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Sentencia Constitucional Nº 139/1998, Tribunal Constitucional, Sala Segunda, Rec Recurso de amparo 655/1996 de 29 de Junio de 1998
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Orden: Constitucional
Fecha: 29 de Junio de 1998
Tribunal: Tribunal Constitucional
Nº de sentencia: 139/1998
Voces
Allanamiento
Juzgado de guardia
Oferta de empleo público
Derecho a la tutela judicial efectiva
Fondo del asunto
Indefensión
Procedimiento restringido
Funcionarios públicos
Poderes públicos
Lesividad
Minusvalía
Letrados de la administración
Modos de terminación del proceso
Principio de contradicción
Fundamentos
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por don José Gabaldón López, Presidente, don Fernando García-Mon y González-Regueral, don Rafael de Mendizábal Allende, don Julio Diego González Campos, don Carles Viver Pi-Sunyer y don Tomás S. Vives Antón, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 655/96, interpuesto por don Juan José Vélez Ruiz de Lobera, representado por la Procuradora de los Tribunales doña Lidia Leyva Cavero y defendido por el Letrado don Alberto Ruenes Cabrillo, contra la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 22 de enero de 1996, resolutoria del proceso núm. 887/95. Ha intervenido el Ministerio Fiscal y ha sido parte la Diputación Regional de Cantabria, representada y defendida por Letrado de sus servicios jurídicos. Ha sido Ponente el Magistrado don Rafael de Mendizábal y Allende, quien expresa el parecer de la Sala.
I. Antecedentes
1.Mediante escrito presentado en el Juzgado de Guardia de Madrid el día 16 de febrero de 1996, y registrado ante este Tribunal el siguiente 19, la Procuradora de los Tribunales doña Lidia Leyva Cavero, en nombre y representación de don Juan José Vélez Ruiz de Lobera, formula demanda de amparo constitucional contra la Sentencia de 22 de enero de 1996 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, recaída en el proceso núm. 887 de 1995, y notificada en 24 de enero de 1996, resolutoria del recurso entablado contra las Órdenes de la Consejería de Presidencia de la Diputación Regional de Cantabria de 21 de diciembre de 1994 y de 13 de enero de 1995, publicadas en el 'Boletín Oficial de Cantabria', edición especial número 1, de 31 de enero de 1995, en virtud de las cuales se convocaron determinados procedimientos selectivos.
2.Los hechos de que trae causa la presente demanda de amparo relevantes para la resolución del caso son, en síntesis, los siguientes:
a) Los procedimientos selectivos de que queda hecha mención fueron anulados, luego de su impugnación en vía administrativa, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que, ante el allanamiento de la Administración autonómica, estimó, en una serie de recursos, idénticos en cuanto a su objeto a los mencionados en el encabezamiento (los núms. 769, 796, 801, 802, 803, 809, 815, 848, 850, 854, 888 y 995 de 1995), las pretensiones esgrimidas por los recurrentes.
b) El hoy demandante, que figuraba en la lista de admitidos publicada en el 'Boletín Oficial de Cantabria' del día 2 de julio de 1993, no fue emplazado personalmente en los recursos antes aludidos, de que tuvo conocimiento a la vista de la Resolución del Consejero de la Presidencia de 7 de agosto de 1995 ('Boletín Oficial de Cantabria' de 17 de agosto), en virtud de la cual se ordenó la suspensión de los procedimientos de selección convocados por las Órdenes objeto de impugnación contencioso- administrativa.
c) Mediante escritos registrados ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 6 de octubre de 1995, el interesado solicitó de aquélla su personación como codemandado en los referidos recursos, personación que le fue aceptada con el indicado carácter.
d) En 16, 17 y 18 de octubre y 9 de noviembre de 1995 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria resolvió los recursos interpuestos en relación con los procedimientos selectivos antes citados. Las Sentencias que culminaron los correspondientes procesos fueron dictadas sin que al hoy recurrente se le hubiera dado traslado de los oportunos escritos de demanda, así como de los de allanamiento, que constituyó, según se ha expuesto, el fundamento de la estimación de los recursos entablados. Precisamente, las citadas Sentencias constituyen las decisiones impugnadas en el recurso de amparo núm. 3845/95, interpuesto, asimismo, por el hoy recurrente.
