Sentencia Constitucional Nº 151/2021, Tribunal Constitucional, Sala Segunda, Rec Recurso de amparo 5197/2019 de 13 de Septiembre de 2021

Promovido por don Marin Sorocean respecto de las resoluciones dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en procedimiento de expulsión del territorio nacional.Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: resoluciones judiciales que no ponderaron adecuadamente las circunstancias personales y familiares al ratificar la orden de expulsión de un extranjero del territorio nacional (STC 131/2016).El recurrente en amparo, titular de una autorización de residencia temporal por reagrupación familiar en España, recibió dos condenas penales por la comisión de delitos dolosos. En consecuencia, se resolvió su expulsión del territorio nacional y la extinción del permiso del que disfrutaba por un período de cinco años. Aunque la sanción fue anulada por sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo, luego fue confirmada en apelación pero reducida a un año. Se estima el recurso por vulneración del derecho a la tutela efectiva. Ni la administración ni los tribunales de justicia pueden acordar o confirmar medidas de expulsión del territorio nacional sin antes valorar las circunstancias personales y familiares del afectado, lo que implica efectuar un juicio de proporcionalidad de la medida entre sus consecuencias para él y la finalidad perseguida por la ley con su ejecución. En este supuesto, existió una vulneración de los derechos fundamentales del recurrente, pues ni el órgano administrativo ni el judicial ponderaron aquellas circunstancias al imponer la sanción, incurriendo en una omisión de pronunciamiento con el consecuente defecto de motivación de sus decisiones. De este modo, el Tribunal extiende la doctrina de la STC 131/2016, de 18 de julio, a ciudadanos extranjeros que carecen de un permiso de residencia de larga duración y amplía la exigibilidad del juicio de proporcionalidad de la sanción a quienes cuentan con una autorización de estancia temporal, concluyendo que la expulsión del país nunca puede imponerse o confirmarse de manera automática.