Sentencia Militar 41/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Militar, Rec. 4/2024 de 17 de octubre del 2024

PRIMERO.- La Sentencia de 27 de octubre de 2023, del Tribunal Militar Territorial Cuarto, condenó al Guardia Civil Javier a la pena de un año de prisión como autor de un delito de "maltrato de obra a superior", previsto y penado en el artículo 42 del Código Penal Militar.

Contra dicha Sentencia la representación procesal del citado Guardia Civil interpone el presente recurso extraordinario por interés casacional objetivo para la formación de la Jurisprudencia en el que, bajo la apariencia formal de formularse cuatro motivos de recurso, se formulan, en realidad, tan solo dos, al resultar coincidentes el primero y el segundo y haberse renunciado expresamente al tercero. Con el primero y el segundo se denuncia infracción de precepto constitucional, por vulneración del derecho de presunción de inocencia y con el cuarto, por infracción de ley sustantiva, se denuncia indebida aplicación al caso de la atenuante analógica de embriaguez, sosteniéndose que debió apreciarse la eximente incompleta de embriaguez, contemplada en el artículo 21.1, en relación con el artículo 20. 2º, del Código Penal

El Ministerio Fiscal, por su parte, se opone al recurso y solicita su total desestimación.

SEGUNDO.- 1. Con el primero y segundo motivos de recurso, por infracción de precepto constitucional, y formulados al amparo de los artículos 5, apartado 4, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 325 de la Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril, Procesal Militar, y 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el recurrente denuncia vulneración del derecho de presunción de inocencia sosteniendo que no existe prueba de cargo bastante para considerar probados los hechos por los que ha sido condenado.

En concreto, tras admitirse por el recurrente que, en efecto, tuvo un contacto físico con el Sargento Leandro, se alega que "no ha quedado suficiente e indubitadamente acreditado que esa inmediación o roce físico" entre él y el Sargento Leandro "fuera otra cosa que un tropezón por inercia, derivado de la torpeza psicomotriz y el déficit en sus facultades de atención, percepción, previsión y reacción causados por el estado de afección etílica del acusado. Tampoco que el contacto derivara de un acometimiento del Guardia hacia el Sargento".

En el desarrollo de este motivo de recurso, en el que se inserta una denuncia de errónea valoración de la prueba, el recurrente sostiene que el Tribunal de instancia ha omitido, tanto en los hechos probados como en su valoración, cualquier referencia a la "incidencia de la oscuridad nocturna imperante" en la producción de los hechos, no habiendo tampoco realizado una valoración sobre los efectos de la ingesta alcohólica en su "comportamiento y psicomotricidad" y sobre el impacto de su estado de embriaguez en su capacidad de percepción.

Asimismo, denuncia que el Tribunal de instancia ha dado más credibilidad a los testimonios de tres testigos directos de los hechos (el Sargento Leandro, el compañero de patrulla de éste, el guardia civil Lucio y la civil Ascension) que a su propia declaración cuando, a su juicio, existen contradicciones entre las declaraciones de dichos testigos, sosteniendo que la valoración que realiza de dicha prueba testifical no es lógica ni racional.

2. En aplicación de una consolidada doctrina constitucional venimos reiteradamente recordando ( Sentencia 18 de mayo de 2023, en la que, a su vez, se citan de 30 de julio y 5 de junio de 2018, 16 de enero de 2015, 25 de septiembre de 2013, 4 de diciembre de 2007, 11 de noviembre de 2009 y 12 de marzo de 2013, entre otras muchas) que la alegación de vulneración de la presunción de inocencia obliga al Tribunal de casación a comprobar si el Tribunal de instancia ha basado su convicción inculpatoria en una prueba de cargo, de contenido suficientemente incriminatorio, que haya sido válidamente obtenida, regularmente practicada y razonablemente apreciada, lo que supone constatar que se observó la legalidad en la obtención de la prueba, que ésta se practicó en el juicio oral bajo la vigencia de los principios de inmediación, oralidad, contradicción efectiva y publicidad, y que el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos y razonables que permitan su consideración de prueba de cargo.