e) A su vez, mediante escritos presentados en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en 6 de octubre de 1995, el hoy recurrente solicitó su personación como codemandado en los recursos núms. 788, 960 y 1.112 de 1995, de que había tenido conocimiento a través del cauce indicado en el precedente apartado b), personación que le fue aceptada con el indiciado carácter.
f) Presentados escritos de allanamiento en los antedichos recursos por la representación de la Administración demandada, la Sala dio traslado de los mismos al interesado, a fin de que, en el término fijado, pudiera alegar lo que a su derecho conviniere. A estos efectos, el hoy demandante procedió, mediante escritos registrados en 14 de noviembre de 1995, a formular sus alegaciones en relación con el mencionado allanamiento, solicitando, a virtud de los argumentos entonces expuestos y ahora sustancialmente reproducidos en su escrito de demanda, la continuación de los correspondientes procesos, con traslado, para su contestación por los personados como codemandados, de los escritos de demanda, sin que, en consecuencia, hubiera lugar, por la mera formulación del allanamiento, a estimar los recursos entablados.
g) Con fecha 5 de diciembre de 1995 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria dictó Sentencia en el proceso a que se contraían los recursos núms. 788, 960 y 1.112 de 1995. Tras acoger el allanamiento formulado por la Administración demandada, el sentido de los fallos estimatorios se fundó en razones de congruencia, las dimanantes del contenido de las Sentencias resolutorias de los procesos a que se contrae el apartado d) de estos Antecedentes, que postulan, de entrarse en el fondo del asunto, una resolución idéntica a la en aquéllas contenida, dada la anulación por las mismas, en cuanto tales, dotadas de firmeza, de los actos aquí considerados. Solución que el órgano a quo apoya en una reciente Sentencia de la propia Sala en virtud de la cual se anula la oferta de empleo público de que traían causa las convocatorias impugnadas en los mencionados recursos. Sentencias recurridas, a su vez, ante este Tribunal en el proceso núm. 195/96, entablado por el hoy demandante.
h) Finalmente, y luego de un iter similar al descrito en los precedentes apartados e), f) y g), la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria dictó Sentencia en 22 de enero de 1996, resolutoria del recurso núm. 887/95, que constituyó, precisamente, el objeto del presente amparo, y cuyo contenido es idéntico al del proceso registrado ante este Tribunal con el núm. 195/96.
3.El recurrente, que articula su queja en virtud del art.
Asimismo, solicita con carácter cautelar la suspensión de la eficacia de las resoluciones judiciales impugnadas, por cuanto, en su inteligencia, la ejecución de éstas comportaría un perjuicio que haría perder al amparo su finalidad, de agregarse las plazas convocadas al socaire de la Disposición transitoria sexta. uno de la Ley regional 4/1993 a la oferta de empleo público de la Administración convocante (en la que, por otro lado, nunca han estado incluidas), y, en consecuencia, procederse a su provisión al margen del procedimiento de corte restringido que prevé la antedicha disposición. Precisión que, a mayor abundamiento, permite soslayar la eventual objeción acerca de la perturbación de los intereses generales, o de los derechos fundamentales o libertades públicas de un tercero, que de dicha suspensión pudiera derivarse, toda vez que, por las razones apuntadas, de resultar definitivamente anuladas las convocatorias de que los procesos a quo traen causa, nada impediría que las plazas concernidas pudieran incluirse, a efectos de su provisión, en la pertinente oferta pública de empleo.
Igualmente, solicita el interesado la acumulación de este recurso de amparo a los seguidos con los núms. 3.845/95 y 195/96, interpuestos por él mismo, y que ofrecen una evidente similitud con el presente.
