Sentencia Constitucional Nº 31/2011, Tribunal Constitucional, Pleno, Rec Recurso de inconstitucionalidad 4989-2000 de 17 de Marzo de 2011

Se plantea si la norma que prevé la posibilidad del Gobierno de la Nación y de las Comunidades Autónomas para establecer conjuntamente un régimen de libertad de horarios a partir del 1 de enero del año 2005, prevista en el artículo 43 del Real Decreto-ley 6/2000, cumple con los requisitos constitucionales para su emisión: la existencia de una extraordinaria y urgente necesidad y la necesaria conexión de sentido entre la situación de urgencia y la medida concreta adoptada.Esta es la tercera ocasión en la que el Tribunal declara la inconstitucionalidad de un Decreto-ley, considerando que si bien en el preámbulo del Decreto-ley y en el debate parlamentario se hizo constar que la finalidad de la norma era aumentar la capacidad de crecimiento potencial y la productividad de la economía, no se explicitaron las razones de urgencia de la regulación adoptada, ni se justificó la relación entre la medida adoptada y los objetivos expresados. Además de que contrario a lo sostenido por el Gobierno, el 1 de enero de 2001 no expiraba el régimen de horarios comerciales previsto en la Ley Orgánica 2/1996, y por tanto, no existía un vacío normativo que fundamentase la necesidad de una apremiante actuación legislativa. Como tampoco se demostró cuáles serían los perjuicios u obstáculos para la consecución de los objetivos perseguidos en materia de horarios comerciales, de seguirse el procedimiento legislativo ordinario en los seis meses anteriores a que finalizará la vigencia del régimen transitorio en materia de horarios comerciales previsto en la Ley Orgánica 2/1996.Sigue doctrina de la SSTC 29/1982 y 68/2007.