Estos parámetros, constitucionalidad, legalidad, suficiencia y razonabilidad de la valoración, analizados en profundidad permiten una revisión integral de la Sentencia de instancia, garantizando al recurrente el ejercicio de su derecho internacionalmente reconocido a la revisión de la Sentencia condenatoria por un Tribunal Superior ( Art. 14 5º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

Consecuentemente, lo que en esta vía casacional ha de determinarse es si ha existido o no un mínimo de actividad probatoria practicada con sujeción a la Ley y, por ello válida, de la que pueda deducirse lógica y racionalmente la culpabilidad del recurrente a los efectos de merecer el reproche que se combate, verificando si el proceso deductivo o inferencia realizada por el Tribunal de instancia a la hora de dar por probados una serie de hechos se ajusta o no a las reglas de la lógica y, por tanto, no es arbitrario.

Pero lo que no se autoriza en sede casacional es la sustitución de la valoración efectuada por el Tribunal sentenciador de la prueba de cargo por otra nueva, sustituyendo, de esta manera, la convicción objetiva y razonable del órgano jurisdiccional por el criterio subjetivo e interesado de la parte recurrente ( Sentencia de esta Sala de 16 de marzo de 2012).

3. De acuerdo con estas coordenadas jurisprudenciales puede ya anticiparse que el motivo debe ser necesariamente desestimado.

Lo primero que debemos precisar es que ninguna de las declaraciones testificales puede ser revisada por este Tribunal al carecer de la inmediación y contradicción de que gozó el Tribunal de instancia. No corresponde a esta Sala efectuar una nueva valoración de dichas declaraciones; solo constatar si constituyen una prueba de cargo suficiente y si el Tribunal sentenciador las ha valorado expresa y razonablemente.

En el apartado 4º de los exhaustivos Fundamentos de la Convicción de la Sentencia impugnada -en el que el Tribunal de instancia justifica su convicción de que el núcleo de la acción delictiva sucedió como lo relata en el punto 4º del relato factico- se señala expresamente que el acometimiento realizado por el recurrente sobre el Sargento Leandro, al empujarle con el pecho y el hombro y desplazarle uno o dos metros, queda acreditado por los testimonios tanto de dicho Sargento, como por el de su compañero de patrulla, el guardia civil Lucio, y por el de la civil Ascension, todos ellos testigos directos de los hechos.

El Tribunal refiere y analiza de manera pormenorizada las declaraciones de los tres testigos, señalando que la versión del Sargento Leandro resulta corroborada por las declaraciones de los otros dos testigos.

En dicho apartado 4º de los Fundamentos de Convicción el Tribunal a quo analiza también de manera detallada las declaraciones de dos testigos de la defensa, resaltando que ambos manifestaron que no vieron el empujón, pero que, en ningún momento, afirmaron que éste no se produjera.

La Sala de instancia, en definitiva, argumenta de manera razonable y razonada su valoración de las pruebas testificales practicadas apreciando su fuerza incriminatoria y justificando exhaustivamente la convicción que dichas pruebas le han producido, para llegar a la conclusión de que el recurrente empujó al Sargento Leandro con el pecho y el hombro, desplazándole unos o dos metros.

Así las cosas, la presunción de inocencia cede ante las pruebas directas practicadas en el acto del juicio oral. La conclusión del Tribunal de instancia no está basada en meras conjeturas, hipótesis, suposiciones o sospechas. Dicho Tribunal ha razonado con rigor el resultado de todas las pruebas testificales practicadas y la conclusión alcanzada se realiza conforme a criterios lógicos que se atienen a la común experiencia y a la sana crítica.

Existe, por tanto, prueba de cargo directa bastante, válidamente obtenida, regularmente practicada y razonablemente valorada para desvirtuar el derecho a la presunción de inocencia que asistía al recurrente, por lo que, como ya hemos anticipado, el motivo no puede prosperar.