4.Mediante providencia de 29 de marzo de 1996 la Sección Cuarta acuerda la admisión a trámite del presente recurso de amparo y, en su consecuencia, dirigir comunicación a la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria a fin de que en el término de diez días remitiera certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al proceso de que dimana éste de amparo, así como emplazara a quienes, salvo el demandante de amparo, fueron parte en aquél para que pudieran comparecer y formular alegaciones en el recurso que se tramita ante este Tribunal.
5.En el incidente de suspensión abierto en virtud de providencia acordada en 29 de marzo de 1996, el Fiscal vierte sus alegaciones por escrito de 9 de abril, en el que expresa su no oposición a la suspensión solicitada. Por su parte, el recurrente, mediante escrito presentado en el Juzgado de Guardia de Madrid el día 10 de abril de 1996, y registrado ante este Tribunal el siguiente 12, reitera los argumentos expuestos en el de demanda en pro de la suspensión instada, a saber, la pérdida de su finalidad de este proceso si, de otorgarse el amparo y no proceder en su día el órgano a quo a la aceptación del allanamiento formulado por la Administración regional, las plazas a que se contraía el procedimiento selectivo previsto en la transitoria sexta. uno de la Ley 4/1993 se integraban en la correspondiente oferta pública de empleo y resultaban cubiertas por los mecanismos previstos en las oportunas convocatorias; y, en segundo lugar, y a la inversa, la no afectación del interés general o de los derechos de terceros de accederse a la suspensión pedida, pues, en su caso, de reiterar en su momento el órgano judicial su pronunciamiento anulatorio de las convocatorias que han suscitado este proceso de amparo, la consecuencia no sería sino el acrecentamiento de las plazas convocadas para su provisión mediante un sistema abierto con las provenientes del procedimiento restringido que nos ocupa, de suerte que el interesado, y quienes se hallaren en su misma situación, podrían optar a ocupar las que así resultaren convocadas.
A su vez, el Letrado de la Diputación Regional de Cantabria, cuya intervención en este incidente traía causa de la providencia de 16 de septiembre de 1996, manifiesta, mediante escrito del siguiente 27, su oposición a la suspensión instada, por entender carentes de basamento los perjuicios alegados para fundar la referida solicitud.
Mediante Auto de 10 de febrero de 1997 la Sala Segunda acuerda denegar la solicitud de suspensión, por entender que 'en la medida en que el interés jurídicamente protegido del demandante se cifra en la mera expectativa del acceso a la función pública autonómica, no son de advertir, más allá de la molestia o retraso que para aquél dimana de la demora en el desarrollo y resolución del procedimiento selectivo a él afectante, perjuicios que revistan entidad suficiente para enervar el interés general anudado a la ejecución de las decisiones de los poderes públicos, más aún, de las resoluciones firmes de la jurisdicción, parámetro rector de la suspensión ex art. 56.1 LOTC' (fundamento jurídico 2º), de conformidad con el criterio sentado en los AATC 104, 134 y 172 de 1996.
6.Por providencia de la Sección Cuarta de 16 de septiembre de 1996 se acuerda tener por personado y parte en el proceso de amparo al Letrado de los servicios jurídicos de la Diputación Regional de Cantabria, a la vista de su escrito del anterior 26 de junio. Asimismo, y en virtud de providencia de la Sección Cuarta de 27 de febrero de 1997 se acuerda dar vista de las actuaciones recibidas a las partes personadas y al Ministerio Fiscal por plazo común de veinte días a fin de que, en los términos del art.
7.En virtud de escrito de 6 de marzo de 1997 el solicitante de amparo solicita que se tengan por reproducidas las consideraciones vertidas en el que articula su demanda.
