Sentencia Constitucional Nº 14/2020, Tribunal Constitucional, Pleno, Rec Recurso de inconstitucionalidad 2208/2019 de 28 de Enero de 2020

Interpuesto por más de cincuenta diputados del grupo parlamentario Popular del Congreso de los Diputados respecto del Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.Límites de los decretos leyes: nulidad, por insuficiente justificación del presupuesto habilitante o ausencia de la necesaria conexión de sentido, de los preceptos que introducen medidas para promover la oferta de vivienda en alquiler e inciden sobre los convenios administrativos en materia de infraestructuras.Se enjuicia la constitucionalidad en su conjunto del Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. Además, se examina la de varios preceptos concretos relativos a la mejora de la accesibilidad en los inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal, el procedimiento de desahucio del arrendatario, ciertas medidas dirigidas a aumentar la oferta de vivienda en alquiler, la creación de índices de referencia para el precio del alquiler, convenios administrativos en materia de infraestructuras y bonificaciones fiscales para fomentar el alquiler.Se estima parcialmente el recurso y se declara la nulidad del precepto que introduce medidas destinadas a promover la oferta de vivienda en alquiler y el relativo a los convenios administrativos en materia de infraestructuras. De un lado, el Gobierno no ha justificado la necesidad de acudir a una norma con rango de ley para una regulación que podría haberse efectuado a través de un reglamento. La utilización del decreto-ley será legítima constitucionalmente en la medida en que no pueda darse una respuesta urgente a través de una norma reglamentaria. Del otro, la disposición relativa a los convenios sobre infraestructuras de transporte carece de conexión de sentido con la situación de extraordinaria y urgente necesidad que persigue resolver el decreto-ley.Se desestima el recurso en todo lo demás. La situación de extraordinaria y urgente necesidad descrita por el Gobierno para justificar el decreto-ley ha sido suficientemente acreditada y se mantiene dentro del margen de apreciación que la Constitución le reconoce. Por tanto, debe descartarse un uso arbitrario o excesivo de su potestad legislativa. Asimismo, los demás preceptos impugnados son coherentes con los fines perseguidos por el decreto-ley y con los límites materiales de este instrumento normativo.