Sentencia Constitucional Nº 3/2020, Tribunal Constitucional, Pleno, Rec Recurso de amparo 2226/2018 de 15 de Enero de 2020

Promovido por don Jordi Sánchez i Picanyol respecto de los autos dictados en causa especial por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo manteniendo la medida cautelar de prisión provisional.Supuesta vulneración de los derechos a las libertades ideológica y personal y a la participación política, tutela judicial efectiva y presunción de inocencia: resoluciones judiciales que valoran adecuadamente el riesgo de reiteración delictiva y la incidencia de la medida cautelar personal en el ejercicio de un cargo público representativo. Voto particular.En causa especial, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo acordó la prisión provisional del recurrente, Jordi Sánchez i Picanyol, ex diputado del Parlamento de Cataluña, por hechos presuntamente constitutivos de delito de rebelión, al apreciar la concurrencia de riesgos de reiteración delictiva y fuga. Se desestima el recurso de amparo. En primer lugar, respecto de la alegada vulneración del derecho a la libertad personal, la sentencia declara que las resoluciones recurridas se encuentran debidamente fundadas y se ajustan a los cánones de control sobre la prisión provisional expuestos, entre otras, en las SSTC 62/2019, de 7 de mayo, y 155/2019, de 28 de noviembre. En segundo lugar, se desestima la alegada vulneración a la libertad ideológica y a la participación política. La adopción de la prisión provisional, basada en el pronóstico de reiteración delictiva, se motivó en la posición del recurrente en cuanto a los medios para conseguir sus propósitos, y no en su ideología política.En tercer lugar, en aplicación de la STC 155/2019, la sentencia rechaza la alegada vulneración del derecho al ejercicio del cargo público, al considerar que no cabe calificar de desproporcionada la injerencia de la prisión provisional en el ejercicio de tal derecho. El demandante de amparo contó con la posibilidad efectiva de impugnar dicha medida cautelar y los órganos judiciales han ponderado de forma motivada los derechos e intereses del demandante y de la sociedad en materia de participación política, al igual que sobre el buen funcionamiento de la justicia, en términos que no merecen reproche constitucional alguno. La sentencia cuenta con un voto particular discrepante suscrito por dos magistrados.