Sentencia Constitucional Nº 3/2021, Tribunal Constitucional, Sala Segunda, Rec Recurso de amparo 469/2019 de 25 de Enero de 2021

Promovido por don Radostin Mitkov Mitev respecto de las resoluciones de la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears que inadmitieron el recurso de apelación presentado frente a la sentencia condenatoria dictada por la Audiencia Provincial.Vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías: resoluciones judiciales que, al anular la revisión de la incorrecta indicación de recursos y declarar la firmeza de la sentencia condenatoria, impiden el ejercicio del derecho a la segunda instancia penal.El recurrente en amparo fue condenado en un proceso penal por sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca. Ateniéndose a la indicación de recursos efectuada en la notificación de la sentencia, el condenado formuló recurso de casación, que fue inadmitido por el Tribunal Supremo, quien señaló que lo pertinente era la interposición de recurso de apelación. La Audiencia Provincial acordó un nuevo plazo para promover dicha apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears, que la inadmitió y declaró firme la sentencia condenatoria. El Tribunal Superior afirmó que la Audiencia Provincial no era competente para acordar un nuevo plazo para interponer el recurso.Se otorga el amparo y se declara vulnerado el derecho a un proceso con todas las garantías, en su dimensión del derecho a una segunda instancia penal. La resolución que anuló la previa decisión de conceder un nuevo plazo para interponer el recurso que resultaba procedente resultó en exceso rigorista y contraria a las exigencias derivadas del principio pro actione. De un lado, no ponderó adecuadamente que la frustración del recurso interpuesto por el condenado traía causa directa de haber seguido fielmente la indicación que figuraba en la notificación de la sentencia condenatoria. De otro, la anulación de la decisión de permitir la interposición del recurso de apelación impidió de manera definitiva la posibilidad de someter la declaración condenatoria a la revisión de un tribunal superior por el mero hecho de haber seguido la autoridad inherente a una decisión judicial.