Sentencia Constitucional Nº 98/2018, Tribunal Constitucional, Pleno, Rec Recurso de inconstitucionalidad 2374/2016 de 19 de Septiembre de 2018

Interpuesto por más de cincuenta diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea y al Grupo Mixto en el Congreso de los Diputados en relación con el artículo 5 de la Ley 2/2016, de 28 de enero, de medidas fiscales y administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, en cuanto modifica diversos preceptos de la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de aguas y ríos de Aragón.Principios de autonomía local, interdicción de la arbitrariedad, en relación con la potestad tributaria de las comunidades autónomas y los entes locales y con la protección del medio ambiente e integración de los tratados internacionales, y seguridad jurídica: constitucionalidad de los preceptos legales que establecen una nueva regulación del impuesto sobre contaminación de las aguas de Aragón.Se enjuicia la constitucionalidad de diversos preceptos de la Ley aragonesa 2/2016, de 28 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, que modifican la configuración del impuesto sobre contaminación de las aguas dada por la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón. Se desestima el recurso. En primer lugar, la reforma del impuesto autonómico controvertido no limita indebidamente las potestades tributarias municipales en relación con la tasa por saneamiento y depuración ni impide la prestación por los municipios de los servicios de su competencia, por lo que la autonomía local no resulta violentada. En segundo lugar, el actual sistema de bonificaciones del impuesto no carece de toda justificación razonable pues atiende en su establecimiento a consideraciones de orden económico, social y de población, lo que no vulnera el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Y en tercer lugar, la sustitución del régimen paccionado por la aplicación directa del impuesto al municipio de Zaragoza no vulnera los principios de seguridad jurídica y confianza legítima en tanto que los recurrentes no precisan qué expectativas legítimas de los contribuyentes podrían entenderse amparadas por la normativa modificada.