Sentencia Constitucional Nº 145/2013, Tribunal Constitucional, Pleno, Rec Cuestión de inconstitucionalidad 3705/2011 de 11 de Julio de 2013

Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en relación con los apartados 2 y 10 del artículo 16 del texto refundido de la Ley del impuesto sobre sociedades, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.Principio de legalidad sancionadora: validez de los preceptos legales que contienen los elementos esenciales de la conducta antijurídica y fijan agotadoramente las consecuencias sancionadoras anudadas a la comisión de las infracciones correspondientes (STC 42/1987).Se cuestiona la conformidad con los principios constitucionales de legalidad sancionadora y proporcionalidad de dos preceptos de la Ley del impuesto sobre sociedades que establecen: a) “las personas o entidades vinculadas deberán mantener a disposición de la Administración tributaria la documentación que se establezca reglamentariamente y b) “constituye infracción tributaria no aportar o aportar de forma incompleta, inexacta o con datos falsos la documentación que (…) deban mantener a disposición de la Administración tributaria las personas o entidades vinculas”.Se desestima la cuestión. Los preceptos cuestionados respetan los principios de legalidad sancionadora y de proporcionalidad. Aunque pueda existir cierta incertidumbre en la norma, ésta proviene de la indefinición relativa de las infracciones y no de las sanciones, cuya regulación está fijada agotadoramente. En cuanto a la infracción regulada, la Ley es conforme con la garantía formal del principio de legalidad sancionadora: contiene la definición básica de los comportamientos prohibidos; acota la finalidad, el contenido, los sujetos responsables y los elementos objetivos de las conductas antijurídicas; y la colaboración reglamentaria “insuprimible” está sujeta a directrices legales suficientemente precisas. La Sentencia afirma que el control del mandato constitucional de taxatividad, garantía material, no puede examinarse en procesos de control abstracto, pues el nivel de regulación a satisfacer puede ubicarse válidamente en normas de rango infra legal que corresponde analizar a la jurisdicción ordinaria. En relación a las multas previstas en la Ley, es compatible con la legalidad sancionadora que el legislador atribuya discrecionalidad a la Administración, dentro de unos límites, para concretar el alcance o importe de la sanción. La regulación legal de las sanciones es taxativa por lo que satisface la exigencia de ley formal y de previsibilidad.