Sentencia Penal Nº 106/2006, Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sección 1, Rec 276/2005 de 09 de Febrero de 2006

ÚNICO.- Los dos recurrentes son condenados por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, otro de detención ilegal y el recurrente Jose Pablo, además, por otro de robo con intimidación. Contra la condena oponen sendos motivos de impugnación, los dos formalizados por error de hecho en la apreciación de la prueba y vulneración del derecho fundamental a la presución d einocencia y a la tutela judicial efectiva. Ambos recursos son sustancialmente coincidentes, por lo que se analizan conjuntamente, al denuncia la inexistencia de una actividad probatoria regularmente obtenida y susceptible de ser valorada en los términos que el tribual de instancia ha realizado en el hecho probado.

El análisis conjunto de los motivos de oposición es procedente por cuanto ambos coinciden en negar la existencia de la precisa actividad probatoria sobre los hechos de la acusación, esto es, la privación de libertad de una persona, la inmigración clandestina de dos personas y el desapoderamiento violento del patrimonio de una persona. El error de hecho en la valoración de la prueba se concreta en la revaloración de las declaraciones testificales de los perjudicados en los hechos, Aurelio y Jose Enrique.

Los motivos, analizados conjuntamente, serán estimados. La presunción de inocencia se integra en nuestro ordenamiento como un derecho fundamental de toda persona en cuya virtud ha de presumirse su inocencia cuando es acusada en un procedimiento penal. Este derecho supone, entre otros aspectos, que corresponde a la acusación proponer una actividad probatoria ante el tribunal de instancia y que de su practica resulte la acreditación del hecho del que acusa. El tribunal procederá a su valoración debiendo constatar la regularidad de su obtención y su carácter de prueba de cargo, es decir, con capacidad para alcanzar, a través de un razonamiento lógico, la declaración de un hecho típico, antijurídico, penado por la ley y que pueda ser atribuído, en sentido objetivo y subjetivo, al acusado, debiendo expresar en la sentencia el relato de convicción y el razonamiento por el que entiende que se ha enervado el derecho fundamental a la presunción de inocencia. Corresponde al tribunal de casación comprobar que el tribunal ha dispuesto de la precisa actividad probatoria para la afirmación fáctica contenida en la sentencia, lo que supone constatar que existió porque se realiza con observancia de la legalidad en su obtención y se practica en el juicio oral bajo la vigencia de los principios de inmediación, oralidad, contradicción efectiva y publicidad, y que el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos y razonables que permitan su consideración de prueba de cargo.

El tribunal apoya su convicción sobre la base de los siguientes elementos de convicción sobre los que cabe discutir, como el recurrente realiza, su consideración de prueba susceptible de ser valorada: la declaración de Aurelio en sede policial y el reconocimiento sobre fotografías de los imputados, ratificada en un Juzgado de instrucción y valorada en los términos del art.730 de la Ley procesal . Los recurrentes niegan capacidad probatoria a esas declaraciones porque se han practicado sin la necesaria contradicción. Esta testifical narró los hechos subsumidos en el delito de secuestro, sobre el delito contra los derechos de los trabajadores y sobre el robo con intimidación. La testifical de Jose Enrique, solo para el delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, vertida en sede policial y en el Juzgado, en aplicación del art. 730 de la Ley procesal . También las declaraciones de los funcionarios policiales que referencialmente corroboran las anteriores declaraciones, tanto en su contenido incriminatorio como en la localización del piso en el que fueron alojados y el resultado del registro realizado, concretamente, las anotaciones sobre precios y nombres indicativas de alojamientos y comidas servidas y extractos de cuentas corrientes de un banco marroquí.

