Sentencia Constitucional Nº 16/2021, Tribunal Constitucional, Pleno, Rec Recurso de inconstitucionalidad 2577/2020 de 28 de Enero de 2021

Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso respecto de los Decretos-leyes del Gobierno de la Generalitat de Cataluña 17/2019, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda, y 1/2020, de 21 de enero, por el que se modifica el anterior, y el acuerdo del Parlamento Cataluña de convalidación del Decreto-ley 1/2020.Límites de los decretos-leyes: nulidad parcial de los preceptos que tipifican como supuesto de incumplimiento de la función social de la propiedad de la vivienda su desocupación permanente y establecen medidas coactivas para su cumplimiento (STC 93/2015).Se enjuicia la constitucionalidad del Decreto-Ley 17/2019 de la Generalitat de Cataluña de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda, así como el Decreto-Ley 1/2020, de modificación del anterior y el acuerdo de convalidación de este último. En lo que ahora estrictamente interesa, los decretos leyes regulan el incumplimiento de la función social de la propiedad respecto a viviendas vacías u ocupadas sin título legítimo, así como las multas coercitivas y potestades de expropiación para favorecer la efectiva ocupación de la vivienda. Regulan también la obligación a los grandes tenedores de viviendas de ofrecer un alquiler social a los ocupantes de estas antes de llevar a cabo acciones de desahucio, ejecución hipotecaria y otras análogas. Se estima parcialmente el recurso de inconstitucionalidad. En primer lugar, la convalidación del decreto-ley 1/2020 se llevó a cabo en plazo, computado desde la fecha de su publicación. Ha quedado acreditada, por otro lado, la concurrencia del presupuesto habilitante legitimador de la aprobación del decreto-ley 17/2019 y sus disposiciones guardan, en principio, la necesaria conexión de sentido entre la situación de emergencia y las medidas destinadas a atajarla. Reiterando la doctrina de la STC 93/2015, de 19 de junio, se declaran inconstitucionales y nulos aquellos preceptos que regula el incumplimiento de la función social de la propiedad (requerimientos a propietarios, multas coercitivas para la ejecución forzosa, expropiación forzosa o cesión obligatoria para uso durante tres años) y medidas coactivas para su cumplimiento, así como aquellos otros que imponen a los propietarios la obligación de ofrecer un alquiler social en determinadas circunstancias y condiciones. Ambos grupos de preceptos transgreden los limites materiales de los decretos leyes al regular el contenido general del derecho de propiedad sobre la vivienda.