Sentencia Constitucional Nº 93/2018, Tribunal Constitucional, Sala Segunda, Rec Recurso de amparo 2137/2017 de 17 de Septiembre de 2018

Promovido por doña Soledad Granero Toledano respecto de la sanción que, como organizadora de una manifestación no comunicada, le fuera impuesta por la Subdelegación del Gobierno en Sevilla y la sentencia de un juzgado de lo contencioso-administrativo que desestimó su impugnación.Vulneración de los derechos a ser informada de la acusación y a la defensa: notificación edictal del acuerdo de incoación del expediente sancionador y de la resolución final recaída sin agotar las posibilidades de conocimiento del domicilio efectivo de la interesada, que figuraba en diversos registros administrativos.En el marco de un procedimiento administrativo sancionador contra la recurrente, la Subdelegación del Gobierno en Sevilla remitió por correo certificado tanto la iniciación del expediente como la resolución definitiva al domicilio que constaba en su documento nacional de identidad, sin que se pudiera verificar la entrega. Posteriormente, se procedió a publicar sendos edictos en el “Boletín Oficial de la Provincia” de Sevilla. Se otorga el amparo y se declara que han sido vulnerados los derechos de la recurrente a ser informada de la acusación y a la defensa. De acuerdo con la doctrina iniciada con la STC 18/1981, de 8 de junio, estas garantías procedimentales son aplicables al ejercicio de la potestad sancionadora de la administración. En este caso, la administración sancionadora no acudió a ningún otro registro público para intentar obtener un domicilio de notificaciones alternativo, a pesar de que el domicilio habitual efectivo constaba tanto en el padrón municipal como en los registros de la Agencia Tributaria, por lo que no obró con la diligencia constitucionalmente exigible para que la interesada pudiera ejercer la defensa con plenitud de garantías constitucionales frente a la pretensión sancionadora. En consecuencia, se declara la nulidad de la resolución sancionadora y de la sentencia recaída en el procedimiento contencioso-administrativo.