Elemento esencial de la acreditación de los hechos es la declaración del perjudicado Aurelio quien afirmó la existencia de una red de inmigración en la que participaban los acusados a quienes pagó una determinada cantidad de dinero por el transporte desde Marruecos a la península, el alojamiento en la vivienda,en la que estuvo secuestrado y donde fue robado. Esta declaración es efectuada en la comisaría de Mataró y ratificada, meramente ratificada, en el Juzgado de Nijar (Almería), partido judicial al que se trasladó y en el que pudo ser localizado por el teléfono móvil que había designado, protestando los condenados, recurrentes, por su realización sin contradicción, al no intervenir un Letrado que asistiera a los imputados. El examen de las actuaciones revela que las diligencias de investigación se inician con la denuncia de Aurelio en Mataró. Se le recibe declaración y ello determina una investigación con intervención telefónica y, posteriormente, la detención de los acusados. El testigo, denunciante se traslada a vivir a la localidad almeriense de Nijar, donde se recibe declaración por exhorto, ratificando la declaración que había efectuado en comisaría de policía de Mataró. Al inicio del juicio oral se da cuenta de la imposibilidad de proceder a la citación del testigo Aurelio, y el Ministerio fiscal solicita la suspensión del juicio oral, que es denegado por el tribunal, que continua con el desarrollo del juicio sin que se proceda, en ese momento a la lectura de las declaraciones del testigo en ignorado paradero.

Como pone de manifiesto el tribunal de instancia tanto el Tribunal Constitucional como esta Sala han declarado que cuando las diligencias o actuaciones sumariales son de imposible o muy difícil reproducción en el juicio oral, es posible traerlas al mismo como prueba anticipada o preconstituida, en los términos señalados en el artículo 730 de la Ley Procesal Penal , utilizando en estos casos la documentación oportuna del acto de investigación, llevado a cabo, en todo caso, con observancia de las garantías necesarias para la defensa. Pero estas situaciones de valoración excepcional exigen que se contemplen las exigencias del propio artículo 730, procediendo a la lectura en el plenario de las declaraciones, y se respeten la exigencias de contradicción, máxime cuando estas son posibles. En el presente supuesto, al tiempo de la detención de los imputados el testigo estaba localizado, de hecho su testimonio por exhorto a Nijar (Almería) tiene lugar cuando los acusados estaban en prisión. Es por ello que el Ministerio fiscal, consciente de la imposibilidad de valorar ese testimonio de cargo instó la suspensión del juicio oral que fue denegado.

Ese testimonio era la principal prueba de cargo y desde la instrucción debió asegurarse la posibilidad de que el testigo no pudiera comparecer. De ahí las prevenciones del art. 448 de la Ley procesal a través de la prueba preconstituida que, en este caso, no se realizaron. Además, consta que el testimonio prestado en el Juzgado de Néjar (Almería) se dispuesto tras localizar al testigo por su teléfono móvil, posibilidad que no consta se hubiere intentado para posibilitar la audiencia del testigo en el juicio oral.

Apartada del acervo probatorio la declaración de la víctima de los hechos resta por examinar el resto de la actividad probatoria. De ella, también ha de descartarse las declaraciones del otro perjudicado en el delito contra los derechos de los trabajadores, pues sus manifestaciones, si bien se practicaron en condiciones de regularidad en lo atinente a la contradicción, su testimonio no tiene el sentido preciso de cargo, al referir que uno de los acusados era su primo, en manifestación coincidente con el acusado negando las imputaciones contenidas en el escrito de acusación. También es preciso descartar las manifestaciones de los funcionarios policiales en cuanto corroboran, según señala la sentencia impugnada, las manifestaciones de la primera de las víctimas, pues se trata de testigos referenciales cuya valoración sólo es procedente en ausencia de testimonios directos de los hechos, como existió en el presente supuesto.

El tribunal motiva sobre la existencia de prueba indiciaria que apoya en el hecho de que se intervinieran unos papeles con anotaciones relativas a personas, alojamientos y precios. Sobre ese particular la única declaración personal que da explicación sobre esas anotaciones es la del acusado que las refiere a su función de "capataz" de una explotación agrícola, sobre la que guardaba estadías de los empleados en la misma que él contrataba, versión que podrá, o no, ser creíble, pero es la única prueba proporcionada sobre el hecho, proporcionando una alternativa razonable sobre la deducción del indicio que le resta al proceso caracter de cargo.