Sentencia Constitucional Nº 201/2013, Tribunal Constitucional, Pleno, Rec Recurso de inconstitucionalidad 8434/2006 de 05 de Diciembre de 2013

Interpuesto por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 7/2006, de 31 de mayo, del ejercicio de profesiones tituladas y de los colegios profesionales, en conexión con el artículo 125 de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña.Competencias sobre colegios profesionales: nulidad de los preceptos legales autonómicos que atribuyen en exclusiva a los estatutos colegiales el establecimiento del régimen sancionador y disponen la adscripción obligatoria al colegio profesional; interpretación conforme de los preceptos legales autonómicos relativos a la creación de colegios profesionales por reglamento y mediante fusión y segregación, así como a la colaboración y cooperación entre colegios (STC 3/2013).Se enjuician los preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 7/2006, de 31 de mayo, del ejercicio de profesiones tituladas y de los colegios profesionales que regulan: la colegiación obligatoria y sus excepciones, la potestad disciplinaria, la creación de colegios profesionales, las relaciones entre el consejo catalán de colegios y el consejo general estatal y la definición de las profesiones tituladas.Se estima parcialmente el recurso y se anulan algunos preceptos de la Ley del Parlamento catalán. En primer lugar, reiterando la doctrina sentada en la STC 3/2013, el legislador estatal tiene la competencia exclusiva para establecer los supuestos en que la adscripción obligatoria resulte exigible para el ejercicio profesional y para determinar las excepciones a esa colegiación obligatoria. Por tanto, son inconstitucionales los preceptos que vulneran la legislación estatal de colegios profesionales. En segundo lugar, en cuanto a la regulación del régimen disciplinario de las profesiones colegiadas, son inconstitucionales los preceptos que establecen una tipificación de las infracciones de carácter cerrado y excluyente para los estatutos colegiale, por ser contraria a la legislación básica estatal. En tercer lugar, respecto de la creación de un colegio de ámbito catalán a través de un proceso de segregación de las delegaciones catalanas del colegio único estatal, debe someterse a las normas organizativas aplicables a los colegios estatales. Siendo ello así, la segregación del colegio único para su transformación en colegio múltiple de estructura territorial no puede someterse a la ley autonómica catalana y ese inciso es inconstitucional. Debe ajustarse a lo previsto en la Ley estatal de colegios profesionales ya que afecta a un colegio de ámbito estatal.Por otro lado, se declaran constitucionales el precepto relativo al procedimiento de creación de los colegios profesionales por decreto del Gobierno y el precepto que regula las modificaciones de la estructura colegial susceptibles de dar lugar a la creación de nuevos colegios profesionales, mediante la fusión o segregación de colegios de distintas profesiones siempre que se interprete que lo establecido en esos artículos solamente será de aplicación a los colegios voluntarios. También es constitucional el concepto que se incorpora de las profesiones tituladas ya que, aunque es una competencia que le corresponde al Estado, el precepto no lleva a cabo una definición de aquellas con pretensión universal y se remite a lo que disponga la legislación aplicable. Se desestima el recurso en lo demás. Por último, declara la inadmisión del recurso en relación con el artículo 125 de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Esta cuestión ya había sido resuelta en la STC 31/2010 de 28 de junio.