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Sentencia Constitucional Nº 69/2002, Tribunal Constitucional, Sala Segunda, Rec Recurso de amparo 2581-2001 de 22 de Abril de 2002
Relacionados:
Orden: Constitucional
Fecha: 22 de Abril de 2002
Tribunal: Tribunal Constitucional
Nº de sentencia: 69/2002
Voces
Responsabilidad civil
Delito de robo
Robo con violencia
Delitos de lesiones
Suspensión de la ejecución
Derecho a la tutela judicial efectiva
Autor responsable
Cooperación necesaria
Coautoría
Uso de disfraz
Ejecución de sentencia
Presunción de inocencia
Prueba de cargo
Duración de la pena
Sentencia firme
Poderes públicos
Hecho delictivo
Tutelado
Sentencia de condena
Derecho de sufragio pasivo
Inhabilitación especial
Penas accesorias
Fundamentos
I. Antecedentes
1.Mediante escrito registrado el 5 de marzo de 2001, la Procuradora de los Tribunales doña María Luz Simarro Valverde, en nombre y representación de don Manuel Alejandro Leal, interpone recurso de amparo contra la Sentencia dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Málaga el 11 de octubre de 2000, que desestimó el recurso de apelación contra la Sentencia de 28 de junio de 2000, dictada por el Juzgado de lo Penal núm. en procedimiento abreviado núm. 337/99, por la que se condena al ahora recurrente en amparo, como autor responsable de un delito de robo con violencia y de un delito de lesiones, a las penas de cuatro años y seis meses de prisión y de tres años de prisión, respectivamente, más accesorias legales y responsabilidad civil.
2.Los hechos en que se fundamenta la demanda de amparo son, sucintamente expuestos, los siguientes:
a) El recurrente fue condenado (junto a otros coencausados) por Sentencia de 28 de junio de 2000 del Juzgado de lo Penal núm. 8 de Málaga (procedimiento abreviado núm. 337/99), como coautor o cooperador necesario de un delito de robo con violencia del art. 237 del
3.En la demanda de amparo se denuncia la vulneración de los derechos a la presunción de inocencia y a obtener tutela judicial efectiva, contemplados en el art. 24 CE. Se alega al respecto, en síntesis, que la primera de dichas vulneraciones se habría producido por cuanto no existe prueba de cargo en que fundamentar la condena, puesto que en ningún momento se ha podido demostrar que haya participado en los hechos enjuiciados; únicamente se le condena por haber frecuentado diversos establecimientos públicos también frecuentados por los otros acusados, o por haber sido visto en algunas ocasiones saliendo del edificio en el que vivía otro acusado.
En cuanto a la denunciada vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, señala el actor, en síntesis, que la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial carece de toda fundamentación jurídica, sin que entre a valorar las alegaciones y motivos expresados en el recurso de apelación. Se trata, dice, de una Sentencia usada como modelo en todos los recursos de apelación, sin pronunciarse sobre los motivos esgrimidos por la defensa, lo que llevó a que se presentase escrito solicitando aclaración.
Mediante otrosí, y de conformidad con el art.
4.Por providencia de 7 de febrero de 2002, la Sala Segunda de este Tribunal acordó la admisión a trámite del recurso de amparo, requiriendo a los órganos judiciales concernidos la remisión de las actuaciones respectivas y el emplazamiento de quienes hubieran sido parte en el proceso de que trae causa el presente recurso de amparo. Mediante otro proveído de la misma fecha, la Sala acordó formar la presente pieza separada de suspensión y, de conformidad con lo dispuesto en el art.
5.El 14 de febrero de 2002 se registró en este Tribunal el escrito de alegaciones del solicitante de amparo. En dicho escrito se reitera que la ejecución de la decisión judicial recurrida en amparo está reportando al recurrente un perjuicio de difícil reparación, haciendo perder al amparo su propia finalidad.
6.El Ministerio Fiscal evacuó el trámite conferido mediante escrito registrado el 15 de febrero de 2002, donde, tras hacer un breve relato de los antecedentes procesales y recordar la doctrina de este Tribunal acerca de los criterios a tener en cuenta para otorgar la suspensión de la ejecución de Sentencias de condena privativa de libertad, se indica la conveniencia de denegar la suspensión interesada. Estima el Ministerio Fiscal que, dada la duración total de la condena impuesta, esto es, siete años y seis meses de prisión, de accederse a la suspensión se ocasionaría una lesión o menoscabo del interés general presente en la ejecución de una Sentencia firme, implicando desprotección de la víctima.
II. Fundamentos jurídicos
1.Según dispone el art.
