Sentencia Constitucional Nº 213/2013, Tribunal Constitucional, Pleno, Rec Conflicto positivo de competencia 4748/2004 de 19 de Diciembre de 2013

Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos del Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes que imparten las enseñanzas escolares del sistema educativo, aprobado por el Real Decreto 334/2004, de 27 de febrero.Competencias en educación y función pública: constitucionalidad de los preceptos reglamentarios estatales relativos a funcionarios docentes que realizan actividades inspectoras (STC 184/2012).Se examina la constitucionalidad del Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes que imparten las enseñanzas escolares del sistema educativo y en el cuerpo de inspectores de educación. Se impugnan los preceptos relativos a la fijación de los temarios de acceso, la determinación de las fases, contenido y valoración de las pruebas, los méritos y forma de baremarlos en la fase de concurso, los criterios de evaluación de la fase de prácticas y el procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades docentes por funcionarios de carrera.Se desestima el conflicto positivo de competencia. En aplicación de la doctrina sentada en la STC 184/2012, el Tribunal concluye que los preceptos reglamentarios cumplen los requisitos formales y materiales para ser considerados básicos, en desarrollo de la Ley Orgánica de calidad de la educación. Tienen carácter formal porque existe una habilitación legal expresa contenida en la disposición adicional octava de la Ley Orgánica, y material en la medida en que persigue garantizar la movilidad geográfica del profesorado, y la igualdad de oportunidades y de derechos de los candidatos en el acceso al cuerpo en todo el territorio nacional. Con las disposiciones impugnadas se garantiza una estructura común en las pruebas de acceso, tanto a la función pública docente e inspección, como a ciertas especialidades, lo que constituye una garantía mínima de homogeneidad en el sistema de acceso. Al mismo tiempo, se salvaguardan las competencias de desarrollo de las Comunidades Autónomas al prever la norma estatal un margen de modulación por las administraciones educativas para cada convocatoria.