particular.En efecto, tal variedad de golpes no son innecesario aumento deliberado e inhumano del sufrimiento y padecimiento de la víctima, sino precisamente una variedad de golpes integradora de la paliza que los acusados se propusieron propinar a su víctima y efectivamente propinaron con un animo fundalmente vindicativo.Maxime cuando dicho comportamiento supone una brutalidad en la acción que ya ha sido tenida en cuenta por este Tribunal para enmarcar los hechos en la órbita del art. 150 del C.P., y su consideracion independiente como circunstancia agravante supondria una doble valoraciòn en perjuicio de los acusados.

CUARTO.- Teniendo presente la abstracta penalidad establecida en el art. 150 del C.P.,así como la concurrencia de la agravante antes indicada, procede, una vez visto el coincidente contenido de la anterior y actual regla 3ª del art. 66 del C.P. , imponer a los acusados la citada pena abstracta ( prisión de tres a seis años) en su mitad superior. En este sentido, y una vez valorados las circunstancias del caso y especialmente la proyeccion del principio de proporcionalidad, este Tribunal considera que procede individualizar la pena correspondiente a cada uno de los acusados en el grado mínimo de la extensión legalmente establecida por la citada regla individualizadora, esto es, prision de cuatro años y seis meses para cada uno de ellos.

QUINTO.- Toda persona criminalmente responsable de un delito lo es también civilmente. Se centra el importe de la responsabilidadd civil de autos en la pertinente indemnización por los daños y perjuicios materiales y morales padecidos por razón de los 20 días de incapacidad, lo cual, habida cuenta del carácter doloso del obrar de los acusados y a razón de los 90 euros por día razonablemente solicitados por la acusación particular, supone un montante de 1800 euros; en el importe de los daños y gastos exclusivamente sufragados por la víctima para reparar las gafas y reloj dañados ( 403,70 euros) y sustituir el canino superior e inmovilizar otras piezas del arco superior afectadas por la perdida traumática de aquel ( 721,21 euros) , pues nada ha sido acreditado en orden a la relación causal que los otros gastos odontológicos guardan con los hechos enjuiciados; y una indemnización por la secuela causada por razón de la pérdida de la citada pieza dentaria, la cual habida cuenta de su exitosa y plena reparación ( informe forense obrante al folio 140 de la causa) procede equitativamente cualificar en 300 euros.

Por todo ello, procede que los acusados conjunta y solidariamente abonen a la víctima la suma total de 2224,91 euros, la cual desde la fecha de esta resolución devengará el interés del artículo 576 de la LEC.

QUINTO.- Procede imponer a los acusados el abono a partes iguales de las costas causadas, con inclusión entre estas, y por razón de su relevancia , de las devengadas por la acusación particular.

Vistos los artículos de pertinente y general aplicación al caso.