4º. La denuncia de errónea valoración de la prueba -insertada, como dijimos, en este motivo de recurso- al estimarse por el recurrente que el Tribunal de instancia ha omitido referir en el relato de hechos probados que en el momento de producirse los hechos enjuiciados "reinaba la oscuridad", no habiendo tampoco hecho constar "cuál fuera el grado de luminosidad en el lugar", hubiera requerido, como es sabido, de la formulación expresa de un motivo por error facti, articulado al amparo del artículo 849.2 de la LECrim. y con base en una verdadera prueba documental, lo que no se ha hecho.

En cualquier caso, consta en dicho relato de hechos probados la hora exacta de producción de los hechos (22,25 horas de la noche del 28 de agosto de 2021), y es claro que la omisión de más detalle acerca de la exacta luminosidad reinante no resulta relevante a efectos de modificar el fallo.

5. Y por último, en cuanto a la queja de que el Tribunal a quo no ha realizado una valoración sobre los efectos de la ingesta alcohólica en su "comportamiento y psicomotricidad" y sobre el impacto de su estado de embriaguez en su capacidad de percepción, debe señalarse que la misma carece de todo rigor pues precisamente dicho impacto, analizado extensamente en el Fundamento de Derecho Tercero de la Sentencia impugnada, es lo que ha determinado que dicho Tribunal aprecie en el recurrente la concurrencia de la atenuante analógica de embriaguez del artículo 21.7, en relación con el artículo 21.1 y 20.2 del Código Penal.

Procede, en consecuencia, como ya hemos dicho, la desestimación del motivo.

TERCERO.- 1. Con el cuarto motivo de recurso, formulado al amparo de los artículos 325 de la Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril, Procesal Militar y 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el recurrente denuncia indebida aplicación al caso de la atenuante analógica de embriaguez, prevista en el artículo 21.7, en relación con el artículo 21.1 y 20.2, sosteniendo que debió apreciársele la " eximente incompleta de embriaguez, contemplada en el artículo 21.1, en relación con el artículo 20. 2, del Código Penal". solicitando que se le sustituya la pena de un año de prisión que le fue impuesta por la de dos meses y un día de prisión.

Frente a la conclusión del Tribunal de instancia que estimó que la ingesta de alcohol por el recurrente solo le afectó de manera leve a su capacidad intelectiva y volitiva, éste considera que la afección a dichas capacidades era grave.

En apoyo de esta pretensión alega que la tasa de alcohol que arrojó el test que se le practicó - 0,46 miligramos de alcohol por litro de aire expirado- "determina, con arreglo a las publicaciones oficiales del Ministerio de Sanidad y de la Dirección general de Tráfico .... basadas en los resultados de estudios científicos, una severa limitación de las facultades de atención, previsión y reacción, con afectación igualmente intensa de su psicomotricidad".

La defensa del recurrente sostiene que dicha tasa de alcohol, de 0,46 miligramos de alcohol por litro de aire expirado, que casi duplica la tasa de 0.25 que el Reglamento General de Circulación prevé como límite máximo para poder conducir vehículos a motor, y que se acerca a la de 0.60 prevista en el Código Penal para los delitos contra la seguridad vial, "permite concluir que la afectación sin llegar a anular las capacidades de querer y entender de mi patrocinado, si implicaban una perturbación muy importante, tanto en el orden intelectual como en el somático".

2. Debemos comenzar por recordar que, al encontrarnos ante un motivo articulado al amparo del artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por infracción de ley sustantiva, su análisis debe realizarse desde un escrupuloso respeto al relato de hechos probados recogido en la Sentencia de instancia, resultando ya éstos inamovibles y vinculantes.

