Sentencia Constitucional Nº 171/2021, Tribunal Constitucional, Pleno, Rec Recurso de amparo 5382/2019 de 07 de Octubre de 2021

Promovido por don Carles Puigdemont i Casamajó respecto de los autos dictados por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo comunicando a la mesa del Parlamento de Cataluña su suspensión en los cargos públicos que venía desempeñando.Supuesta vulneración de los derechos al ejercicio de los cargos representativos, a la presunción de inocencia y a la legalidad penal: resoluciones judiciales que adoptaron, de manera suficientemente razonada y proporcionada, una medida cautelar suspensiva del cargo parlamentario (STC 11/2020).El demandante de amparo, don Carles Puigdemont i Casamajó, recurrió las resoluciones de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, por las que se le suspendía como diputado del Parlamento de Cataluña. Estas resoluciones judiciales aplicaron la previsión de la Ley de enjuiciamiento criminal relativa a la suspensión de funciones de los cargos públicos sobre quienes pese un auto de procesamiento firme en causas de terrorismo o rebelión, y se haya decretado la prisión provisional. Se desestima el recurso de amparo. La sentencia afirma que la situación de prisión que describe la Ley de enjuiciamiento criminal se refiere a la procesal, que en este caso ya está adoptada, y no a la material, que no puede adoptarse ante la huida del recurrente de la acción de la justicia. Se reitera el criterio de la STC 97/2020, de 21 de julio, en lo concerniente a la vulneración del derecho a la presunción de inocencia. La sentencia concluye que la Ley de enjuiciamiento criminal no establece sanción o pena alguna, ni su aplicación ha significado la condena del recurrente, porque el precepto legal no es una norma punitiva, sino que establece una medida provisional, por un lado, de manera inmediata y necesaria cuando concurren los presupuestos en él fijados y, por el otro, porque las resoluciones impugnadas no hacen sino verificar el cumplimiento de dichos presupuestos. Las resoluciones impugnadas cumplen el deber reforzado de motivación y el juicio de adecuación en tanto afectan a derechos fundamentales.