A la luz de dichas previsiones de nuestra Ley Orgánica, este Tribunal ha declarado reiteradamente que la suspensión de la ejecución entraña siempre una perturbación del ejercicio de la potestad jurisdiccional, dado que, tratándose de una resolución judicial, existe un interés general en mantener su eficacia. De tal manera que, en atención al interés general que toda ejecución comporta, habrá de acordarse en principio la no suspensión de la ejecución salvo que el demandante acredite suficientemente la irreparabilidad que para sus derechos fundamentales pudiera tener la ejecución, privando al amparo de su finalidad y, en tal caso, que la suspensión no produzca las perturbaciones graves a las que se refiere el mencionado precepto de la
2.Más concretamente debe recordarse que en numerosas resoluciones este Tribunal ha establecido como criterio general la improcedencia de la suspensión de la ejecución de aquellos fallos judiciales que admiten la restitución íntegra de lo ejecutado, tal como ocurre, con carácter general, y sin perjuicio de las excepciones que puedan existir, en las condenas de contenido patrimonial. No sucede lo mismo, por el contrario, en aquellos casos en los que la condena afecta a bienes o derechos del recurrente en amparo de muy difícil o imposible reparación, como sucede con las penas privativas de libertad. Por esta razón este Tribunal viene declarando de forma reiterada que, puesto que la ejecución de Sentencias que condenan al cumplimiento de penas privativas de libertad puede ocasionar al recurrente en amparo perjuicios irreparables que hagan perder al amparo su finalidad, en estos casos el criterio debe ser, en principio, el de la suspensión de la Sentencia impugnada.
Ahora bien, este criterio general no es absoluto, pues también es jurisprudencia consolidada de este Tribunal que en tales supuestos ha de atenderse además a otras circunstancias relevantes, como son las relativas a la gravedad y naturaleza de los hechos enjuiciados y el bien jurídico protegido, su trascendencia social, la duración de la pena impuesta y el tiempo que reste de cumplimiento de la misma, el riesgo de eludir la acción de la justicia y la posible desprotección de las víctimas (AATC 53/1992, 152/1995, 196/1995, 121/1996, 163/1996, 170/1996, 226/1996, 228/1996, 310/1996, 348/1996, 349/1996, 124/1997, 419/1997, 47/1998, 48/1998, 265/1998, 136/1999 y 28/2000, entre otros muchos). De entre todos estos factores cobra especial relevancia el referido a la gravedad de la pena impuesta, ya que este criterio expresa de forma sintética la reprobación que el Ordenamiento jurídico asigna al hecho delictivo (la importancia del bien jurídico tutelado, la gravedad y trascendencia social del delito) y, en consecuencia, la dimensión del interés general en su ejecución (AATC 237/1998, 136/1999 y 114/2000, entre otros muchos).
3.Aplicando la doctrina expuesta al presente caso y atendidas las circunstancias concurrentes en el mismo, ha de denegarse la suspensión solicitada. Dada la gravedad de los hechos enjuiciados y la larga duración de la condena de privación de libertad impuesta, siete años y seis meses de prisión en total -de conformidad con la regla de cumplimiento sucesivo de las penas del art.
Tampoco procede otorgar ni la suspensión de los pronunciamientos de contenido económico de la Sentencia condenatoria, es decir, las indemnizaciones impuestas en concepto de responsabilidad civil y la parte correspondiente de las costas causadas, pues en el caso de que se estimara el amparo, el perjuicio que de la ejecución de esta parte del fallo pudiera derivarse podría ser reparado (AATC 88/1995, 103/1995, 318/1997 y 199/1999, entre otros muchos), ni la de las penas accesorias impuestas (inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena), ya que este tipo de penas siguen la misma suerte que la principal (AATC 202/1992, 96/1993, 6/1996, 318/1997, 215/1999 y 61/2000, por todos).
4.Debe señalarse, no obstante, que dada la irreparabilidad y la gravedad de los perjuicios que la ejecución de la condena de privación de libertad que no ha sido suspendida causaría al recurrente en el caso de que este Tribunal estimare el presente recurso de amparo, estamos obligados a reducir en lo posible esos efectos negativos, por lo que, como se ha dicho en casos análogos (entre otros, AATC 144/1990, 169/1995, 246/1996, 287/1996, 385/1996, 419/1997, 47/1998, 48/1998, 79/1998, 265/1998, 267/1998, 268/1998, 199/1999 y 146/2001), es procedente resolver en el más breve plazo posible el presente recurso de amparo, incluso anteponiéndolo en el orden de señalamientos, una vez concluida su tramitación.
Por todo lo cual, la Sala
A C U E R D A
Denegar la suspensión solicitada.
Madrid, a veintidós de abril de dos mil dos.
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