Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Tercera, Rec. 443/2021 de 06 de marzo del 2024

PRIMERO.- Es objeto del presente recurso la resolución del Secretario de Estado de Justicia, dictada por delegación del Ministro, de 14 de diciembre de 2020 por la que se inadmite, por prescripción de la acción, la reclamación de indemnización a cargo del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia formulada por el recurrente con fecha 13 de abril de 2019.

En el suplico de la demanda solicita "que se reconozca el error judicial acaecido, deje sin efecto el acto impugnado y condene al Ministerio de Justicia al pago de los daños y perjuicios causados a D. Carlos José y DÑA. Bárbara que ascienden a la cantidad total de CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (46.379,73 €)."

SEGUNDO.- Los recurrnentes formularon ante el Ministerio de Justicia, con fecha 13 de abril de 2019, una reclamación por "error judicial", considerando que una sentencia dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Navarra, de fecha 30 de septiembre de 2014, en la que se acuerda dejar sin efecto otra sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Pamplona, es una resolución judicial "no ajustada a Derecho, ya sea por la incorrecta aplicación de la norma jurídica o por la valoración equivocada de los hechos u omisión de los elementos de prueba que resulten esenciales", y que les causó un perjuicio económico, que reclaman.

Aunque no consta en el expediente la fecha de notificación, al haber sido presentada la reclamación el 13 de abril de 2.019 -más de cuatro años después desde el dictado de la sentencia-, la demandada entiende que ha transcurrido con creces el plazo de un año legalmente establecido y que la acción indemnizatoria se encuentra prescrita.

La demanda difiere respecto a la fecha en la que se entiende que se debe iniciar el cómputo del plazo de prescripción. Considera que la resolución recurrida ha ignorado las actuaciones llevadas a cabo entre el periodo de tiempo que comprende entre los años 2014 y 2020: contra la sentencia de la AP de Navarra, se interpone recurso de casación que fue inadmitido en fecha 19 de julio de 2017. Se interpuso posteriormente recurso ante el Tribunal Constitucional, inadmitido en fecha 9 de abril de 2018. Posteriormente se interpuso demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, inadmitida en fecha 14 de febrero de 2019. Considera que el cómputo del plazo debería iniciarse a partir de la fecha de la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (14 de febrero de 2019) por lo que el plazo de prescripción de un año del ejercicio de la acción no ha transcurrido todavía en el momento de presentación de la reclamación administrativa de responsabilidad patrimonial.

TERCERO.- La cuestión prioritaria planteada hace referencia a la fijación del " dies a quo" o momento inicial del cómputo de un año para el ejercicio de la acción. El plazo anual debe comenzar cuando la acción pueda ser ejercitada - artículo 1969 del Código Civil-. La responsabilidad patrimonial de la Administración de Justicia tiene fundamento constitucional: El artículo 121 de la Constitución recoge el principio al señalar: " Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia darán derecho a una indemnización a cargo del Estado conforme a la ley". La previsión constitucional ha sido desarrollada por los arts. 292 y siguientes de la LOPJ, que detallan diversas formas de responsabilidad. La que aquí nos interesa se regula en el artículo 292, del siguiente tenor: " 1. Los daños causados en cuales quiera bienes o derechos por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia darán a todos los perjudicados derecho a una indemnización a cargo del Estado, salvo en los casos de fuerza mayor, con arreglo a lo dispuesto en este Título. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas. 3. La mera revocación o anulación de las resoluciones judiciales no presupone por sí sola derecho a indemnización." Por su parte, el artículo 293.2 dispone: "el derecho a reclamar la indemnización prescribe al año, a partir del día en que pudo ejercitarse".

En consecuencia, habiéndose producido prescripción de la acción, la resolución recurrida se ajusta al Ordenamiento Jurídico al inadmitir la reclamación presentada con arreglo al artículo 88.5 de la Ley 39/2015.

Debe por todo lo expuesto ser desestimado el presente recurso.

De conformidad con lo previsto en el artículo 139 de la Ley Jurisdiccional, habiendo sido desestimadas todas las pretensiones de la parte recurrente y no concurriendo las circunstancias expresadas en el apartado 1 de dicho precepto, el recurrente debe ser condenado al pago de las costas causadas.