Sentencia Constitucional Nº 203/2013, Tribunal Constitucional, Pleno, Rec Recurso de inconstitucionalidad 6601/2007 de 05 de Diciembre de 2013

Interpuesto por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, en relación con la Ley de las Cortes de Castilla y León 6/2007, de 28 de marzo, de aprobación del proyecto regional Ciudad del Medio Ambiente.Principios de igualdad ante la ley e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, derecho a la tutela judicial efectiva: nulidad de la ley autonómica singular al no existir la extraordinaria trascendencia y complejidad del objeto regulado que justifique el sacrificio del control de la medida por la jurisdicción contencioso-administrativa (STC 166/1986).La Ley de Castilla y León aprobó el proyecto regional “Ciudad del Medio Ambiente” que delimita un ámbito territorial específico, estableciendo en él una ordenación urbanística completa: reclasifica los suelos, delimita los sectores de suelo urbanizable, establece los sistemas generales de comunicaciones, equipamientos comunitarios y los espacios libres, regula el régimen general del suelo rústico y determina la asignación pormenorizada de usos y su intensidad, entre otros. Se estima el recurso y se declara la nulidad de la Ley. La Sentencia concluye, en primer lugar, que nos encontramos ante una ley singular porque ha sido dictada en atención a un supuesto de hecho concreto y singular, que agota su contenido y eficacia en la adopción y ejecución de la medida tomada por el legislador ante ese supuesto de hecho. En segundo lugar, partiendo de la doctrina sentada en la STC 166/1986, de 19 de diciembre, el tribunal analiza si la ley singular que nos ocupa supera el examen de adecuación, razonabilidad y proporcionalidad. En este sentido, constata que la utilización de la ley singular no es una medida razonable, ni proporcionada a la situación excepcional que ha justificado su aprobación, pues además de la falta de razones alegadas por el legislador, el contenido material no presenta ninguna particularidad, su modificación puede realizarse por decreto de la Junta de Castilla y León y como tal, podría haberse abordado mediante una norma aprobada por el Consejo de Gobierno. Como consecuencia directa de la desproporción en que ha incurrido el legislador, la Ley impugnada ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva, pues impide el acceso al control judicial de derechos e intereses legítimos afectados y elimina la posibilidad de un control judicial, que hubieran podido realizar los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa, de la misma intensidad que si el proyecto se hubiera aprobado por reglamento.