8.El representante de la Diputación Regional de Cantabria presenta sus alegaciones mediante escrito registrado en el Juzgado de Guardia de Madrid el día 7 de abril de 1997, y que tuvieron entrada en este Tribunal el siguiente 10. En síntesis, éstas se enderezan a argumentar, de un lado, acerca del carácter 'justo' de la Sentencia impugnada en amparo ex art. 89.2
Así, en lo atinente al primer extremo, estima el defensor de la Administración regional que no otra caracterización cabe atribuir a un pronunciamiento judicial que, al aceptar el allanamiento formulado por aquélla, han constatado la irregularidad de una convocatoria (la dispuesta al socaire de la Disposición transitoria sexta. uno de la Ley 4/1993) dictada antes de que se hubiera resuelto el pertinente concurso de méritos que, según la legislación funcionarial de la Comunidad Autónoma, se erige en presupuesto de validez de la misma, amén de haber obviado la reserva del 3 por 100 en favor de personas con minusvalías físicas, por lo que en modo alguno cabe tachar de malicioso y fraudulento el allanamiento controvertido, que, a mayor abundamiento, no hace sino traducir el procedimiento de lesividad iniciado por Acuerdo del Consejo de Gobierno a fin de dejar sin efecto la convocatoria en cuyo procedimiento de selección había sido admitido el hoy recurrente.
Y, en segundo lugar, como correlato de lo expresado, arguye el Letrado de la Administración recurrida que el proceder del órgano a quo no ha lesionado el derecho de tutela judicial efectiva, pues, de conformidad con la jurisprudencia constitucional que cita (SSTC 200/1988, 232/1988, 110/1992), el derecho a obtener un pronunciamiento de fondo ex art.
Asimismo, deja el Letrado de la Diputación Regional de Cantabria constancia de que el eventual otorgamiento del amparo pedido no habría de surtir efecto trascendente alguno, pues, en todo caso, de no aceptarse el allanamiento de la Administración, el sentido del fallo que en su momento pronunciara el órgano judicial sería indubitadamente estimatorio de los recursos ante el mismo planteados.
9.El Fiscal insta la denegación del amparo en su escrito de 20 de marzo de 1997. La razón de esta pretensión estriba, luego de reconocer que el interesado debió ser emplazado personal y directamente en el proceso a quo, y que, una vez admitida su personación, la falta de traslado del escrito de demanda reviste, prima facie, la apariencia de conculcación del art.
Asimismo, solicita el representante del Ministerio público la acumulación, o, al menos, su tramitación paralela, del presente al recurso de amparo núm. 3.845/95, así como, en idénticos términos, a aquéllos que, interpuestos por otros recurrentes, traen causa del mismo procedimiento selectivo que está en la base del proceso a quo.
10.Por providencia de 25 de junio de 1998, se señaló para la deliberación y votación de la presente Sentencia el día 29 siguiente.
II. Fundamentos jurídicos
1.El objeto de este proceso de amparo coincide en sus trazos esenciales con el que fue enjuiciado por esta misma Sala en la STC 96/1998. En términos de economía y comodidad sería, pues, suficiente aquí y ahora con un reenvío a ella para hacer saber a todos el fundamento de ésta. Sin embargo, en un punto medio, entre la transcripción integra de la Sentencia anterior y la remisión sin más, conviene a la ocasión ofrecer el fundamento medular o ratio decidendi de aquella que nos sirve de precedente.
2.Entonces, como ahora, 'según se desprende de las circunstancias concurrentes en el presente supuesto, el interesado, a diferencia de lo que acaecía en el recurso de amparo núm. 3.845/95, tuvo oportunidad de contestar a la demanda y, en consecuencia, oponerse a los motivos en los que basaba la pretensión de anulación de las convocatorias que habían intrumentado el procedimiento selectivo de carácter restringido (excepcional, singular y único, en la caracterización del recurrente) establecido por el núm. uno de la Disposición transitoria sexta de la Ley 4/1993, aun cuando no pudiera formular las pertinentes alegaciones en relación con el allanamiento de la Administración. Un allanamiento, por otro lado, que no se erige en unica ratio de la estimación del recurso contencioso- administrativo ex art.
En consecuencia, no ha lugar al amparo que se pide.
Fallo
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Denegar el amparo solicitado.
Publíquese esta Sentencia en el 'Boletín Oficial del Estado'.
Dada en Madrid, a veintinueve de junio de mil novecientos noventa y ocho.
Ver el documento "Sentencia Constitucional Nº 139/1998, Tribunal Constitucional, Sala Segunda, Rec Recurso de amparo 655/1996 de 29 de Junio de 1998"
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