Sentencia Penal Nº 132/2011, Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sección 1, Rec 1053/2010 de 07 de Marzo de 2011

Delito contra la salud pública.- Pruebas de cargo.- Invalidez de las efectuadas en fase de instrucción.- Declaraciones en el plenario.- Se declara haber lugar al recurso de casación interpuesto contra sentencia condenatoria dictada por la Audiencia Provincial de Vizcaya, Sección Sexta, por delito contra la Salud pública. La Sala declara que lo único que reconoció uno de los recurrentes, fue que el otro le entregó una mochila pero que ignoraba su contenido, lo que no constituye reconocimiento de estar transportando con consciencia y voluntad una carga de droga, pues el reconocimiento ha de ser preciso y completo tanto del hecho objetivo como del elemento subjetivo de saber lo que se transporta, lo que aquí no se admitió. Por todo lo cual las manifestaciones de este recurrente en el plenario, al haber sido nvalidadas las declaraciones autoincriminatorias efectuadas en fase de instrucción y su eficacia probatoria de cargo,  no pueden calificarse de prueba de cargo por su insuficiencia incriminatoria para destruir su derecho a la presunción de inocencia, por lo que su reclamación casacional debe ser estimada, casándose la sentencia impugnada y dictándose otra por esta misma Sala en la que se declare su absolución. Y que la sentencia, en relación con el otro acusado,  debe ser revisada en su pronunciamiento sancionador y adecuada a la normativa vigente. A la vista de la gravedad del hecho, reflejado en la gran cantidad de sustancia estupefaciente de MDMA objeto del delito, respecto de la cual se aplica la "notoria importancia" a partir de los 240 gramos de sustancia pura según reiterada jurisprudencia de esta Sala, y siendo en el caso que la droga incautada era de 659 gramos de sustancia pura, se encuentra equitativo y proporcional, una vez que se ha apreciado la atenuante de drogadicción del art. 21.2º C.P ., imponer la pena de prisión de seis años y tres meses y la misma multa de 40.000 euros fijada en la sentencia recurrida, sin responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, según lo establecido en el art. 53.3 C.P.