Y también que es "es doctrina reiterada de esta Sala y de la Sala 2ª de este Tribunal Supremo, que la toma en consideración de las circunstancias eximentes y modificativas de la responsabilidad criminal requiere la prueba de los datos que les sirvan de antecedente, y ello con el mismo rigor que se exige para los hechos probados mismos ( Sentencias, entre las más recientes, de 04.02, 14.03 y 09.05.2005; 24.02, 04.05, 30.05 y 08.06.2006; 22.10, 05.11 y 16.11.2007; 14.01 y 03.11.2008), con la peculiaridad de que la carga de la prueba corresponde a quien las alegue ( Sentencias, también entre las más recientes, de 20.01.2006 y 04.12.2007), pues su concurrencia no se presume. Más aún, tiene declarado esta Sala con reiterada virtualidad, en nuestras Sentencias, por citar también las más recientes, de 22.10, 05 y 16.11.2007, 14.01 y 03.11.2008, 20.02.2009, 30.04 y 09.07.2010, 24.06.2011, 14.05.2012 y 17 y 27.01 y 17.10.2014, que "las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, y en mayor medida las eximentes, han de hallarse tan probadas como los mismos hechos".

3. Pues bien, no consta, en modo alguno, acreditado en el relato fáctico que el recurrente tuviera en el momento de los hechos gravemente afectadas sus capacidades intelectivas y volitivas.

Como oportunamente señala la Fiscalía Togada, que el recurrente había ingerido bebidas alcohólicas el día de autos es irrefutable no solo por el test de alcoholemia que se le practicó y que arrojó un valor de 0,46 miligramos de alcohol por litro de aire expirado (apartado 7 del relato fáctico), sino también por los testimonios de los testigos que depusieron en el acto de la vista oral, que declararon que emitía un fuerte olor a alcohol y tenía dificultades para hablar.

Pero no es menos cierto que del propio relato de hechos probados se deduce también que dicho consumo no afectó gravemente a su capacidad cognitiva o volitiva, y ello porque constan en el mismo los siguientes datos:

1. Que el recurrente se personó en el lugar del accidente de tráfico que había tenido su cuñado (conductor de uno de los vehículos implicados) para intentar abiertamente ayudarle a atenuar o superar la prueba de alcoholemia que se le iba a realizar ofreciéndole una botella de aquarius.

2. Que, una vez en dicho lugar, el recurrente desoyó reiteradamente las órdenes del Sargento de patrulla D. Leandro de que no interviniera.

3. Que discutió burlonamente con dicho Sargento sobre la existencia de normas que permiten beber o no antes de dicha prueba.

4. Que mientras los miembros del equipo de atestados realizaban las pruebas de alcoholemia a su cuñado, el recurrente permanecía a su lado dándole consejos acerca de la manera en que debía soplar y de comportarse.

5. Y, por último, que se ofreció él mismo para conducir el vehículo de su cuñado, momento en el que se le realizó a él mismo la prueba de alcoholemia.

En el Fundamento de Derecho Tercero el Tribunal de instancia valora correctamente todas las circunstancias concurrentes y concluye que la ingesta de alcohol del recurrente solo le afectó de manera leve, considerando que "el acusado no presentaba una anulación de sus facultades intelecto-volitivas, ni la afección de sus capacidades era de notoria importancia, que nos hubiera conducido a apreciar la eximente completa e incompleta respectivamente, pues el acusado se acuerda perfectamente de todo lo sucedido y estuvo consciente en todo momento, pero si se entiende que su capacidad para entender y decidir estaba levemente alterada con esa tasa objetiva de alcohol por litro de aire expirado que presentaba".

La embriaguez acreditada ha sido correctamente calibrada por el Tribunal de instancia a la hora de examinar la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad, habiéndose considerado que concurre la atenuante analógica de embriaguez del artículo 21.7, en relación con el artículo 21.1 y 20.2 del Código Penal.

El Tribunal de instancia ha justificado adecuadamente, con una completa valoración de todas las pruebas practicadas bajo los principios de inmediación y contradicción -incluida la propia declaración del acusado, hoy recurrente- las razones por las que consideró acreditado que dicho acusado solo tenía levemente alteradas, pero no anuladas, sus capacidades intelecto-volitivas.

Por todo ello, procede la desestimación del motivo y del recurso.

CUARTO.- Las costas deben declararse de oficio, al administrarse gratuitamente la Justicia Militar, conforme al artículo 10 de la L.O. 4/1987 de 15 de julio.